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Con apoyo opositor y sin Cristina Kirchner en el recinto, el Senado convirtió en ley el acuerdo del Gobierno con el FMI

Al cabo de nueve horas de sesión, el proyecto se aprobó con 56 votos positivos, 13 negativos y 3 abstenciones. Juntos por el Cambio unificó su postura a favor del acuerdo, y el Frente de Todos votó dividido. La vicepresidenta, ausente al momento de la votación.

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El Congreso aprobó el acuerdo con el FMI por amplia mayoría.

Con apoyo opositor, el Senado convirtió esta noche en ley el proyecto que refrenda el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el momento de la votación, la vicepresidenta Cristina Kirchner no estuvo en el recinto.

Al cabo de nueve horas de sesión, que mantuvo un tono relativamente calmo sin cruces significativos entre el oficialismo y oposición, la iniciativa que autoriza el financiamiento para cancelar los vencimientos de deuda con el organismo financiero obtuvo 56 votos positivos, 13 negativos y tres abstenciones.

La vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner, quien es crítica del acuerdo con el FMI, no estuvo presente en el recinto en la mayor parte de la sesión y menos aún en el momento de la votación.

Mientras que Juntos por el Cambio unificó su postura a favor del acuerdo, el Frente de Todos votó dividido a raíz del rechazo de los senadores cercanos a la vicepresidenta a convalidar la deuda contraída por Mauricio Macri en 2008, y por las objeciones al programa económico comprometido por el Gobierno con el FMI.

La totalidad de los votos en contra fueron del Frente de Todos: casi todos pertenecientes al kirchnerismo duro. Llamativamente el puntano Adolfo Rodríguez Saá se anotó en la lista de rechazos. Las abstenciones fueron de dos peronistas K (Silvina García Larraburu y Ana María Ianni) y la neuquina del MPN Lucila Crexell.

En el marco de una jornada tranquila, con un Congreso blindado con vallas y fuerte presencia policial en el perímetro del Palacio Legislativo, no se registraron incidentes con los manifestantes de izquierda que se acercaron a la zona del Congreso para expresar su repudio al «pacto con el FMI».

Cristina Kirchner abrió la sesión pasadas las 14, con los legisladores del oficialismo y la oposición sentados en sus bancas, superando con creces la mayoría de dos tercios de la Cámara necesaria para habilitar el tratamiento en el recinto.

Tras un homenaje conjunto de todas las fuerzas a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel, en el día en que se cumplen 30 años de aquel trágico episodio, el senador del Frente de Todos Ricardo Guerra, en su condición de miembro informante del oficialismo, presentó los ejes centrales del proyecto.

Al respecto, detalló que los compromisos asumidos por el Gobierno en materia económica tendrán una duración de dos años y medio, al tiempo que el Estado tendrá un período de gracia de cuatro años para cumplir con las obligaciones de deuda.

Por otra parte, el riojano mencionó que los desembolsos que irá haciendo el FMI estarán sujetos a la aprobación del organismo acreedor en las revisiones trimestrales sobre el cumplimiento de las metas.

Y precisó asimismo que el primer desembolso está previsto para antes de que finalice el mes, por un monto de 9.760 millones de dólares.

El programa prevé una baja del déficit primario al 2,5% del PBI durante este año, al 1,9% en 2023, y del 0,9% en 2024.

Por su parte, el senador de la UCR Martín Lousteau, destacó la decisión «responsable» que adoptó Juntos por el Cambio para acompañar el proyecto y así evitar un escenario de default.

«En cuatro días habrá un vencimiento con el FMI de alrededor de 2800 millones y en la comisión de Presupuesto los funcionarios dijeron que no están las reservas netas para hacer ese pago. Dijeron que si no hacemos el pago, ya no se puede hacer un acuerdo con el Fondo porque ya habría default», advirtió el miembro informante del interbloque opositor.

Según aseguró, el no pago al FMI traería «un montón de consecuencias, todas muy graves».

«El ministro de economía dijo que nunca se atravesó un default con organismos multilaterales, y que sería más grave que con los bonistas privados. Sería una cesación de pagos con todos los países del mundo que son accionistas del FMI, y que tendríamos cero crédito del BID, del Banco Mundial, el CAFF. No habría inversión extrajera directa, las multinacionales no podrían pedir crédito a sus casas matrices. Nadie nos prestaría», enumeró.

«Pero además aumentaría el dólar, la inflación y la pobreza, y súbitamente sobre una base que ya sabemos que está muy mal», agregó el economista, que desmintió que la deuda contraída con el FMI haya sido usada para financiar la fuga de capitales.

«Se usó para cancelar deudas anteriores y para financiar la importación de gas», explicó.

El también radical Víctor Zimmermann coincidió con Lousteau en que «entrar en default sería por ejemplo no tener créditos internacionales, no tener acceso a los organismos bilaterales de crédito, aumento de la emisión monetaria para poder financiar el déficit del gasto público».

El chaqueño aseveró que refinanciar la deuda con el FMI «es una condición necesaria, pero insuficiente en sí misma, porque la deuda con el Fondo es solo el 12% de la deuda total de la Argentina».

A su turno, el senador misionero Maurice Closs (Frente de Todos) responsabilizó al Gobierno de Macri por haber forzado al país a retornar al FMI y si bien reconoció algunos de los argumentos de Juntos por el Cambio respecto de adónde fue el dinero del préstamo, recordó que «el endeudamiento de punta a punta del gobierno anterior no creció solamente estos 45 mil palos del Fondo Monetario, creció 100 millones».

En ese marco, el exgobernador misionero afirmó que “nadie puede dudar que el peor error que se cometió fue garantizar la salida de las divisas» a un tipo de cambio de 20 pesos «allá por abril de 2018, cediendo reservas cuando no teníamos y garantizando una rentabilidad del 20% en dólares, con el famoso carry trade».

Closs recordó que el Gobierno de Macri acudió a «este prestamista de última instancia porque se perdió la confianza».

El riojano Julio Martínez (UCR) argumentó que en este debate es necesario deponer cualquier tipo de «especulación política o personal» y actuar en pos de «evitar males mayores».

«No está en nosotros empujar al abismo a un gobierno. Venimos a ayudar para que Argentina no integre la lista de los países que entraron en default», resaltó.

La senadora puntana María Eugenia Catalfamo, del Frente de Todos, defendió su voto en contra pero aclaró que esto «no va en contra de nuestro Gobierno nacional, sino que es estar a favor de nuestras convicciones e ideales».

En tanto, reclamó a la Justicia que «se expida lo antes posible respecto de todas las denuncias presentadas» contra los funcionarios del Gobierno anterior por la deuda contraída.

«El propio FMI reconoció que el dinero prestado al Gobierno de Macri no cumplió con los objetivos trazados», recordó.

En la misma sintonía, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) calificó el préstamo del FMI como «la mayor estafa de la historia», que violó los propios estatutos del organismo y que tuvo como «objetivo» la reelección de Macri.

Para la senadora kirchnerista, «fue una estafa porque Macri recibió un país desendeudado y sin embargo desde la primera hora de su gobierno» generó «las condiciones» para volver al FMI.

«Acá hubo connivencia, una estafa premeditada, alevosa», insistió, y discrepó con la mayoría de los oradores que le precedieron en el uso de la palabra al sostener que no creía que «votando este proyecto sea salvar al pueblo del default».

«Esto es prolongar la agonía. Tarde o temprano las consecuencias del default la vamos a sufrir», vaticinó, y agregó que «el pueblo no está en condiciones desde ningún punto de vista de soportar un ajuste más».

«Ojalá que me esté equivocando, pero si no es así, espero que la Justicia se lo demande a los responsables», remató Pilatti Vergara.

También adelantó su rechazo al acuerdo la salteña Nora Giménez (Frente de Todos), quien aclaró que no votará «en contra del Gobierno» sino «en contra de la deuda ilegítima que dejó Mauricio Macri y en contra del FMI».

La senadora nacional del Frente de la Concordia misionero Magdalena Solari Quintana justificó su voto a favor al plantear que «se trata del mal menor para darle estabilidad a la gente».

En los discursos de cierre, el formoseño Luis Naidenoff, en su condición de titular de la bancada radical, sostuvo que acompañaba el proyecto «por un sentido de responsabilidad política».

«Porque Juntos por el Cambio no es una fuerza testimonial y porque tiene vocación de poder en la Argentina», afirmó, y agregó que la aprobación de la ley «quizás sea el mal menor como consecuencia de la mala praxis de un retardo en la negociación».

«Por eso es lamentable que algunos sectores duros no acompañen. Es una irresponsabilidad», fustigó.

En este sentido, cargó contra los senadores de provincia que no iban a votar a favor del proyecto, lo cual tildó de «inadmisible» e «irresponsable», ya que un default provocaría el «incendio» de las economías provinciales.

«Que en esta casa federal algún senador o senadora de provincia no acompañe este proyecto resulta inadmisible y una irresponsabilidad política. El 80% de las deudas provinciales se hacen en moneda extranjera. Si Argentina entra en default, se incendian las provincias».

Culminada la votación, la foto final fue la del abrazo fraterno y risas compartidas entre el jefe del bloque oficialista, José Mayans, Naidenoff y la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien segundos antes había apretado el botón de rechazo al acuerdo.

Fuente: Noticias Argentinas

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Alberto Fernández criticó a Javier Milei y cuestionó su salud mental: “Está enfermo”

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Foto: El expresidente sostuvo que el actual mandatario “no está en su condición psiquiátrica adecuada” para ejercer la Presidencia.

El expresidente reapareció públicamente y lanzó fuertes declaraciones contra el actual mandatario. También defendió su gestión económica y advirtió sobre la situación de las pymes.

El expresidente Alberto Fernández volvió a aparecer en la escena pública con duras críticas hacia el presidente Javier Milei, a quien cuestionó por su comportamiento y estado emocional.

Durante una entrevista en el programa “El Dígito Político”, Fernández sostuvo que el actual jefe de Estado “está enfermo” y aseguró que “no está en su condición psiquiátrica adecuada para asumir la responsabilidad de presidente”.

Las fuertes declaraciones de Alberto Fernández sobre Milei

En sus declaraciones, el exmandatario afirmó que Milei “no pasaría un preocupacional” para ocupar determinados cargos en la administración pública.

“Javier Milei hoy no pasa un preocupacional para ser cadete del Ministerio de Economía”, expresó.

Fernández aseguró además que en otros países ya se habría solicitado una evaluación psiquiátrica debido a algunas expresiones públicas del mandatario.

“Dice barbaridades, incoherencias y locuras”, afirmó el exjefe de Estado al recordar antiguas declaraciones de Milei sobre distintos temas.

No obstante, aclaró que intentaba referirse al tema “con cuidado” porque, según dijo, se trataría de “un problema de salud”.

Defensa de su gestión y críticas a la economía actual

Durante la entrevista, Alberto Fernández también defendió aspectos de su gestión presidencial entre 2019 y 2023, especialmente en materia laboral.

El dirigente aseguró que dejó “la tasa de desempleo más baja de la democracia” y destacó el funcionamiento de las negociaciones paritarias durante su mandato.

Si bien reconoció que la inflación fue “dramática”, sostuvo que su administración priorizó la protección de los ingresos y el empleo.

“Estamos en una economía estancada”

El expresidente también cuestionó la situación económica actual y advirtió sobre el impacto en el sector productivo y las pequeñas empresas.

Según indicó, la economía atraviesa un escenario de estancamiento, caída de la producción y cierre de empresas.

“Estamos en una economía sin crecimiento y desatendiendo las economías regionales”, señaló.

Además, aseguró que durante la actual gestión cerraron unas 30.000 empresas, la mayoría pequeñas y medianas.

Las declaraciones de Fernández generaron fuerte repercusión política y reavivaron el debate en redes sociales sobre el clima de confrontación entre dirigentes nacionales.

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El Gobierno demora el envío del super-RIGI al Congreso y apunta a presentarlo la próxima semana

La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional busca ampliar los beneficios para grandes inversiones en sectores estratégicos como litio, hidrógeno verde, energía y tecnología.

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Foto: El proyecto es una de las apuestas económicas de la Casa Rosada para volver a ordenar la agenda legislativa.

El Gobierno nacional mantiene bajo revisión el proyecto del denominado “super-RIGI” y prevé enviarlo al Congreso durante la próxima semana, luego de una serie de ajustes técnicos que demoraron su presentación oficial.

Desde la Casa Rosada reconocieron que el texto todavía está siendo evaluado por distintas áreas del Ejecutivo, pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que ingresaría al Parlamento esta semana.

“Está muy avanzado. Estamos esperando devoluciones de algunas áreas aún”, señalaron fuentes oficiales sobre la iniciativa, considerada una de las principales apuestas económicas del Gobierno para recuperar protagonismo en la agenda legislativa.

Qué busca el nuevo super-RIGI

El proyecto surge como una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado mediante la Ley 27.742, y apunta a ofrecer mayores beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para atraer inversiones de gran escala.

La propuesta tomó impulso tras conversaciones entre el presidente Javier Milei y Caputo durante el regreso de una gira oficial por Estados Unidos.

Según trascendió, el objetivo es generar condiciones más competitivas para industrias que todavía no cuentan con un desarrollo masivo en el país y requieren incentivos más agresivos para captar capitales internacionales.

Beneficios fiscales y reducción de impuestos

Entre las medidas que contempla el borrador del super-RIGI aparecen importantes ventajas impositivas para las empresas que ingresen al régimen:

  • Alícuota del Impuesto a las Ganancias del 15%, frente al 25% actual.
  • Amortización acelerada de inversiones.
  • Exención de aranceles de importación para bienes vinculados a los proyectos.
  • Retenciones cero a las exportaciones desde el inicio de las operaciones.

Además, el Ejecutivo pretende que provincias y municipios adhieran al esquema mediante una reducción de tributos locales. El Gobierno busca que Ingresos Brutos no supere el 0,5% y que las tasas municipales no estén atadas al nivel de ventas.

Ese punto ya genera negociaciones con gobernadores e intendentes, ya que implica limitar impuestos provinciales y municipales para los proyectos incluidos en el régimen.

Sectores estratégicos que apunta a captar el Gobierno

El super-RIGI buscará atraer inversiones en distintas áreas consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y energético del país, entre ellas:

  • Litio y fabricación de baterías
  • Hidrógeno verde
  • GNL onshore
  • Reactores nucleares pequeños y medianos
  • Energía solar y eólica
  • Vehículos eléctricos
  • Industria petroquímica
  • Industria aeroespacial
  • Cadena del uranio
  • Fertilizantes y productos derivados de la pesca

Ajustes finales y estrategia legislativa

En Balcarce 50 aseguran que trabajan en una redacción sólida para evitar futuras judicializaciones. Los equipos técnicos continúan definiendo aspectos sensibles, como el monto mínimo de inversión requerido para acceder a los beneficios.

Al mismo tiempo, el oficialismo analiza la estrategia parlamentaria para enviar el proyecto al Congreso, en medio de negociaciones políticas con gobernadores y aliados legislativos.

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Politica

El Gobierno adjudicó concesiones de rutas nacionales por más de 1.800 kilómetros: qué empresas ganaron

El Gobierno nacional adjudicó dos tramos clave de la Red Federal de Concesiones viales, en el marco de un nuevo esquema de gestión privada que abarcará más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales sin subsidios estatales.

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Foto: El Gobierno adjudicó dos tramos clave de las concesiones en rutas nacionales: cuáles fueron las empresas ganadoras

Los contratos tendrán una duración de 20 años y contemplan obras, mantenimiento, modernización de peajes y mejoras operativas financiadas íntegramente por las empresas concesionarias.

Qué empresas ganaron las concesiones

El denominado Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur fue adjudicado al consorcio integrado por:

  • CONCRET NOR SA
  • MARCALBA SA
  • POSE SA
  • COARCO SA

La propuesta presentada incluyó una tarifa de peaje de 997 pesos más IVA.

Por su parte, el Tramo Pampa quedó en manos de la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, que ofertó una tarifa de 2.355,37 pesos.

Qué rutas incluyen los nuevos corredores

El Tramo Pampa comprende corredores estratégicos para el transporte y la producción, entre ellos:

  • Autopista Ezeiza-Cañuelas
  • Autopista Riccheri
  • Autopista Jorge Newbery
  • Ruta Nacional 3
  • Ruta Nacional 205
  • Ruta Nacional 226

Según el Gobierno, este corredor es clave para la logística agropecuaria y el traslado de cereales y ganado.

En tanto, el corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur conecta el AMBA con regiones productivas y destinos turísticos de la región atlántica.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El esquema impulsado por el Ejecutivo establece que las empresas deberán financiar las obras y el mantenimiento con recursos propios, mientras que el Estado conservará funciones de control y fiscalización a través del Ministerio de Economía.

El ministro Luis Caputo confirmó la adjudicación este 15 de mayo y aseguró que el objetivo es avanzar hacia “mejores estándares de servicio” mediante un sistema de inversión privada.

Además, el Gobierno destacó que hubo fuerte interés empresario en la licitación, con 17 ofertas presentadas para otros corredores nacionales que abarcan cerca de 2.500 kilómetros adicionales.

Contratos por 20 años y sin subsidios

Las nuevas concesiones forman parte de la Etapa II-A de la Red Federal y representan uno de los principales cambios en el modelo de financiamiento vial impulsado por la administración nacional.

Desde el Ejecutivo indicaron que el sistema será monitoreado para evaluar:

  • Calidad del servicio
  • Funcionamiento operativo
  • Impacto de las tarifas de peaje
  • Nivel de inversiones realizadas

También dejaron abierta la posibilidad de extender este modelo a otras rutas nacionales en futuras etapas.

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