El Gobierno recibirá hoy los proyectos de aumentos de las jubilaciones, extensión de la prórroga de la moratoria y de declaración de emergencia de la discapacidad, con lo cual el presidente Javier Milei tendrá tiempo hasta el 4 de agosto para poder vetar esas iniciativas.

Los proyectos aprobados por el Senado el 10 de Julio pasado recién serán girados hoy al Poder Ejecutivo, con lo cual comenzarán a correr los 10 días para que el Gobierno pueda vetar esas iniciativas como anunció el jefe de Estado Javier Milei.

Tras su sanción las iniciativas deben ser firmadas por los dos presidentes de las cámaras y luego el Senado debe enviarlas, y este trámite recién se terminó de cumplir hoy, según informaron fuentes parlamentarias.

El proyecto impulsado por la oposición establece un aumento del 7,2 por ciento de los haberes jubilatorios, un incremento del bono que cobran los adultos mayores que perciben la mínima de 70 a 110 mil pesos, la extensión de la moratoria que terminó en marzo por dos años, y la declaración en emergencia en materia de discapacidad.

Fuente: Telefé Noticias

El Gobierno nacional suspendió o eliminó un total de 80.080 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, como resultado de una auditoría integral impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud.

La revisión abarca a más de un millón de beneficiarios y, según fuentes oficiales, permitirá un ahorro mensual superior a los $23.000 millones, basado en el monto promedio de cada pensión, que asciende a $289.000 entre el haber básico y el bono adicional.

Desde la administración nacional insisten en que la medida no persigue fines de ajuste, sino de saneamiento del sistema. “Vamos a sostener las pensiones de quienes realmente las necesitan, pero no vamos a seguir financiando la corrupción kirchnerista”, declaró Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS.

Del total de bajas, 65.230 se debieron a inasistencias injustificadas a los controles médicos obligatorios, mientras que 6.643 correspondieron a personas fallecidas cuyos decesos no habían sido informados. Además, 8.207 beneficiarios renunciaron voluntariamente tras ser notificados del inicio del proceso de revisión, presumiblemente para evitar consecuencias legales.

Según estimaciones oficiales, las bajas podrían superar los 250.000 casos al concluir la auditoría, que se centra en las pensiones otorgadas en el marco de la ley 13.478 y el decreto 432/97. Quedan exceptuados del proceso los menores de edad y aquellos que ya fueron evaluados este año.

Las auditorías son realizadas por médicos del PAMI y personal especializado de la Agencia Nacional de Discapacidad. Los beneficiarios son notificados mediante carta documento y, de no presentarse a los controles médicos, se activa un protocolo escalonado que puede culminar con la cancelación definitiva del beneficio.

Fuente: Contexto Tucumán

El empresario y socio de la familia Kirchner Lázaro Báez facturó casi 10 millones de pesos en los primeros días de julio de este año, semanas después de caer detenido.

La información fue revelada en base a registros de facturas A y B del condenado por la causa Vialidad Nacional realizadas en los primeros 3 días de julio del 2025 en concepto de alquileres inmobiliarios. Báez usufructuó departamentos de un edificio ubicado en el centro de la capital de Santa Cruz que forma parte de las 170 propiedades embargadas por el Tribunal Oral Federal que lo condenó junto con la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Según los datos que figuran en ARCA, Lázaro Antonio Báez facturó 8.128.889,75 pesos más 1000 dólares en concepto de otro alquiler de julio de este año.

Por lo tanto, la suma asciende a 9.428.988,75 pesos.

La justicia analiza los registros de las personas que visitaron a Báez en la prisión de Ezeiza durante el mes de junio pues, según consta en sede judicial, el 24 del mes pasado, Claudia Insaurralde lo habría visitado al empresario retirando documentación en la que estaría un presunto poder para manejar las propiedades del titular de Austral Construcciones.

Claudia Insaurralde es la confidente de Báez desde el año 2017 cuando se conocieron en la misma cárcel de Ezeiza en donde el empresario pasaba los primeros meses tras su detención en abril del 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Militante política de Florencio Varela, el entorno de Insaurralde se fue haciendo cargo de la defensa judicial y el manejo de los bienes de Báez tras su divorcio con la madre de sus hijos, Norma Calismonte. El programa La Cornisa registró, en el 2023, cómo alquilaban seis chalets en Pinamar, Báez a través de su cuñado, el hermano de Claudia Insaurralde.

¿Néstor Kirchner o Dios?

En enero del 2019, Báez tuvo una conversación telefónica, mientras estaba preso en el penal de Ezeiza, en el que le confesó a Insaurralde que todo lo que había conseguido, en materia económica, se lo debía a alguien que estaba en el cielo. Esa escucha legal, ordenada en su momento por el juez Federico Villena, fue tomada como prueba en la causa de la ruta del dinero K para demostrar la relación comercial entre Báez y la familia Kirchner. Para los defensores de Báez, el audio no tenía valor pues el empresario hablaba de «Dios».

Según información que accedió Ilprofesional, el Tribunal Oral, encabezado por el juez Néstor Costabel, analiza la información presentada en las últimas horas que demuestran que Lázaro Báez continuó facturando desde prisión.

El Tribunal es la autoridad que define los montos que un preso puede seguir facturando y de qué manera usufructuar sus propiedaes, a pesar de estar bajo embargo judicial. La situación, según el entorno familiar de Báez, alejado desde su relación con Insaurralde sería «absolutamente anormal». La madre de los hijos de Báez aún quiere conocer el patrimonio real de Lázaro pues reclama la mitad de sus bienes en la justicia de Santa Cruz.

Las preguntas que se hacen en la justicia es si Báez conocía que alguien utilizaba sus datos comerciales para facturar en su nombre o si utilizó asesoramiento para hacerlo a través de una inmobiliaria conocida en el sur argentin. Todos los condenados por la causa Vialidad Nacional tienen tiempo hasta el 13 de agosto para juntar la friolera suma de 530 millones de dólares para depositar en sede judicial por el desfalco realizado en esa causa.

Fuente: iProfesional