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Salta 2141: 22 muertes, 62 heridos y un solo condenado que no irá preso

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Según el fallo de primera instancia, el gasista que trabajó en el edificio el 6 de agosto de 2013 provocó la tragedia más grande de la historia de Rosario. Su arresto solo se hará efectivo si un tribunal de alzada ratifica la sentencia. Las otras diez personas que llegaron al juicio fueron absueltas

La explosión ocurrida el 6 de agosto de 2013 en Salta 2141, que dejó un saldo de 22 muertos y 62 heridos, tiene un único responsable penal. Según consideró la justicia, en primera instancia, el gasista que realizó mal su trabajo aquella mañana provocó la tragedia más grande de la historia de Rosario. Carlos Osvaldo García recibió este martes la pena de 4 años de prisión efectiva, pero no quedó preso, ya que su arresto solo se hará efectivo si un tribunal de alzada ratifica la sentencia. Las otras diez personas que llegaron al juicio fueron absueltas por «insuficiencia probatoria» en su contra.

Con la sentencia, el tribunal integrado por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva no consideró que la tragedia fue la consecuencia de trabajos mal hechos anteriormente en el edificio y la falta de control sobre los mismos. No hizo lugar, como pretendía la Fiscalía y la querella, a la teoría de imputación objetiva, es decir, a que existió una cadena de omisiones de varias personas que generaron situaciones de peligro que aportaron al resultado final: la explosión. «Se advierte que la teoría del caso presenta fisuras argumentales», indicó Canavesio al leer la resolución en la sala 7 del Centro de Justicia Penal.

¿Por qué condenaron a García y por qué no irá preso?

Las once personas que llegaron al juicio fueron acusadas por el delito de estrago culposo agravado. Estrago significa un daño de grandes proporciones que haya generado peligro; culposo porque ninguno tuvo la intencionalidad de causar la explosión; y agravado por la cantidad de personas afectadas por el hecho. El máximo de pena por este delito es de cinco años de prisión efectiva. Y la Fiscalía pidió ese monto de pena para nueve de los once acusados, a excepción del gasista José Luis Allala (gasista que trabajó en la torre a finales de julio) y a Gerardo Bolaño (reclamista de Litoral Gas que cortó el servicio a finales de julio).

Si bien no se conocieron los fundamentos, ya que se darán a conocer luego, el tribunal solo encontró pruebas para condenar a García. «Había pruebas para condenar a más personas», sostuvieron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que apelará las absoluciones.

García no quedó preso tras la audiencia porque, según confiaron desde la justicia, llegó en libertad y la condena no está firme; y porque la sentencia no fue unánime. Los jueces Canavesio y Zvala se inclinaron por dictar cuatro años de prisión efectiva, mientras que Leiva consideró que debía recibir tres años de prisión en suspenso bajo el cumplimiento de una serie de reglas de conducta que tendría que realizar por el período de cuatro años.

Según la acusación, Carlos García manipuló el gabinete de gas sin haber cortado el suministro para empezar a trabajar; tampoco la luz; no cerró la puerta de acceso al edificio; ni avisó a los vecinos cuando comenzó la fuga que duró doce minutos. «Sabíamos que iba a ser condenado», expresó la fiscal Argüelles en conferencia de prensa al tiempo que añadió que se vio sorprendida por la absolución de los otros diez imputados.

Los fiscales y la querella hicieron hincapié durante el debate oral y público en que tres fallecimientos fueron por inhalación de monóxido de carbono y no por traumatismos, según determinaron las autopsias. Por ese motivo remarcaron un dato: el suministro de gas se cortó en la zona 2 horas y 46 minutos después de la explosión, ya que la única máquina que tenía Litoral Gas para hacerlo estaba en otro punto de la ciudad, en Circunvalación y Oroño. Sugirieron de esta forma que podría haber sido menor la cantidad de víctimas fatales si se interrrumpía antes.

Para el tribunal no hubo elementos suficientes para responsabilizar penalmente a los reclamistas de Litoral Gas que hicieron trabajos en el edificio previamente, ni a sus superiores, ni a los encargados de la administración del consorcio por haber contratado a García y por haber sugerido a los vecinos que no llamaran a la empresa porque se iban a quedar sin servicio.

 

Fuente: Rosario3.com

 

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Rafaela: dictaron prisión preventiva para un hombre acusado de cometer robos, daños y resistirse a la Policía

Un hombre de 31 años quedó en prisión preventiva tras ser imputado por una serie de hechos delictivos ocurridos entre el viernes y el sábado en Rafaela.

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Foto: Fiscal Lorena Korakis

La Justicia consideró acreditada su participación en los episodios y rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa.

La Justicia de Rafaela ordenó la prisión preventiva sin plazo para un hombre de 31 años, identificado por sus iniciales JGLH, quien es investigado por una seguidilla de delitos contra la propiedad cometidos durante el último fin de semana.

La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguin, a pedido de la fiscal Lorena Korakis, en una audiencia desarrollada en los tribunales rafaelinos.

Tres hechos delictivos en pocas horas

Según detalló la fiscal, el primer episodio ocurrió minutos antes de la medianoche del viernes, cuando el imputado ingresó a una vivienda ubicada sobre calle Fader al 900.

De acuerdo con la investigación, el hombre forzó el portón del garaje y una puerta de acceso, ingresó al inmueble y sustrajo una grifería del baño, que colocó en una bolsa antes de retirarse en bicicleta.

Ya en los primeros minutos del sábado, el acusado se dirigió a un local comercial de calle Remedios de Escalada al 1100, donde rompió el vidrio de la puerta de ingreso y escapó del lugar.

Poco después, siempre según la acusación, ingresó a otra vivienda ubicada en calle Estrada al 1000, tras romper los vidrios del portón del garaje. Allí robó una notebook, un teléfono celular y un secador de pelo.

Intentó escapar y se resistió al arresto

La investigación indica que, al advertir la llegada de la Policía, el sospechoso escapó por el patio de la vivienda, llevando consigo los objetos robados, que posteriormente ocultó en su domicilio.

Durante la fuga abandonó en la vereda la bicicleta en la que se movilizaba y también la bolsa que contenía la grifería sustraída en el primer robo.

Finalmente, cuando fue localizado por los efectivos policiales, se resistió a la detención mediante empujones e insultos, aunque terminó siendo aprehendido.

La Justicia rechazó el pedido de libertad

Durante la audiencia, el juez consideró que existen elementos suficientes para sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, la participación del imputado en los hechos investigados.

Además, valoró que el acusado posee una condena previa y otras causas penales en trámite, en las que había incumplido medidas alternativas otorgadas anteriormente.

Por estos motivos, rechazó el pedido de libertad formulado por la defensa y resolvió mantener la prisión preventiva, al entender que persisten riesgos procesales y que aún restan medidas de investigación, entre ellas la toma de testimonios a vecinos que fueron víctimas de los hechos.

Los delitos imputados

La fiscal Lorena Korakis atribuyó al imputado la presunta autoría de los delitos de:

  • Dos hechos de robo.
  • Daño.
  • Resistencia a la autoridad.

La investigación judicial continúa.

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Confirmaron la prisión perpetua para el autor del femicidio de Mariel Zimmermann en Humberto Primo

La Cámara de Apelaciones ratificó la condena a prisión perpetua contra Cirilo Eduardo Bravo por el femicidio de su esposa, Mariel Alejandra Zimmermann, cometido en octubre de 2022 en Humberto Primo.

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Foto: Archivo

Los jueces rechazaron todos los planteos de la defensa y confirmaron la responsabilidad penal del condenado.

La Cámara de Apelaciones confirmó la condena a prisión perpetua impuesta a Cirilo Eduardo Bravo por el femicidio de Mariel Alejandra Zimmermann, ocurrido el 26 de octubre de 2022 en la localidad santafesina de Humberto Primo.

La decisión fue adoptada por los jueces Cristian Pablo Fiz, Matías Drivet y Oscar José Burtnik, quienes ratificaron la sentencia dictada durante el juicio oral realizado en agosto de 2024.

La Cámara rechazó los argumentos de la defensa

El fiscal Martín Castellano, responsable de la investigación desde la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5, informó que el tribunal de segunda instancia desestimó el recurso presentado por la defensa de Bravo.

Los magistrados concluyeron que la sentencia de primera instancia está debidamente fundamentada, mantiene coherencia con las pruebas incorporadas al expediente y respeta los criterios de la sana crítica racional.

Además, consideraron que la autoría y la responsabilidad penal del condenado quedaron plenamente acreditadas, respaldando la valoración probatoria realizada durante el juicio.

Confirmaron el contexto de violencia de género

En su resolución, los jueces destacaron que quedó probado un contexto sostenido de violencia de género dentro de la relación de pareja.

La sentencia hace referencia a testimonios y distintos elementos de prueba que acreditaron agresiones, amenazas y conductas de control ejercidas por Bravo sobre la víctima antes del crimen.

También descartaron la hipótesis de legítima defensa

La Cámara también rechazó el planteo de legítima defensa presentado por la defensa técnica del condenado.

Según el fallo, las pericias médico-forenses, las lesiones constatadas y las evidencias recolectadas en la escena del crimen resultaron incompatibles con la versión brindada por Bravo durante el proceso judicial.

El crimen ocurrió en octubre de 2022

El femicidio se produjo durante los primeros minutos del 26 de octubre de 2022, en la vivienda que la pareja compartía sobre calle Güemes al 100, en Humberto Primo.

De acuerdo con la investigación judicial, tras una discusión, Bravo tomó un cuchillo de la cocina y atacó a su esposa con la intención de causarle la muerte, provocándole una lesión mortal en el cuello.

Con esta resolución, la Cámara dejó firme la condena a prisión perpetua dictada en primera instancia.

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Ceres: rechazaron la prisión domiciliaria a un hombre acusado de vender droga

La Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de un hombre de 47 años, identificado por sus iniciales PPE, quien está imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la ciudad de Ceres.

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Foto: Archivo

La decisión fue adoptada por la jueza Cecilia Álamo durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal, luego de analizar los argumentos presentados por el fiscal Emiliano Odriozola.

La defensa solicitó el arresto domiciliario

La defensa del imputado había pedido reemplazar la prisión preventiva por la prisión domiciliaria, argumentando que el acusado presenta problemas de salud y posee un certificado de discapacidad motora vigente.

Sin embargo, el fiscal sostuvo que las patologías del hombre eran anteriores a su detención y que, desde que permanece alojado en la Alcaidía, no se registró un agravamiento de su estado de salud.

Además, remarcó que durante este período no hubo urgencias médicas, traslados sanitarios ni informes profesionales que justificaran un cambio en las condiciones de detención.

La Justicia mantuvo la prisión preventiva

Tras evaluar los planteos de ambas partes, la jueza entendió que no se acreditó un perjuicio concreto derivado del lugar donde se encuentra alojado el imputado y resolvió rechazar el pedido de prisión domiciliaria, manteniendo la medida cautelar.

La causa por venta de drogas

La investigación se inició en abril de este año, cuando personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Echagüe al 600, en la ciudad de Ceres.

Durante el procedimiento fueron secuestrados 58 envoltorios de nailon con cocaína fraccionada y otro de mayor tamaño, con un peso total de 34,5 gramos.

De acuerdo con la investigación judicial, la droga estaba presuntamente destinada a su comercialización, motivo por el cual el hombre fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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