Son algunos de los cambios que preparó en el Ministerio de Salud con la recomendación de los referentes que integran el Consejo Consultivo Honorario. El Gobierno nacional impulsa una nueva reglamentación para el uso terapéutico de la marihuana, con la que se habilitaría la producción pública y la distribución gratuita a través del sistema de salud, y se crearía un registro para autorizar el cultivo personal.

El ministro de Salud, Ginés González García, encabezó este miércoles un encuentro para presentar el borrador que se creó con los integrantes del Consejo Consultivo Honorario y que avanza sobre cinco aspectos centrales: el acceso, la posibilidad de inclusión de otras patologías, la gratuidad, la investigación y la calidad.

Según informaron desde el Gobierno nacional ante la consulta de Vía País, la reglamentación establece que, para garantizar el acceso, se impulsa el registro de especialidades medicinales, la producción pública, se permite el autocultivo controlado, la ampliación de especialidades médicas para su prescripción y un registro de pacientes.

Además, la nueva reglamentación de la Ley 27.350,, cuya puesta en marcha aún depende del aval del presidente Alberto Fernández, establece la promoción y apoyo a la investigación clínica para la generación de evidencia para la indicación terapéutica en otras patologías.

En la cartera sanitaria remarcaron que el aspecto de la gratuidad estará contemplado para las personas con cobertura pública exclusiva .“Era imperioso generar este nuevo consenso que visibilizara todo el trabajo de la sociedad civil, de las organizaciones, de las universidades y de la construcción colectiva que se generó, y en ese sentido, es necesario el acompañamiento del Estado para agregar calidad, equidad, acceso y seguridad para los pacientes”, resaltó Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud que participó del encuentro.

En lo que se refiere a la investigación, la reglamentación estipula que los proyectos que no involucren ensayos clínicos en seres humanos no requerirán autorización del Ministerio de Salud. Y en lo que respecta a la calidad, las universidades, a través de sus programas de extensión vinculados al cannabis medicinal trabajarán para el testeo de sustancias y cultivos experimentales para fortalecer la investigación y el acceso.

En ese encuentro que encabezó González García se aprobó por unanimidad el borrador, se amplió de tres a seis la participación de las organizaciones civiles en el Consejo Consultivo y se designó como presidenta del mismo a la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Sonia Tarragona.

“Quiero agradecer a las organizaciones civiles por el camino transitado por años para llegar a una ley sobre el uso medicinal del cannabis, nuestro compromiso es vincularlas con un Estado presente”, manifestó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, durante la reunión virtual.

En tanto, Vizzotti agregó que esa reglamentación “era una deuda pendiente del Estado y tenía la obligación de dar una respuesta a la sociedad en relación a una ley que tiene sus limitaciones”.

El proceso para definir la reglamentación se inició a mediados de febrero y llevó más de diez reuniones con organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas y otros organismos públicos involucrados para lograr el mayor consenso posible en una temática controversial que durante los años previos no logró concretar sus objetivos.

La agenda de trabajo incluyó la presentación del responsable del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados, Marcelo Morante, que se focalizó en distintos aspectos destacados como la respuesta a la demanda social respecto al acceso a un producto seguro y accesible a través de los Laboratorios de Producción Pública y Privada; la posibilidad de investigar sobre otras patologías además de la epilepsia refractaria; generar las condiciones que favorezcan la investigación clínica, básica y epidemiológica; y los convenios con universidades que garanticen la capacitación médica y analítica de los productos utilizados.

También, dentro del ámbito del Consejo Consultivo Honorario, se debatió lo expresado en el artículo 8 de la Ley 27.350 sobre la autorización de cultivos controlados autorizados por el Ministerio de Salud en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 23.737 cuando los fines sean legítimos o contaran con autorización.

Junto a las autoridades sanitarias nacionales e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, participaron del encuentro representantes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); del Instituto Nacional de Semillas (INASE); del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); del Consejo Interuniversitario (CIN)); de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP); del Ministerio de Desarrollo Productivo y Fabricaciones Militares perteneciente al Ministerio del Interior y especialistas en el tema.

Fuente: Vía País