El juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en Brinkmann, comenzó este martes en la Cámara del Crimen de San Francisco.

El proceso se desarrolla a puertas cerradas y con participación de jurados populares. Durante la primera jornada declararon familiares de la víctima y el debate continuará este miércoles.

El reclamo de la familia

Betiana Heredia, prima de Rocío Milagros Rauch, madre de Aralí y una de las tres personas acusadas, expresó su dolor por el inicio del juicio y reclamó una condena de prisión perpetua para los tres imputados.

“Millones de sensaciones, los sentimientos súper encontrados, con mucho dolor, mucha bronca, mucha indignación”, manifestó Heredia al referirse al comienzo del debate.

La familiar sostuvo además su expectativa de que los tres acusados sean condenados y permanezcan en prisión.

Heredia también cuestionó el rol de su prima en relación con el cuidado de la niña y sostuvo: “Considero que ella es la culpable número uno”.

Reclamo por la protección de los niños

Durante sus declaraciones, la mujer también cuestionó el funcionamiento de los organismos estatales encargados de intervenir ante situaciones de vulnerabilidad infantil.

En ese sentido, relacionó el caso de Aralí con un episodio ocurrido recientemente en Balnearia, donde un bebé permanece internado en grave estado luego de haber sufrido golpes.

“¿Dónde estuvieron los organismos, por qué tenemos que esperar todo esto?”, planteó Heredia.

Y agregó: “Todos llegan tarde, quiero que no haya más una Aralí”, al reclamar una mayor respuesta de los organismos de protección y de la Justicia.

Los tres acusados

El crimen ocurrió el 1 de noviembre de 2024 en Brinkmann. Por el hecho están acusados Rocío Milagros Rauch, Ezequiel Matías Simeone y Cristian Hernán Varela.

Los tres enfrentan cargos por abuso sexual agravado y homicidio criminis causa.

El cuerpo de Aralí fue encontrado después de un incendio registrado en la vivienda. De acuerdo con la investigación, el fuego habría sido provocado con la intención de eliminar evidencias.

La Fiscalía sostuvo durante la investigación que la niña había fallecido antes del incendio y que presentaba lesiones compatibles con abuso sexual.

El juicio tiene previstas tres audiencias y continuará durante los próximos días con la presentación de testimonios y demás elementos del proceso.

Con información de Radio Belgrano de Suardi

Un hombre de 34 años, identificado por las iniciales FEB, continuará en prisión preventiva en el marco de una investigación por una tentativa de homicidio ocurrida en la ciudad de Ceres.

La medida fue dispuesta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria Cecilia Álamo, luego del pedido formulado por el fiscal Emiliano Odriozola, durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.

La investigación por el ataque

Según la investigación fiscal, el hecho principal ocurrió el 24 de noviembre del año pasado, cuando FEB y otro hombre habrían llegado en una motocicleta hasta una vivienda ubicada en calle Catamarca al 400 de Ceres.

De acuerdo con la acusación, ambos habrían atacado con armas blancas a un hombre, quien sufrió heridas de consideración en distintas partes del cuerpo y logró sobrevivir luego de recibir atención médica.

FEB está investigado como presunto coautor de una tentativa de homicidio.

Otros hechos investigados

Además, al hombre se lo vincula con otros episodios ocurridos en Ceres.

Entre ellos, se investiga el ingreso a una vivienda mientras presuntamente portaba una pistola Bersa calibre .380 sin autorización, además de una agresión contra un hombre y amenazas verbales dirigidas a una mujer.

Durante la audiencia, el fiscal sostuvo que persisten los riesgos procesales y señaló que el imputado cuenta con antecedentes penales.

La defensa había solicitado reemplazar la prisión preventiva por medidas alternativas, pero la jueza rechazó el planteo y mantuvo la medida de coerción.

Los delitos atribuidos

La calificación legal provisoria comprende tentativa de homicidio en calidad de coautor, lesiones leves dolosas, amenazas calificadas, portación ilegal de arma de fuego, amenazas simples y violación de domicilio.

La investigación continúa y las acusaciones deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.

Con información de MPA

Su defensa sostuvo que parte de los dólares utilizados para distintas operaciones provenían de inversiones en Bitcoin realizadas antes de su ingreso a la función pública.

La explicación presentada por Adorni

Manuel Adorni presentó este lunes su justificación patrimonial ante la Justicia Federal, luego del requerimiento de la Fiscalía que había planteado 20 puntos sobre la evolución de sus bienes durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

En el escrito, de 78 páginas y firmado por su abogado Matías Ledesma, la defensa sostuvo que la evolución patrimonial del exfuncionario tiene un “sustento razonable y verificable” y rechazó que exista un enriquecimiento que no pueda ser explicado.

Según la investigación fiscal, durante ese período Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registraron $229.752.283,20 de ingresos comprobados, mientras que los gastos reconstruidos alcanzaron $272.820.832,20, dejando una diferencia de $43.068.549.

La defensa consideró que esa diferencia representa una brecha que puede explicarse por cuestiones vinculadas con la reconstrucción de los movimientos económicos, estimaciones de tipo de cambio y partidas que todavía no fueron conciliadas.

La explicación basada en las criptomonedas

Uno de los principales puntos planteados por la defensa está relacionado con las inversiones en criptomonedas.

Adorni sostuvo que entre 2017 y 2018 obtuvo US$591.544,61 mediante la venta de activos vinculados al Bitcoin, varios años antes de asumir cargos públicos.

La defensa afirmó que las operaciones se realizaron a través de ocho direcciones de criptomonedas, cuya actividad se habría registrado entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. Según el escrito, esas billeteras actualmente no tendrían saldo porque los activos fueron liquidados antes del ingreso de Adorni a la función pública.

Para acreditar el acceso a esas billeteras, la defensa presentó documentación y un acta de un escribano que constató que Adorni tenía las claves privadas. Sin embargo, publicaciones periodísticas señalaron que esa constatación notarial fue realizada en septiembre de 2026 y no existe, por sí misma, un registro similar que acredite quién tenía esas claves en el momento en que se realizaron las operaciones.

La Fiscalía había cuestionado previamente la falta de documentación que acreditara la titularidad de las criptomonedas y las operaciones posteriores utilizadas para explicar la tenencia de dólares.

Dólares guardados fuera del sistema bancario

La defensa sostuvo que los dólares obtenidos de aquellas operaciones fueron reinvertidos parcialmente y luego conservados en efectivo en el domicilio familiar, fuera del sistema bancario.

Según la explicación presentada ante la Justicia, esa modalidad de ahorro habría permitido mantener el dinero durante años hasta utilizarlo posteriormente para distintas operaciones patrimoniales.

El escrito también señala que los dólares fueron utilizados, entre otras cosas, para la compra de propiedades y la realización de refacciones en una vivienda del barrio privado Indio Cuá.

La defensa sostuvo además que parte de esos ahorros fue utilizada para adquirir el departamento de Miró 550 y posteriormente para comprar y refaccionar una vivienda en Indio Cuá.

La diferencia sobre el costo de las refacciones

Otro de los puntos discutidos en la causa es el costo de las obras realizadas en la propiedad de Indio Cuá.

El contratista Matías Tabar había declarado ante la Justicia que las refacciones tuvieron un costo de US$245.000.

Adorni, en cambio, sostuvo que el monto efectivamente abonado fue de US$175.000.

La defensa cuestionó además la documentación aportada por el contratista y afirmó que una auditoría contable identificó desembolsos por US$175.000. A su vez, señaló que una pericia contable estimó el valor de mercado de la obra en US$174.954,58, una cifra prácticamente coincidente con el monto que, según la defensa, fue efectivamente pagado.

La investigación continúa

La presentación realizada por Adorni constituye su respuesta al requerimiento de justificación patrimonial formulado por el fiscal Gerardo Pollicita.

La causa investiga la evolución de su patrimonio y la procedencia de distintos fondos, propiedades, gastos y activos declarados durante el período analizado.

Por el momento, las explicaciones presentadas corresponden a la defensa del exfuncionario, mientras que la Justicia deberá evaluar la documentación incorporada y determinar si resulta suficiente para explicar los movimientos patrimoniales cuestionados.

Con información de Contexto Tucumán