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Juzgaron a un fiscal de Rafaela por supuesta inacción en una causa de juego clandestino

La auditora del Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Vranicich, pidió que el fiscal de Rafaela Martín Castellano sea suspendido por dos meses. Considera que actuó con deficiencia por haber tardado tres años en desbaratar la organización que lideró el fallecido David Perona, el sindicado rey del juego clandestino.

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El fiscal Martín Castellano (izquierda) está bajo la mira por haber tardado tres años en avanzar contra la banda del "Gordo" Perona.

El fiscal de la ciudad de Rafaela, Martin Castellano, fue juzgado este martes en un juicio disciplinario que tuvo lugar en los Tribunales de Santa Fe por haber tardado tres años en avanzar contra la red de juego ilegal que operaba en el departamento Castellanos y que era liderada por el fallecido David Perona, el rey del juego clandestino.

El debate fue ante un tribunal conformado por el fiscal general Jorge Baclini (quien lo presidió), el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, la diputada Lionella Cattalini, el senador Alcides Calvo y el abogado Carlos Gustavo Ensinck (del Colegio de Abogados de Rosario), los cuales escucharon los cargos formulados por la Auditora General de Gestión ante el Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Vranicich.

La funcionaria judicial acusó a Castellano de no haber actuado con celeridad en una causa que empezó en 2017 y que se extendió hasta el 2020 y por la que pasaron tres fuerzas policiales: Gendarmería, la entonces área de Inteligencia Criminal de la Policía de Investigaciones y la Policía Federal Argentina, además del Organismo de Investigaciones del MPA. Según Vranicich, el fiscal fue deficiente en la causa ya que tardó tres años en concretar los allanamientos que desbarataron a la organización de Perona pese a que desde el inicio de la investigación tenía la información de donde se explotaban juegos al azar de manera ilegal y quienes eran los principales responsables.

El juicio contra el fiscal de Rafaela se realizó en los Tribunales de Santa Fe.

Por esa acusación, la auditora le pidió al tribunal que el fiscal Castellano sea suspendido de su cargo por dos meses, sin goce de sueldo, tras considerar que su lentitud en avanzar en la investigación causó un grave daño institucional al Ministerio Público de la Acusación y la sociedad. “Fue un observador privilegiado de una organización criminal”, dijo Vranich en su alegato de cierre del juicio para ejemplificar que el funcionario estuvo 38 meses para desbaratar a la banda de Perona.

Desde la otra vereda, la defensa de Castellano, a cargo del penalista santafesino Ignacio Alfonso Garrone, rechazó el pedido de Vranich al sostener que durante la acusación no se dio ningún marco técnico de cuando hay que allanar ya que ni el Código Procesal ni tampoco alguna resolución interna del MPA indican cuando se debe realizar un allanamiento en el marco de una investigación. “No tenemos prueba tasada sobre en qué momento se debe allanar”, dijo el letrado. Alfonso Garrone resaltó además que “negligencia es no hacer”, una situación distinta a lo que sucedió en la causa encabezada por Castellano que terminó con 39 allanamientos, 14 personas detenidas y con agentes policiales imputados por haber estado en connivencia con el juego ilegal.

En efecto pidió que su asistido sea absuelto y continúe con sus funciones, tal como lo hace desde el 2014 cuando asumió el cargo.

El fiscal general del MPA, Jorge Baclini, presidió el tribunal que juzgó al fiscal Martín Castellano.

El juicio disciplinario arrancó pasadas las 14 y tuvo lugar en la Sala 5 del primer piso de Tribunales. En total pasaron siete testigos, de los cuales cuatro fueron solicitados por la auditora y tres por la defensa. Entre los testigos estuvo un sargento de la Gendarmería Nacional de Rafaela que recordó cómo se inició la investigación en el año 2017. Según explicó, la pesquisa apuntó a Perona luego de que un “informante” le permitió confeccionar quien era la línea de mando de la banda y sus eslabones inferiores. Sin embargo, la forma de trabajar y de reunir información de este sargento causó cierta suspicacia en Castellano, por lo que ante la sospecha de que se había filtrado información a los investigados abrió otro legajo judicial (expediente) y reasignó el caso a otra fuerza.

En el debate también se ventiló que, a partir de la declaración de Perona, como imputado colaborador, se logró desentramar quienes habían formado parte de la estructura policial de la Unidad Regional V que le permitió al capitalista del juego mantenerse vigente en el tiempo hasta su caída en 2020, cuando fue detenido inicialmente por la Justicia de Rosario y luego, unos días después, por la de Rafaela.

El veredicto del debate se conocerá este miércoles y será informado por el tribunal que de manera escrita determinará si suspende o no al fiscal Castellano que desde hace dos años se encuentra bajo la lupa de la Auditoría General ante el MPA.

Fuente: Aire de Santa Fe

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Megaestafa en Rafaela: comenzó la audiencia clave por la causa Spaggiari con 558 hechos investigados

La Justicia de Rafaela inició este miércoles la audiencia preliminar en la causa conocida como Grupo Spaggiari, uno de los expedientes por estafas más importantes de la región.

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Foto iluistrativa

Durante cuatro jornadas se debatirán pruebas y planteos previos al juicio oral, en una investigación que acumula 558 hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.

La audiencia se desarrolla en los Tribunales de Rafaela bajo la presidencia del juez Gustavo Bumaguin y cuenta con la participación de fiscales, querellantes y defensores de los imputados.

Una de las causas más grandes de Rafaela

El proceso comenzó cerca de las 8 de la mañana, luego de una reunión privada entre las partes. Por el Ministerio Público de la Acusación interviene el fiscal Guillermo Loyola, acompañado por abogados querellantes que representan a las víctimas.

Desde la defensa participan distintos abogados que representan a los acusados, entre ellos los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, señalados como los principales responsables de la organización investigada.

La audiencia preliminar tiene como objetivo definir las pruebas y condiciones del futuro juicio oral, que todavía no tiene fecha confirmada, aunque fuentes judiciales anticipan que podría convertirse en uno de los debates más extensos de los últimos años en Rafaela debido a la complejidad del expediente y la cantidad de imputados.

Qué investiga la Justicia en la causa Spaggiari

Según detalló el fiscal Loyola, la acusación supera las 300 páginas y sostiene que la organización funcionaba captando ahorristas mediante promesas de rendimientos económicos muy superiores a los del mercado financiero tradicional.

De acuerdo con la investigación, los acusados ofrecían inversiones con ganancias rápidas y elevadas, aunque —según la Fiscalía— nunca habrían tenido intención real de cumplir con los pagos comprometidos.

La causa investiga maniobras reiteradas de estafa que afectaron a cientos de personas de Rafaela y la región.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

El Ministerio Público pidió distintas penas de prisión para los nueve imputados involucrados en la causa.

Para Matías y Fernando Spaggiari, acusados como jefes de una asociación ilícita y coautores de estafas reiteradas, la Fiscalía solicitó 25 años de prisión.

En tanto, para otros integrantes vinculados a la presunta organización se solicitaron condenas que van desde los 4 hasta los 9 años de cárcel, según el grado de participación atribuido en cada caso.

Además, la Fiscalía pidió mantener la inhibición de bienes, aplicar multas económicas y avanzar con el decomiso de los elementos secuestrados durante la investigación.

La causa avanzaría hacia juicio oral

Finalizada esta etapa preliminar, el expediente quedará en condiciones de avanzar hacia juicio oral y público. Debido a la magnitud del caso, no se descarta que el tribunal encargado del debate esté integrado por varios jueces.

La causa Spaggiari se transformó en uno de los procesos judiciales más resonantes de Rafaela y genera fuerte expectativa entre las víctimas que esperan una resolución definitiva tras años de investigación.

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Salta: la Justicia ordenó pagar una cuota alimentaria para un perro tras una separación

El fallo judicial reconoció la responsabilidad compartida sobre la mascota luego del divorcio. También se estableció un régimen de comunicación.

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Foto: Las mascotas también tienen derechos (foto ilustrativa)

La Justicia de Salta reconoció gastos de manutención para una mascota

Una resolución judicial en la provincia de Salta generó repercusión luego de que un Juzgado de Familia ordenara el pago de una cuota alimentaria destinada a cubrir gastos de un perro tras la separación de una pareja.

El caso volvió a abrir el debate sobre el rol de las mascotas dentro de los vínculos familiares y las responsabilidades compartidas después de un divorcio.

El acuerdo incluyó un régimen de comunicación

Según explicó la abogada Carmen Céspedes Cartagena, este tipo de acuerdos comienzan a aparecer con mayor frecuencia en causas de familia.

La letrada indicó que, en este caso, la Justicia homologó un acuerdo voluntario donde ambas partes reconocieron que el animal formaba parte de la vida familiar.

Además, se estableció un régimen comunicacional no solo para los hijos, sino también para las mascotas.

Cuánto cuesta mantener una mascota

La profesional señaló que los gastos vinculados al cuidado de los animales pueden representar una carga económica importante.

Entre los costos mencionó:

  • alimentos,
  • peluquería,
  • atención veterinaria,
  • medicación.

Según detalló, una cuota mensual para cubrir gastos de una mascota puede rondar los 100 mil pesos, mientras que tratamientos médicos pueden superar los 200 mil pesos.

El debate sobre los derechos de las mascotas

Céspedes Cartagena sostuvo que en muchos casos una sola persona termina afrontando todos los gastos luego de la separación, pese a que el cuidado del animal era compartido.

“¿Por qué razón se tendría que hacer cargo en un 100% una sola persona?”, planteó la abogada al referirse a este tipo de situaciones.

Aunque todavía no existen demasiados antecedentes judiciales similares, el caso marca un nuevo avance en el tratamiento legal de las mascotas dentro del ámbito familiar.

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Una docente de Sunchales quedó imputada por circular en una moto robada

La Justicia de Rafaela imputó este lunes a una docente oriunda de Sunchales en una causa vinculada a una motocicleta robada que tenía colocada una patente que no correspondía al vehículo.

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Foto: Archivo Tribunales de Rafaela

La mujer investigada por una causa de encubrimiento vinculada a una motocicleta robada recuperó la libertad este lunes luego de una audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela.

La resolución fue adoptada por el juez Nicolás Stegmayer tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa.

La investigación comenzó tras un control sobre Ruta 13

La causa se inició días atrás durante un operativo vehicular realizado por la Guardia Provincial sobre la Ruta Provincial 13, en cercanías de Ataliva.

En ese procedimiento, la mujer fue interceptada mientras conducía una motocicleta Honda Biz que tenía pedido de secuestro por un robo denunciado en Sunchales.

Según sostuvo el fiscal Juan Manuel Puig, el rodado llevaba colocada una patente correspondiente a otra motocicleta y la documentación exhibida no coincidía con el vehículo controlado.

La imputada no declaró durante la audiencia

Durante la audiencia judicial, la defensa técnica estuvo a cargo del abogado Juan Bautista Degiovanni.

Fuentes judiciales indicaron que la imputada decidió no prestar declaración y que no hubo objeciones respecto al procedimiento de detención.

Posteriormente, las partes acordaron medidas alternativas a la prisión preventiva, las cuales fueron homologadas por el magistrado.

Las medidas impuestas por la Justicia

Mientras continúa el avance de la investigación, la mujer deberá cumplir con una serie de condiciones impuestas por la Justicia:

  • Fijar domicilio
  • Firmar semanalmente en la comisaría correspondiente
  • No cometer nuevos delitos

Tras la audiencia, el juez dispuso que continúe el proceso en libertad.

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