Judicial
Salta 2141: 22 muertes, 62 heridos y un solo condenado que no irá preso
Según el fallo de primera instancia, el gasista que trabajó en el edificio el 6 de agosto de 2013 provocó la tragedia más grande de la historia de Rosario. Su arresto solo se hará efectivo si un tribunal de alzada ratifica la sentencia. Las otras diez personas que llegaron al juicio fueron absueltas
La explosión ocurrida el 6 de agosto de 2013 en Salta 2141, que dejó un saldo de 22 muertos y 62 heridos, tiene un único responsable penal. Según consideró la justicia, en primera instancia, el gasista que realizó mal su trabajo aquella mañana provocó la tragedia más grande de la historia de Rosario. Carlos Osvaldo García recibió este martes la pena de 4 años de prisión efectiva, pero no quedó preso, ya que su arresto solo se hará efectivo si un tribunal de alzada ratifica la sentencia. Las otras diez personas que llegaron al juicio fueron absueltas por «insuficiencia probatoria» en su contra.
Con la sentencia, el tribunal integrado por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva no consideró que la tragedia fue la consecuencia de trabajos mal hechos anteriormente en el edificio y la falta de control sobre los mismos. No hizo lugar, como pretendía la Fiscalía y la querella, a la teoría de imputación objetiva, es decir, a que existió una cadena de omisiones de varias personas que generaron situaciones de peligro que aportaron al resultado final: la explosión. «Se advierte que la teoría del caso presenta fisuras argumentales», indicó Canavesio al leer la resolución en la sala 7 del Centro de Justicia Penal.
¿Por qué condenaron a García y por qué no irá preso?
Las once personas que llegaron al juicio fueron acusadas por el delito de estrago culposo agravado. Estrago significa un daño de grandes proporciones que haya generado peligro; culposo porque ninguno tuvo la intencionalidad de causar la explosión; y agravado por la cantidad de personas afectadas por el hecho. El máximo de pena por este delito es de cinco años de prisión efectiva. Y la Fiscalía pidió ese monto de pena para nueve de los once acusados, a excepción del gasista José Luis Allala (gasista que trabajó en la torre a finales de julio) y a Gerardo Bolaño (reclamista de Litoral Gas que cortó el servicio a finales de julio).
Si bien no se conocieron los fundamentos, ya que se darán a conocer luego, el tribunal solo encontró pruebas para condenar a García. «Había pruebas para condenar a más personas», sostuvieron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que apelará las absoluciones.
García no quedó preso tras la audiencia porque, según confiaron desde la justicia, llegó en libertad y la condena no está firme; y porque la sentencia no fue unánime. Los jueces Canavesio y Zvala se inclinaron por dictar cuatro años de prisión efectiva, mientras que Leiva consideró que debía recibir tres años de prisión en suspenso bajo el cumplimiento de una serie de reglas de conducta que tendría que realizar por el período de cuatro años.
Según la acusación, Carlos García manipuló el gabinete de gas sin haber cortado el suministro para empezar a trabajar; tampoco la luz; no cerró la puerta de acceso al edificio; ni avisó a los vecinos cuando comenzó la fuga que duró doce minutos. «Sabíamos que iba a ser condenado», expresó la fiscal Argüelles en conferencia de prensa al tiempo que añadió que se vio sorprendida por la absolución de los otros diez imputados.
Los fiscales y la querella hicieron hincapié durante el debate oral y público en que tres fallecimientos fueron por inhalación de monóxido de carbono y no por traumatismos, según determinaron las autopsias. Por ese motivo remarcaron un dato: el suministro de gas se cortó en la zona 2 horas y 46 minutos después de la explosión, ya que la única máquina que tenía Litoral Gas para hacerlo estaba en otro punto de la ciudad, en Circunvalación y Oroño. Sugirieron de esta forma que podría haber sido menor la cantidad de víctimas fatales si se interrrumpía antes.
Para el tribunal no hubo elementos suficientes para responsabilizar penalmente a los reclamistas de Litoral Gas que hicieron trabajos en el edificio previamente, ni a sus superiores, ni a los encargados de la administración del consorcio por haber contratado a García y por haber sugerido a los vecinos que no llamaran a la empresa porque se iban a quedar sin servicio.
Fuente: Rosario3.com
Judicial
Ceres: condenaron a 13 años de prisión a un hombre por intentar matar a su expareja
Jorge Oscar Peralta fue declarado culpable de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El ataque ocurrió en abril de 2024 y la condena se conoció luego de un juicio por jurados realizado en San Cristóbal.
Un hombre de 43 años, identificado como Jorge Oscar Peralta, fue condenado a 13 años de prisión por intentar matar a su expareja en la ciudad de Ceres.
La pena fue impuesta por el juez Javier Bottero durante una audiencia de cesura realizada en los tribunales de San Cristóbal. La instancia se llevó adelante luego de que un jurado popular lo declarara culpable el pasado 29 de octubre.
El delito por el que fue condenado es tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.
La intervención de la Fiscalía
La acusación estuvo a cargo de la fiscal Hemilce Fissore, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Durante la audiencia, tanto la Fiscalía como la Defensa presentaron sus alegatos finales y solicitaron los montos de pena correspondientes.
El juez Bottero informó que dará a conocer los fundamentos de la sentencia en los próximos días.
El ataque ocurrió en abril de 2024
El hecho juzgado ocurrió el sábado 13 de abril de 2024, alrededor de las 21, en una vivienda de calle Vera Mujica al 500, en Ceres.
De acuerdo con la investigación judicial, la relación de pareja y la convivencia habían terminado, pero el hombre continuaba hostigando a la mujer.
En esa oportunidad, la agredió reiteradamente con un cuchillo y le provocó múltiples heridas cortopunzantes. La víctima logró escapar de la vivienda, pedir ayuda y recibir atención médica, lo que permitió salvarle la vida.
La condena de 13 años fue establecida después del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular.
Con información de Rafaela Noticias
Judicial
Condenaron a ocho años de prisión a un violinista de Esperanza por la muerte de un motociclista
Emiliano Nicolás Billoud fue declarado culpable de homicidio simple por un accidente ocurrido en septiembre de 2023. La Fiscalía había solicitado una pena de 10 años. Como la sentencia todavía no está firme, el condenado continuará en libertad mientras puedan presentarse apelaciones.
La Justicia condenó a ocho años de prisión a Emiliano Nicolás Billoud, un músico de 29 años de Esperanza, por la muerte de Sebastián Nagel, quien falleció tras un choque ocurrido en septiembre de 2023.
El fallo fue dictado este martes en los tribunales de Santa Fe, luego de un juicio oral. La jueza penal Susana Luna declaró a Billoud autor penalmente responsable del delito de homicidio simple.
El accidente ocurrió en septiembre de 2023
El siniestro se produjo cerca de las 5 de la madrugada del 23 de septiembre de 2023, en la intersección de las calles Moreno y Cullen, en Esperanza.
De acuerdo con la reconstrucción presentada en el proceso, Billoud conducía un automóvil Honda blanco cuando impactó contra la motocicleta en la que circulaba Nagel, quien regresaba de su trabajo.
Como consecuencia del choque, el motociclista fue arrastrado por el automóvil durante aproximadamente 50 metros y falleció.
La Fiscalía había pedido 10 años de prisión
Durante sus alegatos, los fiscales Alejandro Benítez y Matías Pallud solicitaron una condena de 10 años de prisión.
Entre los elementos considerados por la Fiscalía se mencionaron la velocidad a la que circulaba el automóvil, estimada por un perito entre 80 y 90 kilómetros por hora, y el resultado del análisis de alcoholemia, que indicó 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre.
La pena finalmente impuesta fue de ocho años.
Por ahora continuará en libertad
Aunque fue condenado, Billoud no irá a prisión por el momento debido a que la sentencia no está firme y puede ser recurrida por su defensa, integrada por los abogados Pedro Búsico y María Eugenia Campillay.
También resta conocer si la Fiscalía apelará el fallo, ya que había solicitado una pena superior.
Con información de Aire Digital.
Judicial
La fiscalía no encontró pruebas suficientes de enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, pero pidió investigar posibles irregularidades tributarias
El fiscal Gerardo Pollicita consideró que no hay elementos suficientes para sostener que el patrimonio del funcionario aumentó injustificadamente durante su gestión. Sin embargo, detectó indicios de posibles bienes e ingresos no declarados y solicitó que el expediente pase a la Justicia Penal Económica.
La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni tomó un nuevo rumbo. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa deje de tramitarse como un presunto caso de enriquecimiento ilícito y sea enviada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para analizar posibles irregularidades tributarias.
El planteo se basa en que las pruebas reunidas hasta el momento no permiten sostener que el funcionario haya registrado un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de su cargo público. No obstante, la Fiscalía considera que existen indicios de ingresos, dólares en efectivo y criptoactivos que podrían haber permanecido sin declarar durante años.
La decisión todavía no está tomada: el juez federal Ariel Lijo deberá resolver si acepta el pedido y dispone el traslado del expediente. La solicitud tampoco significa un sobreseimiento ni el cierre de la investigación.
La explicación de Adorni sobre sus inversiones en Bitcoin
La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y examinó la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
Durante ese período, la Fiscalía identificó gastos por US$402.578,12, de los cuales US$374.081,66 se habrían abonado en efectivo. También detectó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas relevados.
Ante los requerimientos judiciales, la defensa del funcionario sostuvo que los fondos cuestionados provenían de una inversión en Bitcoin realizada antes de su llegada al Gobierno.
Según esa explicación, Adorni habría operado entre 2014 y 2018 con ocho direcciones de autocustodia, en las que invirtió cerca de US$200.000. Posteriormente, habría vendido esos activos por US$591.544,61 y conservado el dinero en efectivo.
Pollicita consideró que esa versión no pudo ser refutada con las pruebas disponibles. Una verificación criptográfica confirmó que las direcciones presentadas registraron actividad entre 2014 y 2018 y que, al momento del análisis, las claves privadas estaban bajo control de la defensa.
Sin embargo, el informe técnico de la Policía Federal aclaró que la tecnología blockchain no permite determinar quién controlaba esas billeteras en una fecha específica ni desde cuándo tenía acceso a las claves.
Los gastos, las propiedades y los pagos en efectivo
Entre las operaciones analizadas figuran la compra de un lote en el country Indio Cuá, las reformas de esa vivienda, la adquisición de un departamento en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.
La propiedad de Indio Cuá fue escriturada en noviembre de 2024 por US$120.000, más US$5.000 correspondientes al ingreso al barrio privado. Para financiarla, el matrimonio habría tomado un préstamo privado de US$100.000 y completado el resto con dinero en efectivo.
También quedaron bajo análisis las refacciones. El contratista Matías Tabar declaró haber cobrado US$245.000 en efectivo y sin facturas, mientras que Adorni sostuvo que las obras costaron US$175.000.
En noviembre de 2025 se concretó otra adquisición: un departamento con cochera en el barrio porteño de Caballito, por US$230.000. Según la documentación incorporada al expediente, parte del monto se habría pagado en efectivo y el resto mediante una hipoteca privada.
La posible evasión tributaria pasa al centro de la investigación
Aunque el fiscal consideró que no hay elementos suficientes para sostener el enriquecimiento ilícito investigado, advirtió sobre posibles irregularidades impositivas.
Entre los puntos que pidió analizar se encuentran los ingresos utilizados para comprar Bitcoin, la posterior venta de esos activos, la tenencia de moneda extranjera sin declarar y otras operaciones con criptomonedas.
También señaló diferencias entre la información presentada ante Binance y la declarada ante organismos públicos, además de contratos de préstamos cuya entrega efectiva de dinero no habría sido acreditada.
Por ese motivo, solicitó que la Justicia Penal Económica determine si existió evasión en los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales.
El fiscal también pidió que se investiguen determinadas operaciones inmobiliarias y comerciales en las que habrían intervenido desarrolladores, un contratista y una escribana.
Ahora será el juez Ariel Lijo quien deberá decidir si la causa cambia de fuero. Mientras tanto, la investigación continúa y las posibles irregularidades tributarias deberán ser examinadas por la Justicia.
Con información de Cadena 3.
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