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Juzgaron a un fiscal de Rafaela por supuesta inacción en una causa de juego clandestino

La auditora del Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Vranicich, pidió que el fiscal de Rafaela Martín Castellano sea suspendido por dos meses. Considera que actuó con deficiencia por haber tardado tres años en desbaratar la organización que lideró el fallecido David Perona, el sindicado rey del juego clandestino.

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El fiscal Martín Castellano (izquierda) está bajo la mira por haber tardado tres años en avanzar contra la banda del "Gordo" Perona.

El fiscal de la ciudad de Rafaela, Martin Castellano, fue juzgado este martes en un juicio disciplinario que tuvo lugar en los Tribunales de Santa Fe por haber tardado tres años en avanzar contra la red de juego ilegal que operaba en el departamento Castellanos y que era liderada por el fallecido David Perona, el rey del juego clandestino.

El debate fue ante un tribunal conformado por el fiscal general Jorge Baclini (quien lo presidió), el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, la diputada Lionella Cattalini, el senador Alcides Calvo y el abogado Carlos Gustavo Ensinck (del Colegio de Abogados de Rosario), los cuales escucharon los cargos formulados por la Auditora General de Gestión ante el Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Vranicich.

La funcionaria judicial acusó a Castellano de no haber actuado con celeridad en una causa que empezó en 2017 y que se extendió hasta el 2020 y por la que pasaron tres fuerzas policiales: Gendarmería, la entonces área de Inteligencia Criminal de la Policía de Investigaciones y la Policía Federal Argentina, además del Organismo de Investigaciones del MPA. Según Vranicich, el fiscal fue deficiente en la causa ya que tardó tres años en concretar los allanamientos que desbarataron a la organización de Perona pese a que desde el inicio de la investigación tenía la información de donde se explotaban juegos al azar de manera ilegal y quienes eran los principales responsables.

El juicio contra el fiscal de Rafaela se realizó en los Tribunales de Santa Fe.

Por esa acusación, la auditora le pidió al tribunal que el fiscal Castellano sea suspendido de su cargo por dos meses, sin goce de sueldo, tras considerar que su lentitud en avanzar en la investigación causó un grave daño institucional al Ministerio Público de la Acusación y la sociedad. “Fue un observador privilegiado de una organización criminal”, dijo Vranich en su alegato de cierre del juicio para ejemplificar que el funcionario estuvo 38 meses para desbaratar a la banda de Perona.

Desde la otra vereda, la defensa de Castellano, a cargo del penalista santafesino Ignacio Alfonso Garrone, rechazó el pedido de Vranich al sostener que durante la acusación no se dio ningún marco técnico de cuando hay que allanar ya que ni el Código Procesal ni tampoco alguna resolución interna del MPA indican cuando se debe realizar un allanamiento en el marco de una investigación. “No tenemos prueba tasada sobre en qué momento se debe allanar”, dijo el letrado. Alfonso Garrone resaltó además que “negligencia es no hacer”, una situación distinta a lo que sucedió en la causa encabezada por Castellano que terminó con 39 allanamientos, 14 personas detenidas y con agentes policiales imputados por haber estado en connivencia con el juego ilegal.

En efecto pidió que su asistido sea absuelto y continúe con sus funciones, tal como lo hace desde el 2014 cuando asumió el cargo.

El fiscal general del MPA, Jorge Baclini, presidió el tribunal que juzgó al fiscal Martín Castellano.

El juicio disciplinario arrancó pasadas las 14 y tuvo lugar en la Sala 5 del primer piso de Tribunales. En total pasaron siete testigos, de los cuales cuatro fueron solicitados por la auditora y tres por la defensa. Entre los testigos estuvo un sargento de la Gendarmería Nacional de Rafaela que recordó cómo se inició la investigación en el año 2017. Según explicó, la pesquisa apuntó a Perona luego de que un “informante” le permitió confeccionar quien era la línea de mando de la banda y sus eslabones inferiores. Sin embargo, la forma de trabajar y de reunir información de este sargento causó cierta suspicacia en Castellano, por lo que ante la sospecha de que se había filtrado información a los investigados abrió otro legajo judicial (expediente) y reasignó el caso a otra fuerza.

En el debate también se ventiló que, a partir de la declaración de Perona, como imputado colaborador, se logró desentramar quienes habían formado parte de la estructura policial de la Unidad Regional V que le permitió al capitalista del juego mantenerse vigente en el tiempo hasta su caída en 2020, cuando fue detenido inicialmente por la Justicia de Rosario y luego, unos días después, por la de Rafaela.

El veredicto del debate se conocerá este miércoles y será informado por el tribunal que de manera escrita determinará si suspende o no al fiscal Castellano que desde hace dos años se encuentra bajo la lupa de la Auditoría General ante el MPA.

Fuente: Aire de Santa Fe

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Rafaela: dictaron prisión preventiva para un hombre acusado de cometer robos, daños y resistirse a la Policía

Un hombre de 31 años quedó en prisión preventiva tras ser imputado por una serie de hechos delictivos ocurridos entre el viernes y el sábado en Rafaela.

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Foto: Fiscal Lorena Korakis

La Justicia consideró acreditada su participación en los episodios y rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa.

La Justicia de Rafaela ordenó la prisión preventiva sin plazo para un hombre de 31 años, identificado por sus iniciales JGLH, quien es investigado por una seguidilla de delitos contra la propiedad cometidos durante el último fin de semana.

La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguin, a pedido de la fiscal Lorena Korakis, en una audiencia desarrollada en los tribunales rafaelinos.

Tres hechos delictivos en pocas horas

Según detalló la fiscal, el primer episodio ocurrió minutos antes de la medianoche del viernes, cuando el imputado ingresó a una vivienda ubicada sobre calle Fader al 900.

De acuerdo con la investigación, el hombre forzó el portón del garaje y una puerta de acceso, ingresó al inmueble y sustrajo una grifería del baño, que colocó en una bolsa antes de retirarse en bicicleta.

Ya en los primeros minutos del sábado, el acusado se dirigió a un local comercial de calle Remedios de Escalada al 1100, donde rompió el vidrio de la puerta de ingreso y escapó del lugar.

Poco después, siempre según la acusación, ingresó a otra vivienda ubicada en calle Estrada al 1000, tras romper los vidrios del portón del garaje. Allí robó una notebook, un teléfono celular y un secador de pelo.

Intentó escapar y se resistió al arresto

La investigación indica que, al advertir la llegada de la Policía, el sospechoso escapó por el patio de la vivienda, llevando consigo los objetos robados, que posteriormente ocultó en su domicilio.

Durante la fuga abandonó en la vereda la bicicleta en la que se movilizaba y también la bolsa que contenía la grifería sustraída en el primer robo.

Finalmente, cuando fue localizado por los efectivos policiales, se resistió a la detención mediante empujones e insultos, aunque terminó siendo aprehendido.

La Justicia rechazó el pedido de libertad

Durante la audiencia, el juez consideró que existen elementos suficientes para sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, la participación del imputado en los hechos investigados.

Además, valoró que el acusado posee una condena previa y otras causas penales en trámite, en las que había incumplido medidas alternativas otorgadas anteriormente.

Por estos motivos, rechazó el pedido de libertad formulado por la defensa y resolvió mantener la prisión preventiva, al entender que persisten riesgos procesales y que aún restan medidas de investigación, entre ellas la toma de testimonios a vecinos que fueron víctimas de los hechos.

Los delitos imputados

La fiscal Lorena Korakis atribuyó al imputado la presunta autoría de los delitos de:

  • Dos hechos de robo.
  • Daño.
  • Resistencia a la autoridad.

La investigación judicial continúa.

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Confirmaron la prisión perpetua para el autor del femicidio de Mariel Zimmermann en Humberto Primo

La Cámara de Apelaciones ratificó la condena a prisión perpetua contra Cirilo Eduardo Bravo por el femicidio de su esposa, Mariel Alejandra Zimmermann, cometido en octubre de 2022 en Humberto Primo.

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Foto: Archivo

Los jueces rechazaron todos los planteos de la defensa y confirmaron la responsabilidad penal del condenado.

La Cámara de Apelaciones confirmó la condena a prisión perpetua impuesta a Cirilo Eduardo Bravo por el femicidio de Mariel Alejandra Zimmermann, ocurrido el 26 de octubre de 2022 en la localidad santafesina de Humberto Primo.

La decisión fue adoptada por los jueces Cristian Pablo Fiz, Matías Drivet y Oscar José Burtnik, quienes ratificaron la sentencia dictada durante el juicio oral realizado en agosto de 2024.

La Cámara rechazó los argumentos de la defensa

El fiscal Martín Castellano, responsable de la investigación desde la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5, informó que el tribunal de segunda instancia desestimó el recurso presentado por la defensa de Bravo.

Los magistrados concluyeron que la sentencia de primera instancia está debidamente fundamentada, mantiene coherencia con las pruebas incorporadas al expediente y respeta los criterios de la sana crítica racional.

Además, consideraron que la autoría y la responsabilidad penal del condenado quedaron plenamente acreditadas, respaldando la valoración probatoria realizada durante el juicio.

Confirmaron el contexto de violencia de género

En su resolución, los jueces destacaron que quedó probado un contexto sostenido de violencia de género dentro de la relación de pareja.

La sentencia hace referencia a testimonios y distintos elementos de prueba que acreditaron agresiones, amenazas y conductas de control ejercidas por Bravo sobre la víctima antes del crimen.

También descartaron la hipótesis de legítima defensa

La Cámara también rechazó el planteo de legítima defensa presentado por la defensa técnica del condenado.

Según el fallo, las pericias médico-forenses, las lesiones constatadas y las evidencias recolectadas en la escena del crimen resultaron incompatibles con la versión brindada por Bravo durante el proceso judicial.

El crimen ocurrió en octubre de 2022

El femicidio se produjo durante los primeros minutos del 26 de octubre de 2022, en la vivienda que la pareja compartía sobre calle Güemes al 100, en Humberto Primo.

De acuerdo con la investigación judicial, tras una discusión, Bravo tomó un cuchillo de la cocina y atacó a su esposa con la intención de causarle la muerte, provocándole una lesión mortal en el cuello.

Con esta resolución, la Cámara dejó firme la condena a prisión perpetua dictada en primera instancia.

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Ceres: rechazaron la prisión domiciliaria a un hombre acusado de vender droga

La Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de un hombre de 47 años, identificado por sus iniciales PPE, quien está imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la ciudad de Ceres.

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La decisión fue adoptada por la jueza Cecilia Álamo durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal, luego de analizar los argumentos presentados por el fiscal Emiliano Odriozola.

La defensa solicitó el arresto domiciliario

La defensa del imputado había pedido reemplazar la prisión preventiva por la prisión domiciliaria, argumentando que el acusado presenta problemas de salud y posee un certificado de discapacidad motora vigente.

Sin embargo, el fiscal sostuvo que las patologías del hombre eran anteriores a su detención y que, desde que permanece alojado en la Alcaidía, no se registró un agravamiento de su estado de salud.

Además, remarcó que durante este período no hubo urgencias médicas, traslados sanitarios ni informes profesionales que justificaran un cambio en las condiciones de detención.

La Justicia mantuvo la prisión preventiva

Tras evaluar los planteos de ambas partes, la jueza entendió que no se acreditó un perjuicio concreto derivado del lugar donde se encuentra alojado el imputado y resolvió rechazar el pedido de prisión domiciliaria, manteniendo la medida cautelar.

La causa por venta de drogas

La investigación se inició en abril de este año, cuando personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Echagüe al 600, en la ciudad de Ceres.

Durante el procedimiento fueron secuestrados 58 envoltorios de nailon con cocaína fraccionada y otro de mayor tamaño, con un peso total de 34,5 gramos.

De acuerdo con la investigación judicial, la droga estaba presuntamente destinada a su comercialización, motivo por el cual el hombre fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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