Una familia tipo, integrada por cuatro personas, necesitó $1.128.398 para no ser pobre en junio, según la Canasta Básica Total (CBT) informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La CBT aumentó 1,6% mensual, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado se incrementó en 29,2%. En lo que respecta al acumulado del año, la canasta total acumuló un incremento de 10,1%.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), subió 1,1% mensual. En comparación interanual, aumentó un 28,7%. En lo que va del año, la CBA acumuló un incremento del 12,6%.

De acuerdo con la medición del INDEC, en junio, un hogar compuesto por tres personas necesitó $898.336 para cubrir la CBT y $402.841 para cubrir la CBA.

Una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $506.008 para la CBA y $1.128.398 para llegar a la CBT.

Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total de $532.209 para la CBA y $1.186.826 para la CBT.

Comparado con la inflación de junio, la CBA quedó por debajo del número del IPC mensual (1,6%) y la CBT quedó con el mismo incremento de la inflación general. Ambas quedaron por debajo en la medición interanual (39,4%).

Fuente: NA.

La inflación de junio fue de 1,6% y acumuló 15,1% en los primeros seis meses de 2025, según informó este lunes el INDEC. La variación mensual mostró una leve aceleración de 0,1 puntos porcentuales contra mayo. El acumulado interanual, en tanto, es de 39,4%.

En términos interanuales, la variación del IPC fue de 39,4%, lo que marca catorce meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes del año anterior.

La división de mayor aumento en el mes fue Educación (3,7%), por subas en el valor de las cuotas de los servicios educativos. Le siguió Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), por incrementos en el alquiler de la vivienda y gastos conexos.

Por su parte, los dos rubros que registraron las menores variaciones en junio fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas y Prendas de vestir y calzado.

Además, el INDEC detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. El Gran Buenos Aires registró el número más alto: 2%. Le siguió la Patagonia, con 1,8%.

Por debajo del total nacional se ubicaron la región Pampeana (1,3%), el Noroeste (1,2%), el Noreste (1,1%) y Cuyo (1%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,2%) lideraron el incremento, seguida de IPC núcleo (1,7%) y Estacionales (-0,2%).

Rubro por rubro: cuáles fueron las divisiones que más aumentaron en junio

-Educación: 3,7%

-Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%

-Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,8%

-Recreación y cultura: 2,5%

-Salud: 2,2%

-Restaurantes y hoteles: 2,1%

-Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,9%

-Comunicación: 1,8%

A la par que el IPC estuvo Transporte y por debajo del nivel de inflación se ubicaron Bienes y servicios varios (1%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%) y Prendas de vestir (0,5%).

Fuente: TN

Las deudas con tarjeta de crédito son una de las principales preocupaciones financieras de los argentinos. En tiempos de inflación y pérdida del poder adquisitivo, muchas personas se preguntan: ¿me pueden embargar el sueldo si no pago lo que debo?

La respuesta corta es sí, pero bajo ciertas condiciones. En Argentina, el embargo del salario por una deuda no puede realizarse de forma inmediata ni sin intervención judicial. La normativa protege parte del ingreso del deudor y establece un proceso legal que debe respetarse.

¿Qué es un embargo y cuándo puede aplicarse?

El embargo es una medida judicial que permite retener bienes o ingresos de una persona para saldar una deuda impaga. En el caso de las tarjetas de crédito, esta acción solo puede ejecutarse si un juez lo autoriza tras un proceso judicial. Es decir, el banco o la entidad financiera debe iniciar una demanda, demostrar la existencia de la deuda y la falta de pago.

Se trata de un juicio ordinario (no ejecutivo), lo que significa que puede demorar varios meses e implica costos para ambas partes. Por eso, muchas veces las entidades optan por negociar antes de iniciar acciones legales.

¿Qué parte del sueldo se puede embargar?

La legislación argentina establece que los salarios, jubilaciones y pensiones son inembargables hasta un cierto límite. Si los ingresos superan el salario mínimo, vital y móvil, el excedente puede ser embargado de manera progresiva.

Por ejemplo, si un trabajador cobra por encima de ese piso legal, el juez podría autorizar el embargo de un porcentaje del excedente, y nunca de la totalidad del ingreso. Además, hay excepciones donde sí se puede embargar más allá del mínimo protegido, como en casos de deudas alimentarias.

En cambio, otros bienes como vehículos, propiedades o cuentas bancarias pueden estar sujetos a embargo si así lo dispone la Justicia.

¿Las deudas caducan?

Otro dato clave es que las deudas de tarjeta de crédito prescriben. El plazo legal es de tres años desde que se produce la mora, es decir, desde el vencimiento de la última cuota o resumen impago. Sin embargo, si el deudor realiza un pago parcial o el acreedor inicia una demanda, el plazo de prescripción se reinicia.

¿Qué hacer si tenés una deuda?

Si estás en mora con la tarjeta, lo principal es evitar que la situación escale a la vía judicial. Algunas recomendaciones:

Negociar con la entidad emisora: Muchas veces es posible refinanciar la deuda o establecer un plan de pagos más accesible.

Consultar con un abogado: Un profesional en derecho del consumidor puede ayudarte a entender tus derechos y evitar abusos.

Evaluar tu capacidad de pago: Es fundamental comprometerse solo con lo que realmente podés pagar y evitar nuevos endeudamientos.

Un proceso con límites

El embargo por deuda de tarjeta de crédito es una herramienta legal, pero no es automática ni arbitraria. Requiere una sentencia judicial y está limitado por normativas que protegen los ingresos básicos del deudor.

Por eso, si estás atravesando una situación de endeudamiento, la clave es informarte, buscar asesoramiento y actuar con responsabilidad. Entender tus derechos puede marcar la diferencia entre un problema financiero manejable y una complicación legal de largo plazo.

Fuente: La Gaceta