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Definen la pena que le aplicarán al hombre que mató a un policía en Monigotes

Este lunes se definirá en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal que pena tendrá el primer santafesino condenado en la provincia en el marco de un juicio por jurados.

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Foto: Archivo

Se trata del ruralista Rubén Alberto Ulrich (58), que en 2023 mató al amante de su pareja y un jurado popular consideró que actuó bajo un estado de emoción violenta, situación que atenuó los cargos en su contra.

La pena será fijada en una audiencia de “cesura” que será encabezada por el juez Nicolás Stegmayer y de la cual también participarán las fiscales del caso, Emilce Fissore y Silvina Verney y el propio Ulrich con sus abogados defensores: Claudio Torres Del Sel y Federico Scarinci.

En el acto procesal, que es prácticamente técnico, las partes discutirán que pena debe cumplir el ruralista que enfrenta cuatro cargos ante la Justicia:

1° – Haber matado al policía Franco López de un tiro en el pecho en las primeras horas del 17 de enero del 2023, en el establecimiento La Sara de la comuna de Monigotes, en el marco de un estado de emoción violenta.

2° – Lesiones leves por haber herido a su entonces pareja con la perdigonada que mató a López.

3° – Tenencia indebida de arma de fuego de uso civil (con el arma que mató a López).

4° – Daño calificado (por haber disparado contra el móvil policial que el subinspector utilizaba para trasladarse y encontrarse con la pareja Ulrich).

La sentencia estará a cargo del juez Stegmayer y podrá ser apelada -ante un tribunal superior- por las partes del caso, pero no podrá correrse de los cargos que el jurado popular impuso en su veredicto, el pasado 10 de junio.

El primero en la provincia

A la audiencia de este lunes, Ulrich además llegará libre, ya que dos días después del fallo del jurado, su defensa solicitó la excarcelación, la cual fue otorgada por el juez Gabriel Peralta de la ciudad de San Cristóbal.

Su juicio pasará a la historia porque fue el primero en la provincia de Santa Fe desde la implementación de la ley 14.253 que establece juzgar cuatro tipos de hechos delictivos ante un jurado popular: homicidios calificados; abusos sexuales seguidos de muerte; robo calificado por homicidio; y cuando el personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento, incluso encontrándose en retiro o franco deservicio.

Al debate realizado en los tribunales de San Cristóbal, el ruralista llegó acusado por la Fiscalía de haber cometido un homicidio transversal (conocido también como femicidio vinculado) para causar sufrimiento en una persona con la que mantuvo una relación.

Sin embargo, durante las dos jornadas de juicio, la defensa sostuvo que el imputado cometió el crimen bajo un estado de emoción violenta al argumentar que Ulrich mató a López tras haber soportado una serie provocaciones del policía que lo llevaron a actuar fuera de sí al momento del crimen.

Según se ventiló en el juicio, unos días previos al crimen, el policía López le dijo al hijo de Ulrich que era el amante de su madre; además, un día después de que saliera a la luz la infidelidad, el agente le apuntó a Ulrich con su arma reglamentaria en la calle, situación que fue advertida por el hijo mayor del ruralista.

Se cree que el punto límite que disparó la emoción violenta fue en las primeras horas del 17 de enero del 2023, cuando el ruralista llegó al establecimiento rural “La Sara” en donde se encontraba su pareja, su hijo menor y López.

Ulrich bajó de la camioneta, disparó contra el móvil de policial y fue ahí cuando su hijo mayor le gritó que López cargaba su arma reglamentaria. Según un perito de la defensa, que fue citado al juicio, esa situación llevó al ruralista a disparar contra el agente de la Comisaría de Monigotes. “El miedo de ver a su hijo en peligro, lo superó”, explicó el psicólogo citado por los defensores.

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Carlos Vottero presentó su informe de gestión: destacó avances en homicidios y lucha contra el microtráfico

El Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción expuso en Frontera los resultados obtenidos durante 2025 y repasó investigaciones de alto impacto social en la región.

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Foto: El Fiscal Regional Carlos Vottero presentó su Informe de gestión con eje en la resolución de homicidios y el microtráfico

El Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación, Carlos María Vottero, presentó su Informe Anual de Gestión durante un acto realizado en la Biblioteca Municipal Oscar Guiñazú Álvarez de Frontera.

Durante la exposición, el funcionario detalló los principales resultados obtenidos en materia de investigación criminal durante 2025 y repasó distintas acciones judiciales vinculadas a homicidios, microtráfico y hechos de violencia de alto impacto registrados en la región.

Alto porcentaje de resolución en casos de homicidio

Uno de los datos centrales del informe estuvo relacionado con la investigación de homicidios dolosos.

Según indicó Vottero, durante 2025 se alcanzó un 86,7% de individualización formal en las causas por asesinatos, cifra que calificó como “sumamente positiva”.

Además, el fiscal presentó estadísticas vinculadas a muertes violentas registradas en la región:

  • 21,8% correspondieron a homicidios dolosos.
  • 31,7% estuvieron vinculadas a siniestros viales.
  • 46,5% fueron casos de suicidio.

Microtráfico: destacan operativos y cierre de puntos de venta

Otro de los ejes destacados del informe fue el avance de investigaciones relacionadas con el narcomenudeo y el microtráfico de drogas.

Vottero remarcó el impacto de la nueva competencia penal aplicada a delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes a pequeña escala y señaló que se lograron desarticular distintos puntos de venta de droga en la ciudad de Frontera.

“El impacto de la persecución penal en materia de microtráfico fue importante, especialmente en el cierre de puntos de venta de drogas al menudeo”, sostuvo.

Casos de fuerte repercusión social

Durante la presentación, el Fiscal Regional también hizo referencia a investigaciones que tuvieron gran repercusión pública en los últimos meses.

Entre ellas mencionó el abordaje judicial por el homicidio del adolescente Ian Cabrera y las investigaciones por las dos tentativas de homicidio ocurridas a fines de marzo dentro de un establecimiento educativo de San Cristóbal.

El informe incluyó además un balance general sobre la actividad del Ministerio Público de la Acusación en la región y las estrategias implementadas para fortalecer la respuesta judicial ante delitos complejos.

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Liberaron al segundo menor acusado por el tiroteo en una escuela de San Cristóbal

La Cámara de Apelaciones de Rafaela resolvió liberar al segundo adolescente implicado en la causa por el tiroteo ocurrido en una escuela de San Cristóbal, hecho en el que murió Ian Cabrera, de 13 años.

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El joven de 16 años deberá cumplir estrictas medidas socioeducativas y no podrá regresar a esa ciudad.

La Justicia ordenó la liberación del adolescente de 16 años

La decisión fue tomada por el juez de Cámara Matías Drivet durante una audiencia realizada en Rafaela. El magistrado dispuso la excarcelación de N.C., quien permanecía detenido desde el 9 de abril tras la resolución inicial dictada por el juez José Boaglio.

Entre las condiciones impuestas por la Justicia, el menor deberá:

  • Fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe.
  • No utilizar redes sociales.
  • Tener prohibido el ingreso a San Cristóbal.
  • Cumplir medidas socioeducativas obligatorias.

Además, el fallo ordena implementar mecanismos que permitan garantizar la continuidad y reinserción escolar del adolescente.

La imputación sigue vigente

Pese a la liberación, la causa judicial continúa avanzando y la imputación contra el joven fue ratificada por la Justicia.

El adolescente sigue acusado como partícipe secundario del homicidio de Ian Cabrera y también por dos tentativas de homicidio, tal como habían sostenido desde el inicio de la investigación los fiscales Carina Gerbaudo y Mauricio Espinosa.

La causa sigue bajo investigación

El caso generó una fuerte conmoción en San Cristóbal y continúa siendo investigado por la Justicia santafesina. Mientras avanzan las medidas procesales, se esperan nuevas definiciones vinculadas a los otros implicados y a la reconstrucción completa de lo ocurrido dentro del establecimiento educativo.

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Megaestafa en Rafaela: comenzó la audiencia clave por la causa Spaggiari con 558 hechos investigados

La Justicia de Rafaela inició este miércoles la audiencia preliminar en la causa conocida como Grupo Spaggiari, uno de los expedientes por estafas más importantes de la región.

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Durante cuatro jornadas se debatirán pruebas y planteos previos al juicio oral, en una investigación que acumula 558 hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.

La audiencia se desarrolla en los Tribunales de Rafaela bajo la presidencia del juez Gustavo Bumaguin y cuenta con la participación de fiscales, querellantes y defensores de los imputados.

Una de las causas más grandes de Rafaela

El proceso comenzó cerca de las 8 de la mañana, luego de una reunión privada entre las partes. Por el Ministerio Público de la Acusación interviene el fiscal Guillermo Loyola, acompañado por abogados querellantes que representan a las víctimas.

Desde la defensa participan distintos abogados que representan a los acusados, entre ellos los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, señalados como los principales responsables de la organización investigada.

La audiencia preliminar tiene como objetivo definir las pruebas y condiciones del futuro juicio oral, que todavía no tiene fecha confirmada, aunque fuentes judiciales anticipan que podría convertirse en uno de los debates más extensos de los últimos años en Rafaela debido a la complejidad del expediente y la cantidad de imputados.

Qué investiga la Justicia en la causa Spaggiari

Según detalló el fiscal Loyola, la acusación supera las 300 páginas y sostiene que la organización funcionaba captando ahorristas mediante promesas de rendimientos económicos muy superiores a los del mercado financiero tradicional.

De acuerdo con la investigación, los acusados ofrecían inversiones con ganancias rápidas y elevadas, aunque —según la Fiscalía— nunca habrían tenido intención real de cumplir con los pagos comprometidos.

La causa investiga maniobras reiteradas de estafa que afectaron a cientos de personas de Rafaela y la región.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

El Ministerio Público pidió distintas penas de prisión para los nueve imputados involucrados en la causa.

Para Matías y Fernando Spaggiari, acusados como jefes de una asociación ilícita y coautores de estafas reiteradas, la Fiscalía solicitó 25 años de prisión.

En tanto, para otros integrantes vinculados a la presunta organización se solicitaron condenas que van desde los 4 hasta los 9 años de cárcel, según el grado de participación atribuido en cada caso.

Además, la Fiscalía pidió mantener la inhibición de bienes, aplicar multas económicas y avanzar con el decomiso de los elementos secuestrados durante la investigación.

La causa avanzaría hacia juicio oral

Finalizada esta etapa preliminar, el expediente quedará en condiciones de avanzar hacia juicio oral y público. Debido a la magnitud del caso, no se descarta que el tribunal encargado del debate esté integrado por varios jueces.

La causa Spaggiari se transformó en uno de los procesos judiciales más resonantes de Rafaela y genera fuerte expectativa entre las víctimas que esperan una resolución definitiva tras años de investigación.

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