La causa por el secuestro de 456 kilos de cocaína en una camioneta abandonada cerca de Elisa sumó un nuevo capítulo: cuatro hombres fueron imputados y quedaron detenidos con prisión preventiva, acusados de haber participado en el traslado del cargamento.

La audiencia se realizó el viernes en los Tribunales Federales de Rafaela, ante el juez federal de Garantías Santiago Saux. La acusación fue formalizada por la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Los cuatro imputados, identificados por sus iniciales W. F. L., W. D. F., R. G. y J. P. E., quedaron bajo prisión preventiva durante 164 días, hasta el 8 de marzo de 2027.

Según la acusación fiscal, están señalados como parte del “eslabón logístico” de la maniobra.

La camioneta que escapó del control

La investigación comenzó durante la madrugada del 28 de febrero, cuando efectivos de Gendarmería Nacional realizaban un control sobre la ruta provincial 4, en el cruce con la ruta provincial 61, en cercanías de Elisa.

En ese momento, los agentes observaron una Volkswagen Amarok gris cuyo conductor, al advertir la presencia del control, escapó.

Luego de una persecución de aproximadamente 30 kilómetros, la camioneta fue encontrada abandonada al costado de la ruta 4, a unos 15 kilómetros del acceso a San Cristóbal.

El vehículo estaba con el motor encendido y sin ocupantes.

Al revisar la caja, los efectivos encontraron un cargamento de cocaína que posteriormente fue establecido en 456 kilos, distribuidos en 418 paquetes.

Los paquetes tenían una marca particular

Uno de los elementos que llamó la atención durante la investigación fue la identificación que tenían los envoltorios.

Los ladrillos de cocaína llevaban impresa la imagen de un cebú de la raza Guzerat, un bovino originario de la India.

Los investigadores reconstruyeron posteriormente que el traslado habría comenzado el día anterior en otra Volkswagen Amarok, de color negro, que también habría escapado de un control policial en territorio santafesino.

Según la hipótesis investigativa, posteriormente el cargamento habría sido trasladado al vehículo gris que terminó siendo abandonado.

Cuatro nuevos detenidos

Las tareas realizadas después del secuestro permitieron identificar a los cuatro hombres que ahora fueron imputados.

Tres fueron detenidos durante procedimientos realizados el 22 de septiembre, mientras que J. P. E. ya se encontraba detenido desde agosto en una causa por narcotráfico tramitada en jurisdicción del Juzgado Federal N° 2 de Morón.

La Fiscalía sostiene que los cuatro habrían cumplido funciones dentro de la estructura logística junto con otros tres imputados que ya habían sido alcanzados por la investigación.

Uno de ellos permanece con prisión preventiva, mientras que los otros dos están sujetos a prohibición de salida del país.

Una investigación que sigue avanzando

Para los fiscales, la utilización coordinada de al menos tres camionetas y una distribución de tareas entre siete personas habría permitido concretar el traslado del cargamento.

La investigación incorporó, entre otros elementos, peritajes sobre teléfonos celulares, registros de cámaras, documentación de los vehículos y movimientos de dinero.

Además, los análisis determinaron que la cocaína secuestrada tenía una concentración del 84%.

La causa continúa bajo investigación federal y las imputaciones corresponden a la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal. La prisión preventiva tampoco implica una condena.

Fuente: Esperancino.

La investigación por las presuntas maniobras defraudatorias vinculadas al Grupo Spaggiari entra en una etapa clave en los Tribunales de Rafaela.

Este lunes 28 de septiembre, desde las 11, se llevará adelante en la Sala 3 una audiencia en la que se analizarán los acuerdos de procedimiento abreviado alcanzados por seis exempleados de la firma.

La audiencia estará a cargo del juez Gustavo Javier Bumaguin, mientras que la acusación está encabezada por el fiscal Guillermo Nicolás Loyola.

Quiénes acordaron procedimientos abreviados

Los acuerdos alcanzan a Myrian Marcela Bravo, Carlos Andrés Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman.

Sus defensas llegaron a acuerdos con la Fiscalía y los representantes de los damnificados querellantes. Ahora será la Justicia la que deberá analizar y resolver formalmente los términos de esos procedimientos.

El fiscal solicitó penas diferentes según la situación atribuida a cada uno de los imputados, además de una multa de $90.000 para cada uno.

Una causa con más de 550 damnificados

La investigación tiene como eje una serie de presuntas maniobras defraudatorias que, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público de la Acusación, habrían afectado a más de 550 personas.

Al elevar la causa a juicio, la Fiscalía sostuvo que los imputados habrían integrado una asociación ilícita que habría operado aproximadamente entre noviembre de 2019 y diciembre de 2022.

Según esa hipótesis, la operatoria se habría desarrollado principalmente en Rafaela y habría utilizado como estructura comercial a Grupo Spaggiari SRL, cuyos socios y administradores eran Fernando Luis Spaggiari y Matías Germán Spaggiari.

La acusación fiscal sostiene que se ofrecían convenios privados a través de publicidad, contactos personales, recomendaciones y vínculos comerciales relacionados con la actividad inmobiliaria.

De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, esos acuerdos eran presentados formalmente como contratos de mutuo dinerario y permitían captar ahorros de particulares en pesos, dólares y euros.

El juicio contra los Spaggiari comenzará el 8 de octubre

Mientras este lunes se analiza la situación de los seis acusados que optaron por el procedimiento abreviado, la causa principal ya tiene fecha para llegar a juicio.

El 8 de octubre comenzará el juicio oral y público contra Fernando Luis Spaggiari, Matías Germán Spaggiari y su madre.

Será durante ese debate cuando deberán analizarse las acusaciones y las pruebas incorporadas al expediente respecto de los principales imputados.

La audiencia de este lunes, por su parte, definirá los términos de los acuerdos alcanzados con los seis exempleados y quedará como otro paso dentro de una investigación de gran magnitud que tramita en los Tribunales de Rafaela.

Las acusaciones mencionadas corresponden a la hipótesis sostenida por la Fiscalía y no implican por sí mismas una declaración de culpabilidad.

Fuente: Rafaela Informa.

El hecho investigado ocurrió el 18 de septiembre en una empresa ubicada sobre la Ruta Provincial 280 S, donde los imputados habrían ingresado tras realizar un boquete y sustraer alrededor de $1.300.000.

Dos personas imputadas por un robo ocurrido en una empresa de Sunchales recuperaron la libertad bajo distintas medidas y con compromisos de reparación económica por un total de $2.000.000.

Las resoluciones fueron adoptadas este viernes durante dos audiencias realizadas por separado en los Tribunales de la vecina ciudad, en las que intervinieron los jueces Laura Lencina y Gustavo Bumaguin.

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió durante la madrugada del 18 de septiembre en una empresa ubicada en el kilómetro 1,5 de la Ruta Provincial 280 S.

De acuerdo con la acusación, un menor y un mayor de edad habrían actuado conjuntamente y utilizado una maza para realizar un boquete en una de las paredes del establecimiento. Luego ingresaron al lugar, provocaron un importante desorden mientras buscaban dinero y finalmente violentaron un cajón cerrado con llave, de donde sustrajeron aproximadamente $1.300.000.

El hecho fue calificado como robo calificado por efracción en calidad de coautores.

El menor deberá cumplir medidas socioeducativas

En la audiencia correspondiente al menor, identificado con las iniciales ADB, intervino como fiscal Carina Gerbaldo, mientras que la defensa estuvo a cargo del Dr. Carlos Farías Demaldé. La jueza fue Laura Lencina.

El adolescente decidió no declarar. Luego de un cuarto intermedio solicitado por la Fiscalía para explicar a las víctimas las medidas que se adoptarían, las partes acordaron una serie de medidas cautelares y socioeducativas.

Entre las medidas dispuestas se estableció que deberá fijar domicilio en la vivienda de su madre en Sunchales y quedar bajo su cuidado como adulta responsable.

También tendrá prohibido acercarse o mantener contacto con las víctimas, sus familiares y testigos de la causa, por cualquier medio. La prohibición incluye además acercarse al negocio donde ocurrió el hecho y mantener contacto con el coimputado mayor de edad.

Como parte de las medidas socioeducativas, deberá concurrir a un espacio terapéutico, retomar la escolaridad secundaria durante el ciclo lectivo 2027 y cumplir con acciones vinculadas a la responsabilización y reparación del daño.

Durante la audiencia, el adolescente pidió disculpas, lo que fue aceptado por la víctima que participó mediante videoconferencia.

Además, deberá realizar una reparación económica de $500.000, que será abonada en cinco cuotas mensuales de $100.000 mediante transferencia al alias que indique la víctima.

El seguimiento de estas medidas estará a cargo de la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, con informes periódicos hasta que el adolescente alcance la mayoría de edad.

El mayor seguirá el proceso en libertad

En el caso del mayor imputado, identificado como Patricio D. C., intervino el fiscal Juan Manuel Puig y resolvió el juez Gustavo Bumaguin.

El magistrado consideró que, en esta etapa del proceso, existía probabilidad suficiente de que el imputado hubiera participado del hecho investigado, aunque entendió que no correspondía disponer la prisión preventiva.

Por ese motivo, continuará el proceso en libertad y deberá cumplir distintas reglas de conducta.

Entre ellas, deberá fijar domicilio y permanecer bajo el cuidado de una familiar, además de no acercarse ni mantener contacto con las víctimas y testigos, y no concurrir al lugar donde ocurrió el robo.

También deberá presentarse una vez por semana en la Comisaría de Sunchales y cumplir con una fianza personal de $1.500.000.

A esto se suma el compromiso de reparación económica ofrecido por su defensa, que contempla tres cuotas de $500.000, mediante depósito judicial, a partir de octubre.

Finalmente, el juez estableció como regla de conducta que no cometa un nuevo delito y advirtió que el incumplimiento de las medidas podría derivar en una revisión de su situación procesal.

Con información de Diario Castellanos