La ministra de Seguridad Patricia Bullrich implementó un nuevo protocolo que autoriza el uso de agentes encubiertos en el ámbito digital, específicamente en investigaciones judiciales vinculadas a delitos complejos.

Esta medida apunta a detectar y desarticular actividades delictivas que se llevan a cabo a través de plataformas en línea y redes sociales.

Patricia Bullrich oficializó un protocolo para fiscalizar las redes sociales

La disposición fue oficializada este martes mediante la Resolución 828/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad. Se trata de un nuevo marco legal para el desarrollo de las tareas de los “agentes encubiertos digitales” y “agentes reveladores digitales” de las fuerzas federales.

“Hoy en día las organizaciones criminales, cada vez con mayor frecuencia, operan a través del ciberespacio, por lo que los agentes encubiertos y los agentes reveladores tienen que intervenir en el espacio digital en innumerables delitos (pornografía infantil, narcotráfico, terrorismo)”, señalaron en un comunicado desde el Ministerio de Seguridad nacional.

En esta misma línea, respaldaron esta nueva medida y manifestaron de forma contundente: “Por lo que los agentes Encubiertos Digitales constituyen una herramienta poderosísima en la lucha contra el delito complejo”.

Cómo funciona el protocolo para monitorear las redes sociales

El procedimiento comienza con una orden judicial que autoriza la intervención de un agente encubierto digital. Luego, la Unidad Especial de Agentes Encubiertos requiere a la fuerza de seguridad o policial a cargo de la investigación que proponga un agente que reúna las condiciones necesarias de formación y experiencia para llevar adelante la tarea.

Una vez seleccionado, el agente define la identidad ficticia que empleará durante su operación y presenta una nota formal aceptando la asignación. La Unidad Especial, por su parte, registra su intervención mediante un código de seguridad individual y conserva toda la documentación de manera confidencial.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) podrá incorporar los datos ficticios en sus bases y emitir la documentación necesaria, física o digital. La identidad falsa debe mantenerse en reserva por todos los funcionarios involucrados, y su filtración puede generar sanciones y consecuencias penales.

Finalmente, la normativa indica que la identidad ficticia solo podrá usarse durante la misión autorizada por la Justicia. Una vez concluida, debe eliminarse de todas las bases de datos. Solo en casos excepcionales, y con justificación, el agente podrá seguir utilizándola por motivos de seguridad o para otra investigación.

Fuente: La 100

El Gobierno argentino trabajaba para eso en las últimas horas, y lo logró: EEUU apoyará el reclamo de Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en uno de los capítulos del extenso juicio por la expropiación de YPF.

Se trata del pedido de Burford Capital de quedarse con el 51% de las acciones que el Estado local tiene en la empresa. En 2023, Burford fue declarado el principal beneficiario del fallo de primera instancia por el cual la jueza Loretta Preska condenó a Argentina a pagar USD 16,000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012.

Hace pocas horas se conoció oficialmente la decisión del Departamento de Justicia de EEUU de presentar un escrito como amicus curiae (amigo del tribunal) apoyando a la defensa argentina en su reclamo de que se suspenda el fallo de Preska que ordenó entregar las acciones de YPF. En los próximos días presentará un documento con sus argumentos. El documento del anuncio lo firmó David E. Farber, asistente del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Algo similar ocurrió el año pasado, cuando Joe Biden era presidente de EEUU.

“La intervención del Gobierno de EEUU en respaldo a la República Argentina apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska mientras se tramita la apelación. Por el momento, el respaldo del Departamento de Justicia (DOJ) no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco aplica al fallo de los USD 16.100 millones”, destacó en X Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.

Mientras tanto, sigue la estrategia oficial de buscar alianzas y que otros países se presenten como amicus curiae de Argentina en la corte de Apelaciones. Es una estrategia conjunta, que parece empezar a dar resultado, entre la Cancillería y la Procuración del Tesoro, el organismo que lleva adelante la causa, tanto directamente como con los estudios de abogados que contrata en el exterior.

Si bien no hay confirmación oficial, la nómina de otros países la integrarían Uruguay, Paraguay y El Salvador, entre algunos de los americanos, e Italia, Francia y Alemania, entre los del Viejo Continente. Podría haber otros.

El apoyo de Biden

EEUU ya había apoyado al país en este capítulo del juicio. En octubre del año pasado, cuando aún gobernaba Biden, le recomendó a Preska que no tuviera en cuenta el pedido de Burford de quedarse con las acciones de la empresa.

En la presentación, que firmó Damian Williams, ahora exfiscal de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, se aseguró que conceder la orden de “turnover” de las acciones de YPF que piden los demandantes violaría las normas de inmunidad soberana de ese país. Y le recomendó a Preska que rechace esa solicitud.

También hizo foco en que la opinión de larga data del gobierno estadounidense es que sus jueces no tienen competencia para ejecutar bienes de estados extranjeros. “La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte”, destacó el escrito de 10 páginas.

La jueza, cercana al partido Republicano y de tendencia que podría definirse como conservadora, no tuvo en cuenta el pedido y hace 10 días ordenó el traspaso de acciones. Puede volver a pasar: los jueces escuchan los argumentos de los amicus curiae, pero no siempre siguen sus recomendaciones. Lo hizo Preska y antes lo había hecho su antecesor, el fallecido Thomas Griesa, en la causa de los hold outs, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Fuente: Infobae

En medio del conflicto por la distribución de fondos y la reciente media sanción de un paquete de leyes en ese sentido, un grupo mayoritario de gobernadores avanza en la conformación de un frente electoral para disputar la presidencia en 2027 frente a Javier Milei.

Las conversaciones entre los mandatarios llevan meses y existe un consenso creciente para construir un espacio político común que reúna a gobernadores y dirigentes provinciales provenientes tanto de Juntos por el Cambio como del peronismo dialoguista. El único límite explícito es el kirchnerismo.

Según reconstruyó Clarín, estas conversaciones ocurren en un momento de máxima tensión entre las provincias y el Gobierno nacional. El propio presidente Milei acusó recientemente a los gobernadores de querer “destruir al Gobierno” tras el avance en el Senado de dos iniciativas que otorgan más recursos a las provincias, mediante modificaciones en el impuesto a los combustibles y en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Ese mensaje presidencial generó fuerte malestar entre mandatarios que, aseguran, apoyaron al oficialismo en los últimos meses. “Nos metieron en la misma bolsa que los gobernadores kirchneristas, cuando estuvimos acompañando al Gobierno durante este año y medio”, repiten varias voces provinciales, que ahora buscan consolidar un espacio común para disputar poder frente a la Casa Rosada.

Estas discusiones ocurren al margen del chat “23 gobernadores + un Jefe de Gobierno”, que incluye a todos los mandatarios provinciales y a Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. Allí también participan gobernadores alineados con el kirchnerismo, como Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), lo que complica acuerdos más amplios.

Una coalición con la mira puesta en 2027

Aunque todavía nadie lo admite públicamente, desde varias provincias señalan que se busca construir una alternativa presidencial que combine a los diez gobernadores de Juntos por el Cambio con otros mandatarios independientes y peronistas alejados de Cristina Kirchner.

Entre los gobernadores de JxC figuran Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (CABA) y Leandro Zdero (Chaco).

Del lado del peronismo no kirchnerista se mencionan nombres como Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa), este último aún bajo evaluación. También se menciona a exgobernadores con peso político como Juan Schiaretti.

A ellos podrían sumarse gobernadores provinciales de perfil independiente, como Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Hugo Passalacqua (Misiones). En un escenario ideal para esta coalición, sumarían hasta 18 mandatarios con representación territorial.

Encuentros, tensiones y señales desde la Rosada

En paralelo, el llamado “círculo rojo” político y empresarial habla de un encuentro informal este jueves en un cóctel en La Rural, organizado por el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, con el objetivo de acercar posiciones entre gobernadores y la Casa Rosada.

Desde las provincias restan importancia al evento, ya que no es de carácter institucional, y esperan una convocatoria formal del Gobierno nacional que aún no llega.

Entre los gobernadores dialoguistas se coincide en que Guillermo Francos, ministro del Interior, sigue siendo el principal interlocutor válido, al igual que Santiago Caputo. Sin embargo, consideran que ambos han perdido margen de maniobra. «Todo lo decide El Jefe, es decir, Karina, con los Menem», explican, en referencia a Karina Milei y Eduardo ’Lule’ Menem.

En todo caso, reconocen que el Gobierno ha comenzado a suavizar su postura en privado ante la creciente coordinación entre las provincias. Un ejemplo: un ministro clave del gabinete llamó varias veces a un gobernador en una misma semana para resolver gestiones demoradas. «Están en alerta porque saben que la situación en el Congreso puede poner en riesgo la gobernabilidad», afirman desde una gobernación.

Los vetos presidenciales, bajo análisis

El reciente paquete aprobado en el Congreso —que incluye aumentos a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad— preocupa al Ejecutivo, aunque Milei anticipó que lo vetará.

En el oficialismo confían en que la Cámara de Diputados respaldará ese veto, gracias al apoyo de los libertarios, el PRO y otros bloques aliados. Sin embargo, el panorama se complica si prosperan los proyectos impulsados por los gobernadores sobre la redistribución del impuesto a los combustibles y los ATN.

En este contexto, tomaron como una señal positiva las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, quien sugirió que Milei podría acompañar la iniciativa que modifica los ATN. No obstante, en la Rosada mantienen firme la decisión de vetarla si se convierte en ley.

Fuente: Contexto Tucumán