La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y Cañamo Industrial; y aprobó y envió al Senado otra iniciativa que da incentivos para la construcción a través de un blanqueo de capitales.

La primera de las iniciativas sumó 155 votos a favor, 56 en contra, en tanto que registró 19 abstenciones. Además se computaron 25 ausencias.

Durante el debate en el recinto Mara Brawer, del Frente de Todos puso en relieve que se trata de un proyecto «federal que generará muchos puestos de trabajo, que «en el mundo hay aproximadamente 25 mil usos para la planta del cáñamo, de la cual se utilizan todas sus partes, desde la raíz hasta las hojas» y que «se trata de una industria sustentable con el ambiente».

Su compañera de bloque, Carolina Gaillard, remarcó que «esta ley de marco regulatorio para el desarrollo productivo del cannabis industrial y el cáñamo industrial no puede esperar, porque garantiza que las familias puedan acceder a un producto seguro y de calidad. En este sentido, viene a complementar la ley 27.350, del uso medicinal del cannabis. Hay miles de familias que están esperando este dictamen, el dolor no puede esperar.

«Además, es una gran oportunidad para Argentina, ya que aporta divisas y genera puestos de trabajo en todas las regiones de nuestro país. Se calcula que puede generar 500 millones de dólares al año en el mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones anuales», completó.

Por Juntos por el Cambio, el radical Ricardo Buryaile (presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería) remarcó que «aprobar este proyecto no es una carta blanca ni para el consumo, ni para el narcotráfico. Es simplemente iniciar una etapa en la Argentina donde se legaliza lo que es la producción que hoy hacen miles y miles de mamás para sus hijos».

Recordó que «en 2017 se sancionó la ley 27.350, que establecía un marco regulatorio para la investigación médica y científica del cannabis medicinal y sus derivados, pero era insuficiente para llegar a la sociedad, paso que pretendemos dar hoy. Estamos estableciendo que las etapas de producción y comercialización con fines terapéuticos estén contemplados en la ley, cosa que no sucedía hasta hoy».

«Estamos apostando a la salud pública, a miles de personas a quienes vamos a mejorar el tratamiento, vamos a mejorar su calidad de vida. No es el mejor proyecto, es perfectible, esto es un paso adelante», enfatizó.

En contra de la iniciativa, la diputada Graciela Ocaña, del PRO, justificó que «el aparato burocrático de magnitud -que se crea para implementar la ley- va a traer un gasto enorme y no un beneficio para el tema de la salud, por eso no acompaño el proyecto».

Por Identidad bonaerense, Graciela Camaño, también fijó su rechazo, al advertir que «el Estado no tiene políticas de combate de la droga ni de las adicciones, en ese marco venimos a poner un nuevo commodity bajo el ropaje del cannabis medicinal. Queda claro que lo que viene después es la legalización de la marihuana».

«No voy a comprar gato por liebre, porque este es el paso previo a la legalización», enfatizó.

Su compañero de interbloque, el socialista Enrique Estévez, mostró una posición diferente: «Saludamos la sanción de este proyecto, el esfuerzo, el trabajo, sobre todos de esas madres que son las que más se la bancan, por eso apoyamos: aunque estamos convencidos de que el móvil de esta ley tiene que ver con las divisas».

En su articulado, el proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).

Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de «maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos».

A través de la iniciativa, se promete convertir al cannabis en otro «commodity» de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne.

El marco normativo busca «desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad, y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad».

En tanto, el proyecto que prórroga la vigencia de un blanqueo de capitales para activar de manera específica a la construcción con incentivos impositivos para quienes declaren bienes y que incluye parte del programa ‘puente al empleo’ referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino, fue aprobado y girado al Senado.

Tras una hora y media de debate, la iniciativa consensuada entre el Frente de Todos y el PRO, fue aprobada por 172 votos a favor; 20 en contra, en su mayoría de la Coalición Cívica y de la Izquierda; y 45 abstenciones, con preponderancia de los legisladores de la UCR.

El proyecto presentado oportunamente por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, del FdtT, y por el titular de la bancada del PRO, Cristián Ritondo, establece un impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento del ingreso a la cuenta especial.

En base al esquema previsto, para los bienes ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurrido el plazo de 90 días corridos, la alícuota que deberán tributar será del 5 por ciento.

Por su parte, los ingresados desde el día siguiente de vencido el plazo del inciso anterior y hasta transcurrido otros 90 días, la tasa que deberán pagar será del 10 por ciento.

En tanto, los declarados desde el día siguiente de vencido el primer plazo y hasta transcurrido 180 días corridos, abonarán una alícuota del 20 por ciento.

Cabe mencionar que en diciembre pasado finalizó la primera etapa de la prórroga y buscaron implementar la ampliación con el proyecto de Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado con el voto opositor en el recinto, por lo cual no se pudo extender este sistema para poder blanquear esos fondos con beneficios impositivos siempre que sean destinados para la construcción.

Fuente: Télam