Judicial
Inédito: indemnizaron a una mujer que perdió un brazo en accidente por lucro cesante como ama de casa
El tribunal aplicó la perspectiva de género para fundamentar la mayor indemnización a cargo del seguro. La mujer había sido chocada por un móvil policial.
En uno de los cientos de choques e incidentes viales que vemos a diario, más de 15 personas fallecidas por día, esta vez le tocó a una ama de casa que sufrió múltiples fracturas y la amputación del antebrazo izquierdo.
El hecho sucedió en Córdoba, por un siniestro protagonizado por un móvil policial. La cuestión discutida era determinar el lucro cesante que le correspondía a la mujer, por la pérdida de su brazo. En el caso se discutió el alcance de la indemnización por lucro cesante.
El lucro cesante debe ser indemnizado y comprende toda ganancia o utilidad dejada de percibir. En concreto, si se sabe efectivamente, sin dudas, que la ganancia frustrada se obtendría, corresponderá la reparación a título de daño lucro cesante; si se conoce que el perjuicio que se pretendía conjurar se producirá, la indemnización lo será a título de daño emergente.
Conforme se ha afirmado y para diferenciar al lucro cesante de la pérdida de chance: “Cuando existe un alto grado de probabilidad, entonces la indemnización se concede a título de lucro cesante cierto y la indemnización se fija en la totalidad de lo que se hubiera ganado si no ocurría el hecho dañoso. Si no existe un alto grado de probabilidad, pero hay una presunción grave de que el damnificado se encontraba en una situación favorable para obtenerla, entonces se concede la indemnización a título de chance, mediante una suma disminuida.” (Márquez, José Fernando, RCyS 2015-I , 5).
En Córdoba usan una fórmula llamada “Fórmula Marshall” que básicamente cuantifica el daño en función de los años “de vida útil” que tiene por delante la persona lamentablemente herida o fallecida.
El juez de primera instancia había fijado en 60 años la edad tope de la fórmula Marshall, usada para calcular el lucro cesante. Es decir, entendió que la ama de casa podía trabajar hasta los 60 años.
El juzgado de primera instancia redujo la edad tope para la indemnización en que las tareas domésticas de las ama de casa disminuían con el paso del tiempo, entre otras cosas, por la migración de los beneficiarios de tales ocupaciones o su menor requerimiento a causa de la madurez que estos alcanzan con los años.
Sin embargo, la cámara de apelaciones entendió que en realidad debe tomarse la edad de 72 años, conforme al criterio jurisprudencial más usado.
Los jueces de cámara consideraron que el cálculo de la indemnización a favor de la ama de casa se había hecho en base a un “criterio economicista” y suponía un “trato discriminatorio respecto a la mujer que desempeña tareas del hogar.
Es decir, la cámara entendió que se habían aplicado “generalizaciones” e importaba “una solución inequitativa y discriminatoria que no puede ser mantenida, ya que ha sido tomada con una visión reductora del rol de la mujer, totalmente incompatible con los tiempos actuales”.
Los camaristas destacaron que la discriminación en razón del género está prohibida en la Constitución Nacional y en las normas internacionales que tienen jerarquía constitucional.
Al respecto citaron la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que establece:
“La expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil , o en cualquier otra esfera”.
Por ende, tomaron la edad de 72 años para computar la fórmula Marshall y así fijar la indemnización por lucro cesante a favor de la víctima de profesión ama de casa.
Además, el tribunal insistió en la responsabilidad de los tribunales argentinos de hacer efectiva la protección de la mujer contra todo acto de discriminación.
Fuente: LT9
Judicial
Tostado: condenaron a 27 años de prisión a un hombre por abusos sexuales contra 11 niñas
Un hombre de 67 años, identificado por sus iniciales CSB, fue condenado a 27 años de prisión por múltiples delitos contra la integridad sexual cometidos durante 41 años en Tostado, departamento Nueve de Julio.
Un hombre de 67 años, identificado por sus iniciales CSB, fue condenado a 27 años de prisión por múltiples delitos contra la integridad sexual cometidos durante 41 años en Tostado, departamento Nueve de Julio.
Las víctimas fueron 11 mujeres que eran niñas al momento de los hechos: nueve pertenecían al entorno familiar del condenado y las otras dos eran vecinas. Además, fue hallado responsable por tenencia de material de abuso sexual infantil.
La sentencia por los abusos cometidos durante 41 años
La condena fue dictada por un tribunal integrado por los jueces Gustavo Bumaguin, Cecilia Álamo y José Boaglio, luego de un juicio oral realizado en los tribunales de Tostado.
La fiscal Brenda Baños, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5, estuvo a cargo de representar al Ministerio Público de la Acusación durante el debate.
La investigación también contó con la supervisión de las fiscales Carla Cerliani y Alejandra Del Río Ayala, a partir de una disposición de la Fiscal General María Cecilia Vranicich.
Tras conocerse el veredicto, Baños calificó la sentencia como histórica, especialmente porque la defensa había solicitado que los abusos sexuales fueran considerados prescriptos.
El tribunal rechazó ese planteo al considerar que, durante un período de 41 años, CSB continuó cometiendo nuevos delitos, lo que interrumpía la prescripción de los hechos anteriores.
De acuerdo con lo explicado por la fiscal, los hechos se produjeron desde que el condenado tenía 21 años hasta los 62 y habría aprovechado la confianza familiar, situaciones de convivencia y la vulnerabilidad de las víctimas.
Dónde ocurrieron los hechos
Los abusos contra nueve niñas de su entorno familiar tuvieron lugar en una vivienda donde residía el acusado, en otras dos casas y también en las instalaciones de una industria en la que trabajaba.
Además, el hombre abusó de dos niñas que eran sus vecinas, a quienes entregaba dinero después de someterlas a prácticas sexuales.
En uno de esos casos, también tomó fotografías.
También fue condenado por tenencia de material de abuso sexual infantil
La sentencia incluyó además una condena por tenencia de material de abuso sexual de las infancias.
Durante un allanamiento realizado en su domicilio, los investigadores secuestraron una computadora que contenía 12 videos y 24 fotografías con contenido sexual en los que aparecían niñas, niños y adolescentes.
Según la investigación, CSB tuvo esos archivos en su poder entre octubre de 2011 y mediados de 2024.
Los delitos incluidos en la condena
El hombre fue condenado por distintos delitos, entre ellos abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple, además de otros delitos contra la integridad sexual.
Las figuras contemplaron distintos agravantes vinculados con la guarda y convivencia con víctimas menores de edad.
También recibió condena por promoción de la prostitución de menores de edad agravada y promoción de la corrupción de menores agravada, además de delitos relacionados con la producción y tenencia de imágenes de menores con contenido sexual.
Por otra parte, el tribunal dispuso su absolución por un hecho de promoción de la prostitución de menores de edad agravada y por otro hecho de promoción de la prostitución de mayores de edad.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Sunchales: dos imputados quedaron en libertad en una causa por un disparo intimidatorio
R. C., de 31 años, y O. C., de 27, fueron imputados en los Tribunales de Rafaela por su presunta participación en un episodio ocurrido el 29 de agosto. La Justicia dispuso que continúen en libertad mientras avanza la investigación.
La Justicia dispuso que continúen en libertad mientras avanza la investigación.
La causa por el disparo en Sunchales
Una causa iniciada por un hecho ocurrido durante la noche del 29 de agosto en Sunchales tuvo este miércoles una instancia importante en los Tribunales de Rafaela.
En ese marco, R. C., de 31 años, y O. C., de 27, fueron formalmente imputados por su presunta participación en un episodio en el que un tercer involucrado habría efectuado un disparo contra una mujer con la intención de intimidarla.
La defensa de ambos logró acordar con la Fiscalía medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que los dos imputados recuperaron la libertad mientras continúa la investigación.
Qué sostiene la Fiscalía
De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los dos imputados se trasladaban junto a un tercer hombre en un remis hacia una vivienda de Sunchales.
Según esa hipótesis, durante el trayecto el otro involucrado habría exhibido un arma calibre 32 y posteriormente efectuado un disparo en dirección a una mujer, aunque sin llegar a impactarla.
La investigación sostiene que el objetivo habría sido amedrentar a la mujer, luego de que presuntamente se negara a comercializar estupefacientes bajo las órdenes del hombre señalado como autor del disparo.
La imputación contra los dos acusados
La Fiscalía considera que R. C. y O. C. no habrían efectuado directamente el disparo, pero sí habrían realizado un aporte al accionar del tercer involucrado.
Por ese motivo, fueron imputados como partícipes secundarios de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con abuso de arma de fuego.
La imputación no implica una condena y la investigación continuará para determinar las responsabilidades que correspondan.
La investigación continúa
La causa permanece abierta y contempla el análisis de distintos elementos incorporados al expediente.
Entre ellos se encuentran declaraciones, registros de cámaras de seguridad, comunicaciones, mensajes y material audiovisual.
Mientras se desarrolla esta etapa de la investigación, los dos imputados permanecerán en libertad bajo las medidas alternativas acordadas con la Fiscalía.
Con información de Rafaela Informa
Judicial
SanCor suma $35.000 millones de deuda y la venta de sus activos sigue frenada
La histórica cooperativa láctea atraviesa un complejo escenario judicial y financiero. La sindicatura incorporó nuevas obligaciones al expediente mientras la Justicia mantiene suspendida la licitación de sus plantas y marcas.
La histórica cooperativa láctea atraviesa un complejo escenario judicial y financiero. La sindicatura incorporó nuevas obligaciones al expediente mientras la Justicia mantiene suspendida la licitación de sus plantas y marcas.
SanCor enfrenta un nuevo aumento de su pasivo
La situación de SanCor continúa marcada por la incertidumbre en medio del proceso de quiebra. La sindicatura incorporó recientemente al expediente nuevas obligaciones por aproximadamente $35.000 millones, correspondientes al período comprendido entre la presentación del concurso preventivo y la formalización de la quiebra.
El monto surge de un informe individual actualizado y se suma al pasivo que ya arrastraba la cooperativa. Sin embargo, la cifra todavía no representa un crédito reconocido en forma definitiva, debido a que aún no existe una resolución judicial firme.
Uno de los puntos que permanece bajo revisión es la deuda con los trabajadores, buena parte de la cual corresponde a créditos con derecho a pronto pago y continúa siendo auditada.
La venta de los activos continúa paralizada
Mientras las obligaciones siguen acumulándose, la Justicia mantiene suspendida la venta de los bienes operativos de SanCor.
La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, que analiza distintos recursos y objeciones contra los pliegos de la licitación.
Entre quienes formularon planteos aparecen BAF Latam, Fidulac, ITC Fiduciaria, SMD Delong y otros acreedores.
Los cuestionamientos están relacionados, entre otros aspectos, con los criterios utilizados para establecer los valores de los activos. Uno de los puntos señalados es la reducción del 20% aplicada al valor de la planta de Sunchales, realizada después del incendio ocurrido en junio.
También existen objeciones sobre la composición de los lotes, la inclusión de determinados bienes y marcas comerciales y las condiciones establecidas para la convocatoria, que podrían desalentar a potenciales inversores.
A esto se suman cuestiones vinculadas al desplazamiento del síndico Juan Luis Tomat de algunas tareas consideradas clave en el control de los pliegos.
Una licitación que quedó en suspenso
Meses atrás, el proceso parecía avanzar hacia una definición. Los activos habían sido tasados sobre una base cercana a u$s52,1 millones, lo que había despertado el interés de distintos grupos empresarios.
Sin embargo, en julio la intervención de la Cámara, cuando faltaban menos de tres semanas para el cierre de ofertas, detuvo la liquidación.
Desde entonces, el proceso quedó sujeto a los tiempos de la Justicia.
Incertidumbre sobre el futuro de SanCor
La situación actual presenta dos problemas centrales: por un lado, determinar con precisión el pasivo que continúa creciendo y, por otro, resolver las impugnaciones que mantienen bloqueada la licitación de las plantas y marcas.
La Cámara de Apelaciones todavía no avanzó sobre el análisis de fondo de las objeciones presentadas contra los pliegos. Antes de resolver, debe completarse la tramitación de los recursos y aguardarse el dictamen técnico que debe elaborar la sindicatura plural sobre las apelaciones.
Por el momento, no existe un cronograma estimativo para reactivar el proceso de venta.
De esta manera, la monetización y administración de los bienes destinados a la explotación productiva permanecerán suspendidas hasta que el tribunal superior resuelva las impugnaciones pendientes sobre el mecanismo de enajenación.
Con información de Urgente 24.com
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