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Condenan a hombre por homicidio con exceso en la legítima defensa en Tostado

Justicia ha sido impartida en el caso de Mauricio Iván Moraz Sengel, quien perdió la vida en 2018. Ezequiel Ricardo Tomadín, de 37 años, ha sido sentenciado a tres años y seis meses de prisión.

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Foto: Ilustrativa

El juicio oral concluyó ayer en los tribunales de Tostado, donde el juez Juan Gabriel Peralta dictó la sentencia. La fiscal Shirli Tomasso, del MPA, representó al Ministerio Público de la Acusación en el proceso.

Este lamentable suceso ocurrió en enero de 2018, cuando Moraz Sengel fue agredido físicamente por Tomadín con un caño de metal, causándole la muerte. El incidente tuvo lugar en Tostado, departamento Nueve de Julio.

La fiscal Tomasso destacó la conformidad con la sentencia y expresó: “Esperaremos la notificación de los fundamentos para evaluar los motivos que llevaron al magistrado a resolver de esta manera”.

El hecho se desencadenó cuando Moraz Sengel recibió una llamada de su pareja informándole que Tomadín la había golpeado y estaba en la Comisaría de la Mujer radicando una denuncia. En respuesta, Moraz Sengel buscó un cuchillo y se dirigió a la casa de Tomadín, lanzando piedras al techo.

La discusión escaló rápidamente y ambas partes se agredieron físicamente. Tomadín golpeó a Moraz Sengel con un caño de hierro en varias partes del cuerpo y en la cabeza, causándole heridas mortales.

Tomadín ha sido condenado como autor del delito de homicidio doloso simple atenuado, debido al exceso en la legítima defensa.

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Prisión preventiva para el acusado de intento de femicidio en Ceres

La medida cautelar fue ordenada a pedido de la fiscal Hemilce Fissore, en una audiencia realizada en los Tribunales de San Cristóbal.

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Foto: Tribunales de San Cristóbal

La fiscal Hemilce Fissore solicitó y se dispuso la prisión preventiva del hombre acusado de cometer un intento de femicidio contra su expareja el pasado sábado en Ceres. La medida cautelar fue ordenada en una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.

El acusado, de 41 años y con iniciales JOP, fue imputado por utilizar un arma blanca para atacar a la víctima, quien se encuentra en estado crítico debido a las graves lesiones sufridas en el incidente. El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en Vera Mugica al 500.

El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gabriel Peralta, fue quien dispuso la prisión preventiva luego de evaluar los fundamentos presentados por la fiscalía. A pesar de la oposición de la defensa, el magistrado consideró acreditada la materialidad del hecho y la probabilidad de autoría.

La fiscal Fissore destacó que la víctima logró señalar al agresor como su expareja antes de ser trasladada a un centro de salud. Además, se encontró el cuchillo utilizado en el domicilio del imputado, lo que refuerza la evidencia en su contra.

La fiscal también resaltó que el caso se trata de violencia de género y que la salud de la víctima está en estado crítico, por lo que era necesario resguardar su testimonio y su integridad. Por ello, el juez consideró que existían riesgos procesales y que otras medidas alternativas no eran suficientes.

El acusado enfrenta la calificación penal de homicidio calificado por el vínculo y por haber sido cometido con violencia de género. Se espera que sea llevado a juicio y que se le imponga una pena de prisión efectiva.

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Caso expolicías de Sunchales: piden 3 y 4 años de prisión para los imputados

La figura de “apremios ilegales” que les endilga la acusación alivió la situación de los imputados. El próximo lunes se escucharán los alegatos del fiscal y de los defensores.

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Finalmente en la tarde de este martes, se reanudó la audiencia que dio inicio al juicio oral y público a expolicías de la Comisaría 3ª de Sunchales, a los que se acusa de haber sometido a dos delincuentes que habían sido detenidos en esa jurisdicción -en un hecho ocurrido en octubre de 2019- a una sesión de golpes y malos tratos, luego que ambos fueran arrestados bajo la sospecha de tener relación con el robo de la moto de uno de los policías que revistaba en esa repartición.

Luego de muchos idas y vueltas que se fueron dando en las últimas semanas, la audiencia prevista para las 8 de este martes debió ser suspendida con un cuarto intermedio, a raíz de un cambio en el enfoque de la acusación y, fundamentalmente, en la calificación legal de los hechos atribuidos. Originalmente y durante los años que transcurrieron desde registrados los hechos, se los había imputado bajo la figura de torturas, un delito muy grave que puede llevar a condenas superiores incluso a las que caben para un homicidio.

Finalmente, al reanudarse el fiscal Juan Manuel Puig presentó una nueva acusación. Concretamente, imputó a María Itatí Acevedo, Silvana Sarmiento, Carlos Agustín Manzo, Mauricio Leonardo Ortis, Brian Emanuel González como coautores del delito de apremios ilegales calificados, y pidió para todos una pena de 4 años de prisión. Puig repitió parte de los hechos que el MPA investigó y que intentará probar en este juicio, en los que se atribuye a los expolicías el ejercicio de una violencia desmedida -que incluyó golpes y amenazas cuando los detenidos se encontraban atados con precintos en un caso y con esposas en el otro- cuando los delincuentes estaban bajo su custodia.

En tanto, a Luciano Martín Gabinetti -quien oficiaba como jefe de la Comisaría 3ª cuando sucedieron los hechos, pero no estaba presente en el lugar-, lo acusó de ser autor de encubrimiento agravado por ser funcionario público. Para éste pidió 3 años de prisión.

Los abogados defensores no pusieron objeciones en esta fase, y todo quedó cerrado para que el próximo lunes 22 tenga lugar la audiencia en la que se escucharán los alegatos de apertura del juicio, por parte del fiscal Puig y de los abogados defensores, ante el tribunal que integran los doctores Gustavo Bumaguin, Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez.

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El juicio a policías de Sunchales fue suspendido hasta el 22 de abril

El Tribunal integrado por los doctores Gustavo Bumaguin, Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez a pedido de las partes, decidió suspender hasta el 22 de abril a las 8, el juicio oral y público que comenzó esta mañana contra 8 policías que prestaban servicio en Sunchales.

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Foto: archivo

Alrededor de las 8.30 comenzó a desarrollarse en la Sala Nº 3 de los Tribunales de la vecina ciudad de Rafaela, el juicio oral y público que se les sigue a ocho efectivos policiales que prestaban servicio en la Comisaría Nº 3 de la ciudad de Sunchales.

A Silvana S., Braian Emanuel G. y Carlos Agustín M., son representados por el defensor oficial Dr. Aníbal Caula; Juan Aurelio C. tiene como defensor al Dr. Sebastián Oroño; Federico Hernán M., es asistido por el Dr. Germán Verna; Mauricio O. está junto a sus defensores técnicos, Dres. Néstor y Sebastián Oroño; en tanto Luciano Martín G. (que era jefe de la dependencia) es acompañado por el defensor Dr. Raúl Sartori.

En primer término el presidente del Tribunal, Dr. Bumaguin, pidió a los imputados que se presenten para el registro de audio

Piden suspensión

En el comienzo del debate el abogado de Mauricio O., Dr. Sebastián Oroño, solicitó suspender el debate señalando que el día 12 de abril del corriente año se amplió la imputación a su cliente y se fijó -tal como adelantara Diario CASTELLANOS EN EXCLUSIVA- la nueva imputación de Apremios ilegales, por lo que entiende la defensa se está violando el principio de congruencia. Por ello solicita la suspensión del debate por el término de 15 días hábiles. Ésto es lo que decía el letrado: “Antes del inicio del debate entendemos que hay cuestiones que plantear que el Tribunal desconoce. La primera custión a plantear es que el día 12 de abril de 2024, en relación a mi defendido, Mauricio Ortíz, se amplió la imputación en dónde se recalificó jurídicamente el hecho y también se introdujo alguna variante al hecho oportunamente imputado y por el cuál se formulara acusación. Concretamente, a partir de la nueva imputación formulada en sede fiscal, el hecho fue calificado como Apremios ilegales en los términos del artículo 144 bis inc. 3, en relación al artículo 142, inc. 1 y 45 del Código Penal. Esta cuestión entendemos, tiene implicancias importantes que va a desarrollar el co-defensor Sebastián Oroño”.

Éste a su turno decía: “Lo que vamos a solicitar de manera previa es la suspensión del debate porque claramente no se puede desarrollar un juicio en las condiciones en las que estamos ya que no entendemos el sentido de llevar adelante un acto inválido de citar a cien testigos para lo que va a ser, posteriormente, algo inválido. Decimos ésto porque la variación que se realizó en la plataforma fáctica indefectiblemente va a dar como resultado una violación al principio de congruencia. Aquí se varió la calificación legal y ésto no es una cuestión menor porque dicha variación impacta directamente sobre el derecho de defensa y sobre los extremos fácticos a probar. Entonces entendemos que no es una variación cualquiera la que se produjo debido a que justamente las agravantes que se imponen en el Apremio, nos hablan de que el hecho se cometió por venganza, cuestión que nunca fue tenida en cuenta por las defensas a lo largo de todo el proceso. Pero además hay que tener en cuenta otra situación que es que para que se pueda volver a acusar se requiere la audiencia que menciona el Art. 274. Porque es cierto, a mi defendido se le reformuló la acusación pero no se volvió a imputar a todos los encartados.

Pedido de la Fiscalía

Por su parte el representante de la Fiscalía, Dr. Juan Manuel Puig, también solicitó idéntica medida a fin de readecuar las imputaciones de los ocho encartados. Se aclara que el día lunes fueron admitidos los procedimientos abreviados de Juan Aurelio Cortéz y Federico Hernán Maldonado. El fiscal señalaba: “Materialmente, en el marco de las negociaciones, no tuvimos tiempo de reimputar a todos. La idea era poder hacerlo con los ocho. Ésto no es ni caprichoso ni arbitrario, ya que durante el proceso en primer término hubo una fiscal y un fiscal regional diferentes a los cuales respetamos, pero este fiscal y el nuevo fiscal regional, no comparten el criterio adoptado en ese momento en base a las evidencias y en base a un fallo judicial del Dr. Juan Manuel Oliva, Juez de Segunda Instancia de fecha 6 de marzo de 2020, en el cual entendía adecuada la calificación de Apremios ilegales en base a las pruebas y, atento a que no surgió ningún elemento nuevo posterior en ese sentido, entendemos que era adecuado reformular la calificación a fin de poder -como dijo el Dr. Oroño- darle el derecho a los imputados de cerrar un procedimiento abreviado, cosa que se hizo ayer (por el lunes) con dos de los imputados, Cortéz y Maldonado. Desde ese punto de vista es que pedimos la suspensión del juicio.

Reformulación del Tribunal

A su turno el Dr. Néstor Oroño, defensor -junto a su hijo Sebastián- de Mauricio Ortíz manifestaba qué: “De acuerdo a lo solicitado por el fiscal de que la calificación para todos sea Apremios ilegales, surge otra cuestión a tener en cuenta que es que deberá reformularse la integración del Tribunal porque estaríamos ante una figura penal que con los agravantes -y aquí también me permito con todo respeto- hacer una mención respecto a lo que dice el fiscal porque entiendo que sí hay en la nueva imputación hechos nuevos que tienen que ver con los agravantes a los que hizo mención el Dr. Sebastián Oroño, por supuesta venganza lo cuál no estaba en la calificación anterior. Entonces, de acuerdo al Art. 43 del Código Penal, debería reformularse la integración del Tribunal ya que debería ser unipersonal y téngase presente que el cambio de calificación fue previo al inicio del juicio con lo cuál queda afuera también esa posibilidad que plantea el Código Procesal Penal en cuanto a que no varía la integración del Tribunal cuando se produce durante el juicio

Cuarto intermedio

Tras escuchar los argumentos vertidos por algunas de las partes y para evaluar la situación y ordenar el desarrollo del debate, el presidente del Cuerpo, Dr. Gustavo Bumaguin y los jueces Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez, impusieron la realización de un cuarto intermedio.

Decisión

Tras el cuarto intermedio que se prolongó por alrededor de una hora, a su regreso, el presidente del Tribunal, Dr. Gustavo Bumaguin decía lo siguiente: “Tras la deliberación y luego de analizar la situación y lo alegado por las partes, advertimos que no hay cambios sustanciales de los hechos, sino que hay cuestiones y circunstancias fácticas y ésto surge justamente de la comparación de la audiencia imputativa con la acusación. Entendemos que ello no afecta el derecho de defensa sino que se deben defender los imputados de los hechos y no de las calificaciones legales; la circunstancia esta del agravamiento de la nueva calificación que alegaron los defensores en cuanto a la venganza está descripta ya en la base fáctica de la acusación pero, a los efectos de realizar un reordenamiento del presente debate es que vamos a disponer la suspensión temporaria y dentro de los plazos legales, conforme fuera solicitado por los defensores en forma unánime, debiendo el señor fiscal readecuar la acusación en cuanto a los hechos y en su caso a la pena conforme expresara en su momento que no tuvo tiempo material para hacerlo. Entonces ese plazo no podrá exceder el del día de mañana (por el miércoles) a las 8 de la mañana luego de lo cuál, se suspenderá el juicio hasta el día lunes 22 de abril a las 8 de la mañana, a los efectos que la defensa tenga tiempo suficiente para ofrecer pruebas conforme la nueva acusación, tiempo suficiente que tendrá también el fiscal para informar a las víctimas de los cambios que efectuó en esa nueva acusación.

En lo que respecta al pedido de readecuación del Tribunal, entendemos que el mismo no corresponde conforme a que no existe una afectación a las garantías constitucionales ya que ello está además permitido y reglamentado en el Código Procesal Penal para casos complejos y este Tribunal ya se encuentra conformado y fue notificado oportunamente, no habiendo cuestionamientos en relación a ello.

Por otro lado en cuanto a los imputados Cortéz y Maldonado, deberán tramita el procedimiento abreviado fuera de esta audiencia de debate, en tanto los mismos renunciaron expresamente al juicio oral y público, no pudiendo en este caso intervenir en esta instancia.

Finalmente al señor fiscal le decimos que este Tribunal entiende que de ser posible, la adecuación de la acusación al resto de los imputados podría realizarse este mismo martes desde las 15 horas cosa que fue aceptada por el representante del Ministerio Público de la Acusación.

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