El fiscal federal Diego Luciani participó en el Encuentro Internacional de la Corrupción Transnacional organizado por Transparencia Internacional en Madrid, con un mensaje claro y contundente: la Justicia argentina no debe ser garante de la impunidad. Con esta declaración, Luciani expuso su preocupación sobre la corrupción estructural que afecta al país y reclamó que las condenas por delitos de corrupción no solo sean efectivas, sino que además incluyan la restitución de los bienes sustraídos al Estado.

“La Justicia no puede ser garante de la impunidad”

Durante su intervención, el fiscal enfatizó que el sistema judicial debe actuar con firmeza y determinación. “La Justicia no puede ser garante de la impunidad. Tenemos que llegar a condenas, y esas condenas tienen que quedar firmes”, afirmó. Luciani, quien lideró la acusación contra la expresidenta Cristina Kirchner en el conocido caso Vialidad, destacó la necesidad de asegurar que las sentencias sean ejecutadas y que los responsables cumplan con las penas impuestas.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por fraude administrativo y corrupción en la administración pública, en el contexto del direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. La exmandataria fue hallada culpable de beneficiar ilegalmente a Báez, causando un perjuicio millonario a las arcas del Estado, y recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo aún está en revisión por la Cámara de Casación Penal, y se espera una decisión definitiva el próximo 13 de noviembre.

Devolución de bienes al Estado

Luciani subrayó que, para que las condenas tengan sentido, es imprescindible que los bienes provenientes de la corrupción regresen al Estado. “Si la persona corrupta tiene que ir presa, que vaya presa. Y tiene que devolver los bienes que se llevó del Estado, porque sino el resultado del proceso es la impunidad”, expresó. El fiscal recordó que, durante el juicio, solicitó que los acusados devuelvan 1000 millones de dólares, un monto que él asegura fue desviado mediante prácticas corruptas y que debería reintegrarse al patrimonio público.

Un sistema de control ineficaz

En un análisis autocrítico, Luciani cuestionó el sistema de control argentino, describiéndolo como un mecanismo que favorece la corrupción en lugar de prevenirla. Según el fiscal, “nuestro sistema de control en Argentina fue creado para darle posibilidades a los corruptos. Es un mensaje muy malo para la sociedad, porque los ejemplos tienen que venir de arriba hacia abajo, del Poder Ejecutivo y del Congreso”.

Luciani argumenta que, con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, el panorama en torno a la lucha contra la corrupción se tornó más complejo. Al asumir, Fernández modificó el rol de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), dos organismos clave que dejaron de acompañar las investigaciones judiciales como querellantes en las causas de corrupción. “Cuando cambió el gobierno, la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante. La Unidad de Información Financiera se transformó prácticamente en una defensa más”, afirmó.

Las presiones y las “intromisiones” en la causa Vialidad

Luciani también denunció haber sufrido presiones y “todo tipo de intromisiones” por parte del gobierno durante el juicio. Recordó un episodio en el que el presidente Fernández, durante una entrevista televisiva, hizo referencia al fiscal Alberto Nisman, insinuando un final similar para Luciani. “Alberto Fernández dijo en un programa de TV: ‘Nisman se suicidó, espero que Luciani no se suicide’. Mis hijas estaban mirando ese día la TV. Me preguntaron ¿qué pasa?”, relató el fiscal, visiblemente afectado.

Lucha contra la corrupción: un compromiso con la sociedad

Con su exposición en Madrid, Diego Luciani no solo reiteró su compromiso con la lucha contra la corrupción, sino que también dejó un mensaje de alerta y reflexión sobre el rol de la Justicia y el sistema de control en Argentina. Para el fiscal, no se trata solo de enviar a prisión a los responsables, sino de establecer un precedente que permita restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que los recursos del Estado sean protegidos de la malversación y el fraude.

El mensaje de Luciani es claro: las instituciones y los ciudadanos deben demandar que los bienes robados vuelvan al patrimonio público. En sus palabras, “¿cuál es el sentido de todo esto si las sentencias no quedan firmes, si los involucrados no van presos y si no se devuelven los bienes al Estado?”.

El alegato del fiscal Luciani durante el juicio

Asociación Ilícita: Luciani sostuvo que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que favoreció al empresario Lázaro Báez mediante la manipulación de licitaciones y la asignación irregular de obras públicas. Según el fiscal, esta estructura delictiva permitió desviar fondos públicos hacia intereses privados.

Manipulación de Obras Públicas: Se acusó a Kirchner de direccionar obras hacia la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez, a través de licitaciones manipuladas y condiciones extraordinarias, lo que resultó en sobreprecios y falta de controles sobre los trabajos realizados. Luciani destacó que muchas obras fueron pagadas aunque nunca se completaron.

Pruebas Documentales: Durante su alegato, el fiscal presentó mensajes de texto entre funcionarios que aludían a «la jefa» y «la Pta.» (presidenta), sugiriendo que las decisiones sobre las obras eran coordinadas directamente con Kirchner. También se mencionaron comunicaciones que indicaban una relación cercana entre Báez y la familia Kirchner.

Colaboradores Clave: Luciani identificó a varios funcionarios del gobierno kirchnerista, como José López y Julio De Vido, como piezas clave en el esquema de corrupción. Argumentó que estos funcionarios habían trabajado con Kirchner desde sus años en Santa Cruz y que estaban involucrados en la ejecución de las maniobras fraudulentas.

Beneficios Personales: El fiscal también destacó que Báez no solo fue un empresario beneficiado por contratos públicos, sino que también tenía vínculos comerciales con la familia Kirchner a través de empresas como Hotesur, lo que reforzaba la idea de un esquema organizado para sustraer fondos públicos.

Fuente: NA

Un hombre de 38 años, identificado como Daniel Miguel Rodríguez, fue condenado a 13 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña que era amiga de su hija en la localidad de Josefina (departamento Castellanos).

La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales de Rafaela. El tribunal estuvo integrado por los jueces Javier Bottero (presidente), Nicolás Stegmayer y Juan Gabriel Peralta.

La fiscal que representó al MPA en el debate es Gabriela Lema, quien se desempeña en la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS), de la Fiscalía Regional 5.

Luego de la lectura del veredicto, la funcionaria judicial manifestó que “valoramos positivamente la sentencia condenatoria». Asimismo, puntualizó que «aguardaremos los fundamentos del fallo para analizar qué fue lo que motivó la decisión del tribunal».

Los hechos

Lema afirmó que “en reiteradas oportunidades, el condenado vulneró la integridad sexual de la víctima en momentos en los que se quedó a cargo de cuidarla, a partir de la relación de amistad que ella tenía con la hija de él”.

La fiscal señaló que “los ilícitos fueron cometidos desde julio de 2021 hasta octubre de 2022″, y especificó que «todos los abusos fueron en un domicilio ubicado en Josefina, donde vivía Rodríguez, excepto el último, que tuvo lugar en una casa en San Francisco, provincia de Córdoba”.

“En el marco de las situaciones abusivas, el condenado instaba a la víctima a no hablar con nadie sobre lo sucedido y le remarcaba que, si lo hacía, ella no iba a poder jugar más con la hija de él”, destacó. “Con su accionar, el agresor se aprovechó de la inmadurez de la víctima”, enfatizó.

Asimismo, Lema aseguró que “las conductas delictivas de Rodríguez se enmarcaron en un contexto de violencia de género y tuvieron entidad suficiente para afectar el desarrollo libre y progresivo de la niña”.

Por último, la fiscal mencionó que “en una oportunidad, el condenado desobedeció una orden judicial que le prohibía acercarse a la niña que sufrió los abusos y su grupo familiar, así como contactar por cualquier medio a alguno de ellos”.

Calificaciones penales

A Rodríguez se le impusieron 13 años de prisión por la autoría de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración, agravado (por la guarda), promoción a la corrupción de menores agravada (por haber sido en perjuicio de una víctima menor de 13 años y por la guarda) y desobediencia a un mandato judicial.

Fuente: Rafaela Informa

La sentencia fue dispuesta por el juez Nicolás Stegmayer en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales rafaelinos. El fiscal Martín Castellano, titular de la Sección Homicidios, estuvo a cargo de la investigación.

El funcionario del MPA destacó que “arribamos a una condena a solo dos meses de ocurrida la muerte de Mastricchio”. En tal sentido, los familiares de la víctima y su abogado fueron notificados sobre lo dispuesto y expresaron su conformidad con lo resuelto.

Semáforo en rojo

El siniestro vial que investigó el fiscal Castellano fue minutos después de las 6:15 del miércoles 7 de agosto pasado.

“El condenado conducía un camión con acoplado por la Avenida Intendente Octavio Zóbboli (ruta nacional 34)”, precisó el fiscal y puntualizó que «al llegar a la intersección con la Avenida Ernesto Salva, Gorgo no respetó el semáforo en rojo correspondiente a su sentido de circulación (norte–sur), giró hacia su izquierda, cruzó a la mano contraria y tomó la avenida Salva en dirección oeste–este”.

Castellano detalló que “la víctima, que había sido habilitada por la luz verde del semáforo, circulaba en su moto por la ruta 34 en dirección sur–norte e impactó contra el lateral derecho del camión”. El fiscal agregó que “como consecuencia del siniestro, Mastricchio sufrió lesiones de tal gravedad que le provocaron la muerte alrededor de las 7:35”.

“Con su conducta, el camionero hizo caso omiso a la señalización del semáforo en rojo que le prohibía continuar su marcha, invadió y atravesó el carril de circulación contrario al que le correspondía a él y, finalmente, tomó la avenida Salva”, argumentó el fiscal.

El representante del MPA afirmó que “el condenado condujo de manera imprudente y antirreglamentaria, con culpa temeraria, violando el deber objetivo de cuidado a su cargo y evidenciando un claro y notorio incremento del riesgo más allá de lo tolerado por las normas”.

Homicidio culposo

Gorgo reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor del delito de homicidio culposo agravado (por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, por violar la señalización del semáforo y por conducir con culpa temeraria).

Por su parte, junto con su abogado defensor aceptaron la atribución delictiva, el monto y el modo de cumplimiento de la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio. La querella, en tanto, se expresó en similares términos aceptando el acuerdo arribado y la pena impuesta.

Fuente: Radio Belgrano de Suardi