Provincia
Jubilados del Poder Judicial de Santa Fe cobran hasta 431 mil pesos por mes
Según información oficial, la jubilación más alta en la provincia multiplica por 25 los ingresos de quienes cobran la mínima, que reciben un haber mensual de 16.883 pesos.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe paga a los beneficiarios de haberes más altos hasta 431 mil pesos por mes. El listado de los cien mayores favorecidos de este órgano previsional son exclusivamente personas que trabajaron en el Poder Judicial de la provincia. Sus ingresos mensuales van en orden ascendente desde 347.559 pesos hasta 431.309 pesos, en el último ejercicio del mes de septiembre.
La magnitud de estos haberes asombra por la desproporción con una masiva base de aportantes que cobran una jubilación mínima de 16.883 pesos. Los que más reciben están 25 veces por encima de lo que perciben los que menos cobran. Es una relación desmesurada que no guarda ninguna lógica defendible.
Los datos aquí volcados provienen de información proporcionada al diario La Capital por la misma Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe. Suponen un impulso a un interesante debate público por varios motivos centrales, algunos de los cuales aquí se sintetizan.
– Los que ganan estas jubilaciones o pensiones son excluyentemente miembros retirados del Poder Judicial de la provincia con al menos 30 años de servicios o sus cónyuges. Están incluidos conocidos ex ministros de la Corte Suprema, ex camaristas, ex procuradores, ex jueces y ex fiscales. Lo que perciben sobrepasa en todos los casos los haberes del gobernador de la provincia.
– Esta distorsión proviene de una situación diferente a todas las demás actividades en la provincia que aportan a la caja estatal. Esto porque los salarios del Poder Judicial no se determinan por lo que define la provincia de Santa Fe sino por una ley que engancha los haberes a la disposición de la Justicia Nacional, desde el trabajador con menor remuneración a los sueldos máximos, de acuerdo a lo que establece la Corte Nacional.
– La circunstancia especial hace que en un sistema de reparto, donde el trabajador en actividad sustenta de manera colectiva y solidaria al trabajador pasivo, se descalabren las pautas racionales de equilibrio del sistema. No es que el que cobra estas altas sumas hizo un aporte a un sistema de capitalización personal, donde lo que cuenta es la contribución individual, sino que está atado a lo que ponen los demás. Lo que se afecta con esto es un principio esencial, el de la igualdad, motivo de una discusión vehemente que en estos días pone en jaque las formas de representación en toda América Latina.
Planteos legislativos
La diputada provincial Verónica Benas (Frente Progresista) presentó en dos ocasiones con el propósito de establecer niveles de equidad en el sistema público de jubilaciones de la provincia. El destino del proyecto es perder estado parlamentario por la voluntad negativa de la mayoría de los legisladores a darles envión. El diputado reelecto Carlos Del Frade anunció que presentará este mismo proyecto en el próximo período ordinario de sesiones en abril próximo.
Es muy interesante y significativo que en los sectores que tienen representación política en la provincia prende muy poco este debate. Quienes son gobierno están poco dispuestos a subirse a un caballo que los pone de frente en contra de las máximas autoridades del Poder Judicial. Los que están en la oposición y aspiran a ser gobierno no los entusiasma mezclarse en semejante desafío con estamentos de poder fuertes que gravitan en la gobernabilidad. El resultado es que esta inequidad sin parangón se perpetúa como si no ocurriera.
“Hay que poner un coto a esto sin perjudicar a los trabajadores del Poder Judicial pero, como ocurre en otros países del mundo, colocando un tope para no generar pagos exorbitantes, que en términos de asimetría son un disparate además para sectores que no pagan ganancias”, dijo Benas a Aire de Santa Fe.
Para Del Frade, estas desmesuras impactan inquietantemente sobre el régimen de gobierno basado en el voto. “Tenemos un problema y es que la democracia, por cosas como estas, deje de gozar de simpatía en América Latina. Necesitamos gestos para democratizar la democracia. Y si vemos que la pobreza sube no podemos seguir en este tipo de altanerías que socavan el propio sistema. Necesitamos rediscutir ingresos de los tres poderes del Estado, rediscutir impuestos, desengancharnos de los privilegios. Los costos de no hacerlo lo estamos viendo”, sostuvo.
Una aspecto llamativo es que este resbaladizo debate no lo asumen los que con uñas y dientes se aferran a estos privilegios sin defenderlos con una discusión franca. La corporación judicial y política presiona para desterrar del debate público y de los medios de prensa estos temas. Cada vez que Benas ingresó un proyecto para limitar estos haberes en la Comisión de Asuntos Previsionales y Laborales de la Cámara de Diputados provincial le pasó lo mismo. “No encontré acompañamiento aunque todos mis colegas me decían que era razonable. Pero me hacían saber que no tenía destino porque nadie iba a estar dispuesto a dar esta pelea”, comentó.
Incongruencias
La distorsión de los pagos de la Caja Provincial se nota en contraste con dos comparaciones. En España, por ejemplo, un país de una solvencia fiscal incomparable a Argentina, la máxima pensión que paga el Estado es de 2.659,41 euros en septiembre, equivalente a 183 mil pesos. Y a nivel interno también se advierte cuando la Administración Social de la Seguridad Social (Anses) tiene un tope que supone no pagar haberes a pasivos por encima de los 90 mil pesos.
Benas cree que se necesitan gestos de las mismas autoridades del Poder Judicial. “Hablo de establecer alguna relación interna que implique un tope razonable a las máximas remuneraciones jubilatorias porque todos lo tienen. Por ejemplo que no puedan haber salarios más altos que los del gobernador de la provincia. Porque esto otorga privilegios a un sector mínimo a expensas de toda la población más. Se rompe un criterio de solidaridad elemental. Si por ejemplo se pagaran 10 jubilaciones mínimas como límite tendríamos haberes de casi 170 mil pesos. Nadie puede pensar que esa es una suma despreciable”, sostuvo.
La Caja de Jubilaciones de Santa Fe tiene 90.773 beneficiarios. De estos 68.212 son jubilados y 22.561 pensionados. La jubilación mínima en septiembre pasado fue de 16.883 pesos, la máxima de 431.309 pesos y el haber promedio quedó en 51.988 pesos. La pensión mínima en ese mes fue 12.662, la máxima 323.482 pesos y el promedio estuvo en 29.797.
La Caja atraviesa un déficit mensual que orilla los mil millones de pesos. No sería ajustado atribuir el déficit a las jubilaciones y pensiones desfasadas de las que trata esta nota. “Todas las cajas de reparto tienen algún nivel de déficit que en Santa Fe fue bastante manejable, otras cajas la de Córdoba y Entre Ríos están mucho peor, y sin pagar estas ventajas. La Nación ha incumplido durante mucho tiempo los aportes desde los acuerdos del Pacto Fiscal II durante el gobierno de Carlos Menem. Lo que es importante es que este desacople se pueda corregir puntualmente, lo que es necesario no solo por cuestiones de lógica, sino de ética”, afirma Benas. “No tengo nada en contra de ningún trabajador y tampoco del Poder Judicial. Pero para sostener esta situación de ventaja y de privilegio somos otros los que estamos pagando esa fiesta”.
Fuente: FM Fusion 88.3
Provincia
Tensión frente a la cárcel de Recreo: familiares de presos quemaron cubiertas y reclamaron por los traslados
Entre 40 y 50 familiares de personas privadas de la libertad se manifestaron este domingo frente a la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo, pocos días después del traslado de 380 detenidos desde distintas comisarías.
La protesta incluyó la quema de cubiertas y motivó la intervención de Bomberos Zapadores, Infantería y el Grupo de Operaciones Especiales.
Los manifestantes reclamaron principalmente por la falta de comunicación con los internos, la entrega de pertenencias personales y la disponibilidad de elementos básicos, entre otras situaciones que, según denunciaron, se habrían producido luego de los recientes traslados.
Quema de cubiertas y despliegue policial
El momento de mayor tensión se registró alrededor de las 11, cuando algunos de los presentes encendieron neumáticos frente al ingreso de la unidad penitenciaria.
Ante esta situación intervinieron Bomberos Zapadores, que trabajaron para apagar el fuego, mientras que efectivos del Cuerpo de Infantería y del Grupo de Operaciones Especiales fueron desplegados en el sector.
Luego de la intervención, los familiares permanecieron en las inmediaciones y continuaron expresando sus reclamos.
Denuncias por falta de comunicación y elementos básicos
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la dificultad para comunicarse con los detenidos desde que fueron trasladados a la nueva cárcel.
Los familiares señalaron que, desde el traslado, en algunos casos solo pudieron conocer la situación de los internos a través de otras personas que egresaban del establecimiento.
Además, algunos manifestantes aseguraron haber recibido mensajes de detenidos en los que denunciaban problemas relacionados con comida, agua y ropa de abrigo.
También afirmaron que algunos internos les habrían contado situaciones de maltrato y que parte de su ropa habría sido arrojada, dejándolos sin abrigo.
Estas expresiones corresponden a denuncias realizadas por los familiares durante la protesta y deberán ser verificadas por las autoridades correspondientes.
Reclaman la entrega de las pertenencias
Otro de los puntos planteados durante la manifestación fue la situación de las pertenencias personales de los internos.
Según los familiares, presentaron una nota ante las autoridades de la unidad y recibieron el compromiso de que los elementos serían entregados. Sin embargo, sostuvieron que al momento de la protesta todavía no habían recibido esas pertenencias.

Cuestionamientos por los traslados
Los manifestantes también cuestionaron que algunos detenidos fueran trasladados sin previo aviso a sus familias.
A su vez, señalaron que varios internos realizaban actividades laborales, educativas o religiosas en los lugares donde estaban alojados anteriormente y reclamaron conocer si podrán continuar con esas actividades dentro de la nueva unidad penitenciaria.
Hubo diálogo y algunos familiares pudieron comunicarse
Durante la manifestación se estableció un canal de diálogo con los familiares. El jefe de la Comisaría 16ª facilitó la comunicación con el interior de la unidad para algunos de los presentes.
Si bien esto permitió que algunos allegados pudieran tomar contacto con los internos, el grupo decidió continuar con la protesta al considerar que los principales reclamos todavía no habían sido solucionados.
380 detenidos fueron trasladados tras la inauguración
La manifestación ocurrió pocos días después de la inauguración de la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo, que comenzó a funcionar el 3 de septiembre.
Durante las primeras horas de funcionamiento, 380 detenidos fueron trasladados desde distintas comisarías en menos de 24 horas, en el marco del objetivo de descomprimir las dependencias policiales y alojar a las personas privadas de la libertad en un establecimiento penitenciario específico.
La nueva unidad cuenta con 475 celdas y capacidad para 891 personas, distribuidas en tres subunidades: 640 plazas destinadas a hombres y 251 a mujeres.
Ahora, los reclamos planteados por los familiares quedaron en manos de las autoridades penitenciarias, que deberán responder sobre las condiciones denunciadas, la comunicación con los internos, la entrega de pertenencias y la continuidad de las actividades que realizaban antes de los traslados.
Con información de Uno de Santa Fe
Provincia
Pullaro inauguró la nueva cárcel de Recreo: 891 plazas y una inversión de US$ 80 millones
El gobernador de Santa Fe encabezó la inauguración de la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo, una obra que demandó una inversión de 80 millones de dólares.
El nuevo establecimiento cuenta con 891 plazas y permitirá trasladar detenidos alojados en comisarías de la región.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este jueves la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo, una nueva cárcel que incorpora 891 plazas al sistema penitenciario provincial.
El establecimiento cuenta con 475 celdas y capacidad para 891 internos, distribuidos entre 640 hombres y 251 mujeres. Uno de sus pabellones está destinado específicamente a mujeres.
La puesta en funcionamiento permitirá avanzar con el descongestionamiento de las comisarías, trasladando allí a personas detenidas que actualmente se encuentran alojadas en dependencias policiales.

Pullaro cuestionó al “garantismo bobo”
Durante el acto, que reunió a autoridades políticas, judiciales, fuerzas de seguridad y representantes de la sociedad civil, Pullaro defendió la política de seguridad de su gestión y sostuvo que la construcción de cárceles forma parte de una estrategia para recuperar el control territorial.
El gobernador afirmó que le toca ser “el único gobernador al que le gusta inaugurar cárceles y estaciones policiales” y explicó que esto responde a una situación en la que, según sus palabras, los santafesinos estaban cansados de que desde las cárceles se controlaran las calles y de que la violencia y el narcotráfico condicionaran a la provincia.
En ese marco, se manifestó en contra de lo que calificó como “garantismo bobo”, al que responsabilizó por haber generado una mirada que ubicaba a quienes delinquen como víctimas y a la sociedad como victimaria.
Pullaro también cuestionó a quienes califican la política provincial como “punitivismo demagógico” y sostuvo que los índices delictivos disminuyeron, atribuyendo parte de ese resultado al trabajo realizado por la Policía y el Servicio Penitenciario.
“Cuando el Estado no pacta, es más fuerte que cualquier organización criminal”
Uno de los principales conceptos de su discurso estuvo relacionado con la decisión del Estado de enfrentar a las organizaciones criminales.
“Cuando el Estado no pacta, es más fuerte que cualquier organización criminal”, afirmó Pullaro.
En esa línea, sostuvo que la Provincia continuará avanzando contra quienes cometen delitos, incluyendo el secuestro y la subasta de bienes y el alojamiento en pabellones de alto perfil cuando corresponda.
El mandatario también destacó especialmente la tarea de los agentes policiales y penitenciarios y anticipó nuevas inversiones en infraestructura de seguridad.
“No corremos la seguridad de la agenda pública”, aseguró, al remarcar que el objetivo de su gestión es que Santa Fe sea la provincia más segura del país.

La cárcel ya comenzó a recibir detenidos
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, señaló que las nuevas instalaciones no permanecerán vacías y confirmó que su ocupación comenzó de manera inmediata con personas detenidas que estaban alojadas en comisarías.
El funcionario explicó que el objetivo es continuar con el plan de descongestionamiento de dependencias policiales, para que los efectivos puedan concentrarse en sus funciones principales: patrullar y prevenir delitos.
Mientras tanto, el Servicio Penitenciario tendrá a su cargo el cuidado de las personas privadas de su libertad.
Cococcioni sostuvo además que el Gobierno construye escuelas y estadios, pero también cárceles porque forman parte de las necesidades del sistema penal.
“El que comete un delito tiene que ir a la cárcel; si no, el imperio de la ley se cae a pedazos”, afirmó.
El Gobierno habla de un plan integral de seguridad
La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, consideró que la inauguración representa “el inicio de un cambio” y aclaró que la obra no debe entenderse únicamente como la apertura de un nuevo edificio.
Según explicó, la construcción forma parte de una decisión política destinada a enfrentar al delito organizado.
Masneri recordó que en 2023 se habían registrado 278 homicidios a esta altura del año, mientras que en 2026 la cifra mencionada durante el acto era de 93.
“El objetivo no está alcanzado, pero estamos mejor”, sostuvo la funcionaria.
También destacó el impacto que tiene el traslado de personas detenidas desde las comisarías. En ese sentido, señaló que cada persona llevada a una unidad penitenciaria representa un patrullero y un policía más disponibles para cumplir funciones en las calles.
Además, anticipó que la nueva cárcel contará con tecnología aplicada, con el objetivo de mejorar la seguridad y el control dentro del sistema penitenciario.

Una inversión de US$ 80 millones
Entre la construcción del establecimiento y la tecnología incorporada, la inversión total alcanza los 80 millones de dólares.
La Unidad Penitenciaria N° 9 forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria impulsado por el Gobierno de Santa Fe, que contempla más de 7.000 nuevas plazas durante la actual gestión.
Con las obras ejecutadas, en ejecución y proyectadas, la capacidad de detención provincial llegará a más de 14.000 plazas.
El objetivo es mejorar el control de la población penitenciaria, organizar a los internos de acuerdo con sus perfiles criminales y reducir la cantidad de detenidos alojados en comisarías.
Cómo es la nueva Unidad Penitenciaria N° 9
La cárcel está integrada por tres subunidades penitenciarias completas, construidas en el predio conocido como Colonia Penal de Recreo.
El establecimiento se encuentra sobre calle Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11.
Cuenta con:
- 475 celdas.
- 891 plazas carcelarias.
- 640 plazas para hombres.
- 251 plazas para mujeres.
- Tres subunidades penitenciarias completas.
La nueva infraestructura se integra además al Plan de Seguridad Pública “Método Santa Fe”, que contempla un mayor control y espacio para las personas detenidas en el Servicio Penitenciario.
El esquema también incluye un sistema de patrullaje policial organizado por cuadrículas y nuevas estaciones policiales: tres en la ciudad de Santa Fe y cinco en Rosario.
Con información de El Litoral
Provincia
Relevamiento aéreo en Santa Fe: los ríos del norte están por debajo de los niveles de alerta
Un operativo realizado por funcionarios provinciales permitió controlar desde el aire los principales cursos de agua del norte santafesino y la cuenca baja del río Salado.
Los registros mostraron que los puntos de monitoreo permanecen por debajo de los niveles de alerta, pese a las importantes lluvias acumuladas durante 2026.
Recorrieron ríos, arroyos, canales y zonas bajas
Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y de Protección Civil de Santa Fe llevaron adelante un relevamiento aéreo para evaluar el estado de los principales cursos de agua del norte provincial y de la cuenca baja del río Salado.
El vuelo comenzó en Sauce Viejo y permitió observar los arroyos Saladillo, Golondrinas, El Rey y El Toba, además del río Salado, lagunas, cañadas, canales, rutas y distintas obras hidráulicas.
El recorrido incluyó sectores de los departamentos La Capital, San Justo, Vera, Garay, General Obligado y San Cristóbal.
El monitoreo se concretó luego de un período con importantes acumulados de precipitaciones. Durante 2026, los departamentos Vera, San Justo y 9 de Julio ya superaron sus promedios anuales, calculados entre 900 y 1.050 milímetros. En determinados sectores, los registros alcanzaron entre 1.200 y 1.500 milímetros en apenas seis meses.
El río Salado permanece por debajo de la alerta
La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, explicó que el gobernador Maximiliano Pullaro ordenó anticiparse a la llegada del fenómeno de El Niño, mediante trabajos coordinados entre municipios y comunas, Protección Civil, el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Provincial.
Las tareas incluyen la limpieza de canales y la ejecución de obras de defensa, alteo y alcantarillado.
De acuerdo con los datos obtenidos durante el relevamiento, los seis puntos de control de la cuenca del río Salado estaban por debajo de los niveles de alerta.
Los registros fueron los siguientes:
- Paso de las Piedras: 5,91 metros, frente a un nivel de alerta de 7,50 metros.
- San Justo: 6,16 metros, con un umbral de 6,50 metros.
- Emilia: 4,55 metros, frente a un límite de 5,50 metros.
- Recreo: 3,53 metros, frente a los 5,70 metros establecidos como alerta.
- Santo Tomé: 3,23 metros, también por debajo del nivel de alerta de 5,70 metros.
En tanto, el río Calchaquí, a la altura de La Higuera, registraba 4,36 metros, mientras que el nivel de alerta está establecido en 5 metros.
Coudannes indicó además que los principales cursos de agua mantenían capacidad para recibir nuevos aportes y que las rutas y puentes incluidos en el recorrido funcionaban con normalidad.
Control de arroyos, canales y zonas bajas
Durante el vuelo también se verificó el funcionamiento de distintos sistemas hídricos.
En el Saladillo Dulce, a la altura de La Brava, el agua circulaba normalmente y el sistema conservaba capacidad para recibir nuevos aportes.
Los arroyos El Toba y Malabrigo mantenían el agua dentro de sus cauces. En el arroyo El Rey fueron observados algunos bancos de sedimentos cerca de la Ruta Nacional 11. La situación será analizada para establecer si es necesario realizar tareas de limpieza, aunque actualmente no dificultan el escurrimiento.
En la Cañada de la Muñeca se detectó una baja acumulación de agua y vegetación característica del ambiente de bañado.
Por su parte, el canal El Inglés se encontraba dentro de su cauce y permitía el ingreso de maquinaria para continuar con las excavaciones previstas hasta la Ruta Provincial 3.
El canal La Loca no presentaba circulación de agua y se encontraba en condiciones para ser intervenido mediante la obra Troncales Zona Norte.
También se detectó presencia de agua en sectores bajos del sistema del arroyo Golondrinas, además de las lagunas El Bonete y El Palmar y el valle del río Salado.
También observaron campos y zonas productivas
El relevamiento aéreo incluyó además la situación de los establecimientos rurales y áreas productivas.
Uno de los aspectos observados fue la presencia de hacienda desplazándose y pastando con normalidad. Desde la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron que, en términos generales, los animales disponían de sectores secos para descansar y buena disponibilidad de forraje en los campos naturales relevados.
En los cruces del río Salado con las rutas provinciales 2 y 61, en sectores correspondientes a San Justo y Villa Soledad, el agua permanecía dentro del cauce principal y no avanzaba hacia las zonas urbanizadas.
Obras y prevención ante El Niño
Desde el Gobierno provincial destacaron que el monitoreo permanente de los cursos de agua, las obras previstas en los canales y la remoción del terraplén ferroviario del Plan Circunvalar permitirán favorecer el escurrimiento y disponer de información actualizada para anticipar eventuales situaciones de riesgo.
Coudannes confirmó que durante esta semana finalizó la obra de remoción del terraplén ferroviario entre Esperanza y Candioti.
Finalmente, la funcionaria resaltó la coordinación entre la Provincia, municipios, comunas, productores y habitantes de las zonas que podrían verse afectadas.
El objetivo, señaló, es prevenir, monitorear y actuar de manera anticipada frente a los posibles efectos asociados al fenómeno de El Niño.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
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