Judicial
Salta 2141: 22 muertes, 62 heridos y un solo condenado que no irá preso
Según el fallo de primera instancia, el gasista que trabajó en el edificio el 6 de agosto de 2013 provocó la tragedia más grande de la historia de Rosario. Su arresto solo se hará efectivo si un tribunal de alzada ratifica la sentencia. Las otras diez personas que llegaron al juicio fueron absueltas
La explosión ocurrida el 6 de agosto de 2013 en Salta 2141, que dejó un saldo de 22 muertos y 62 heridos, tiene un único responsable penal. Según consideró la justicia, en primera instancia, el gasista que realizó mal su trabajo aquella mañana provocó la tragedia más grande de la historia de Rosario. Carlos Osvaldo García recibió este martes la pena de 4 años de prisión efectiva, pero no quedó preso, ya que su arresto solo se hará efectivo si un tribunal de alzada ratifica la sentencia. Las otras diez personas que llegaron al juicio fueron absueltas por «insuficiencia probatoria» en su contra.
Con la sentencia, el tribunal integrado por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva no consideró que la tragedia fue la consecuencia de trabajos mal hechos anteriormente en el edificio y la falta de control sobre los mismos. No hizo lugar, como pretendía la Fiscalía y la querella, a la teoría de imputación objetiva, es decir, a que existió una cadena de omisiones de varias personas que generaron situaciones de peligro que aportaron al resultado final: la explosión. «Se advierte que la teoría del caso presenta fisuras argumentales», indicó Canavesio al leer la resolución en la sala 7 del Centro de Justicia Penal.
¿Por qué condenaron a García y por qué no irá preso?
Las once personas que llegaron al juicio fueron acusadas por el delito de estrago culposo agravado. Estrago significa un daño de grandes proporciones que haya generado peligro; culposo porque ninguno tuvo la intencionalidad de causar la explosión; y agravado por la cantidad de personas afectadas por el hecho. El máximo de pena por este delito es de cinco años de prisión efectiva. Y la Fiscalía pidió ese monto de pena para nueve de los once acusados, a excepción del gasista José Luis Allala (gasista que trabajó en la torre a finales de julio) y a Gerardo Bolaño (reclamista de Litoral Gas que cortó el servicio a finales de julio).
Si bien no se conocieron los fundamentos, ya que se darán a conocer luego, el tribunal solo encontró pruebas para condenar a García. «Había pruebas para condenar a más personas», sostuvieron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que apelará las absoluciones.
García no quedó preso tras la audiencia porque, según confiaron desde la justicia, llegó en libertad y la condena no está firme; y porque la sentencia no fue unánime. Los jueces Canavesio y Zvala se inclinaron por dictar cuatro años de prisión efectiva, mientras que Leiva consideró que debía recibir tres años de prisión en suspenso bajo el cumplimiento de una serie de reglas de conducta que tendría que realizar por el período de cuatro años.
Según la acusación, Carlos García manipuló el gabinete de gas sin haber cortado el suministro para empezar a trabajar; tampoco la luz; no cerró la puerta de acceso al edificio; ni avisó a los vecinos cuando comenzó la fuga que duró doce minutos. «Sabíamos que iba a ser condenado», expresó la fiscal Argüelles en conferencia de prensa al tiempo que añadió que se vio sorprendida por la absolución de los otros diez imputados.
Los fiscales y la querella hicieron hincapié durante el debate oral y público en que tres fallecimientos fueron por inhalación de monóxido de carbono y no por traumatismos, según determinaron las autopsias. Por ese motivo remarcaron un dato: el suministro de gas se cortó en la zona 2 horas y 46 minutos después de la explosión, ya que la única máquina que tenía Litoral Gas para hacerlo estaba en otro punto de la ciudad, en Circunvalación y Oroño. Sugirieron de esta forma que podría haber sido menor la cantidad de víctimas fatales si se interrrumpía antes.
Para el tribunal no hubo elementos suficientes para responsabilizar penalmente a los reclamistas de Litoral Gas que hicieron trabajos en el edificio previamente, ni a sus superiores, ni a los encargados de la administración del consorcio por haber contratado a García y por haber sugerido a los vecinos que no llamaran a la empresa porque se iban a quedar sin servicio.
Fuente: Rosario3.com
Judicial
Liberaron al segundo menor acusado por el tiroteo en una escuela de San Cristóbal
La Cámara de Apelaciones de Rafaela resolvió liberar al segundo adolescente implicado en la causa por el tiroteo ocurrido en una escuela de San Cristóbal, hecho en el que murió Ian Cabrera, de 13 años.
El joven de 16 años deberá cumplir estrictas medidas socioeducativas y no podrá regresar a esa ciudad.
La Justicia ordenó la liberación del adolescente de 16 años
La decisión fue tomada por el juez de Cámara Matías Drivet durante una audiencia realizada en Rafaela. El magistrado dispuso la excarcelación de N.C., quien permanecía detenido desde el 9 de abril tras la resolución inicial dictada por el juez José Boaglio.
Entre las condiciones impuestas por la Justicia, el menor deberá:
- Fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe.
- No utilizar redes sociales.
- Tener prohibido el ingreso a San Cristóbal.
- Cumplir medidas socioeducativas obligatorias.
Además, el fallo ordena implementar mecanismos que permitan garantizar la continuidad y reinserción escolar del adolescente.
La imputación sigue vigente
Pese a la liberación, la causa judicial continúa avanzando y la imputación contra el joven fue ratificada por la Justicia.
El adolescente sigue acusado como partícipe secundario del homicidio de Ian Cabrera y también por dos tentativas de homicidio, tal como habían sostenido desde el inicio de la investigación los fiscales Carina Gerbaudo y Mauricio Espinosa.
La causa sigue bajo investigación
El caso generó una fuerte conmoción en San Cristóbal y continúa siendo investigado por la Justicia santafesina. Mientras avanzan las medidas procesales, se esperan nuevas definiciones vinculadas a los otros implicados y a la reconstrucción completa de lo ocurrido dentro del establecimiento educativo.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Megaestafa en Rafaela: comenzó la audiencia clave por la causa Spaggiari con 558 hechos investigados
La Justicia de Rafaela inició este miércoles la audiencia preliminar en la causa conocida como Grupo Spaggiari, uno de los expedientes por estafas más importantes de la región.
Durante cuatro jornadas se debatirán pruebas y planteos previos al juicio oral, en una investigación que acumula 558 hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.
La audiencia se desarrolla en los Tribunales de Rafaela bajo la presidencia del juez Gustavo Bumaguin y cuenta con la participación de fiscales, querellantes y defensores de los imputados.
Una de las causas más grandes de Rafaela
El proceso comenzó cerca de las 8 de la mañana, luego de una reunión privada entre las partes. Por el Ministerio Público de la Acusación interviene el fiscal Guillermo Loyola, acompañado por abogados querellantes que representan a las víctimas.
Desde la defensa participan distintos abogados que representan a los acusados, entre ellos los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, señalados como los principales responsables de la organización investigada.
La audiencia preliminar tiene como objetivo definir las pruebas y condiciones del futuro juicio oral, que todavía no tiene fecha confirmada, aunque fuentes judiciales anticipan que podría convertirse en uno de los debates más extensos de los últimos años en Rafaela debido a la complejidad del expediente y la cantidad de imputados.
Qué investiga la Justicia en la causa Spaggiari
Según detalló el fiscal Loyola, la acusación supera las 300 páginas y sostiene que la organización funcionaba captando ahorristas mediante promesas de rendimientos económicos muy superiores a los del mercado financiero tradicional.
De acuerdo con la investigación, los acusados ofrecían inversiones con ganancias rápidas y elevadas, aunque —según la Fiscalía— nunca habrían tenido intención real de cumplir con los pagos comprometidos.
La causa investiga maniobras reiteradas de estafa que afectaron a cientos de personas de Rafaela y la región.
Las penas solicitadas por la Fiscalía
El Ministerio Público pidió distintas penas de prisión para los nueve imputados involucrados en la causa.
Para Matías y Fernando Spaggiari, acusados como jefes de una asociación ilícita y coautores de estafas reiteradas, la Fiscalía solicitó 25 años de prisión.
En tanto, para otros integrantes vinculados a la presunta organización se solicitaron condenas que van desde los 4 hasta los 9 años de cárcel, según el grado de participación atribuido en cada caso.
Además, la Fiscalía pidió mantener la inhibición de bienes, aplicar multas económicas y avanzar con el decomiso de los elementos secuestrados durante la investigación.
La causa avanzaría hacia juicio oral
Finalizada esta etapa preliminar, el expediente quedará en condiciones de avanzar hacia juicio oral y público. Debido a la magnitud del caso, no se descarta que el tribunal encargado del debate esté integrado por varios jueces.
La causa Spaggiari se transformó en uno de los procesos judiciales más resonantes de Rafaela y genera fuerte expectativa entre las víctimas que esperan una resolución definitiva tras años de investigación.
Con información de Rafaela Noticias
Judicial
Salta: la Justicia ordenó pagar una cuota alimentaria para un perro tras una separación
El fallo judicial reconoció la responsabilidad compartida sobre la mascota luego del divorcio. También se estableció un régimen de comunicación.
La Justicia de Salta reconoció gastos de manutención para una mascota
Una resolución judicial en la provincia de Salta generó repercusión luego de que un Juzgado de Familia ordenara el pago de una cuota alimentaria destinada a cubrir gastos de un perro tras la separación de una pareja.
El caso volvió a abrir el debate sobre el rol de las mascotas dentro de los vínculos familiares y las responsabilidades compartidas después de un divorcio.
El acuerdo incluyó un régimen de comunicación
Según explicó la abogada Carmen Céspedes Cartagena, este tipo de acuerdos comienzan a aparecer con mayor frecuencia en causas de familia.
La letrada indicó que, en este caso, la Justicia homologó un acuerdo voluntario donde ambas partes reconocieron que el animal formaba parte de la vida familiar.
Además, se estableció un régimen comunicacional no solo para los hijos, sino también para las mascotas.
Cuánto cuesta mantener una mascota
La profesional señaló que los gastos vinculados al cuidado de los animales pueden representar una carga económica importante.
Entre los costos mencionó:
- alimentos,
- peluquería,
- atención veterinaria,
- medicación.
Según detalló, una cuota mensual para cubrir gastos de una mascota puede rondar los 100 mil pesos, mientras que tratamientos médicos pueden superar los 200 mil pesos.
El debate sobre los derechos de las mascotas
Céspedes Cartagena sostuvo que en muchos casos una sola persona termina afrontando todos los gastos luego de la separación, pese a que el cuidado del animal era compartido.
“¿Por qué razón se tendría que hacer cargo en un 100% una sola persona?”, planteó la abogada al referirse a este tipo de situaciones.
Aunque todavía no existen demasiados antecedentes judiciales similares, el caso marca un nuevo avance en el tratamiento legal de las mascotas dentro del ámbito familiar.
Con información de Cadena 3
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