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Dictaron la prisión preventiva al agente de la GUS por abuso sexual: quedó muy comprometida su situación

En audiencias realizadas en Rafaela quedó al descubierto una increíble trama de abusos a una niña de 13 años e intentos de entorpecimiento de la investigación.

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Foto: Ilustrativa

La jueza de Investigación Penal Preparatoria Cristina Fortunato dispuso dictar la prisión preventiva sin plazos de C.E.M. L. inspector de la Guardia Urbana de Sunchales, quien está acusado de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la condición de guarda y convivencia, del que fue víctima una niña que, al momento de registrarse el hecho investigado tenía 12 años de edad, y que actualmente tiene 13 años.

La fiscal del caso es la Dra. Favia Burella, quien detalló una increíble saga de acontecimientos que revelaron no sólo el hecho del abuso sexual en perjuicio de una niña, sino los intentos del imputado para evitar la acción de la Justicia, con algunos artilugios realmente insólitos que llegó a idear, entre ellos hacer comparecer a un tercero en una toma de muestras de sangre para extracción de ADN, haciéndose pasar por él mismo.

El imputado tiene 44 años y desde hace 8 años está en pareja con B. C., quien es la madre de la menor víctima del hecho. La niña vive regularmente con su padre y su abuela paterna, pero los fines de semana visitaba a su madre y allí se sumaba a una familia ensamblada, en donde convivían el imputado CL, la nombrada madre de la víctima, BC, y dos hijos de 14 y 15 años de CL, fruto de una relación matrimonial anterior del hombre. Se aclara que las identidades ventiladas en el el caso se mantienen en reserva en razón de proteger a la víctima, así como también no se difundirán otros detalles del caso que podrían contribuir a revictimizar a la niña.

Cómo se reveló el caso

La situación de la víctima quedó al descubierto cuando presentó síntomas médicos que hicieron que su familia la llevara a una consulta ginecológica. Confirmado por los estudios médicos el estado de la paciente, el 30 de mayo la profesional del Hospital Amílcar Gorosito notificó la situación por los canales adecuados y consecuentemente se puso en marcha el mecanismo de acción judicial.

La investigación puso al descubierto que el abuso sexual se habría cometido en febrero aproximadamente, cuando la víctima viajó a Paraná con su familia ensamblada. Pero las relaciones habrían sido más extensas en el tiempo. Según las evidencias presentadas, el acusado -ante el problema manifiesto que tenia entre manos a raíz de las consecuencias que las relaciones mantenidas con la niña tenían desde el punto de vista de su vida- intentó justificar el haber mantenido relaciones sexuales con la niña diciendo que ésta lo había «violado» a él, introduciéndose en su cama y aprovechando que se encontraba «cansado» por su trabajo en la GUS. Un argumento insólito, que incluso quedó grabado en conversaciones telefónicas que fueron aportadas por la representante del MPA.

Toda la trama del caso es típica de un caso de manipulación de una niña que se encontraba en el momento de su despertar sexual. A tal punto que cuando las consecuencias de las relaciones sexuales mantenidas se hicieron evidentes, la niña intentó proteger la identidad del abusador.

No es todo. Lo más grave es que la Fiscalía expuso evidencias de que el imputado intentó evitar dar muestras de ADN pretendiendo convencer a otro agente de la GUS a que se presente en lugar de él en la Fiscalía de Rafaela, aprovechando un supuesto parecido físico.

El propio imputado reconoció que intentó esa maniobra, presuntamente mal asesorado por un profesional a cuyo asesoramiento apeló en un primer momento, pero que no es el mismo que lo representó en la audiencia de este jueves. «Tenía miedo y me equivoqué», dijo al hacer uso de la palabra. Negó haber cometido el delito que se le imputa -que tiene una expectativa de pena mínima de 8 años de prisión-, reiteró que no tiene ningún antecedente penal, que nunca estuvo en una situación parecida y que tiene un legajo intachable como agente de la GUS. Y alegó que finalmente prestó su consentimiento para dar la muestra de ADN, aunque no fue muy convincente al expresarse sobre el resultado que podría dar el estudio.

Un tutorial para el engaño

Lo más sorprendente de toda la trama que quedó al descubierto en la investigación fue precisamente ese intento del imputado de hacerse reemplazar por un tercero en el trámite judicial de muestra de ADN. Para ello primero se negó a que le tomara la muestra en la Comisaría de Sunchales y habría intentado que le tomen el examen el lunes -que fue feriado- en la sede del MPA de Rafaela. Para ello, ofreció a un tercero -que también es agente de la GUS, pero que no aceptó prestarse a la maniobra- llevarlo hasta Rafaela, pagarle 100 mil pesos por el «favor» y le envió un tutorial sobre lo que debía «aprender» : su DNI, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil y cómo copiar su firma. Cuando fue evidente que su amigo no se prestaría a la maniobra, desistió de la misma. «Sos el único parecido a mi y que me puede salvar», le había dicho, contando con que en Rafaela no lo conocía nadie y podría vender «gato por liebre».

«Esta trama me sorprende en mi función de magistrada, porque nunca me pasó que el imputado, ante el miedo de quedar relacionado con el hecho, le diga a un compañero que se haga pasar por él para desviar y obstaculizar la informacion y las evidencias que se están investigando, de modo que el ADN sea el de otra persona», argumentó la jueza Fortunato al evaluar la situación procesal del imputado.

Pero fue más lejos la jueza: «nada más aberrante para mis oídos que escuchar decir que la niña tiene la culpa de todo. Tengo la obligación de respetar la perspectiva de la víctima: los indicios que me acerca la Fiscalía son más que suficientes». Fortunato también cuestionó los «prejuicios» de uno de los médicos actuantes y recalcó: «¡La niña no es autora, es víctima! Toda la valoración que hago es desde la perspectiva de género y de víctima», subrayó.

En el transcurso de la audiencia también habló la abuela de la víctima, que fue designada como responsable de la guarda de la niña. Por otra parte, también está pendiente de la investigación la situación procesal de la madre biológica de la menor, dado que no está descartado que pueda ser imputada por algún tipo de delito, ya que fue de las primeras en tomar conocimiento de las consecuencias físicas que había tenido el abuso sobre su hija, que obligó a que aplicara el protocolo iVE en un establecimiento asistencial de Rosario.

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Comienza el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes: 17 imputados y casi 200 testigos

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña comienza este martes en la provincia de Corrientes, a dos años del último registro del niño de 5 años, visto por última vez durante un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio.

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Foto: Caso Loan Peña

El proceso judicial se desarrollará con 17 imputados, cerca de 200 testigos y más de 900 fojas de prueba, en una de las causas más complejas y sensibles del país.

El debate se llevará a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y estará a cargo de los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, mientras que la acusación será impulsada por los fiscales Tamara Ahimara Pourcel y Carlos Schaefer, quienes intentarán reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Desde el inicio del proceso, la fiscal general Pourcel fue contundente respecto de la estrategia del caso: “Esperamos que alguno de ellos se pueda quebrar. Estamos seguros de que saben qué pasó con Loan”, expresó en la previa del juicio.

La investigación aún no logró establecer el paradero del niño ni esclarecer con precisión qué ocurrió durante la tarde del hecho en el paraje Algarrobal, donde Loan se encontraba en una reunión familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña.

Un caso con hipótesis de crimen organizado y múltiples acusados

La causa, que mantiene una fuerte atención pública desde 2024, está atravesada por sospechas de crimen organizado y trata de personas, aunque ninguna hipótesis logró confirmarse de manera definitiva.

Todos los imputados llegan al juicio con prisión preventiva, medida ratificada por el tribunal. Entre ellos se encuentran Antonio Benítez y Laudelina Peña, el matrimonio formado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi, además del excomisario de 9 de Julio Walter Maciel, acusado de encubrimiento y desvío de la investigación.

También serán juzgados diez integrantes vinculados a la denominada Fundación Lucio Dupuy, acusados de haber entorpecido la investigación con pistas falsas y maniobras que habrían dificultado el avance del expediente.

Pruebas, pericias y reconstrucción del caso

Entre las pruebas centrales se destacan las pericias odoríferas con perros rastreadores, registros telefónicos, movimientos de vehículos y contradicciones en declaraciones de los imputados.

Los investigadores sostienen que el niño habría sido apartado durante el almuerzo familiar en un lapso crítico entre las 13:52 y las 14:25, momento en el que se pierde su rastro.

A partir de ese momento comenzó una búsqueda que, según el expediente, no logró resultados concluyentes pese a múltiples líneas de investigación.

Declaraciones y cronograma del juicio

El proceso se extendería al menos por seis meses, debido a la cantidad de pruebas y testigos.

Las primeras jornadas estarán destinadas a planteos iniciales, mientras que las declaraciones testimoniales comenzarán con los padres del niño, María Luisa Noguera y José Mariano Peña, seguidos por otros familiares directos.

En total, casi 200 testigos pasarán por el tribunal, incluyendo familiares, peritos y personas vinculadas a los momentos previos y posteriores a la desaparición.

Un caso que sigue sin respuestas

A dos años del hecho, la desaparición de Loan continúa sin resolución. El expediente mantiene abiertas diversas hipótesis, desde secuestro hasta encubrimiento, pero ninguna logró establecer con certeza qué ocurrió con el niño.

El inicio del juicio representa un paso clave en la búsqueda de respuestas en una causa que generó fuerte impacto social en todo el país.

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Crimen de Aralí Vivas: fijaron para septiembre el juicio oral en Córdoba

La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.

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Foto: Crimen de Aralí Vivas: fijaron para septiembre el juicio oral en Córdoba

La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.

El proceso estará a cargo de la Cámara Criminal y Correccional y contará con la participación de jurados populares.

Tres acusados llegarán detenidos al juicio

En el banquillo de los acusados estarán Rocío Milagros Rauch, madre de la menor; Matías Ezequiel Simeone, pareja de la mujer; y Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone.

Los tres permanecen detenidos y enfrentan graves imputaciones vinculadas al asesinato de la niña.

De acuerdo a la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los acusados habrían participado de distintos abusos sexuales contra Aralí que derivaron en su muerte.

Además, la causa incluye la figura de homicidio criminis causa, mientras que Simeone también está acusado de haber provocado el incendio de la vivienda para intentar eliminar pruebas del hecho.

Cómo será el proceso judicial

Antes del inicio del debate oral se realizará la selección de jurados en los tribunales de San Francisco.

En una primera instancia se conformará una nómina de 24 ciudadanos y luego quedarán establecidos los 12 jurados titulares que participarán del juicio.

Un caso que conmocionó a Brinkmann y la región

El crimen de Aralí Vivas generó una fuerte conmoción en Brinkmann y en toda la región luego de que el cuerpo de la menor fuera hallado el 1 de noviembre de 2024 tras un incendio registrado en la vivienda donde residía.

La investigación judicial determinó que el fuego habría sido provocado intencionalmente con el objetivo de ocultar evidencias.

La autopsia reveló que la niña presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y un traumatismo craneal.

En caso de que el tribunal coincida con la acusación sostenida por la Fiscalía, los imputados podrían recibir la pena de prisión perpetua.

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Intentó abusar sexualmente de una adolescente en Eusebia: imputaron al acusado y pedirán prisión preventiva

La Justicia avanzó en la investigación del grave hecho de violencia de género ocurrido en la localidad de Eusebia, donde un hombre de 45 años fue imputado por intentar abusar sexualmente de una adolescente de 17 años.

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Foto: Archivo

La causa es encabezada por la fiscal Flavia Burella, quien formalizó la acusación ante el juez Gustavo Bumaguín. Al imputado se le atribuyó la presunta autoría del delito de “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.

La defensa del acusado está a cargo del defensor público Bruno Rossini.

Persecución y ataque en caminos rurales

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el hecho ocurrió el viernes 31 de mayo en cercanías de una heladería ubicada sobre la ruta 280s.

Según la investigación, el acusado —quien trabaja en un tambo— interceptó a la adolescente e insistió en mantener relaciones sexuales. Tras la negativa de la joven, comenzó una persecución que se extendió por caminos rurales de la zona.

La víctima intentó escapar desviando su recorrido, pero la situación se agravó cuando su motocicleta se quedó sin combustible en medio del campo. En ese momento, el agresor logró alcanzarla.

Siempre según la acusación fiscal, el hombre provocó un choque entre ambas motos para hacerla caer a la banquina. Luego le quitó el teléfono celular para dejarla incomunicada y la sujetó violentamente del cuello mientras intentaba abusar de ella.

La adolescente logró defenderse, arañando al atacante y propinándole una patada en la zona genital. Esa reacción le permitió recuperar su teléfono y escapar corriendo para pedir ayuda, lo que provocó la fuga del agresor.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió traumatismos y hematomas, lesiones que fueron constatadas mediante exámenes médicos.

Pedirán la prisión preventiva

Tras la audiencia imputativa, el proceso continuará con una audiencia de medidas cautelares, donde la fiscal Burella solicitará la prisión preventiva del acusado debido a la gravedad del hecho y los riesgos procesales.

Será el juez Bumaguín quien deberá resolver en los próximos días si el imputado permanece detenido mientras avanza la investigación penal.

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