Hubo una apelación por prisión preventiva, una ampliación imputativa y una imputación que terminó con la liberación del acusado bajo estrictas reglas de conducta.

Las audiencias reflejan el avance de investigaciones en curso y el debate entre fiscalía y defensa sobre las medidas judiciales aplicadas.

🔒 Apelación por la prisión preventiva de Luis Héctor Dimeglio

En primer lugar, se realizó una audiencia de revisión sobre la situación de Luis Héctor Dimeglio, quien permanece detenido en la cárcel de Unidad Penitenciaria de Coronda.

La defensa, encabezada por Luis Carlos Rittiner, volvió a plantear la incompetencia de la justicia provincial, solicitando que la causa pase a la órbita de la justicia federal.

Además, argumentó que la prisión preventiva se ha extendido demasiado tiempo y cuestionó el avance de la investigación, señalando que aún restan pericias importantes sobre material secuestrado.

Por su parte, el fiscal adjunto de San Cristóbal, Mauricio Espinoza, pidió confirmar la resolución que mantiene la detención, destacando la complejidad de la causa, la cantidad de personas involucradas y los riesgos procesales.

📌 La decisión final quedó ahora en manos del tribunal revisor, que deberá resolver la apelación.

📄 Ampliaron la imputación contra David Josué Sánchez

Luego se llevó adelante una audiencia de ampliación imputativa contra David Josué Sánchez, investigado por delitos contra la propiedad.

Durante la audiencia, la fiscalía sumó nuevos hechos a la causa, vinculados a un episodio ocurrido el 6 de marzo de 2025, cuando una intervención del Comando Radioeléctrico derivó en su aprehensión.

Entre las pruebas incorporadas se mencionaron:

• El secuestro de un hierro oxidado de aproximadamente 75 centímetros
• Registros del procedimiento policial
• Entrevistas y testimonios
• Constancias médicas por lesiones registradas durante el hecho

El acusado fue informado de sus derechos y decidió no declarar, mientras que la defensa no presentó objeciones en esta etapa, aunque anticipó que podría discutir la calificación legal más adelante.

🚔 Imputación en Ataliva y libertad con reglas de conducta

La tercera audiencia tuvo como protagonista a Tomás Alejandro Martínez, de 24 años, oriundo de Ataliva.

La fiscalía le atribuyó dos hechos distintos:

1️⃣ Un intento de hurto en un predio de la Empresa Provincial de la Energía, donde habría ingresado tras escalar un tapial con la intención de robar rollos de cable de aluminio.

2️⃣ Un segundo episodio en un kiosco de la localidad, donde se investigan lesiones y amenazas tras un altercado.

Durante la audiencia también surgió una discusión administrativa sobre la correcta identificación del acusado, ya que se mencionó un apodo con el que sería conocido.

Tras la imputación, el joven decidió no declarar y finalmente el juez dispuso su libertad bajo reglas de conducta.

Entre las condiciones impuestas se encuentran:

• Fijar domicilio en Ataliva
• Quedar bajo el cuidado de su madre
• No tener contacto ni acercarse a una de las víctimas

⚠️ La Justicia advirtió que si incumple estas condiciones podría enfrentar nuevas medidas cautelares, incluida la prisión preventiva.

📍 De esta manera, la jornada judicial en Rafaela dejó tres audiencias con resultados diferentes, desde una apelación por una prisión preventiva hasta nuevas imputaciones y una libertad condicionada.

El juez interviniente, Gustavo Martín Urdiales, evaluó los informes técnicos y los planteos de las partes durante una audiencia virtual y concluyó que no se encuentran cumplidos los requisitos legales y criminológicos necesarios para otorgar el beneficio.

📌 Los argumentos de la decisión

Olivares cumple una pena de tres años de prisión efectiva y, por el tiempo transcurrido, estaba habilitado a solicitar la libertad condicional. Sin embargo, desde el ámbito judicial se remarcó que el acceso a la audiencia no implica la concesión automática del beneficio.

Durante el debate participaron:

• La defensa técnica, a cargo de Adrián Rocca
• El Ministerio Público de la Acusación, representado por el fiscal Guillermo Loyola
• La querella, mediante el abogado Carlos Farías Demaldé

Si bien se destacó que el condenado mantiene buena conducta y adaptación a las normas carcelarias, los informes del Servicio Penitenciario resultaron determinantes y fueron desfavorables.

Entre los puntos señalados:

• No atravesó instancias concretas del régimen de progresividad
• Elaboración incompleta del daño causado
• Aceptación parcial de la responsabilidad penal
• Escasa empatía hacia las víctimas
• Debilidad en su red de contención externa

En base a ese cuadro, la Junta Técnica recomendó no otorgar la libertad condicional, criterio que fue finalmente adoptado por el magistrado.

💻 Una causa de alta complejidad

La condena se originó en una investigación que permitió desarticular una organización dedicada a maniobras fraudulentas mediante suplantación de identidad, documentación apócrifa y accesos indebidos a sistemas bancarios.

Las transferencias irregulares superaron los 170 millones de pesos, en una causa que incluyó peritajes informáticos, análisis financieros y cruces de comunicaciones.

Por estos hechos ya hubo otras condenas y el proceso judicial continúa respecto de más personas imputadas.

Con esta resolución, Olivares continuará detenido en la Unidad Penitenciaria de Coronda, sin acceder por el momento a un régimen de egreso anticipado.

Por Móvil Quique con información de Rafaela Informa

🕵️‍♂️ Los hechos imputados

Robo en despensa: Durante la madrugada, M. y J. habrían ingresado a una despensa en calle Juan B. Justo al 1200, junto a otros tres individuos no detenidos, sustrayendo una caja registradora, bebidas y alimentos.

• Hurto de fernet: A J. también se le atribuyó un segundo episodio, alrededor del mediodía del último sábado, al sustraer dos botellas de fernet de un supermercado, siendo interceptado con una de ellas.

La fiscalía solicitó prisión preventiva apoyándose en videos de comercios cercanos y declaraciones de testigos, argumentando que se trataba de un robo cometido “en poblado y en banda”.

⚖️ Defensa y argumentos del juez

La abogada Amalia Cassina cuestionó la solidez de las pruebas:

• Las cámaras de seguridad no permiten identificación clara.
• La vinculación de J. con el robo se basaba solo en que vestía una camiseta de Boca, prenda de uso masivo.
• No se observaba coordinación estructurada que evidenciara la existencia de una banda organizada.
• Ambos imputados no cuentan con antecedentes condenatorios firmes.

Tras evaluar los argumentos, el juez concluyó que no existían riesgos procesales suficientes ni expectativa de pena que justificara la prisión preventiva, y dispuso libertad con medidas alternativas:

• Fijación de domicilio
• Presentación mensual ante la autoridad
• Prohibición de acercamiento a víctimas o testigos

La investigación seguirá su curso para identificar a los demás presuntos involucrados y recopilar nuevas pruebas.

Por Móvil Quique