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Juicio a policías de Sunchales: los acusados declararon y se desvincularon del hecho

Aseguraron frente al Tribunal que el detenido que los acusa de maltrato decidió tirarse por un ventanal para perjudicarlos. Además señalaron que no hay pruebas que los incriminen.

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Foto: Audiencia del juicio oral realizada este viernes

Este viernes se desarrolló otra jornada del juicio oral y público que tiene como acusados de «Apremios ilegales» a seis policías (cinco como coautores y uno como encubridor) que trabajaban en la Comisaría 3° de Sunchales en el 2019. La audiencia en la que estuvo RAFAELA NOTICIAS como único medio fue presidida por los jueces que integran el Tribunal, los Dres. Gustavo Bumaguín, Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez (este último de manera virtual), estando presentes los acusados María Itatí Acevedo, Silvana Sarmiento, Carlos Agustín Manzo, Mauricio Leonardo Ortis, Brian Emanuel González, Luciano Gabineti, sus abogados defensores, los Dres Néstor y Sebastián Oroño, Aníbal Caula y Raúl Sartori, y el fiscal Juan Manuel Puig.

Parte de la jornada estuvo marcada por la declaración que hicieron 4 de los policías, que se expresaron por primera vez luego de casi 5 años de acontecido el hecho y tras haber pasado 5 meses presos entre octubre del 2019 y marzo del 2020.

Los que denunciaron a los policías fueron Juan Daniel F. y Juan Darío C. (hermanos por parte de madre) que eran delincuentes conocidos en Sunchales en el 2019 (actualmente están presos). El 17 de octubre de ese año fueron acusados por un vecino de calle Catamarca de un robo en su propiedad, agregando – el denunciante- que cuando fue a reclamarle al padre de uno de ellos le terminaron baleando la casa.
Esta situación derivó en un allanamiento pedido por el fiscal Dr. Loyola el 18 de octubre a la madrugada en el cual a Juan F. y a Juan C. les encontraron en el domicilio elementos de por lo menos 5 robos, con los cuales la policía cargó dos camionetas. Además hallaron en la vivienda de los hermanos vainas servidas en una cámara séptica, según lo declarado este viernes por la mañana por los policías.

Los hermanos se transformarían horas más tarde en los que acusarían a los policías de torturalos, luego de que Juan C. cayera desde un primer piso traspasando un ventanal del comedor de la comisaría. Por ese hecho estuvo en grave estado, logrando los médicos salvarle la vida en el hospital de Rafaela. A tal punto se recuperó que siguió delinquiendo y, como se mencionó anteriormente, hoy está detenido junto a su hermano. La única testigo de la causa que estaba en el momento de los hechos es una mujer, Anahi P., a quien el Grupo de Operaciones Tácticas la había detenido horas antes de que pasara lo de Juan F. y Juan C., cuando la mujer intentaba descartarse de elementos robados. Es decir, Anahi P. estaba detenida en la Comisaría 3° en el momento en que llegaron los hermanos. Se encontraba en el único calabozo que existía, que en realidad era un garage adaptado, lo que habla de la precariedad que tenía la única dependencia policial de la ciudad de Sunchales. Juan F. y Juan C. fueron derivados, el primero a la «pieza de las alarmas» y el segundo al comedor, desde donde luego caeríasufriendo un corte en el cuello que le generaría mucha pérdida de sangre.

Siguiendo con el relato que brindaron los policías este viernes en el juicio, los hermanos, se mostraron en todo momento hostiles a los policías mientras estuvieron en la comisaría. María Itatí Acevedo aseguró que insultaban con frases despectivas y Brian González declaró que Juan C. los amenazaba diciendo: «Voy a decir que me pegaron y los voy a denunciar». En tanto Mauricio Ortis manifestó que la misma persona adelantó lo que luego iba a hacer: «Me voy a romper todo manga de ratas». Según declaró este oficial, en un momento el detenido estando esposado en el comedor, se agachó y corrió hacia el ventanal, impactando la cabeza contra el mismo y cayendo a la planta baja. Incluso luego, ya estando herido, dejó en claro cuáles eran sus intenciones: «Los voy a denunciar, con esta me la van a pagar», habría dicho, según Ortis.

Pasada la situación, ya con Juan C. en el hospital, el subjefe de la comisaría Federico Maldonado se comunicó con el fiscal de turno Dr. Guillermo Loyola para comentarle lo ocurrido, quien le respondió que lo mantenga al tanto de las novedades, sin recibir otra orden. Conversación que fue escuchada, según sus dichos, por la oficial Silvana Sarmiento, quien recibió la directiva de Maldonado de limpiar la sangre que había quedado. Sarmiento desmintió que esta acción haya tenido la intención de borrar evidencias, sino que fue realizada porque no había una orden de no hacerla y además, porque las fotos por parte de los peritos ya se habían sacado. Por otro lado, el lugar ensangrentado era de uso diario para los policías, por lo que no podían dejarlo en esas condiciones.

Lo que vino después, fue la intervención de la fiscal Dra. Gabriela Lema de la Fiscalía Regional para dictar ese mismo día, el 18 de octubre del 2019, la detención de los 7 policías que estaban en la comisaría al momento del hecho y del jefe Luciano Gabineti que llegó después, todo bajo la carátula de «Torturas» para los primeros y de «Encubrimiento agravado» para el segundo. Aunque en este punto, Silvana Sarmiento declaró que a Gabineti lo detuvieron, no por el hecho en sí, sino por defenderla a ella, ya que la fiscal quería que Sarmiento se desnudara delante de todos los testigos varones que había en el lugar para que le entregara su uniforme, algo a lo que Gabineti se opuso y por eso- según ella- terminó detenido e involucrado en la causa. Sarmiento comentó que una compañera le prestó ropa para ser trasladada a la revisación médica, a la que tuvo que asistir descalza. «Nunca en mis años de policía llevé a un detenido descalzo al hospital como lo hicieron conmigo, nos trataron como a delincuentes», expresó. La oficial indicó «no hay pruebas» y que «todo está inventado» en la causa, asegurando que nunca fue reconocida por los denunciantes a pesar de que en la rueda de reconocimiento la pusieron con mujeres muy diferentes a ella en cuanto a contextura física, algo que catalogó de irregular, insinuando que hubo intencionalidad de la fiscal de querer involucrarla en la causa de manera forzosa.

«Sólo nosotros sabemos lo que vivimos, me perdí la entrega a la bandera de mi hija en quinto año, el ingreso de mi otra hija al jardín; todo eso ya no se recupera», relató. Y puso como ejemplo la «distinta vara» que tuvo la Justicia cuando a Anahi P. (la testigo de esa noche y que luego siguió cayendo presa por otros delitos), le dieron prisión domiciliaria por tener una nena de 6 años, cuando con ella teniendo una hija de 5 años nunca tuvieron esa consideración. Volviendo a Anahi P., que como se mencionó anteriormente era la única que estaba en la Comisaría 3° el día que Juan C. cayó del primer piso, todos los oficiales testimoniaron que la mujer nunca salió del calabozo, por lo que fue imposible que haya presenciado los hechos de maltrato que relató en su momento.

Con la declaración de los 6 imputados (dos lo hicieron el miércoles pasado y cuatro este viernes), más los alegatos de las partes, el juicio se encuentra en su etapa final, esperando en los próximos días la lectura del veredicto por parte del Tribunal, que tendrá que resolver si los imputados son culplables o inocentes y establecer una pena o su absolución, según corresponda. Cabe recordar que la causa original, que fue hasta el mismo inicio del juicio caratulada como «Torturas», pasó a Apremios Ilegales prácticamente el mismo día de inicio del juicio, lo que baja considerablemente la pena en expectativa. Y fue bajo esta útlima imputación que dos de los ocho policías decidieron firmar un juicio abreviado – Juan Cortez y Federico Maldonado- por tres años de prisión en suspenso asumiendo la responsabilidad de los hechos, no enfrentando el juicio oral.

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Sunchales: imputaron a un joven por dos robos, uno de ellos con extrema violencia

En la mañana del martes, se llevó adelante en Sunchales una audiencia imputativa solicitada por el fiscal Juan Manuel Puig, en la que se acusó a Valentín Daniel J., de 18 años, por su presunta intervención en dos robos cometidos en distintos momentos.

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Foto: Ilustrativa

El primero de los hechos ocurrió el pasado 8 de abril, cuando el joven ingresó junto a un cómplice a una vivienda en calle Leguizamón. Tras forzar una abertura, lograron llevarse una mochila, ropa, auriculares, un parlante, un reloj y una suma considerable de dinero en efectivo.

El segundo episodio data del 25 de agosto de 2024. En esa oportunidad, interceptaron a un hombre que había detenido su motocicleta frente a un kiosco. Sin mediar palabras, lo golpearon fuertemente y le sustrajeron el teléfono celular. La víctima, no conforme, decidió seguir a los agresores y los vio entrar a una vivienda. Al ingresar, fue recibido por la dueña de casa, quien reconoció a los jóvenes. En medio de un forcejeo, logró recuperar el celular y devolvérselo a su dueño. No obstante, antes de retirarse, los agresores volvieron a golpear al hombre y finalmente escaparon con el mismo teléfono que habían robado.

El proceso judicial continúa, mientras se evalúa la situación procesal del imputado y su posible responsabilidad penal en ambos hechos.

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Confirmaron la prisión preventiva de un acusado por intento de homicidio en Sunchales

El hecho ocurrió en octubre de 2024, cuando un hombre atacó con una cuchilla tipo carnicero a otro vecino, provocándole heridas graves. La Justicia rechazó el pedido de libertad y ratificó que existen riesgos procesales.

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Foto: Confirmaron la prisión preventiva de un acusado por intento de homicidio en Sunchales

Confirmaron en segunda instancia la prisión preventiva impuesta a un hombre de 27 años al que se investiga como autor de una tentativa de homicidio cometida en Sunchales. La resolución fue tomada por el camarista Cristian Fiz en el marco de una audiencia de apelación a raíz de un recurso presentado por la Defensa del imputado.

El fiscal que investiga el hecho ilícito cometido en octubre del año pasado es Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5. El funcionario judicial también representó al MPA en la audiencia de segunda instancia.

“El camarista entendió que las evidencias aportadas por la Fiscalía y la dinámica en que ocurrió el hecho investigado eran suficientes para tener por acreditada la calificación legal de homicidio en grado de tentativa”, remarcó Castellano. “En particular, el juez de segunda instancia refirió a la utilización de un elemento lesivo como un cuchillo, a las zonas del cuerpo en las que apuñaló a la víctima y al riesgo de vida que provocó con su ataque”, agregó.

Castellano también hizo hincapié en que “en su resolución, Fiz sostuvo que existen riesgos procesales” y destacó que “el magistrado se centró en el entorpecimiento probatorio y consideró que era necesario resguardar la integridad de víctima y de los testigos para el juicio oral”. En tal sentido, el fiscal del MPA subrayó que “rechazó las medidas alternativas propuestas por la Defensa porque entendió que no eran suficientes ni idóneas”.

Cuchilla de carnicero

La tentativa de homicidio que investiga Castellano fue cometida alrededor de las 20:00 del miércoles 16 de octubre. “El imputado fue a calle Triunvirato al 1.800 donde inició una discusión con una mujer y sus hijos por la venta de una bicicleta”, relató el fiscal y añadió que “en esas circunstancias, el hombre que resultó víctima, intercedió para separar a los involucrados en el conflicto”.

Castellano sostuvo que “el imputado le asestó varios puntazos con una cuchilla tipo carnicero en diferentes partes del cuerpo”, y remarcó que “a pesar de que la víctima había caído al piso, el imputo siguió atacándolo con la clara intención y voluntad de provocar su muerte”.

El representante del MPA concluyó que “el imputado no logró consumar el hecho ilícito por razones ajenas a su voluntad, no solo por la intervención de otras personas que detuvieron la agresión, sino también por la oportuna atención médica que recibió la víctima”.

Calificación penal

Al hombre de 27 años se lo investiga como autor del delito de tentativa de homicidio doloso.

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Confirman el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género y podrá ser enviado a juicio oral

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género y dejó al ex presidente en condiciones de ser enviado a juicio oral.

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Foto: Alberto Fernández y Fabiola Yañez (NA)

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez, en una decisión que lo dejó en condiciones de ser enviado a juicio oral.

La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, y la disidencia de Roberto Boico, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Fernández quedó con procesamiento confirmado por «lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas».

También se confirmó un embargo de 10.000.000 de pesos sobre los bienes del exmandatario y se desestimaron los planteos de nulidad promovidos por su defensa.

«Es probable que los delitos se hayan cometido del modo en que fueron descriptos por las partes acusadoras», afirmó el juez Martín Irurzun en la resolución, de 82 carillas.

Los hechos «sucedieron en un ámbito muy especial (la Quinta Presidencial de Olivos), fuertemente custodiado por funcionarios federales bajo el mando de Fernández», advirtió Irurzun.

«Se ha establecido que, forzada por la naturaleza de su relación, la víctima tuvo que practicar una suerte de reclusión en un espacio para huéspedes de la residencia. También que tenía un alto grado de aislamiento -fue auxiliada por familiares directos que declararon en la causa-. Valorar en su justa dimensión este contexto es fundamental», concluyó al confirmar el procesamiento.

Yañez «era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario», agrega la sentencia.

En un contexto así, «por imperio del sentido común más básico, es razonable presumir que, en ese momento, no guió a sus acciones otra finalidad que pedir algún modo de auxilio sobre una situación que, efectivamente, había pasado, estaba pasando y, evidentemente, seguiría pasando», advirtió el juez.

La Cámara confirmó lo que había resuelto el juez federal Julián Ercolini, con intervención de la fiscalía de Ramiro González.

En disidencia, el camarista Boico votó en minoría por dictar la falta de mérito y pedir una profundización de la pesquisa.

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