Judicial
132 llamadas en una noche: Periodista rafaelina sufrió un angustiante acoso y el hecho llegó a la Justicia
El caso se ventiló en una audiencia imputativa realizada este sábado. Es un hombre con serios problemas psíquicos: llegó a llamarla 132 veces en una misma noche, inventando una delirante historia que nunca existió.
Uh hombre oriundo de San Jorge, Rubén V., de 59 años de edad, debió comparecer en la mañana de este sábado en una audiencia imputativa que presidió el juez Nicolás Stegmayer, para responder por la comisión del delito de «amenazas». Si bien la tipificación del caso corresponde a un delito menor que generalmente no llega a tratarse en audiencias públicas, las particularidades que reviste el caso llevaron a que la fiscal Favia Burella resolviera pedir su tratamiento de esa forma.
La víctima del caso es la periodista rafaelina Carina Ortiz, quien además de ejercer su profesión participando en distintos programas de LT 28 Radio Rafaela, también es la presidenta del Círculo de la Prensa de Rafaela y se desempeña como corresponsal local del canal 5 Regiones, de la provincia de Santa Fe.
La propia Carina contó en la audiencia y luego ante RAFAELA NOTICIAS las particulares circunstancias que le tocó vivir. Conviene mencionar que Carina está casada y tiene una hija de 12 años (su esposo estuvo presente en la audiencia), por lo que indirectamente su núcleo familiar también se vio envuelto en una oscura trama generada por los delirios del imputado, un hombre que claramente requiere un tratamiento psiquiátrico al que, según su familia, siempre se negó a realizar.
Todo comenzó en el mes de diciembre, cuando el hombre -que vive en San Jorge y según su familia nunca salió de esa ciudad en los últimos 30 años- se comunicó con la radio donde trabaja Carina con la intención de hablar con ella. Ahora se sabe que el hombre la conoció a través la pantalla televisiva, ya que algunos de los programas en los que participa Carina se replican en distintos puntos de la provincia. La periodista lo atendió, el hombre se declaró admirador de su trabajo y le pidió alguna información relacionada con cuestiones de trámites, como suele ocurrir con muchos oyentes y televidentes que a veces piden comunicarse privadamente con los periodistas de los medios regionales.
No hubo nuevos contactos, porque Carina no le suministró su teléfono particular y desde la radio tampoco se lo suministraron al hombre de San Jorge. Sin embargo, finalmente el sujeto pudo -ya avanzado el mes de enero- averiguar el teléfono celular de la periodista y el 19 de enero comenzó una pesadilla que la colega rafaelina debió vivir hasta el pasado miércoles, cuando el hombre fue finalmente detenido tras una pesquisa para averiguar su identidad.
El acosador comenzó a comunicarse con llamados, mensajes de whatsapp y de texto, así como audios. Tan intenso fue el acoso que en una sola noche, entre las 23 y las 7 de la mañana, Carina recibió 132 alertas de comunicación por parte de al menos 4 teléfonos celulares que utilizaba el acosador.
El sujeto inventó, en su delirio -con rasgos de psicosis paranoica, según describió un perito que también ofreció su testimonio presencial en la audiencia de este sábado-, una historia romántica en que la mujer rafaelina, a la que le declaraba su amor llamándola «bebé», supuestamente le contaba vivencias personales. En ese relato completamente disparatado que se había formado en la mente del hombre, se interponían figuras masculinas -por ejemplo, el esposo de Carina- que lo «obligaban» a actuar: «Si se hace el matón me voy a poner loco», le decía en uno de los mensajes, en alusión al esposo de la mujer, que a todo esto no contestaba ningún mensaje y le había bloqueado los teléfonos a medida que iban apareciendo nuevas formas de comunicación, incluidos celulares con característica de Rafaela.
Rubén V. participó de la audiencia y dio claros indicios de sus problemas psíquicos. En todo momento pretendió hablar con la víctima y el juez Stegmayer tuvo que intervenir repetidamente, y no siempre con éxito, para silencionarlo, ordenarle que no hable si no se le daba la palabra y finalmente tuvo que hacerlo salir de la sala con acompañamiento policial para que Ortiz pudiera explayarse con claridad a la hora de testimoniar en su rol de víctima.
Lo que se resolvió
La abogada defensora, del servicio de defensa penal oficial, Dra. Georgina Alassia, planteó la inumputabilidad de su representado, y lógicamente abogó por su libertad absoluta. Sin embargo, tuvo un traspié cuando convocó al estrado a los hermanos del limputado. La hermana dijo que directamente no podía hacerse cargo del hombre, porque «nunca quiso someterse a tratamiento». Y el otro hermano, tras pedir disculpas a la víctima en nombre de su familia, también coincidió en ello, aunque aclaró que el hombre «nunca fue violento con las mujeres. Al contrario, ha recibido palizas por defender a mujeres a las que cree en situación de peligro».
Finalmente, y ante las dificultades con que se encuentra la Justicia para ordenar medidas que brinden seguridad a las víctimas -en este caso a la periodista acosada, que hizo saber su preocupación por ese tema así como por el hecho de que hace varios días que no puede trabajar porque nunca podía saber si el hombre que la hostigaba (que le describía la vestimenta que utilizaba en ese momento) estaba viéndola por la televisión o en realidad la estaba siguiendo personalmente-, Stegmayer resolvió medidas alternativas a la prisión preventiva: el sujeto tiene prohibido comunicarse de ninguna manera ni con Ortiz ni con su entorno familiar y laboral; así como tampoco puede venir a Rafaela.
En suma, a nadie le quedaron dudas que el hombre imputado está fuera de sus cabales, pero se plantea la necesidad de que el Estado cuente con herramientas como para que este tipo de situaciones se atiendan de manera adecuada, no sólo por la salud mental de los que padecen los problemas, sino para atender a la seguridad de las víctimas de quienes sufren las consecuencias de esos desequilibrios.
Fuente: Rafaela Noticias
Judicial
🛑 Condenan a ex concejal de Sunchales por negociaciones incompatibles
El caso que sacudió la política local tuvo su desenlace. Este viernes, tras los alegatos de clausura, el juez Gustavo Bumaguin declaró culpable al ex presidente del Concejo Municipal de Sunchales, Horacio Bertoglio, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Según la sentencia, Bertoglio utilizó su banca para intervenir a favor de un loteo privado en el que —de acuerdo a lo expuesto en el juicio— mantenía interés directo.
👉 Fue condenado a 1 año y 3 meses de prisión de ejecución condicional y a inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
🔍 ¿Qué expuso la Fiscalía?
Durante el debate, la fiscal Fabiana Bertero sostuvo que la evidencia presentada demuestra que el ex edil actuó movido por intereses propios. Aseguró que no se comportó como un legislador neutral, sino como “gestor de sus intereses”.
⚖️ La defensa habló de persecución política
Los abogados defensores, Alejandro Leguizamón y Pablo Mosconi, pidieron la absolución. Afirmaron que la causa tiene un “móvil político”, denunciando que se originó en plena coyuntura electoral.
Argumentaron que no existen pruebas de que Bertoglio buscara beneficiarse y que la ordenanza que impulsó terminó siendo vetada, sin generar ningún provecho para él ni para el emprendimiento inmobiliario. También remarcaron que actuó dentro de sus atribuciones como concejal.
🏛️ Un juicio que dejó secuelas en la arena política local
El caso generó un fuerte impacto en Sunchales por la extensa trayectoria pública de Bertoglio, quien fue concejal en múltiples períodos, secretario general del PDP, asesor legislativo, director del ENRESS y actualmente cumple funciones en el Ministerio de Medio Ambiente provincial.
Por Móvil Quique
Judicial
⚖️ ¿Tensión máxima en Tribunales? Dos presos, dos libres y fuertes cuestionamientos a la investigación del MPA
Una audiencia cargada de cruces técnicos, reclamos formales y momentos de alta tensión dejó este miércoles un escenario judicial dividido: dos imputados quedaron en prisión preventiva, mientras que otros dos recuperaron la libertad tras duros cuestionamientos a la investigación fiscal.
El juez Javier Bottero resolvió la situación procesal de cuatro acusados tras escuchar durante horas los planteos del fiscal Juan Manuel Puig y de las defensas técnicas, que arremetieron con fuerza contra los elementos probatorios.
🔍 Defensa al ataque: inconsistencias, errores y evidencia en duda
Los abogados Carlos Farias Demalde, Sergio Fregona Maffei y la defensora pública Amalia Cassina expusieron serias fallas en la investigación del MPA, asegurando que varias de las pruebas presentadas eran endebles, insuficientes o directamente inconexas con los hechos atribuidos.
Entre los puntos más críticos señalaron:
- Registros fílmicos sin identificación certera de autores
- Material secuestrado sin relación directa con los imputados
- Inconsistencias en la atribución de armas y elementos incautados
- Una supuesta bomba casera que, según la defensa, era un objeto “viejo, deteriorado y sin valor probatorio real”
- La ausencia de riesgo procesal para varios de los acusados
Estos planteos impactaron de lleno en la decisión del juez, quien consideró insuficiente la evidencia contra dos de los imputados.
🚓 Los hechos y las imputaciones
Los acusados —identificados como D.E.C.O., H.F.C., E.J.D. y S.B.— fueron detenidos en allanamientos vinculados a episodios registrados en Mitre 1366 y Suipacha 865, donde se secuestraron comparativas fílmicas, elementos de interés y una presunta bomba casera.
El fiscal Puig imputó diversos delitos como robo, abuso de arma de fuego, encubrimiento y portación ilegítima.
🧑⚖️ La decisión final del juez Bottero
Tras casi cuatro horas de una audiencia intensa, el magistrado resolvió:
- 🟥 90 días de prisión preventiva para D.E.C.O. y H.F.C., señalados por abuso de armas, amenazas, portación y su participación en el episodio violento de Mitre 1366.
- 🟩 Libertad supervisada para S.B. y E.J.D., quienes deberán fijar domicilio, contar con un garante, presentarse periódicamente y respetar reglas estrictas.
🔥 Un caso que deja grietas expuestas
La audiencia dejó en evidencia profundas diferencias entre Fiscalía y defensa, además de cuestionamientos directos a la investigación, que en cuestión de horas modificaron el cuadro procesal de la mitad de los imputados.
Por Móvil Quique con información de Rafaela Informa
Judicial
⚖️ Comenzó el juicio contra el exconcejal de Sunchales Horacio Bertoglio: piden 3 años de prisión
Esta semana se inició en los Tribunales de Rafaela el juicio oral y público contra Horacio Bertoglio, exconcejal de Sunchales, acusado de negociaciones incompatibles con la función pública y otros delitos contra la administración pública.
El proceso está presidido por el Dr. Gustavo Bumaguin, con la fiscal Fabiana Bertero, quien solicita tres años de prisión de cumplimiento efectivo, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 5103 U.C.M.. La defensa está a cargo de los abogados Pablo Mosconi y Alejandro Leguizamón, quienes niegan irregularidades y alegan un posible móvil político detrás de la causa.
📌 Los antecedentes del caso
Bertoglio fue imputado en noviembre de 2021 por la fiscal Gabriela Lema, debido a presuntas incompatibilidades entre su administración del “Loteo Solaro” y su cargo como concejal. Según la acusación, aunque presentó una nota ante la Municipalidad advirtiendo que dejaba la administración del loteo, los documentos indican que no habría abandonado el cargo hasta mayo de 2019, generando un conflicto de intereses.
El caso se originó a raíz de una presentación en el Concejo Municipal del Dr. Juan Manuel Chiappero, en representación de Héctor Solaro, solicitando que Bertoglio se abstenga de intervenir en votaciones relacionadas con el loteo.
🏛️ El desarrollo del juicio
El debate se extenderá durante toda la semana con la presentación de testigos hasta el viernes 28 de noviembre. El veredicto final se conocerá el próximo martes 2 de diciembre.
Mientras la fiscal pide pena de tres años de prisión, la defensa argumenta que no existió ningún negociado y que las decisiones tomadas beneficiaron a la comunidad de Sunchales, sosteniendo que la causa tiene un trasfondo político.
Por Móvil Quique con información de Diario Castellanos
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