El fondo buitre Burford, que espera cobrar US$16.099 millones tras haber ganado el juicio por la expropiación de YPF, le pidió a la justicia estadounidense autorización para solicitar embargos sobre bienes argentinos, porque considera que el país “no demuestra voluntad de pago”.

“Le pedimos a su señoría que establezca que 30 días es un período de tiempo razonable, después de la emisión del fallo del 15 de septiembre, para iniciar los procedimientos de embargo y ejecución del fallo a partir del 16 de octubre”, solicitaron los abogados de Burford ante el juzgado neoyorquino de Loretta Preska.

El gobierno argentino ya avisó que apelará la sentencia de la jueza Preska, lo que le permitiría ganar tiempo.

El reclamo se basa en que el Estado argentino, cuando tomó el control de la compañía en 2012 -durante el gobierno de Cristina Kirchner-, debió lanzar una oferta pública de acciones para los tenedores minoristas de la empresa, pero no lo hizo.

Dos sociedades de Petersen (Familia Eskenazi), despojadas del 25% de sus acciones, transfirieron el derecho a iniciar juicio por ese reclamo al fondo Burford, en una operación que es cuestionada por distintos sectores de la política.

En cambio, la Argentina debería haber lanzado una oferta pública de acciones, según lo establecido en el estatuto de la empresa. La Argentina enfrenta ahora el riesgo de embargos contra sus activos, en una causa que hacer recordar lo ocurrido cuando fondos buitres pidieron el embargo de la Fragata Libertad en un puerto internacional.

Fue cuando los fondos de inversión ganaron otro juicio contra la Argentina por los derechos de los acreedores de bonos que no habían entrado en el canje de deuda soberana (holdouts).

Las leyes estadounidenses disponen que no se pueden realizar embargos o ejecuciones de bienes hasta que el tribunal ordene ese embargo o ejecución, es decir, tras un período de tiempo “razonable”, desde la emisión del fallo. Los abogados de Burford solicitaron que ese plazo sea de un mes desde la emisión del fallo.

“El estatuto no proporciona orientación adicional sobre el procedimiento, o el momento en que el tribunal debe determinar lo que constituye un período de tiempo razonable”, según explican los abogados de Burford.

Argumentaron que la “práctica pasada, y actual, de Argentina en cuanto a eludir fallos judiciales emitidos en Estados Unidos, como en jurisdicciones extranjeras, así como las recientes declaraciones públicas de sus más altos funcionarios, demuestran que no tiene intención de cumplir el fallo”.

Y se quejaron que los demandantes “han tenido que esperar más de una década para recibir el pago de la oferta de compra que se les adeuda, y una demora adicional en la ejecución sería innecesaria e irrazonable”.

“Argentina no tiene intención de pagar el fallo, y sería falso que sugiriera lo contrario. Por lo tanto, los demandantes solicitan respetuosamente una conferencia previa a la presentación de su moción propuesta, de acuerdo con la sección 1610(c), solicitando una orden que establezca que la suspensión de 30 días prevista en la Regla 62(a), es un “período de tiempo razonable”, y que la ejecución pueda comenzar después de eso”, dijeron los abogados de Burford, en su presentación.

Fuente: Cadena 3

“En diciembre del año pasado, el mismo juez dispuso que el hombre investigado quede en prisión preventiva sin plazos”, recordó Fissore. “En los nueve meses que transcurrieron hasta la actualidad no hubo ningún cambio, por eso es que apelamos la decisión.

Subsisten los mismos riesgos procesales que planteamos oportunamente, y sigue existiendo la misma necesidad de preservar los testimonios de personas vulnerables, como las mujeres que estaban en el lugar del hecho”, sostuvo la fiscal.

Impulso de matar

El homicidio de Coletti fue cometido alrededor de las 3:00 de la madrugada del sábado 1 de octubre de 2022 en la vía pública en Suardi, más precisamente en calle 25 de Mayo al 400.

“La víctima fatal llegó en una camioneta a la casa del policía investigado y comenzó a agredirlo físicamente”, relató la fiscal. “Por su parte, el agente de la fuerza pública le propinó golpes con los puños y con un cortafierro de 35 centímetros de largo con el que le provocó la muerte a raíz de numerosas heridas que sufrió en el rostro y en la cabeza”, remarcó.

Fissore planteó que “tal como sostuvimos en reiteradas oportunidades, del informe de la autopsia realizada se desprende el dolo de matar”. Asimismo, sostuvo que “el médico forense describió en 16 ítems las lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima y aclaró que las más significativas fueron producidas con el elemento cortante”.

La funcionaria del MPA subrayó que “desde la Fiscalía entendemos que este no es un caso ni de legítima de defensa ni de exceso en la legítima defensa. Estamos ante un homicidio en el que primó el impulso de matar”.

“Durante la situación violenta, en ningún momento estuvo en peligro la vida del policía investigado, razón por la cual no hay manera de acreditar la necesidad racional del medio empleado –el cortafierro de 35 centímetros– para repeler la conducta de la víctima”, argumentó la fiscal. Asimismo, se refirió a las condiciones personales del imputado, “quien es un empleado policial preparado y entrenado para enfrentar una agresión mediante técnicas defensivas”.

Audiencias

Tres días después del homicidio de Coletti se llevó a cabo la audiencia en la que se debatieron por primera vez las medidas cautelares para el policía investigado. “En aquella oportunidad, si bien planteamos que estaban cumplidos los requisitos necesarios para que se imponga la prisión preventiva durante todo el proceso, el juez Peralta hizo lugar a la cautelar privativa de la libertad, pero por 90 días”, trajo a colación la fiscal

“Antes de que esos 90 días vencieran, desde la Fiscalía pedimos una audiencia de revisión de la prisión preventiva. Nuevamente, solicitamos mantenerla durante todo el proceso, y el juez hizo lugar”, destacó Fissore.

La fiscal del MPA continuó explicando que “por el mero transcurso del tiempo, la Defensa del imputado solicitó una nueva audiencia de revisión de la prisión preventiva. Otra vez, el juez Peralta ordenó mantenerla sin plazo, tal como se venía cumpliendo”.

“Finalmente, y ante otro pedido de la Defensa de revisión de la medida cautelar, ahora el juez dispuso la libertad del imputado bajo medidas alternativas, entre ellas, fijar una caución patrimonial personal por la suma de 2.000.000 de pesos; prohibir el ingreso del imputado a la localidad de Suardi durante el proceso y de acercamiento y/o contacto con los testigos del caso, entre otras”, concluyó la fiscal.

Fuente: El Departamental

Un hombre de 26 años fue condenado por robarle casi un millón de pesos a un rafaelino que pretendía comprarle una moto, y sustraerle una Honda CG Titán a quien lo acompañaba. Era parte de una banda (conformada por 7 personas más) que ofrecía vehículos por redes sociales y luego asaltaba o estafaba a quienes querían comprarlas.

Se trata de Julián Franco Contreras, a quien la jueza Cecilia Labanca condenó como “miembro de asociación ilícita” y coautor de “robo calificado por ser en poblado, en banda y con la utilización de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no puedo ser acreditada”.

Contreras suscribió un procedimiento de juicio abreviado, reconociendo su culpabilidad en los delitos que le atribuyó la fiscal María Laura Urquiza. Con la anuencia del defensor particular Luis Carlos Rittiner, se presentó el escrito en el que se acordó la pena de 3 años de prisión, que debido a la falta de antecedentes será de cumplimiento condicional.

Modus operandi

En concreto, Contreras fue condenado por formar parte de una asociación ilícita “de carácter estable, permanente y organizada”, la cual funcionó al menos desde el mes de agosto de 2022 y hasta el 23 de agosto de 2023. Como jefe fue imputado Brian Exequiel Fernández, quien comenzó a ofrecer motos a través de redes estando preso, y continuó haciéndolo cuando recuperó su libertad.

El modus operandi de la banda consistía en publicar en redes sociales motos marca Honda Tornado XR, las que ofrecían a la venta con la finalidad de captar compradores a los cuales les brindaban un punto de encuentro. Allí los sorprendían y, mediante el uso de armas de fuego, les sustraían el dinero en efectivo que llevaban para concretar la transacción y sus pertenencias. En algunos casos pactaban la entrega de una seña, realizada por transferencia bancaria, y luego no acudían al punto de encuentro.

Robo a mano armada

De los 11 robos y 4 estafas atribuidos a la banda, Contreras fue condenado por el robo cometido el 28 de julio de este año. Tras captar un posible comprador a través de Facebook y negociar con él vía Whatsapp, pactaron encontrarse para realizar la transacción en la esquina de calles Los Negruchos y Santa Cruz del barrio San Agustín de la capital provincial.

La víctima arribó desde Rafaela al lugar alrededor de las 14 junto a un amigo, a bordo de la moto Honda CG Titán de éste. Fue entonces que Contreras, junto a los coimputados Nicolás Franco y Joel Bautista (ambos en prisión preventiva), los interceptaron. Los primeros dos portaban armas de fuego, mientras que el tercero tenía un cuchillo.

Forcejearon, hasta que los delincuentes lograron hacerse con la motocicleta, una mochila que contenía los $960.000 que la víctima había llevado para realizar la supuesta compra, una campera, un casco blanco y un celular Motorola E7.

La banda

Julián Contreras es el primer miembro de la banda en ser condenado. Además de él, los últimos días de agosto fueron detenidas e imputadas otras siete personas, cuatro hombres y tres mujeres. Brian Fernández (30), señalado como el “organizador” de la asociación ilícita; y Joel Bautista Nicolás Franco y Héctor S. (todos de entre 20 y 26 años), como “miembros”. El último de ellos es el único que no quedó en prisión preventiva, sino que le impusieron medidas alternativas a la misma.

Cecilia Miranda tiene 38 años, es pareja de Fernández y madre de las otras dos imputadas: Avilen y Agostina Martínez, de 19 y 22 años, que son a su vez pareja de dos de los hombres pertenecientes a la organización. A las tres se les atribuyó el carácter de “miembros” de la asociación ilícita.

De los seis que permanecen en prisión preventiva, las hermanas son las únicas que la cumplen de forma domiciliaria, debido a que tienen hijos menores de edad.

Fuente: El Litoral