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Obra Pública: los fiscales pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner

Fue acusada como jefa de una asociación ilícita y autora del delito de «administración infiel en perjuicio de la administración pública». ¿Qué penas solicitaron para los demás acusados?

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Foto: Cristina Kirchner durante uno de los ingresos a Tribunales.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado.

Es por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también solicitó el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación -más de $5.000 millones- y reclamó que sean destinados a «instituciones de bien público».

«El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados», proclamó Luciani, que reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: “Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”, expresó.

En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”. Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias del empresario Lázaro Báez y sus allegados.

Con relación a Báez, los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de asociación ilícita y partícipe primario responsable del delito de corrupción fraudulenta.

En tanto, para Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad) solicitaron 10 años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarlos autores del delito de asociación ilícita.

La fiscalía también pidió 6 años para Mauricio Colladera y Raúl Daruich, ambos de la Dirección Nacional de Vialidad del distrito de Santa Cruz y la misma pena para Juan Carlos Villafañe, de la repartición provincial.

Solicitaron, además, 4 años para Abel Fatala, entonces subsecretario de Obras Públicas; 5 años para Raúl Pavesi, otro ex titular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), y 4 años para José Raúl Santibáñez, que era presidente del directorio del mismo organismo.

Para Héctor Garro, ex presidente de la dirección de Vialidad Provincial, los fiscales reclamaron la pena de 3 años y de 2 años para Carlos Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.

Los funcionarios judiciales también demandaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) el decomiso de $5.321 millones, monto en el que -según estimó su par Mola- se defraudó al Estado.

Además, pidieron que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que -de acuerdo con su concepción- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado.

Solicitaron, a su vez, que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de López, donde aparecen menciones al diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, hijo de Cristina y actual presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

Antes de que el fiscal Luciani anuncie el pedido de penas, expresó que no encontraba «un solo atenuante» debido a la “magnitud” de los delitos investigados, “su poder de dirección”, la “extensión del daño” y el “lucro personal” que persiguió, supuestamente, la vicepresidenta.

Finalmente, le contestó al presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una “injerencia indebida” sobre el Poder Judicial.

En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: “Todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial”.

Además, le recordó que cuando estuvo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “renunció al cargo de jefe de Gabinete por lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz”.

En cambio, ahora varió y omitió aquella postura “para defender puerilmente a su compañera de fórmula”.

Luciani cerró su alegato casi en tono político, condenando la corrupción y asegurando que si se hubiera evitado la trama delictiva que le reprocha al ex matrimonio presidencial, «los sectores más vulnerables» tendrían una calidad de vida mejor.

Fuente: Noticias Argentinas

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Condenaron a un hombre acusado de abusar de su propia hija en Humberto

El juez José Luis Estévez dictó una pena de cumplimiento efectivo contra un hombre de 28 años por abusar de su hija de 4 años durante visitas obligatorias.

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Foto: Ilustrativa

Este martes, en los Tribunales de Rafaela, se conoció el veredicto en el juicio contra V.R.D., acusado de abusar de su hija menor de edad en la localidad de Humberto Primo. Los hechos ocurrieron entre el 22 y el 30 de septiembre de 2022, mientras la niña convivía con él durante el régimen de visitas dispuesto judicialmente.

El juez de la Investigación Penal Preparatoria, José Luis Estévez, resolvió condenar al imputado a 10 años de prisión efectiva por el delito de “abuso sexual a una persona menor de 13 años con acceso carnal, agravado por el vínculo y la convivencia”. Además, dispuso la incorporación de su huella genética a un banco de datos.

Durante el proceso, la fiscal Favia Burella había solicitado una pena de 13 años de cárcel, en tanto que la defensa, representada por Amalia Cassina, planteó la nulidad del debate por considerar vencidos los plazos legales para juzgarlo. Sin embargo, este argumento fue desestimado por el magistrado en su fallo.

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Quedó firme la condena a 20 años de prisión a mujer ligada a “Los Monos” por ataques a edificios judiciales

La mujer de confianza de «Guille» Cantero fue condenada por liderar los ataques a edificios judiciales en Rosario. «Ahora doy órdenes», escribió en un mensaje.

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Foto: Quedó firme la condena a 20 años de prisión a mujer ligada a “Los Monos” por ataques a edificios judiciales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 20 años de prisión contra Lucía Estefanía Uberti, señalada como aliada de la banda narco “Los Monos” y acusada de liderar a un grupo de sicarios que atacó edificios del Poder Judicial en Rosario.

La resolución se conoció luego de que la defensa desistiera del recurso de queja presentado ante el máximo tribunal. “Yo les tenía miedo a los narcos y ahora les doy órdenes a ellos”, llegó a escribir Uberti en un mensaje hallado en su teléfono, según consta en la causa.

Los fiscales sostuvieron que los atentados comenzaron en mayo de 2018 y tuvieron como blanco sedes del Ministerio Público de la Acusación, del Servicio Público de la Defensa Penal y domicilios de funcionarios judiciales y policiales vinculados a investigaciones sobre la familia Cantero. Según la acusación, Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, dio órdenes desde la cárcel a través de celulares a distintos lugartenientes, entre ellos Uberti, para organizar los ataques.

El 30 de septiembre de 2021, un tribunal de Rosario condenó a Uberti por amenazas coactivas agravadas, daños calificados y extorsión agravada. La sentencia fue ratificada en 2022 por la Cámara de Apelación y en 2023 por la Corte Suprema de Santa Fe. La defensa llegó hasta la Corte nacional alegando violación al principio de inocencia, pero el pasado 11 de agosto Uberti y su abogada retiraron el recurso.

De esta manera, la mujer de confianza de “Guille” Cantero cumplirá de manera efectiva su pena de 20 años de prisión.

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Condenaron a 21 años de prisión a un hombre que abusó de cinco mujeres en Rafaela, Susana y San Vicente

Un hombre de 44 años fue condenado a 21 años de prisión por haber abusado sexualmente de cinco integrantes de su entorno familiar en Rafaela, Susana y San Vicente (las tres localidades pertenecen al departamento Castellanos). Quienes resultaron víctimas son una mujer que fue pareja del agresor y la hija de ella, así como dos hijas de otra mujer con la que él mantuvo una relación y su propia hija.

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Foto: Archivo

La sentencia fue ordenada por un tribunal integrado por los jueces Juan Gabriel Peralta y José Luis Estévez, y por el abogado del foro Carlos Farías Demaldé, como conjuez, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.

La fiscal es Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5. Tras conocer el veredicto, la funcionaria indicó que “valoramos positivamente que el hombre al que se juzgó haya sido condenado tal como lo solicitamos desde la Fiscalía en la acusación”.

Por su parte, en representación de tres de las víctimas actuó como querellante la doctora Paola Pradolini, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ).

Violencia de género

Burella sostuvo que “el condenado cometió los ilícitos en diferentes inmuebles en los que convivió con las víctimas, en claros contextos de violencia de género”.

La fiscal manifestó que “en Rafaela, el hombre de 44 años obligó a una de sus parejas a realizar prácticas sexuales, más allá de la expresa negativa de ella”. Además, planteó que “mientras residían en Susana, abusó de una hija de esa mujer, quien en ese momento era una niña que transitaba los primeros años de la escolaridad primaria”.

Asimismo, la Fiscal relató que “el condenado también vulneró la integridad sexual de dos adolescentes que son hijas de otra de sus parejas”. Según precisó, “se trató de hechos reiterados que tuvieron lugar en viviendas ubicadas en San Vicente y en Rafaela”.

Finalmente, Burella señaló que “en una ocasión, el condenado llevó adelante su accionar delictivo en perjuicio de su propia hija adolescente, con quien compartía una vivienda rafaelina”. En tanto, puntualizó que “cuando trató de abusar nuevamente de ella, la víctima opuso resistencia y logró que cesara la agresión”, y añadió que “su padre le exigió entonces que no hablara con nadie sobre lo sucedido”.

Identidad

Las iniciales del condenado son NLC. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de quienes sufrieron los ilícitos.

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