La jueza Cecilia Álamo ordenó la medida cautelar durante una audiencia desarrollada en los tribunales de San Cristóbal, mientras que la investigación está a cargo del fiscal Emiliano Odriozola.

Según informó el funcionario del MPA, ambos hombres —identificados por sus iniciales NAC y FEB— deberán permanecer privados de libertad durante todo el proceso judicial, dada la gravedad de los hechos.

🩸 Un ataque planificado en plena madrugada

El violento episodio ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del lunes 24 de noviembre.
De acuerdo a la investigación, los imputados llegaron en moto hasta la casa de la víctima, ingresaron por la fuerza y actuaron con el claro objetivo de matarlo.
Ambos estaban armados con armas blancas, y según el fiscal, actuaron de forma coordinada y con total conocimiento de lo que hacían.

El imputado más joven habría dejado al hombre “vulnerable y desprotegido”, facilitando que su cómplice le provocara heridas en el tórax, la cabeza y la oreja derecha usando una cuchilla de 18 centímetros.
La víctima logró sobrevivir gracias a la rápida atención médica, lo que impidió que el ataque se convirtiera en un homicidio consumado.

⚠️ Más delitos y un prontuario que agrava la situación

El acusado de 33 años, además, enfrenta cargos por otros hechos cometidos durante este año en Ceres.
Entre ellos, haber golpeado a un hombre con una pistola calibre 380 cargada, sin contar con autorización para portarla; y haber amenazado verbalmente a una mujer en la vía pública en octubre.

⚖️ Peligro de fuga y entorpecimiento: la clave de la preventiva

La jueza Álamo consideró que las pruebas reunidas por la Fiscalía son contundentes, y que la gravedad del caso —sobre todo la tentativa de homicidio— anticipa una posible pena de cumplimiento efectivo.
Por ello, sostuvo que existe riesgo procesal, especialmente de entorpecimiento probatorio, y rechazó el pedido de la Defensa para otorgar medidas alternativas a la prisión.

🏛️ Calificación legal

A ambos sospechosos se les atribuye coautoría en tentativa de homicidio.
Además, al mayor se le suman cargos por violación de domicilio, lesiones leves, amenazas calificadas, portación ilegal de arma de fuego (agravada por antecedentes) y amenazas simples.

Por Móvil Quique con información de Radio Belgrano de Suardi

El pedido recae sobre José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes encabezaron el Consejo de Administración entre febrero de 2020 y enero de 2024. Según la acusación, durante ese período la empresa retuvo aportes de los trabajadores, pero no los depositó en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, incumpliendo la ley.

📌 33 períodos fiscales bajo la lupa

El dictamen detalla que Gastaldi habría incurrido en 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputan 16 hechos correspondientes a 2022, 2023 y enero de 2024. Todos los casos son considerados en concurso real y en carácter de autores.

La causa se originó tras denuncias de trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que los aportes retenidos no habían sido transferidos. La Justicia Federal tomó competencia luego de la derivación de las causas desde el fuero provincial.

🧾 Pruebas y fundamentos

La investigación se apoyó en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y en la base de datos de la AFIP, revelando que SanCor actuó como agente de percepción y retención sin efectuar los depósitos correspondientes durante 33 períodos fiscales.

Aunque los imputados se abstuvieron de declarar, no negaron los hechos. Por ello, la fiscalía solicitó que el juez disponga su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

🔒 Medidas de coerción

La fiscalía consideró suficiente imponerles la obligación de informar cambios de domicilio, dado que no tienen antecedentes penales, poseen residencia fija, actividad laboral declarada y se presentaron voluntariamente ante la Justicia.

Este pedido marca un punto crítico en la crisis institucional y financiera de SanCor, que vuelve a quedar en el centro de la escena judicial y pública.

Por Móvil Quique con información de Aire de Santa Fe

Según la sentencia, Bertoglio utilizó su banca para intervenir a favor de un loteo privado en el que —de acuerdo a lo expuesto en el juicio— mantenía interés directo.

👉 Fue condenado a 1 año y 3 meses de prisión de ejecución condicional y a inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

🔍 ¿Qué expuso la Fiscalía?

Durante el debate, la fiscal Fabiana Bertero sostuvo que la evidencia presentada demuestra que el ex edil actuó movido por intereses propios. Aseguró que no se comportó como un legislador neutral, sino como “gestor de sus intereses”.

⚖️ La defensa habló de persecución política

Los abogados defensores, Alejandro Leguizamón y Pablo Mosconi, pidieron la absolución. Afirmaron que la causa tiene un “móvil político”, denunciando que se originó en plena coyuntura electoral.
Argumentaron que no existen pruebas de que Bertoglio buscara beneficiarse y que la ordenanza que impulsó terminó siendo vetada, sin generar ningún provecho para él ni para el emprendimiento inmobiliario. También remarcaron que actuó dentro de sus atribuciones como concejal.

🏛️ Un juicio que dejó secuelas en la arena política local

El caso generó un fuerte impacto en Sunchales por la extensa trayectoria pública de Bertoglio, quien fue concejal en múltiples períodos, secretario general del PDP, asesor legislativo, director del ENRESS y actualmente cumple funciones en el Ministerio de Medio Ambiente provincial.

Por Móvil Quique