El dinero de la megaestafa podría estar en Miami, en Punta del Este, en España o en Panamá. Esto podría servir para remediar el perjuicio estimado, de unos 100 millones de dólares. La fiscal pidió a la Justicia federal que investigara lavado de activos y evasión tributaria.

A un año y medio de las detenciones de los principales involucrados en la llamada causa Euromayor, y pese al secreto de sumario, comienzan a conocerse algunos de los posibles destinos del dinero que se habría generado con la presunta defraudación a decenas de inversores.

Ya al momento de dictarse en Córdoba las prisiones preventivas en la supuesta megaestafa del conglomerado de sociedades –asociadas a los emprendimientos de Euromayor SA de Inversiones, South American Trust SA (Satsa) y Trust & Development SA (T&D)–, la causa mostraba que existían movimientos de dinero hacia el exterior, con propiedades, cuentas y sociedades offshore.

Esta posibilidad concreta de capitales girados al exterior da lugar a dos implicancias. Por un lado, la expectativa de los inversores que aspiran a recuperar sus dineros, que, en conjunto, llegarían a 100 millones de dólares. Por el otro, la novedad de que desde la Justicia provincial se giraron las actuaciones para que la Justicia federal investigara dos delitos en perjuicio del Estado nacional: lavado de activos y evasión tributaria agravada.

Quienes están imputados por supuesta asociación ilícita (y estafas) son el abogado Jorge Eduardo Monferini (69), el contador Laerte Muzi (56), Jorge Carlos Airaudo (60), Oscar Antonio Cerutti (70) y el abogado Mariano Fontán (54). También están imputados en una segunda línea de la causa Luciano Monferini, Claudia Silvina Funes, Agustín Gonzalo Muguerza, Marcelo Gabriel Pretini y Mauricio Leonardo Nicoletti.

En aquel decreto de prisión preventiva, del 8 de mayo de 2019, se hace mención a la creación de sociedades en el exterior que tienen que ver con las sociedades en cadena que los imputados habían creado con numerosos nombres.

Por ese entramado local, las firmas Euromayor, Satsa y T&D quedaron al mando de Capcode SA, que a su vez abarcaba las empresas Nexo, un pequeño conglomerado de firmas de Sunchales, lugar de donde era oriundo Airaudo. Este estaba vinculado con diversas compañías de seguros de retiro tales como Probenefit, Profuturo, Unidos y Trayectoria Compañía de Seguros de Vida SA.

Todo esto tenía vinculación con los múltiples fideicomisos que se conformaron: Antigua Cervecería Córdoba, Realty I, Ecipsa Tower (Córdoba Bussines Center), Panorámico, Tierras de Córdoba, Parque Norte, Nueva Córdoba, Flujo de Fondos Laguna Azul, Regional Raíces, Rentier, AVG, entre otros.

Luego, con el transcurso de la instrucción, a partir del aporte de gabinetes técnicos que analizaron la prueba (correos electrónicos, intervenciones telefónicas, computadoras, entre otros), más el aporte de damnificados, se viene comprobando que esas sociedades offshore existen.

En el extranjero

Si bien la fiscal instructora Valeria Rissi, titular de la Fiscalía de Delitos Complejos de Córdoba, sostiene a rajatabla el secreto sumarial, el querellante por decenas de denunciantes Rubén Sánchez Quinteros reveló que esas sociedades –con cuentas respectivas– fueron creadas en Uruguay, en España, en Panamá y en Miami.

El querellante, como coadyuvante en la causa, también aporta prueba e intenta desentrañar «dónde se ocultan bienes para poder paliar los daños generados» a sus representados. Su objetivo es encontrar dinero que, a simple vista, no aparece. De este modo, el presunto perjuicio, de unos 100 millones de dólares, podría cubrirse, al menos en parte.

Entre los bienes que se mencionan y aparecen en la causa, hay dos departamentos que habrían adquirido Muzi y Monferini en Punta del Este. El primero de esos inmuebles ya era mencionado en la preventiva de Rissi: «Muzi en el año 2014 compró un departamento del piso 13 en el complejo Forest de Punta del Este, en Uruguay, en la parada 5 de la playa Mansa, que salía 750 mil dólares». Hoy estaría a nombre de una persona que es familiar del contador detenido.

Lo mismo ocurriría con otro piso a nombre de un tercero allegado a Monferini en la Torre 365 de avenida Roosevelt de ese balneario uruguayo. El abogado Sánchez Quinteros sostiene que en la causa habría prueba para vincular esas propiedades al patrimonio de Muzi y de Monferini.

En principio, no está establecido si esos bienes fueron adquiridos de modo genuino antes de las presuntas defraudaciones o si son producto ilícito. No obstante, para la causa, el capital que no se ve y que aparece puede servir a la hora de reparar a las supuestas víctimas.

Por otra parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) investigó a este conglomerado de empresas y habría detectado –según manifestó Sánchez Quinteros– bienes de Euromayor en España a partir del análisis de correos electrónicos que intercambiaban las personas a las que se atribuye ser responsables de las maniobras.

Del mismo modo, según las manifestaciones del querellante, se habrían detectado inversiones en desarrollos inmobiliarios por parte de algunos imputados, en una sociedad de un emprendedor cordobés radicado en Miami. Estos giros de dinero serían contemporáneos con el rechazo de cheques y cierres de cuentas locales del conglomerado cordobés.

Investigan lavado

Estas operaciones constituirían mérito suficiente para establecer la firme posibilidad de delitos de lavado de activos y evasión tributaria agravada, lo cual es de competencia federal. En ese ámbito, en la torre del parque Sarmiento aún no habían recibido la causa durante la semana que pasó y todavía debería determinarse quién hará la investigación.

El pasado 2 de septiembre, la fiscal Rissi emitió una resolución en la que sostiene que puede inferirse «que se hayan utilizado fondos procedentes de las múltiples operaciones perpetradas para introducirlos y ponerlos en circulación en el mercado de modo que adquieran apariencia de origen lícito, valiéndose para ello no sólo de los emprendimientos, fideicomisos, sociedades intervinientes, sino de otras que habría tenido a su disposición en el exterior».

Por esto, la funcionaria judicial entiende que las conductas se encuadran en delitos contra el orden económico financiero, que es de competencia federal. Allí se investigará la eventual comisión de al menos dos delitos: evasión tributaria y lavado de activos.

Mientras tanto, quienes están cerca de la investigación señalan que esta primera brecha de datos procedentes del extranjero puede dar lugar a ampliar las posibilidades de encontrar numerosas sociedades y cuentas de Euromayor fuera del país.

En los últimos meses, varios casos de megadefraudaciones han tenido visos de resolución en los Tribunales provinciales en beneficio de las víctimas. En las causas Ribeiro, Campo de Vuelo y TN, al aparecer bienes que puedan resarcir a los damnificados, se están logrando acuerdos para atenuar o para extinguir la carga penal sobre los imputados.

Fuente: La Voz