Judicial
Decretaron la quiebra del Correo Argentino S.A., empresa del Grupo Macri
Lo decidió la jueza Marta Cirulli tras dar por fracasado el proceso de salvataje de la firma ya que la propuesta que hizo esta no satisfizo a los acreedores, incluido el Estado nacional.
La justicia comercial decretó este lunes la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje, al entender que la oferta realizada por la compañía postal «solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa», pero «no abarcaba el valor actual de la misma».
La jueza en lo Comercial Marta Cirulli tomó la decisión luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que no satisfizo el interés del Estado Nacional, acreedor Categoría A, según surge del fallo de 44 páginas al que tuvo acceso Télam.
Los argumentos
En su fallo, la jueza recordó que de las 6 firmas que se presentaron al salvataje solo el propio Correo Argentino S.A. «mantuvo el interés de seguir con el trámite», y párrafos más adelante explicó que la oferta realizada no satisfizo a los acreedores necesarios como para prosperar.
Cirulli señaló en su fallo que la oferta realizada por la concursada solo representaba el 100 por ciento de la deuda a los ojos de la propia empresa pero que no abarcaba el valor actual de la misma.
La magistrada también hizo referencia a la supuesta conformidad que la empresa deudora atribuyó a los acreedores de Categoría C, que habían prestado acuerdo a ofertas realizadas hace casi 20 años, en otra instancia del proceso concursal.
«A lo largo de todo ese tiempo variaron sensiblemente los indicadores económicos y sobrevinieron sucesivas devaluaciones de nuestro signo monetario con gran pérdida del valor adquisitivo, lo cual es de conocimiento público. En esa situación, no podría razonablemente suponerse que aquellos acreedores Categoría C -antes aquiescentes- aceptarían ahora la llamada mejora de propuesta, tratándose de créditos devengados hace dos décadas», sostuvo la jueza.
La magistrada resaltó además que aún si se dejaran de lado los cuestionamientos a los avales presentados por la concursada y se trabajara con la hipótesis de que «todas las conformidades, adhesiones y ratificaciones obtenidas resultan legítimas, válidas y computables»; la empresa postal de los Macri no logró la conformidad de su principal acreedor, que es el Estado Nacional.
«No encuentro ahora -como no encontré el 18.3.2010- mérito para calificar al Estado Nacional como acreedor ´hostil´ tal como se irá viendo», sostuvo la jueza al rechazar las acusaciones que había lanzado la empresa de los Macri contra el Estado Nacional, y más precisamente contra la Procuración General del Tesoro, en el expediente del concurso.
«Si la deudora puede ofrecer una propuesta mejor, pero la retacea hasta el último momento posible, mal podría calificar de ´hostil´ al acreedor que decide no aceptarla por hallarla insuficiente», sostuvo la jueza.
Las reacciones
Ante la resolución reaccionaron el Grupo Macri y la coalición opositora Juntos por el Cambio.
El grupo creado por el padre del expresidente Mauricio Macri repudió en un comunicado el fallo y sostuvo que «es increíble que el Estado se apropie de los bienes de una empresa, le deje las deudas y no acepte el pago del 100%, con lo que ahora la lleva a la quiebra. Todo por venganza e intereses políticos. Un paso más hacia Argenzuela».
En igual sintonía, JxC dijo en un documento que hay una «persecución» contra Mauricio Macri; afirmó que es «un día oscuro para la Justicia comercial argentina» y preguntó «¿quién garantizará a las empresas que si les va mal tendrán un tratamiento justo por parte de los tribunales?».
Por su parte, el diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos) consideró que lo más valioso en el fallo de que determinó la quiebra de la empresa Correo Argentino SA «es que en la Argentina es posible que los poderosos no tengan impunidad».
{source} <blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Es grave que Macri y sus complices llevaran el Correo a la quiebra pero mucho mas grave es haber llevado a la quiebra al pais endeudandolo como nadie lo hizo nunca antes y rompiendo el aparato productivo.</p>— Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) <a href=»https://twitter.com/MoreauLeopoldo/status/1412209969500393473?ref_src=twsrc%5Etfw»>July 6, 2021</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script> {/source}
Moreau dijo al canal C5N que el fallo «fortalecerá la fe de la gente en la democracia y en la justicia» porque «todo tiene un límite».
La jueza Cirulli resaltó en su fallo que «el ofrecimiento de la concursada presume de satisfacer íntegramente el único crédito Categoría A, en el 100% del capital nominal ($296.205.376,49), más intereses», pero a la hora de calcularlos recurre a una tasa que no puede compensar «ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal, dispuesta en el Decreto N° 1075/2003 del 19.11.2003».
En sus últimos intentos, el Correo Argentino S.A. había ofrecido pagar mil millones de pesos por una deuda que según los cálculos del Estado y del Ministerio Público Fiscal supera los cinco mil millones de pesos.
Qué dice la ley
La 24.522, de Concursos y Quiebras establece en su artículo 48 inciso 8 que «cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará la quiebra sin más trámite».
El concurso de acreedores del Correo Argentino inició en 2001 cuando la empresa del Grupo Macri ya había dejado de pagar hace años el millonario canon que le correspondía para poder explotar la concesión del correo oficial.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado aceptó una oferta del Grupo Macri para pagar la deuda en 15 cuotas; un acuerdo que no prosperó porque la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín determinó que era ruinoso para las arcas del Estado.
En la parte resolutiva del fallo, la magistrada ordenó oficiar a la Inspección General de Justicia, y al Banco Central y requerirle a este último que «el estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires».
La jueza también dispuso la incautación de los bienes de la empresa decretada en quiebra para ser rematados «difiriéndose la designación de martillero y la modalidad de realización para el momento en que se cuente con el inventario de bienes, sean incautados los mismos y se acredite que el dominio se encuentra en cabeza de la fallida».
La magistrada dedicó una parte de su fallo a aclarar en qué condiciones llegó a la decisión emitida, luego de que este domingo y lunes el expresidente Mauricio Macri y algunos de sus exfuncionarios la mencionaran en redes sociales y le advirtieran sobre las consecuencias políticas que podría generar un fallo como el de este lunes.
«Aun cuando parezca inusual, las tantas veces reiteradas particularidades que exhibe este trámite, y su extraordinaria atipicidad concursal, me llevan a expresar lo que sigue: Efectué mis reflexiones serenamente, tras un estudio profundo y minucioso de las muy singulares aristas de este procedimiento, como resulta de la totalidad de las consideraciones efectuadas y de la base legal utilizada».
«Me hice cargo de la dificultad que enfrentará el lector común para comprender cabalmente los fundamentos expuestos en el cauce de tan atípico trámite, por lo cual intenté desarrollarlos con la mayor sencillez y simpleza posibles. Invertí todos los esfuerzos jurisdiccionales imaginables para tutelar el interés de la totalidad de los sujetos comprendidos en el procedimiento, cual se puede percibir fácilmente de una detenida lectura de la causa principal y de los Incidentes de Investigación aún en trámite», continuó.
Fuente: Télam
Judicial
Tostado: condenaron a 27 años de prisión a un hombre por abusos sexuales contra 11 niñas
Un hombre de 67 años, identificado por sus iniciales CSB, fue condenado a 27 años de prisión por múltiples delitos contra la integridad sexual cometidos durante 41 años en Tostado, departamento Nueve de Julio.
Un hombre de 67 años, identificado por sus iniciales CSB, fue condenado a 27 años de prisión por múltiples delitos contra la integridad sexual cometidos durante 41 años en Tostado, departamento Nueve de Julio.
Las víctimas fueron 11 mujeres que eran niñas al momento de los hechos: nueve pertenecían al entorno familiar del condenado y las otras dos eran vecinas. Además, fue hallado responsable por tenencia de material de abuso sexual infantil.
La sentencia por los abusos cometidos durante 41 años
La condena fue dictada por un tribunal integrado por los jueces Gustavo Bumaguin, Cecilia Álamo y José Boaglio, luego de un juicio oral realizado en los tribunales de Tostado.
La fiscal Brenda Baños, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5, estuvo a cargo de representar al Ministerio Público de la Acusación durante el debate.
La investigación también contó con la supervisión de las fiscales Carla Cerliani y Alejandra Del Río Ayala, a partir de una disposición de la Fiscal General María Cecilia Vranicich.
Tras conocerse el veredicto, Baños calificó la sentencia como histórica, especialmente porque la defensa había solicitado que los abusos sexuales fueran considerados prescriptos.
El tribunal rechazó ese planteo al considerar que, durante un período de 41 años, CSB continuó cometiendo nuevos delitos, lo que interrumpía la prescripción de los hechos anteriores.
De acuerdo con lo explicado por la fiscal, los hechos se produjeron desde que el condenado tenía 21 años hasta los 62 y habría aprovechado la confianza familiar, situaciones de convivencia y la vulnerabilidad de las víctimas.
Dónde ocurrieron los hechos
Los abusos contra nueve niñas de su entorno familiar tuvieron lugar en una vivienda donde residía el acusado, en otras dos casas y también en las instalaciones de una industria en la que trabajaba.
Además, el hombre abusó de dos niñas que eran sus vecinas, a quienes entregaba dinero después de someterlas a prácticas sexuales.
En uno de esos casos, también tomó fotografías.
También fue condenado por tenencia de material de abuso sexual infantil
La sentencia incluyó además una condena por tenencia de material de abuso sexual de las infancias.
Durante un allanamiento realizado en su domicilio, los investigadores secuestraron una computadora que contenía 12 videos y 24 fotografías con contenido sexual en los que aparecían niñas, niños y adolescentes.
Según la investigación, CSB tuvo esos archivos en su poder entre octubre de 2011 y mediados de 2024.
Los delitos incluidos en la condena
El hombre fue condenado por distintos delitos, entre ellos abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple, además de otros delitos contra la integridad sexual.
Las figuras contemplaron distintos agravantes vinculados con la guarda y convivencia con víctimas menores de edad.
También recibió condena por promoción de la prostitución de menores de edad agravada y promoción de la corrupción de menores agravada, además de delitos relacionados con la producción y tenencia de imágenes de menores con contenido sexual.
Por otra parte, el tribunal dispuso su absolución por un hecho de promoción de la prostitución de menores de edad agravada y por otro hecho de promoción de la prostitución de mayores de edad.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Sunchales: dos imputados quedaron en libertad en una causa por un disparo intimidatorio
R. C., de 31 años, y O. C., de 27, fueron imputados en los Tribunales de Rafaela por su presunta participación en un episodio ocurrido el 29 de agosto. La Justicia dispuso que continúen en libertad mientras avanza la investigación.
La Justicia dispuso que continúen en libertad mientras avanza la investigación.
La causa por el disparo en Sunchales
Una causa iniciada por un hecho ocurrido durante la noche del 29 de agosto en Sunchales tuvo este miércoles una instancia importante en los Tribunales de Rafaela.
En ese marco, R. C., de 31 años, y O. C., de 27, fueron formalmente imputados por su presunta participación en un episodio en el que un tercer involucrado habría efectuado un disparo contra una mujer con la intención de intimidarla.
La defensa de ambos logró acordar con la Fiscalía medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que los dos imputados recuperaron la libertad mientras continúa la investigación.
Qué sostiene la Fiscalía
De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los dos imputados se trasladaban junto a un tercer hombre en un remis hacia una vivienda de Sunchales.
Según esa hipótesis, durante el trayecto el otro involucrado habría exhibido un arma calibre 32 y posteriormente efectuado un disparo en dirección a una mujer, aunque sin llegar a impactarla.
La investigación sostiene que el objetivo habría sido amedrentar a la mujer, luego de que presuntamente se negara a comercializar estupefacientes bajo las órdenes del hombre señalado como autor del disparo.
La imputación contra los dos acusados
La Fiscalía considera que R. C. y O. C. no habrían efectuado directamente el disparo, pero sí habrían realizado un aporte al accionar del tercer involucrado.
Por ese motivo, fueron imputados como partícipes secundarios de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con abuso de arma de fuego.
La imputación no implica una condena y la investigación continuará para determinar las responsabilidades que correspondan.
La investigación continúa
La causa permanece abierta y contempla el análisis de distintos elementos incorporados al expediente.
Entre ellos se encuentran declaraciones, registros de cámaras de seguridad, comunicaciones, mensajes y material audiovisual.
Mientras se desarrolla esta etapa de la investigación, los dos imputados permanecerán en libertad bajo las medidas alternativas acordadas con la Fiscalía.
Con información de Rafaela Informa
Judicial
SanCor suma $35.000 millones de deuda y la venta de sus activos sigue frenada
La histórica cooperativa láctea atraviesa un complejo escenario judicial y financiero. La sindicatura incorporó nuevas obligaciones al expediente mientras la Justicia mantiene suspendida la licitación de sus plantas y marcas.
La histórica cooperativa láctea atraviesa un complejo escenario judicial y financiero. La sindicatura incorporó nuevas obligaciones al expediente mientras la Justicia mantiene suspendida la licitación de sus plantas y marcas.
SanCor enfrenta un nuevo aumento de su pasivo
La situación de SanCor continúa marcada por la incertidumbre en medio del proceso de quiebra. La sindicatura incorporó recientemente al expediente nuevas obligaciones por aproximadamente $35.000 millones, correspondientes al período comprendido entre la presentación del concurso preventivo y la formalización de la quiebra.
El monto surge de un informe individual actualizado y se suma al pasivo que ya arrastraba la cooperativa. Sin embargo, la cifra todavía no representa un crédito reconocido en forma definitiva, debido a que aún no existe una resolución judicial firme.
Uno de los puntos que permanece bajo revisión es la deuda con los trabajadores, buena parte de la cual corresponde a créditos con derecho a pronto pago y continúa siendo auditada.
La venta de los activos continúa paralizada
Mientras las obligaciones siguen acumulándose, la Justicia mantiene suspendida la venta de los bienes operativos de SanCor.
La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, que analiza distintos recursos y objeciones contra los pliegos de la licitación.
Entre quienes formularon planteos aparecen BAF Latam, Fidulac, ITC Fiduciaria, SMD Delong y otros acreedores.
Los cuestionamientos están relacionados, entre otros aspectos, con los criterios utilizados para establecer los valores de los activos. Uno de los puntos señalados es la reducción del 20% aplicada al valor de la planta de Sunchales, realizada después del incendio ocurrido en junio.
También existen objeciones sobre la composición de los lotes, la inclusión de determinados bienes y marcas comerciales y las condiciones establecidas para la convocatoria, que podrían desalentar a potenciales inversores.
A esto se suman cuestiones vinculadas al desplazamiento del síndico Juan Luis Tomat de algunas tareas consideradas clave en el control de los pliegos.
Una licitación que quedó en suspenso
Meses atrás, el proceso parecía avanzar hacia una definición. Los activos habían sido tasados sobre una base cercana a u$s52,1 millones, lo que había despertado el interés de distintos grupos empresarios.
Sin embargo, en julio la intervención de la Cámara, cuando faltaban menos de tres semanas para el cierre de ofertas, detuvo la liquidación.
Desde entonces, el proceso quedó sujeto a los tiempos de la Justicia.
Incertidumbre sobre el futuro de SanCor
La situación actual presenta dos problemas centrales: por un lado, determinar con precisión el pasivo que continúa creciendo y, por otro, resolver las impugnaciones que mantienen bloqueada la licitación de las plantas y marcas.
La Cámara de Apelaciones todavía no avanzó sobre el análisis de fondo de las objeciones presentadas contra los pliegos. Antes de resolver, debe completarse la tramitación de los recursos y aguardarse el dictamen técnico que debe elaborar la sindicatura plural sobre las apelaciones.
Por el momento, no existe un cronograma estimativo para reactivar el proceso de venta.
De esta manera, la monetización y administración de los bienes destinados a la explotación productiva permanecerán suspendidas hasta que el tribunal superior resuelva las impugnaciones pendientes sobre el mecanismo de enajenación.
Con información de Urgente 24.com
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