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Ceres: Procesan a una empresaria por la contaminación con plomo

Se trata del vicepresidente del directorio de “Nesaglo S.A.” y de la Directora General de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente provincial. La falta de mérito contra esta última fue apelada por el Fiscal Federal Gustavo Onel, al entender que sus omisiones le costaron la vida a una niña y la intoxicación por plomo de unas 20 personas.

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Ceres: Procesan a una empresaria por la contaminación con plomo

El Dr. Marcelo Bailaque, juez subrogante del Juzgado Federal de Rafaela dictó el procesamiento de Norma O. en su carácter de vicepresidente del directorio de la firma “Nesaglo S.A.” y le trabó un embargo por 10 millones de pesos.

Asimismo, dictó la falta de mérito para Monica U., quien se desempeña como Directora General de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, ésta medida fue apelada por la Fiscalía Federal de Rafaela, al entender que la funcionaria obró con “responsabilidad negligente” al no controlar correctamente las actividades del predio.

La medida procesal adoptada por el Juzgado llega luego del pedido del Fiscal Gustavo Onel quien había solicitado el procesamiento de ambas, en el marco de una causa abierta a instancias de la contaminación con plomo ocurrida en la ex fábrica de baterías que funcionó en la ciudad de Ceres y que desencadenó la muerte de una menor de edad y la intoxicación por ese material de la menos otras 20 personas que vivían en ese predio.

La causa se inició a principios del año pasado, a partir de una actuación “de oficio” del Fiscal Onel, luego de que tomara estado público el fallecimiento de la niña, que vivía en el predio junto a su familia y otras personas carenciadas, que se habían instalado en la fábrica abandonada.

En ese momento, se ordenó la clausura definitiva del predio a fin de evitar mayores daños a la salud de las personas, y se llevaron a cabo numerosas medidas de prueba, entre las que cabe destacar informes ambientales, declaraciones testimoniales y amplios peritajes del suelo y el agua de la zona, por intermedio de la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.

En el documento al que tuvo acceso Rafaela Noticias, se reveló que las autoridades habían advertido que, si bien la fábrica se encontraba en un evidente estado de abandono, existían restos de materiales e insumos utilizados en la manufactura de beterías, que podrían producir afectaciones a la salud de los residentes del lugar, por lo que había declarado al predio “Zona no apta para ser habitada”.

Para el Fiscal Federal, Norma O. como integrante tanto del directorio como del órgano de administración y representación de la sociedad que controlaba el predio, no se ocupó de un adecuado tratamiento de los elementos que había en el lugar al momento de cerrar. Tal “impericia” desencadenó la contaminación y posterior intoxicación de al menos 20 personas, cuatro de ellas hospitalizadas y, a su vez, una de estas últimas fallecida.

Por su parte, a Mónica U. se le achaca que, en su carácter de funcionaria no controló a la firma en lo que refiere a protección ambiental, siendo que la última evaluación data del año 2013. Incluso, el titular fiscal refiere a informes que demuestran que, desde que la empresa abandonó el predio en 2017, no hubo movimientos administrativos hasta un día después del inicio de esta investigación y la decisión de clausura firmada por la funcionaria llegó cuatro días después de la clausura que ya había sido dispuesta el Juzgado Federal.

Fuente: Rafaela Noticias

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Carlos Vottero presentó su informe de gestión: destacó avances en homicidios y lucha contra el microtráfico

El Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción expuso en Frontera los resultados obtenidos durante 2025 y repasó investigaciones de alto impacto social en la región.

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Foto: El Fiscal Regional Carlos Vottero presentó su Informe de gestión con eje en la resolución de homicidios y el microtráfico

El Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación, Carlos María Vottero, presentó su Informe Anual de Gestión durante un acto realizado en la Biblioteca Municipal Oscar Guiñazú Álvarez de Frontera.

Durante la exposición, el funcionario detalló los principales resultados obtenidos en materia de investigación criminal durante 2025 y repasó distintas acciones judiciales vinculadas a homicidios, microtráfico y hechos de violencia de alto impacto registrados en la región.

Alto porcentaje de resolución en casos de homicidio

Uno de los datos centrales del informe estuvo relacionado con la investigación de homicidios dolosos.

Según indicó Vottero, durante 2025 se alcanzó un 86,7% de individualización formal en las causas por asesinatos, cifra que calificó como “sumamente positiva”.

Además, el fiscal presentó estadísticas vinculadas a muertes violentas registradas en la región:

  • 21,8% correspondieron a homicidios dolosos.
  • 31,7% estuvieron vinculadas a siniestros viales.
  • 46,5% fueron casos de suicidio.

Microtráfico: destacan operativos y cierre de puntos de venta

Otro de los ejes destacados del informe fue el avance de investigaciones relacionadas con el narcomenudeo y el microtráfico de drogas.

Vottero remarcó el impacto de la nueva competencia penal aplicada a delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes a pequeña escala y señaló que se lograron desarticular distintos puntos de venta de droga en la ciudad de Frontera.

“El impacto de la persecución penal en materia de microtráfico fue importante, especialmente en el cierre de puntos de venta de drogas al menudeo”, sostuvo.

Casos de fuerte repercusión social

Durante la presentación, el Fiscal Regional también hizo referencia a investigaciones que tuvieron gran repercusión pública en los últimos meses.

Entre ellas mencionó el abordaje judicial por el homicidio del adolescente Ian Cabrera y las investigaciones por las dos tentativas de homicidio ocurridas a fines de marzo dentro de un establecimiento educativo de San Cristóbal.

El informe incluyó además un balance general sobre la actividad del Ministerio Público de la Acusación en la región y las estrategias implementadas para fortalecer la respuesta judicial ante delitos complejos.

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Liberaron al segundo menor acusado por el tiroteo en una escuela de San Cristóbal

La Cámara de Apelaciones de Rafaela resolvió liberar al segundo adolescente implicado en la causa por el tiroteo ocurrido en una escuela de San Cristóbal, hecho en el que murió Ian Cabrera, de 13 años.

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Foto: Ilustrativa

El joven de 16 años deberá cumplir estrictas medidas socioeducativas y no podrá regresar a esa ciudad.

La Justicia ordenó la liberación del adolescente de 16 años

La decisión fue tomada por el juez de Cámara Matías Drivet durante una audiencia realizada en Rafaela. El magistrado dispuso la excarcelación de N.C., quien permanecía detenido desde el 9 de abril tras la resolución inicial dictada por el juez José Boaglio.

Entre las condiciones impuestas por la Justicia, el menor deberá:

  • Fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe.
  • No utilizar redes sociales.
  • Tener prohibido el ingreso a San Cristóbal.
  • Cumplir medidas socioeducativas obligatorias.

Además, el fallo ordena implementar mecanismos que permitan garantizar la continuidad y reinserción escolar del adolescente.

La imputación sigue vigente

Pese a la liberación, la causa judicial continúa avanzando y la imputación contra el joven fue ratificada por la Justicia.

El adolescente sigue acusado como partícipe secundario del homicidio de Ian Cabrera y también por dos tentativas de homicidio, tal como habían sostenido desde el inicio de la investigación los fiscales Carina Gerbaudo y Mauricio Espinosa.

La causa sigue bajo investigación

El caso generó una fuerte conmoción en San Cristóbal y continúa siendo investigado por la Justicia santafesina. Mientras avanzan las medidas procesales, se esperan nuevas definiciones vinculadas a los otros implicados y a la reconstrucción completa de lo ocurrido dentro del establecimiento educativo.

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Megaestafa en Rafaela: comenzó la audiencia clave por la causa Spaggiari con 558 hechos investigados

La Justicia de Rafaela inició este miércoles la audiencia preliminar en la causa conocida como Grupo Spaggiari, uno de los expedientes por estafas más importantes de la región.

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Durante cuatro jornadas se debatirán pruebas y planteos previos al juicio oral, en una investigación que acumula 558 hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.

La audiencia se desarrolla en los Tribunales de Rafaela bajo la presidencia del juez Gustavo Bumaguin y cuenta con la participación de fiscales, querellantes y defensores de los imputados.

Una de las causas más grandes de Rafaela

El proceso comenzó cerca de las 8 de la mañana, luego de una reunión privada entre las partes. Por el Ministerio Público de la Acusación interviene el fiscal Guillermo Loyola, acompañado por abogados querellantes que representan a las víctimas.

Desde la defensa participan distintos abogados que representan a los acusados, entre ellos los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, señalados como los principales responsables de la organización investigada.

La audiencia preliminar tiene como objetivo definir las pruebas y condiciones del futuro juicio oral, que todavía no tiene fecha confirmada, aunque fuentes judiciales anticipan que podría convertirse en uno de los debates más extensos de los últimos años en Rafaela debido a la complejidad del expediente y la cantidad de imputados.

Qué investiga la Justicia en la causa Spaggiari

Según detalló el fiscal Loyola, la acusación supera las 300 páginas y sostiene que la organización funcionaba captando ahorristas mediante promesas de rendimientos económicos muy superiores a los del mercado financiero tradicional.

De acuerdo con la investigación, los acusados ofrecían inversiones con ganancias rápidas y elevadas, aunque —según la Fiscalía— nunca habrían tenido intención real de cumplir con los pagos comprometidos.

La causa investiga maniobras reiteradas de estafa que afectaron a cientos de personas de Rafaela y la región.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

El Ministerio Público pidió distintas penas de prisión para los nueve imputados involucrados en la causa.

Para Matías y Fernando Spaggiari, acusados como jefes de una asociación ilícita y coautores de estafas reiteradas, la Fiscalía solicitó 25 años de prisión.

En tanto, para otros integrantes vinculados a la presunta organización se solicitaron condenas que van desde los 4 hasta los 9 años de cárcel, según el grado de participación atribuido en cada caso.

Además, la Fiscalía pidió mantener la inhibición de bienes, aplicar multas económicas y avanzar con el decomiso de los elementos secuestrados durante la investigación.

La causa avanzaría hacia juicio oral

Finalizada esta etapa preliminar, el expediente quedará en condiciones de avanzar hacia juicio oral y público. Debido a la magnitud del caso, no se descarta que el tribunal encargado del debate esté integrado por varios jueces.

La causa Spaggiari se transformó en uno de los procesos judiciales más resonantes de Rafaela y genera fuerte expectativa entre las víctimas que esperan una resolución definitiva tras años de investigación.

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