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José López fue condenado a 6 años de prisión

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Es por enriquecimiento ilícito. Su esposa María Amalia Díaz recibió dos años de prisión condicional. La monja Inés Aparicio fue absuelta. Los u$s 9 millones se entregarán a hospitales.

El ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López fue condenado este miércoles a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito en la causa en la que se lo investigó por el intento de esconder bolsos con casi nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez en el año 2016.

El veredicto fue dado a conocer esta tarde por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que condenó además a la esposa de López, María Amalia Díaz, a dos años de prisión en suspenso como partícipe secundaria del delito de enriquecimiento ilícito.

El Tribunal dispuso además el decomiso de los 8.982.047 dólares, 153.610 euros, 59.114 pesos, 425 yuanes y 2 ryales y determinó que ese dinero sea puesto a disposición de los hospitales de niños Garrahan y Gutierrez.

EL TOF 1 también condenó a dos años y seis meses de prisión a los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez a quienes consideró testaferros de López en relación a la casa que el ex funcionario ocupaba en Dique Luján, Tigre.

Por otra parte, los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini dispusieron la absolución de la monja María Inés Aparicio, que recibió a López con los bolsos en el convento, y a los empresarios Carlos Gianni y Marcos Marconi, que dijeron haberle alquilado a López el departamento que ocupaba en la avenida Las Heras, en la Ciudad de Buenos Aires.

El tribunal le impuso además multas del 60 por ciento del valor del enriquecimiento a López, del 25 por ciento a su esposa y del 50 por ciento para los dos empresarios acusados de oficiar de testaferro.

López se encuentra bajo prisión preventiva en esta causa (situación que vence el próximo viernes) y en la causa de los cuadernos por lo cual permanecerá detenido aunque el fallo no se encuentre firme.

La audiencia fue presenciada por la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien se sentó en la última fila de la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py.

López fue juzgado por enriquecimiento ilícito por la compra de una casa en Tigre y un departamento en la avenida Las Heras de la ciudad Buenos Aires, que habría colocado a nombre de testaferros y por los casi 9 millones de dólares con los que fue detenido durante la madrugada del 14 de junio de 2016.

Su defensa, a cargo de la defensora pública Pamela Bisserier, había pedido su absolución tras considerar que no se pudo probar que formaran parte de su patrimonio los 9 millones de dólares que intentó esconder.

La defensora de López insistió con la idea de que el dinero que su defendido transportó no era de su propiedad, tal como el acusado había declarado en el marco de la causa de los “cuadernos”, donde dijo que el traslado de los bolsos con los dólares se lo había encargado Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los bolsos con el dinero “los recibió de Fabián Gutiérrez” y por “indicación de Daniel Muñoz”, el fallecido secretario de Néstor Kirchner, que también fue asistente de la ex mandataria, había sostenido la defensa de López.

Los fundamentos del fallo emitido por el TOF 1 serán dados a conocer el 28 de agosto a las 17, según anunció el juez Basílico durante la lectura del veredicto.

 

Fuente: Cadena 3

 

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Juicio a los policías de Sunchales: debaten entre “violencia policial” o “pase de facturas”

Este lunes comenzó el juicio por “apremios ilegales” perpetrados en la Comisaria de Sunchales, en octubre de 2019. En la previa a los alegatos de apertura, las defensas de los acusados recusaron al tribunal por estar “contaminado”.

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Foto: Ilustrativa

En la Sala 3 de los Tribunales de Rafaela y con Rafaela Noticias como único medio presente, comenzaron este lunes las audiencias de debate en el marco del juicio oral y público que se le sigue a los policías que se desempeñaban en la Comisaría 3 de la ciudad de Sunchales, acusados por la Fiscalía de “apremios ilegales” contra dos detenidos, en un caso ocurrido en octubre de 2019 y que conmocionó a la opinión pública.

En realidad, el proceso judicial estaba agendado para el lunes de la semana pasada. Pero en ese entonces, un cambio en el enfoque de la acusación y, fundamentalmente, en la calificación legal de los hechos atribuidos (de “torturas” pasó a “apremios ilegales”) hizo que se suspendiera. En la nueva acusación, María Itatí Acevedo, Silvana Sarmiento, Carlos Agustín Manzo, Mauricio Leonardo Ortis y Brian Emanuel González están señalados como coautores del delito de apremios ilegales calificados y la pretensión fiscal es una pena de 4 años. En tanto, a Luciano Martín Gabinetti -quien oficiaba como jefe de la Comisaría 3ª cuando sucedieron los hechos, pero no estaba presente en el lugar-, lo acusó de ser autor de encubrimiento agravado por ser funcionario público. Para éste, la Fiscalía pidió 3 años de prisión.

El reinicio del juicio no fue menos caótico que el anterior encuentro. Es que, a los pocos minutos de comenzado la audiencia, las defensas de los acusados propusieron, por un lado, la suspensión de juicio a prueba y el ofrecimiento de 200.000 pesos como reparación a las víctimas; y por el otro, plantearon la recusación contra el tribunal conformado por los Dres. Bumaguin, Stegmayer y Estévez, a quienes el Dr. Néstor Oroño acusó de estar “contaminados” por las etapas previas del proceso (a consideración del letrado, eso afectaría su imparcialidad a la hora de dictar sentencia). Incluso, disparó también contra la Oficina de Gestión Judicial por considerarla “administrativista” y que sólo le importaba no perder las fechas del juicio”.

Tras casi dos horas de deliberación (para lo que se dictó un cuarto intermedio) los jueces rechazaron esa pretensión, aunque la remitieron a la Cámara de Apelaciones, que deberá expedirse.

“Hace de cuentas que golpeaste un panal de abejas”: la frase de uno de los policías que adelantaba la golpiza a la que iban a ser sometidos los dos detenidos
Zanjada la controversia inicial, Bumaguin le dio la palabra al Fiscal Juan Manuel Puig para que formule su alegato de apertura, que no escatimó en acusaciones contra los funcionarios policiales que lo miraban desde el banquillo de los acusados, adelantándoles que pedirá penas de 3 y 4 años de cárcel.

Una de las primeras frases fue lapidaria: “el aparato policial estaba empeñado en hacerles la vida imposible”. ¿A quién? A dos hermanos, de largo prontuario, señalados como los autores del robo de la moto de uno de los hoy acusados. (la moto nunca se recuperó, pero hoy se ventiló que fue vendida “en la zona de Rosario”, para saldar una deuda por drogas).

Para Puig, esa mañana de octubre, en el interior de la sede policial ubicada en avenida Belgrano al 300, el grupo de policías sometió a las víctimas a una serie de golpes y vejámenes, que dejaron a uno de ellas en el hospital con un corte en el cuello producto de haberla arrojado contra un ventanal. “Se pasaron de rosca y dejaron a un chico en el hospital” les achacó el fiscal en su alocución.

El accionar mafioso de los policías sólo fue posible, dijo Puig, por la etiqueta de enemigos públicos que tienen ambos hermanos y por la predisposición social a la “mano dura” para con los delincuentes.

Antes de cerrar, el acusador sostuvo que la condena que busca lograr debe funcionar como aleccionadora para todo aquel integrante del cuerpo policial que obre mal: “Los policías que abusan de sus funciones van a pagar”, dijo. Y el cierre de su acusación fue mucho más contundente: “democracia, siempre; violencia policial, nunca”.

La Comisaria 3 de Sunchales, donde todo sucedió. Foto: Archivo.

Para el turno de la exposición de las defensas, todas se centraron en rechazar la acusación de Puig y pedir la absolución de sus clientes, tanto Caula como Sartori y Oroño. Incluso, sostuvieron que todo se trató de una mentira, la cual no iba a poder sostenerse por mucho tiempo una vez que se empiecen a ventilar las inconsistencias en el relato tanto de las víctimas de este caso como de sus familiares. El más contundente fue Oroño, quien no dudó en decir que se trató de un “pase de facturas” de “dos enemigos públicos” a los agentes que tantas veces los detuvieron.

Más allá de las declaraciones de impacto de cada una de las partes, por delante queda un juicio que demandará 10 jornadas de debate en las que se escuchará el testimonio de más de 100 personas. En la agenda original, se espera que el 5 de junio se escuchen los alegatos de clausura y dos días después, el 7 de junio, el tribunal dé su veredicto.

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Juicio a los policías de Sunchales: ¿Peligra la continuidad del juzgamiento?

La defensa de los imputados recusó al Tribunal, al que acusó de haberse “contaminado” con etapas previas del proceso.

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Foto: archivo

Lo que debía ser la primera jornada del juicio que se le sigue a los policías de Sunchales a los que se los acusa de agredir a dos detenidos, tuvo un paréntesis inesperado, cuando las defensas de los imputados disparó fuerte contra el tribunal que los juzga.

El encargado de la recusación fue el Dr. Nestor Oroño, quien le endilgo a Bumaguin, Stegmayer y Estevez el haberse “contaminado” con etapas previas del proceso. Además, criticó la “visión administrativista” de la justicia rafaelina, a la que sólo le interesa cumplir las fechas fijadas del juicio “en detrimento del Código”.

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Prisión preventiva para el acusado de intento de femicidio en Ceres

La medida cautelar fue ordenada a pedido de la fiscal Hemilce Fissore, en una audiencia realizada en los Tribunales de San Cristóbal.

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Foto: Tribunales de San Cristóbal

La fiscal Hemilce Fissore solicitó y se dispuso la prisión preventiva del hombre acusado de cometer un intento de femicidio contra su expareja el pasado sábado en Ceres. La medida cautelar fue ordenada en una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.

El acusado, de 41 años y con iniciales JOP, fue imputado por utilizar un arma blanca para atacar a la víctima, quien se encuentra en estado crítico debido a las graves lesiones sufridas en el incidente. El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en Vera Mugica al 500.

El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gabriel Peralta, fue quien dispuso la prisión preventiva luego de evaluar los fundamentos presentados por la fiscalía. A pesar de la oposición de la defensa, el magistrado consideró acreditada la materialidad del hecho y la probabilidad de autoría.

La fiscal Fissore destacó que la víctima logró señalar al agresor como su expareja antes de ser trasladada a un centro de salud. Además, se encontró el cuchillo utilizado en el domicilio del imputado, lo que refuerza la evidencia en su contra.

La fiscal también resaltó que el caso se trata de violencia de género y que la salud de la víctima está en estado crítico, por lo que era necesario resguardar su testimonio y su integridad. Por ello, el juez consideró que existían riesgos procesales y que otras medidas alternativas no eran suficientes.

El acusado enfrenta la calificación penal de homicidio calificado por el vínculo y por haber sido cometido con violencia de género. Se espera que sea llevado a juicio y que se le imponga una pena de prisión efectiva.

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