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El juego clandestino mueve en la provincia de Santa Fe 1.100 millones de pesos mensuales

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Es la suma que estimaron los fiscales Schiappa Pietra y Edery en la audiencia en la que se prorrogó la prisión preventiva hasta febrero de Patricio Serjal, acusado de recibir coimas.

El juego clandestino, un delito que tiene una larga historia en la provincia, mueve actualmente 1.100 millones de pesos por mes en Santa Fe. Esa fue la cifra “negra” que estimaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery para dimensionar el poder que tiene esta actividad, que derrama fondos para alimentar las complicidades desde el Estado que garanticen su “normal” funcionamiento, como se estableció en las investigaciones que avanzan en Rafaela y Rosario, donde se acusó a jefes policiales y fiscales de ser parte de este engranaje de corrupción.

La dimensión económica del juego clandestino fue uno de los puntos que se profundizaron en una audiencia en la que los fiscales pidieron una prórroga de la prisión preventiva para el exfiscal regional Patricio Serjal, una medida que fue avalada por la jueza Eleonora Verón. Serjal seguirá detenido en la cárcel de Piñero por lo menos hasta febrero, luego de que la magistrada rechazara el planteo de la defensa que solicitó que el exfuncionario pase a tener prisión domiciliaria.

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En este nuevo capítulo del caso de las coimas, que habrían recibido Serjal y el fiscal Gustavo Ponce Asahad -también detenido-, los fiscales plantearon que en el avance de la investigación detectaron un incremento patrimonial de Serjal desde que asumió como fiscal regional.

“Identificamos un desfasaje financiero significativo”, plantearon Edery y Schiappa Pietra y detallaron que el análisis económico por parte del organismo advierte un aumento estimado de $ 2.500.000 a partir de abril de 2017, cuando asumió Serjal como fiscal regional.

En agosto pasado, cuando la jueza Verón ordenó la prisión preventiva de Serjal, acusado de recibir coimas del empresario “arrepentido” Leonardo Peiti, la defensa del exfiscal planteó que el entonces funcionario no había tenido un aumento en su patrimonio ni en sus cuentas bancarias. Este argumento comienza a resquebrajarse después de la audiencia de este lunes.

Schiappa Pietra aclaró que aunque todavía no terminaron el trabajo de revisión de los gastos e ingresos de Serjal creen que los números de su patrimonio mejoraron producto del cobro de coimas a cambio de protección a los delincuentes y dentro del escenario provisorio que describieron asoma la compra de un terreno.

«En definitiva lo que la jueza ha valorado en este caso es también un terreno que es propiedad de Serjal, quien tuvo un incremento patrimonial desde abril de 2017 hasta ahora, que es cuando asumió como fiscal regional. Y si bien mejoró sus ingresos, se nota un desfasaje financiero”, reseñó Schiappa Pietra.

“Descubrimos que adquirió un terreno que mejoró su patrimonio y que es objeto de análisis porque no se había advertido al momento de la primera audiencia. Estos son elementos que estamos empezando a analizar, porque es un relevamiento patrimonial complejo y lo que estamos haciendo y lo explicamos en la audiencia, es dar cuenta de un fenómeno criminal mucho más grande que tenemos por delante», dijo Schiappa Pietra.

“Cuando en agosto imputamos a Serjal veníamos investigando a una organización vinculada a extorsiones que, a partir de la aparición de Peiti, nos abrió pistas vinculadas al juego ilegal. Hay que tener en cuenta que la recaudación del juego legal se estima en unos 1.100 millones de pesos mensuales y el dinero que mueve el juego ilegal se estima en base a esos montos. Por eso le explicamos a la jueza que estamos ante una investigación que se nos abre hacia un terreno con vinculaciones de distinto orden, teniendo en cuenta que se está demostrando la incumbencia de la participación policial en el soporte para esas organizaciones”, aseguró el fiscal.

En agosto pasado, cuando los dos fiscales fueron detenidos, los fiscales explicaron en la audiencia imputativa cómo funcionaba la red de complicidades que favorecía a Peiti, capitalista de juego clandestino, que “aportaba” 5.000 dólares mensuales a los funcionarios para evitar que se activaran las investigaciones contra esta actividad ilegal en el sur de la provincia.

El sábado pasado en Rafaela el fiscal Martín Castellanos describió en una audiencia, en la que quedaron imputados cinco jefes policiales de Rafaela, cómo funcionaba la red de coimas que recibían los uniformados de parte de David Perona, uno de los socios de Peiti en esa región.

Este hombre obeso, que controlaba casinos ilegales y salas de juego online, no tenía necesidad de esconder esa actividad ilegal porque pagaba coimas generosas a los jefes de la policía de la Unidad Regional V, con sumas que iban desde 120.000 a 280.000 pesos por semana o cada 15 días.

Los cuatro policías retirados y uno en actividad que quedaran detenidos por 90 días tuvieron altos cargos en la estructura policial en la Unidad Regional V de Rafaela, como Juan Pablo Bengoechera, de 48 años, que fue jefe de la URV y también de la URII, de Rosario; José Pérez, de 51 años, que llegó a ser subjefe de la Policía de Santa Fe; Fabián Forni, ex titular de la URIX de Reconquista, que pidió su pase a retiro en diciembre pasado en oposición a los cambios que hizo el Ministerio de Seguridad en la fuerza. También fue imputado Javier Gorosito, ex jefe de Orden Público de Rafaela, y Flavio Aranda, quien es el único de los detenidos que se encuentra en actividad; fue titular de la Agrupación Cuerpos en la época en que Bengoechea era jefe de la Unidad Regional de Rafaela.

Forni, Aranda y Bengoechea cobraban sumas de dinero mayores, que oscilaban entre los 120.000 y 280.000 pesos semanales y cada quince días.

Según la imputación que hizo el fiscal Castellanos, Perona y Marcelo Uberti, uno de sus socios, entregaban por semana a Gorosito y Pérez 120.000 pesos. “Esas sumas de dinero eran entregadas de forma personal y provenían de la ganancia de la actividad de los juegos de azar”, señaló el fiscal en la audiencia. A Gorosito, por ejemplo, le entregaban la “coima” en la intersección de las calles Mitre y José Ingenieros, debajo de las tribunas del estadio de Atlético Rafaela. Otras veces le daban los sobres en la jefatura de Policía.

De acuerdo a la acusación, Forni, Aranda y Bengoechea cobraban sumas de dinero mayores, que oscilaban entre los 120.000 y 280.000 pesos semanales y cada quince días. El ex jefe de la URV enviaba a un subalterno a buscar la plata de las supuestas coimas, según Castellanos. El periodo que demarcó el fiscal sobre el cobro de sobornos es entre 2015 y noviembre de 2017.

“Los civiles investigados entregaban parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal a los policías en los períodos en que cada uno de ellos formó parte de la asociación ilícita, conforme a un acuerdo existente para el reparto de las ganancias”, describió el funcionario.

 

 

 

 

Fuente: Aire de Santa Fe

 

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Brindaron detalles el estado del proceso concursal de Sancor

La firma jurídica advirtió que el juez dio a la empresa una última oportunidad para presentar un plan de contingencia y evitar la quiebra.

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Foto: Ilustrativa

La Empresa de Servicios Jurídicos Regali y Asociados brindó detalles sobre el estado actual del proceso concursal de Sancor, aclarando que la información difundida está vinculada a su participación directa en el conflicto.

En el comunicado, los abogados recordaron que “el proceso de concurso recién está en sus pasos iniciales”, tras haber finalizado la etapa de verificación y la de impugnación de los créditos.

Reunión del consorcio de acreedores

Desde el estudio indicaron que en la última reunión del consorcio se abordó el pedido de quiebra presentado por el sindicato, analizando sus consecuencias y las posibilidades de garantizar los créditos de sus representados, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores de la empresa.

También se trató el pedido de intervención de la administración presentado por el estudio, que solicita el desplazamiento de los cargos directivos y la promoción de una investigación penal por las actividades desarrolladas durante los últimos diez años. “El tiempo de diez años no es caprichoso, sino que tiene que ver con el plazo de prescripción de ciertas acciones”, explicaron.

En ese marco, el juzgado requirió a Sancor la presentación de un plan de contingencia, en el que deberá detallar su estrategia para salir de la crisis, las asesorías con las que cuenta y las decisiones adoptadas.

“El juez está intentando darle una oportunidad más a la empresa para salir de los pedidos de quiebra, que están muy bien fundados y tienen todas las posibilidades de concretarse”, advirtieron desde el estudio.

Riesgo de quiebra

Regali y Asociados alertó que, de concretarse la quiebra, esta sería de carácter liquidativo. “Así como Sancor Seguros continúa con la ejecución de la hipoteca que mantiene sobre el Centro de Distribución de Buenos Aires, el resto de los acreedores podría avanzar sobre sus créditos especiales, entre ellos la marca, uno de los activos más valiosos de la empresa”, precisaron.

También indicaron que el valor de remate de los bienes “suele ser la mitad o menos”, y que las plantas, como la de Sunchales, tienen tecnología obsoleta y bajo valor de venta. “Hasta el momento hubo un solo interesado en la compra, pero el monto ofrecido fue irrisorio y no alcanzaba para pagar ni el 10% de las deudas”, agregaron.

Irregularidades y falta de respuestas

El estudio remarcó que la intervención de la administración se solicita debido a “las irregularidades que existen en el acontecer diario de la empresa y la falta de información verificable”. Denunciaron que la firma “se maneja de forma autónoma y sin rendir cuentas a la sindicatura”, mencionando como ejemplo la negociación con la empresa Elcor S.A., de la cual el juez y la sindicatura se habrían enterado por los medios.

Asimismo, señalaron “la presentación de 850 recibos apócrifos” .

Por último, manifestaron su preocupación por “la falta de respuesta y la desidia con la que los funcionarios tratan la situación”. “Parece que quieren que la empresa quiebre de una vez por todas. No hay voluntad ni espíritu de lucha, y en esas condiciones es imposible rescatarla. Los directivos no dan señales de vida, y el juez ni siquiera los conoce”, concluyeron.

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Continúa la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales

Confirmaron por la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales.

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Un hombre de 32 años, cuyas iniciales son GSP, continuará en prisión preventiva en el marco de una causa en el que está acusado como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego el 13 de junio del año pasado en Sunchales

La medida cautelar fue confirmada por el camarista Cristian Fiz, luego de escuchar a las partes en la audiencia de apelación. La preventiva ya había sido ratificada por otro tribunal en diciembre del año pasado. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5

Castellano sostuvo que “se tuvo en cuenta que ya presentamos la acusación contra el hombre investigado y estamos a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha para el inicio del juicio oral y público”.

Peligros procesales

Castellano sostuvo que “en esta nueva audiencia de apelación, el camarista volvió a coincidir con la Fiscalía en que las evidencias que presentamos en la audiencia de medidas cautelares fueron suficientes para tener por acreditadas la materialidad y la participación del imputado en el hecho ilícito”. En tal sentido, agregó que “el juez de segunda instancia también refirió a la pena en expectativa y dijo que en la acusación solicitamos 13 años de prisión de cumplimiento efectivo”.

El fiscal manifestó que “el juez consideró que ante la proximidad del juicio oral y publico, los riesgos procesales aumentan y podrían hacer que el acusado no se sujete al proceso”.

Con un revólver

Castellano recordó que “el ilícito fue cometido aproximadamente a las 11:30 del jueves 13 de junio del año pasado mientras la víctima caminaba con su novia adolescente por calle Alem al 1.300”. Relató que “luego de perseguirlos desde atrás, el acusado se paró delante de ellos, extrajo un revólver –del que no tenía la debida autorización legal– de su cintura, le apuntó al hombre y le exigió que le entregue sus pertenencias”.

El fiscal manifestó que “mientras la víctima se sacaba la mochila para dársela, el imputado le apuntó a la menor de edad y la amenazó diciéndole que le dispararía con el arma si interfería”.

En tal sentido, agregó que “inmediatamente después, a una distancia aproximada de 50 centímetros, le disparó al rostro del hombre con la clara intención y voluntad de provocarle la muerte”.

El fiscal subrayó que “tras efectuar el disparo, el acusado se fue corriendo del lugar sin haber logrado su objetivo de quitarle la vida a la víctima por razones ajenas a su voluntad debido a la inmediata intervención de personal médico”.

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Crimen en Moisés Ville: libertad para el padre y prisión preventiva para el hijo, acusado de dar la puñalada mortal

Se trata del violento hecho ocurrido el jueves donde un hombre identificado como Gastón Pfaffen fue apuñalado y perdió la vida.

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La justicia resolvió este miércoles la situación procesal de los dos detenidos por el crimen de Gastón Alejandro Pfaffen, de 35 años, ocurrido la semana pasada en Moisés Ville, departamento San Cristóbal.

En la audiencia cautelar realizada en la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal de manera semipresencial, la fiscal Hemilce Fissore imputó a Fabricio Alejandro Battiston (padre) y a su hijo Fabricio Alejandro Battiston, acusados por el delito de homicidio doloso. A través de la plataforma Zoom, el doctor Carlos Farías Demaldé, asistió profesionalmente a la madre y a la esposa de la víctima, que pedirán constituirse como querellantes en la causa. La audiencia contó ademàs con la participación de los abogados Alejandro María Otte, Juan Manuel Lovaiza y Cecilia Andrea Gaitán como defensores de los acusados.

La juez interviniente Gabriel Peralta, dispuso la libertad del padre, mientras que al hijo, de 23 años, le dictó la prisión preventiva, al considerarlo quien presuntamente le habría propinado la puñalada mortal a Pfaffen. Algo que fue reconocido por el propio acusado a travès de su defensor, aunque alegando legítima defensa.

El violento episodio ocurrió en la vivienda de los Battiston, cuando la víctima —que era empleador del hijo— se presentó en el lugar para reclamarle por el incumplimiento de una tarea laboral. En ese marco se habría generado una discusión que terminó de la peor manera, con Pfaffen herido de arma blanca y posteriormente fallecido.

Minutos después del ataque, personal de la Comisaría 3ª detuvo a padre e hijo, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Regional 5.

Con la medida cautelar definida, la fiscal Fissore deberá profundizar la investigación para establecer con precisión las circunstancias del crimen, reunir pruebas y tomar declaraciones que permitan llegar a juicio.

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