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Juicio a policías de Sunchales: los acusados declararon y se desvincularon del hecho

Aseguraron frente al Tribunal que el detenido que los acusa de maltrato decidió tirarse por un ventanal para perjudicarlos. Además señalaron que no hay pruebas que los incriminen.

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Foto: Audiencia del juicio oral realizada este viernes

Este viernes se desarrolló otra jornada del juicio oral y público que tiene como acusados de «Apremios ilegales» a seis policías (cinco como coautores y uno como encubridor) que trabajaban en la Comisaría 3° de Sunchales en el 2019. La audiencia en la que estuvo RAFAELA NOTICIAS como único medio fue presidida por los jueces que integran el Tribunal, los Dres. Gustavo Bumaguín, Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez (este último de manera virtual), estando presentes los acusados María Itatí Acevedo, Silvana Sarmiento, Carlos Agustín Manzo, Mauricio Leonardo Ortis, Brian Emanuel González, Luciano Gabineti, sus abogados defensores, los Dres Néstor y Sebastián Oroño, Aníbal Caula y Raúl Sartori, y el fiscal Juan Manuel Puig.

Parte de la jornada estuvo marcada por la declaración que hicieron 4 de los policías, que se expresaron por primera vez luego de casi 5 años de acontecido el hecho y tras haber pasado 5 meses presos entre octubre del 2019 y marzo del 2020.

Los que denunciaron a los policías fueron Juan Daniel F. y Juan Darío C. (hermanos por parte de madre) que eran delincuentes conocidos en Sunchales en el 2019 (actualmente están presos). El 17 de octubre de ese año fueron acusados por un vecino de calle Catamarca de un robo en su propiedad, agregando – el denunciante- que cuando fue a reclamarle al padre de uno de ellos le terminaron baleando la casa.
Esta situación derivó en un allanamiento pedido por el fiscal Dr. Loyola el 18 de octubre a la madrugada en el cual a Juan F. y a Juan C. les encontraron en el domicilio elementos de por lo menos 5 robos, con los cuales la policía cargó dos camionetas. Además hallaron en la vivienda de los hermanos vainas servidas en una cámara séptica, según lo declarado este viernes por la mañana por los policías.

Los hermanos se transformarían horas más tarde en los que acusarían a los policías de torturalos, luego de que Juan C. cayera desde un primer piso traspasando un ventanal del comedor de la comisaría. Por ese hecho estuvo en grave estado, logrando los médicos salvarle la vida en el hospital de Rafaela. A tal punto se recuperó que siguió delinquiendo y, como se mencionó anteriormente, hoy está detenido junto a su hermano. La única testigo de la causa que estaba en el momento de los hechos es una mujer, Anahi P., a quien el Grupo de Operaciones Tácticas la había detenido horas antes de que pasara lo de Juan F. y Juan C., cuando la mujer intentaba descartarse de elementos robados. Es decir, Anahi P. estaba detenida en la Comisaría 3° en el momento en que llegaron los hermanos. Se encontraba en el único calabozo que existía, que en realidad era un garage adaptado, lo que habla de la precariedad que tenía la única dependencia policial de la ciudad de Sunchales. Juan F. y Juan C. fueron derivados, el primero a la «pieza de las alarmas» y el segundo al comedor, desde donde luego caeríasufriendo un corte en el cuello que le generaría mucha pérdida de sangre.

Siguiendo con el relato que brindaron los policías este viernes en el juicio, los hermanos, se mostraron en todo momento hostiles a los policías mientras estuvieron en la comisaría. María Itatí Acevedo aseguró que insultaban con frases despectivas y Brian González declaró que Juan C. los amenazaba diciendo: «Voy a decir que me pegaron y los voy a denunciar». En tanto Mauricio Ortis manifestó que la misma persona adelantó lo que luego iba a hacer: «Me voy a romper todo manga de ratas». Según declaró este oficial, en un momento el detenido estando esposado en el comedor, se agachó y corrió hacia el ventanal, impactando la cabeza contra el mismo y cayendo a la planta baja. Incluso luego, ya estando herido, dejó en claro cuáles eran sus intenciones: «Los voy a denunciar, con esta me la van a pagar», habría dicho, según Ortis.

Pasada la situación, ya con Juan C. en el hospital, el subjefe de la comisaría Federico Maldonado se comunicó con el fiscal de turno Dr. Guillermo Loyola para comentarle lo ocurrido, quien le respondió que lo mantenga al tanto de las novedades, sin recibir otra orden. Conversación que fue escuchada, según sus dichos, por la oficial Silvana Sarmiento, quien recibió la directiva de Maldonado de limpiar la sangre que había quedado. Sarmiento desmintió que esta acción haya tenido la intención de borrar evidencias, sino que fue realizada porque no había una orden de no hacerla y además, porque las fotos por parte de los peritos ya se habían sacado. Por otro lado, el lugar ensangrentado era de uso diario para los policías, por lo que no podían dejarlo en esas condiciones.

Lo que vino después, fue la intervención de la fiscal Dra. Gabriela Lema de la Fiscalía Regional para dictar ese mismo día, el 18 de octubre del 2019, la detención de los 7 policías que estaban en la comisaría al momento del hecho y del jefe Luciano Gabineti que llegó después, todo bajo la carátula de «Torturas» para los primeros y de «Encubrimiento agravado» para el segundo. Aunque en este punto, Silvana Sarmiento declaró que a Gabineti lo detuvieron, no por el hecho en sí, sino por defenderla a ella, ya que la fiscal quería que Sarmiento se desnudara delante de todos los testigos varones que había en el lugar para que le entregara su uniforme, algo a lo que Gabineti se opuso y por eso- según ella- terminó detenido e involucrado en la causa. Sarmiento comentó que una compañera le prestó ropa para ser trasladada a la revisación médica, a la que tuvo que asistir descalza. «Nunca en mis años de policía llevé a un detenido descalzo al hospital como lo hicieron conmigo, nos trataron como a delincuentes», expresó. La oficial indicó «no hay pruebas» y que «todo está inventado» en la causa, asegurando que nunca fue reconocida por los denunciantes a pesar de que en la rueda de reconocimiento la pusieron con mujeres muy diferentes a ella en cuanto a contextura física, algo que catalogó de irregular, insinuando que hubo intencionalidad de la fiscal de querer involucrarla en la causa de manera forzosa.

«Sólo nosotros sabemos lo que vivimos, me perdí la entrega a la bandera de mi hija en quinto año, el ingreso de mi otra hija al jardín; todo eso ya no se recupera», relató. Y puso como ejemplo la «distinta vara» que tuvo la Justicia cuando a Anahi P. (la testigo de esa noche y que luego siguió cayendo presa por otros delitos), le dieron prisión domiciliaria por tener una nena de 6 años, cuando con ella teniendo una hija de 5 años nunca tuvieron esa consideración. Volviendo a Anahi P., que como se mencionó anteriormente era la única que estaba en la Comisaría 3° el día que Juan C. cayó del primer piso, todos los oficiales testimoniaron que la mujer nunca salió del calabozo, por lo que fue imposible que haya presenciado los hechos de maltrato que relató en su momento.

Con la declaración de los 6 imputados (dos lo hicieron el miércoles pasado y cuatro este viernes), más los alegatos de las partes, el juicio se encuentra en su etapa final, esperando en los próximos días la lectura del veredicto por parte del Tribunal, que tendrá que resolver si los imputados son culplables o inocentes y establecer una pena o su absolución, según corresponda. Cabe recordar que la causa original, que fue hasta el mismo inicio del juicio caratulada como «Torturas», pasó a Apremios Ilegales prácticamente el mismo día de inicio del juicio, lo que baja considerablemente la pena en expectativa. Y fue bajo esta útlima imputación que dos de los ocho policías decidieron firmar un juicio abreviado – Juan Cortez y Federico Maldonado- por tres años de prisión en suspenso asumiendo la responsabilidad de los hechos, no enfrentando el juicio oral.

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Policía fue condenado por robarle la tarjeta de débito a un joven con discapacidad y extraer dinero en dos localidades del Departamento Garay

Un efectivo policial de 30 años fue condenado por la Justicia santafesina luego de comprobarse que sustrajo la tarjeta de débito de un joven con discapacidad y la utilizó en dos oportunidades para apropiarse de dinero de su cuenta bancaria.

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El acusado, identificado como Miguel Ángel Albarracín, se desempeñaba en la Comisaría Tercera de Santa Rosa de Calchines, localidad ubicada en el departamento Garay, al momento de los hechos.

La sentencia fue dictada en el marco de un juicio oral llevado a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, con la intervención del juez Pablo Busaniche, quien dispuso tres años de prisión en suspenso, inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 60.000 pesos. La investigación penal fue dirigida por el fiscal Ezequiel Hernández, quien manifestó su disconformidad con la modalidad de cumplimiento de la pena, ya que el Ministerio Público Fiscal había solicitado una condena de ejecución efectiva.

El hecho ocurrió el 9 de abril de 2024, cuando la víctima fue trasladada a la sede policial donde prestaba servicio Albarracín. Mientras era requisado e interrogado por otros efectivos, el imputado aprovechó la situación de vulnerabilidad del joven —quien por su condición de salud requería ayuda para operar su cuenta bancaria— y le sustrajo su tarjeta de débito junto con un papel que contenía las claves de acceso. Esa misma noche, el uniformado se dirigió a un cajero automático cercano y extrajo 10.000 pesos. Al día siguiente, repitió el accionar en la localidad de Cayastá, donde retiró otros 8.000 pesos de la misma cuenta.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, “el joven víctima se encontraba privado de su libertad, en un estado de extrema vulnerabilidad, y fue víctima de una conducta abusiva por parte de quien debía protegerlo”. Además, se remarcó que el accionar de Albarracín “generó temor en el joven, quien ahora desconfía de los agentes del Estado”, y se subrayó el impacto negativo que este caso tuvo en la imagen de la Policía provincial.

La denuncia fue radicada semanas más tarde por la propia víctima en la Unidad Especial de Asuntos Internos de la Policía, lo que dio inicio a la investigación que culminó con la condena de Albarracín, hallado culpable de los delitos de hurto calificado (por su calidad de funcionario policial) y defraudación mediante el uso de tarjeta de débito hurtada, agravada por ánimo de lucro.

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Causa YPF: la Justicia de EE.UU. pide celulares de Luis Caputo y Sergio Massa

La magistrada de Nueva York, Loretta Preska, ordenó entregar los chats de funcionarios y exfuncionarios.

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Foto: El teléfono del ministro de Economía, uno de los que quiere la jueza Preska.

La batalla judicial por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York sumó un nuevo capítulo de máxima tensión: mientras Argentina presentaba sus argumentos para evitar la entrega de acciones de la petrolera, la jueza Loretta Preska ordenó al país entregar el contenido de las comunicaciones de WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a su antecesor, Sergio Massa.

Según supo Noticias Argentinas, la orden se conoció después de que los abogados del Estado argentino presentaban un escrito ante la Corte de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo de Preska que obliga a ceder el control de YPF.

En su presentación ante la Cámara de Apelaciones, Argentina advirtió que ejecutar la orden de entrega de las acciones de YPF «causaría un daño irreparable a la República» y «podría desatar un conflicto diplomático significativo» con Estados Unidos.

El escrito, al que tuvo acceso el experto Sebastián Maril, sostiene que la orden de Preska «vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero» y contradice la ley estadounidense, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino.

Además, el Gobierno remarcó que el interés público se ve favorecido por la suspensión, ya que la ejecución del fallo afectaría a YPF, a sus accionistas y al pueblo argentino. Ahora, la Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si mantiene la orden de Preska o si hace lugar al pedido argentino de suspenderla durante todo el proceso de apelación.

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La Justicia ordenó a Facebook eliminar publicaciones que promocionan apuestas clandestinas

La medida cautelar dictada por el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe reconoce el derecho de Lotería de Santa Fe sobre la marca y obliga a la empresa a eliminar contenidos, monitorear activamente la plataforma y detectar a quienes realizaron esos anuncios.

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En el marco de las acciones iniciadas por la Provincia de Santa Fe contra Meta Platforms Inc. (empresa matriz de Facebook e Instagram), el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, ordenando la eliminación inmediata de todas las publicaciones que utilicen de forma indebida la marca “Quini 6” para redirigir a sitios de juego de azar clandestinos o no autorizados. Esta decisión representa un avance relevante en la lucha contra el juego ilegal y en la defensa institucional de la marca.

La resolución judicial, firmada por el juez Aldo Alurralde, también obliga a la empresa a implementar un monitoreo constante para prevenir nuevas publicaciones de este tipo y a bloquear los medios de pago utilizados por los anunciantes que incurrieron en esa conducta.

Desde Lotería de Santa Fe señalaron que la acción se impulsó a partir de reiteradas denuncias de usuarios que detectaron en redes sociales el uso de la marca “Quini 6” en avisos que dirigían a plataformas ilegales de apuestas, afectando no solo la identidad del producto, sino también la confianza de los apostadores.

Prevención de daños

La resolución se enmarca en una acción preventiva de daños, y se dio lugar a la cautelar tras acreditarse el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado por la provincia, que demostró ser titular de la marca registrada “Quini 6” ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). En sus fundamentos, el fallo destaca el riesgo reputacional derivado de la asociación de la marca con actividades ilícitas y respalda la intervención del Estado provincial para proteger el juego oficial y a sus usuarios.

La medida fue dictada en el marco del expediente “Provincia de Santa Fe c/ Facebook Inc. y otros s/ Marcas – Varios”, y se suma a la denuncia penal presentada por Lotería de Santa Fe ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra las páginas que realizan estos anuncios, por presunta violación del artículo 301 bis del Código Penal, referido a la promoción del juego clandestino.

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