La motosierra no para. El Gobierno se dispone a anunciar la eliminación de nuevos organismos, la fusión de otros y la privatización de empresas de servicios que, como ENARSA, serán puestas en venta.

«Hicimos 2.000 reformas en un año, pero el trabajo que queda es enorme», explica el presidente Javier Milei, quien busca mostrar que su administración no pierde el impulso que, entre otros objetivos, le permitió lograr un respaldo financiero de características únicas por parte el Fondo Monetario Internacional.

Superávit mayor: el plan de Javier Milei y Luis Caputo para cumplir con el FMI

En el marco del acuerdo por u$s20.000 millones, de los cuales ya se liberaron u$s12.000 millones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le exigió a la Argentina un superávit fiscal equivalente a 1,3 puntos de Productos Bruto, unos $10,5 billones.

El día del anuncio, Milei sorprendió otra vez y explicó que, como el mundo se vuelve cada vez más turbulento, le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, elevar el objetivo de superávit a 1,6%, de tal forma que no hay sorpresas inesperadas en el rumbo del programa que tiene como una de sus anclas, la fiscal.

Ese excedente fiscal se logrará, en parte, por una mayor actividad económica, que viene creciendo al 6% anual. Pero sobre todo por la implementación de numerosos recortes de gastos, que incluirá la fusión y reducción de organismos estatales, como así también en la derogación de centenares de miles de normas.

«El objetivo que tenemos es para fin de año hacer una limpieza muy fuerte», explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Se hará a través del «Digesto», un término que Milei comenzó a utilizar seguido en las últimas semanas y que significa reordenar toda la normativa. Entre otras cosas, cada Ministerio deberá informes cuáles de todas las normas vinculadas a sus áreas se utilizan realmente.

Despidos y menos trámites: la estrategia de Federico Sturzenegger

En el Gobierno creen que hay miles de resoluciones que no hacen más que alimentar la burocracia estatal y complicar la actividad empresarial.

El Proyecto Digesto tiene como objetivo saber la cantidad de leyes en Argentina. En ese sentido, Stuzenegger dijo que hay «4.600 leyes» vigentes. «Nadie ha hecho el digesto de los decretos. Yo pensé que los decretos eran 70.000. Y hablando con la Secretaría Legal y Técnica me dijeron que en realidad son 700 mil».

Entre algunas perlas, había vigente un decreto que prohibía exportar ganado. También otro, ya eliminado, que obligaba a envasar en plástico las sandías antes de enviarlas al exterior.

El objetivo es hacer una «refuncionalización del Gobierno», destacó Sturzenegger, quien viene de tener un paso de alto perfil por la Asamblea de Primavera del FMI y el Banco Mundial.

Allí, el «Coloso» mostró muy buena sintonía con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, y rompió el protocolo al obsequiarle un pin con un mini motosierra, que la búlgara no dudó en prenderse de inmediato.

Milei ya le había regalado una motosierra, pero tamaño real, a Elon Musk, el asesor estrella de Donald Trump, que ahora parece haber caído en desgracia por enfrentarse a hombre claves del Gabinete republicano, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Entre las medidas inminentes se incluye un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para eliminar 24 organismos, fusionar más de 15 y transformar 16 dependencias.

La mayoría de las áreas que sufrirán cambios son institutos. Un ejemplo son algunos que dependen de la Secretaría de Cultura de la Nación, que se fusionarán en uno solo a los fines de evitar la duplicación de áreas y centralizar las políticas de todos. Los ministerios de Capital Humano, Economía y Salud son los que más modificaciones tendrán.

El DNU abarca a más áreas del Gabinete. Es justamente por este motivo que esta medida lleva prácticamente medio año en estar en elaboración. Son muchos los sectores en los cuales se estudiaron cambios posibles y con los que se tiene que coordinar todo el proceso normativo y legal. Trascendió que hubo pedidos de cambios a último momento para los ministerios.

La Casa Rosada también podría lanzar un conjunto de 40 desregulaciones similares a las contenidas en el «proyecto de ley Hojarasca», que establece la derogación de más de 70 leyes, consideradas «normativas obsoletas» o que restringen libertades.

Entre los decretos que vienen figura uno que posibilitará a buques extranjeros operar en el cabotaje nacional, eliminando la exclusividad que hasta ahora tenía la Marina Mercante nacional.

Se autorizará además la contratación de tripulaciones de cualquier nacionalidad, siempre que cumplan con los estándares internacionales de habilitación. El objetivo es dinamizar el comercio marítimo y reducir las barreras burocráticas que afectan al sector.

Es que contempla la posibilidad de que los armadores soliciten el cese de la bandera argentina para sus buques, lo que les permitiría registrarlos bajo banderas extranjeras sin que esto sea considerado una exportación.

Además, se disolverá la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, a cargo de supervisar y fiscalizar el transporte terrestre, tanto ferroviario como automotor, dentro de la Argentina. La Comisión maneja un presupuesto anual de $22.367 millones. De ese total ya se ejecutaron $8.700 millones.

Las disposiciones ya están redactadas y siendo analizadas por el equipo de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, funcionaria del asesor presidencial Santiago Caputo.

La lista de organismos a eliminar y la cantidad de estatales que pasarán a disponibilidad se sigue discutiendo. Antes, se debe completar un análisis detallado de las funciones que cumplen y la decisión de cierre o fusión ocurre cuando descubren que se superponen con funciones parecidas.

Privatización y fusiones: los organismos públicos en la mira del Gobierno

Entre los organismos que se fusionarían están la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos).

Además, se analiza qué hacer con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Dirección General de Aduanas, Dirección Nacional de Migraciones, Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Fuerza Aérea Argentina.

Cerca de Sturzenegger dicen que esos organismos cumplen funciones similares y con apenas un 30% del personal se puede hacer lo mismo.

Por ahora, no se tocarán el INTA, la CNEA, el CONICET, ANSES, PAMI o la Casa de la Moneda, según fuentes oficiales.

Estos cambios llevarán a que hay más despidos de estatales. Hace dos semanas se cerró la Secretaría de Hábitat y hubo 400 despidos.

Milei está convencido de que existe consenso en la sociedad de que el kirchnerismo sobredimensionó para colocar militancia rentada, y que hay «ñoquis» en casi todas las dependencias.

En el caso de empleados contratados por organismos que desaparecerán, se dejarán que venzan los contratos o se darán de baja, directamente.

El plan es despedir al 70% y que queden un 30% aproximado de empleados en cada organismo. Los que queden afuera serán trasladados a otras áreas del Estado o pasados a «disponibilidad».

En el primer año de Gobierno, fueron 37.000 los contratados del Estado que no se renovaron sus contratos. Hoy siguen 2.000 despidos por mes. Milei había anunciado que el plan era dar de baja a unos 70.000 empleados.

También se obligó a jubilarse a los que cumplieron edad para hacerlo y a que todos los estatales realicen un examen de idoneidad para continuar en el puesto.

A los empleados estatales cuyos cargos dejen de existir, «se les pagará el sueldo por 6 meses o hasta 1 año como máximo». Y solo si no consiguen otro trabajo en ese período, se los indemnizará, de acuerdo a la antigüedad, por el monto que les corresponde por convenio laboral. El objetivo es evitar una catarata de juicios laborales.

En tanto, Sturzenegger apuntó contra otro de los problemas que generó el sobredimensionamiento del Estado. Dijo que durante el kirchnerismo se empezaron a generar organismos descentralizados, que pretendieron autofinanciarse.

«Empezaron a inventar trámites para autofinanciarse. Entonces tuvimos una proliferación de regulaciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahí? Se los sacamos y los volvemos a centralizar en el Gobierno», explicó.

Y puso como ejemplo a la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica): «Tienen 900 trámites que no se sabe para qué. Por lo menos la mitad de esos trámites los tenemos que limpiar».

Sturzenegger mencionó que este tipo de entidades también cuentan con una gran estructura de personal: «Tenemos organismos, por ejemplo, que tienen 120 personas, de las cuales 60 hacen el laburo que corresponde a eso, y 60 son el apoyo administrativo».

«Si los centralizas, podés liberar a esas 60 personas. Si nos liberamos vamos a poder gastar menos y cobrar menos impuestos», prometió.

El gobierno tiene presupuestado para transferirles a las empresas del sector público $4,4 billones. Pero solo ejecutó $363.250 millones, el 8% de los recursos contemplados. El recorte para las empresas públicas representa un 60,34%.

Tres empresas

Las empresas que sufrieron el principal ajuste en las transferencias son AYSA —por primera vez arrojó superávit—, la empresa encargada de desarrollar infraestructura y redes cloacales y agua potable en el AMBA y que el Gobierno pretende privatizar; Corredores Viales SA, la empresa creada en etapa de Mauricio Macri con el objetivo de generar infraestructura en materia vial, pero que quedó en desuso y pretende ser cerrada; y Correo Argentino, que también está en miras de ser privatizada.

En los tres casos, el recorte que sufrieron las tres empresas es del 100%. Es decir, que no recibieron fondo alguno por parte del Tesoro y funcionan con la recaudación que surge de sus actividades.

AYSA cuenta con una dotación de personal de 6.295 empleados, mientras que Corredores Viales tiene 3.690 trabajadores y el Correo Argentino 12.166 personas.

Energía Argentina SA, la empresa estatal que maneja parte del sector energético, sufrió un recorte de 95,23%. Una cifra en línea con la privatización, que cobró impulaso.

Fuente: iProfesional