El Código Procesal Penal Juvenil, que fue aprobado por la ley número 14.228 sancionada por la Legislatura de Santa Fe el 30 de noviembre de 2023 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre de ese mismo año, entrará en vigencia este sábado 21 de junio en toda la provincia.

Para su implementación, en el seno del MPA, la Fiscal General María Cecilia Vranicich definió la creación de Unidades Fiscales Especializadas en la temática dentro de la estructura de cada una de las cinco Fiscalías Regionales que hay en la provincia. Además, dispuso la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), la cual funcionará en el ámbito de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, a cargo de la fiscal Carla Cerliani.

“La Uferpa se encargará de la planificación y supervisión de la persecución penal en materia penal juvenil en la provincia y, de forma excepcional, podrá asumir el litigio de casos individuales”, explicó la Fiscal General. “A su vez, deberá articular el trabajo conjunto con las Fiscalías Regionales y velar por el principio de unidad de la actuación del MPA”, especificó la fiscal.

A su vez, Vranicich sostuvo que la implementación del Código Procesal Penal Juvenil representa “un cambio sustancial en las funciones del MPA”, y agregó: “Desde hace más de un año, venimos coordinando esfuerzos en vistas a la persecución penal de menores de edad”. Al respecto, recordó que comenzarán a investigar “a jóvenes de entre 16 y 18 años que cometan hechos delictivos de competencia provincial que tengan un mínimo de pena en expectativa de dos años de prisión”.

“La implementación de este nuevo Código, junto con el juicio por jurados, son los elementos que completan y adecuan integralmente el sistema acusatorio adversarial a la Constitución Nacional en nuestra provincia”, resaltó la Fiscal General.

Y señaló además: “A diferencia de lo sucedido en 2014, cuando se implementó el sistema acusatorio para mayores de edad en el que quedaron las causas anteriores encapsuladas en un sistema residual con estructura propia, en esta oportunidad en el sistema penal juvenil será asumida íntegramente la carga de trabajo en tramite de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores por el MPA”.

Asimismo, destacó que “está todo dado para iniciar los procesos de traspaso de recursos humanos desde los órganos que intervendrán hasta el sábado en la investigación de los delitos cometidos por menores de edad”. “Nueve profesionales que estaban a cargo de las Asesorías de Menores y de las Secretarías Penales serán fiscales en la materia, mientras que más de 60 empleados y empleadas administrativas del mismo origen se integrarán al MPA”, sumó. En tanto, añadió que también están “en tratativas con la Corte Suprema de Justicia para que también sea trasladado el personal de servicios, que es lo que corresponde según la ley vigente”.

“Hasta que los nuevos recursos humanos se consoliden en cada circunscripción judicial, los Fiscales Regionales asignaron a fiscales referentes quienes vienen centralizando gestiones y siendo el nexo con la Uferpa durante la primera etapa de persecución penal juvenil”, aclaró.

Información y capacitación

A raíz de la nueva competencia institucional, se adaptó el sistema informático del MPA, denominado Heimdall, para adecuar sus funcionalidades y módulos. También se desarrolló un sistema al que se llamó Clio, que será una herramienta de consulta permanente durante la persecución penal de ilícitos cometidos por menores de edad, ya que centraliza datos históricos provenientes de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores.

“La integración de información sobre legajos abiertos y finalizados a las bases de datos institucionales resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones, la trazabilidad de casos y la toma de decisiones fundadas”, valoró Vranicich, y sumó: “En las cinco circunscripciones, se relevaron expedientes en marcha y se identificaron prioridades”.

Por otro lado, la Fiscal General afirmó que “desde la Escuela de Capacitación se desarrollaron diversas actividades de formación en la materia”.

Actualmente, se lleva a cabo la primera edición de un curso en el que se aborda la política de persecución penal en ese sentido y es obligatorio para todos los integrantes del MPA y del fuero penal de Menores de la provincia que traspasarán a la institución. En ese marco, el viernes de la semana pasada se desarrolló una clase virtual de cierre que estuvo a cargo de Vranicich, la fiscal coordinadora de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani, y el fiscal asignado a la Fiscalía General en relación a Responsabilidad Penal Adolescente, Luis Schiappa Pietra.

Por su parte, quienes asumirán las nuevas incumbencias como funcionarios y empleados mantuvieron encuentros de trabajo presenciales a principios de este mes. Para los que pertenecen a las Fiscalías Regionales 1, 4 y 5 se desarrolló una jornada de intercambio en la ciudad de Santa Fe; mientras que los de las Fiscalías Regionales 2 y 3 participaron de una reunión similar en Rosario.

Sedes

Para prestar los servicios del MPA relativos a la persecución penal de menores de edad, en las ciudades de Santa Fe y Rosario se alquilaron inmuebles ubicados en 25 de Mayo 2319 y en Avenida San Martín 2886, respectivamente, los cuales se habilitarán oficialmente en los próximos días. Mientras tanto, las tareas se llevarán a cabo en los inmuebles en los que funcionaban los juzgados de Menores, tanto en la capital provincial como en Rosario.

En cuanto a Casilda, San Lorenzo, Tostado y Rafaela, el MPA pasará a ser el locatario de las sedes actuales de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores.

En Reconquista, Villa Constitución y Venado Tuerto, se utilizarán oficinas en Centros de Justicia, donde se desempeña el personal del fuero de Menores que será traspasado.

Autonomía

En relación al proceso de reforma de la Constitución Provincial, cuya ley de convocatoria permite tratar el posicionamiento institucional del MPA, la Fiscal General subrayó: “El trabajo realizado en la implementación de esta nueva incumbencia refuerza el convencimiento de la necesidad de definir al MPA con autonomía funcional y autarquía financiera reales, lo cual permitirá ejercer la superintendencia sobre sus recursos humanos sin trabas burocráticas o de otra índole, lo cual redundará en la agilización de los procesos de trabajo para que sean más eficientes”. En tal sentido, concluyó: “Estamos en uno de los momentos de mayor trascendencia institucional para la vida del MPA”.

Fuente: Sin Mordaza

La Justicia de Córdoba condenó a 13 años de prisión a María Emilse Molina (48), la mujer que mató a su amigo con un palo de amasar y luego intentó ocultar el crimen de manera escalofriante.

Todo comenzó en mayo de 2024 en Traslasierra cuando Omar Cabrera, de 58 años, fue reportado como desaparecido. El hombre había sido por última vez el 29 de abril en la localidad de Mina Clavero, donde vivía. Si bien tenía que reincorporarse al trabajo después de una licencia de varios días, su ausencia alertó a sus compañeros.

Durante días se desplegó un operativo de búsqueda en varios puntos para dar con su paradero, pero tras una investigación la policía encontró a una mujer que aseguraba ser la novia de la víctima. Se trataba de Emilse Molina.

Los investigadores detectaron contradicciones en su relato: luego de varios minutos de interrogatorio Molina se quebró y confesó ser la autora del homicidio de Cabrera.

Contó que lo había matado a palazos por una discusión que mantuvieron en su casa. Después de ello, ideó un plan para ocultar el crimen: descuartizó el cuerpo del hombre, hirvió sus restos en una olla y los esparció en diferentes puntos de la localidad de Las Rabonas, a pocos kilómetros de allí.

Los policías desplegaron un operativo en la zona con las indicaciones de Molina y encontraron una serie de bolsas que contenían los restos humanos del hombre de 58 años.

Cabrera, exmilitar de 58 años, trabajaba en un restaurante de Arroyo de Los Patos como banderillero, es decir, que era la persona encargada de recibir a los comensales e indicarles si en el local había mesas disponibles para comer.

En el mismo lugar trabajaba Molina como cocinera. Desde que se conocieron, en 2021, surgió una relación de amistad entre ambos que se fue tensando con el paso del tiempo por problemas económicos.

De acuerdo a la investigación, Cabrera le prestaba dinero a Molina. Este habría sido el desencadenante de una discusión entre ellos, en medio de la cual Molina lo atacó a golpes y lo asesinó.

A más de un año del crimen, María Emilse Molina fue condenada por homicidio simple en un juicio abreviado que se realizó en los tribunales de Villa Dolores. La sentencia fue de 13 años de prisión, la cual cumplirá en la cárcel de Bouwer, donde estuvo detenida hasta ahora.

“Reconozco el hecho y pido perdón”, fueron las palabras que expresó la mujer ante el juez Santiago Camogli poco antes de que se conozca la sentencia.

Fuente: TN

Si bien la Defensa había solicitado medidas alternativas no privativas de la libertad para el imputado, el juez de segunda instancia hizo lugar a lo planteado por la Fiscalía y mantuvo la medida cautelar por el plazo de ley como se venía cumpliendo hasta ahora.

El fiscal que está a cargo de la investigación y representó al MPA en la audiencia de apelación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5.

Peligros procesales

Castellano manifestó que “el magistrado sostuvo que la Defensa no cuestionó la materialidad del hecho ni la intervención del hombre investigado en el mismo, sino que planteó que al momento del ilícito, debido a una ingesta previa de alcohol y de drogas, el hombre investigado no pudo comprender lo que hacía ni dirigir sus acciones”.

“Ante ello, Fiz consideró que las circunstancias del caso y las evidencias expuestas por la Fiscalía demuestran que el imputado, al momento de cometer el hecho, comprendía plenamente la ilicitud de sus acciones y que además fue capaz de dirigir las mismas, descartando toda posibilidad de que un consumo previo de sustancias haya afectado algunas de estas cuestiones”, destacó el fiscal.

En relación con la eventual pena en expectativa y su modo de cumplimiento, Castellano manifestó que “para el camarista constituyen un claro riesgo procesal en virtud de la ausencia de trabajo estable o permanente y vínculos familiares que posean esa misma condición, con lo cual su arraigo no está acreditado”.

También destacó que “en relación con el entorpecimiento probatorio, Fiz destacó que resulta necesario resguardar a los testigos de los hechos para que frente a un eventual juicio oral, puedan declarar de manera libre”.

Cuchillo

Castellano relató que “el domingo 26 de enero de este año, aproximadamente a las 19:30, Roldán estaba sentado en un sillón del domicilio que compartía con su pareja en Pilar, cuando el imputado ingresó a la vivienda y sin mediar palabra alguna le aplicó dos puñaladas que le causaron heridas de tal gravedad que determinaron su fallecimiento minutos después”.

El fiscal indicó que “Roldán era la actual pareja de la exesposa del hombre investigado y que al momento de atacarlo con el cuchillo marca Tramontina que tiene una hoja de 18 centímetros de largo estaban presentes en la vivienda su exmujer y su hija adolescente que allí convivían”. Según agregó, “la víctima estaba sentada de espaldas a la puerta de ingreso mirando televisión por lo que no pudo advertir la llegada de su agresor, que lo hizo de manera imprevista y a través de la puerta de ingreso que se encontraba sin medidas de seguridad”.

Informó el representante del MPA que “luego de atacar a la víctima, el hombre investigado se retiró de la vivienda y se dirigió a la comisaría ubicada a unos 50 metros del lugar del hecho, donde manifestó que había apuñalado a un muchacho e hizo entrega del cuchillo utilizado”.

Fuente: Esperancino