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Economía

La venta de medicamentos recetados cayó 8% en abril

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Así lo reveló la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina. En tanto, las obras sociales y prepagas tardan 90 días en pagarle a farmacias.

Las ventas de medicamentos recetados cayeron 8% en abril último con relación al mismo mes del 2018, y la actividad de las farmacias se encuentra en “estado crítico”, advirtió este jueves la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, Isabel Reynoso.

No obstante, Reynoso dijo que por ahora las farmacias resisten ajustando costos y hasta “vendiendo al fiado”, pero “no hay cierres masivos” de locales. Señaló que el sector atraviesa una “situación crítica debido al contexto económico en el país, y porque además tenemos que pagar los medicamentos para abastecernos en un plazo de quince días y las obras sociales nos pagan el reembolso en 60 ó 90 días”.

“Así es muy difícil sostener la actividad, porque además no nos podemos financiar, ya que es imposible con las tasas de interés actuales”, explicó en una entrevista con la agencia informativa Noticias Argentinas.

Además, dijo que a este escenario complejo se deben agregar los “aportes y bonificaciones que hacen las farmacias, que tornan la situación muy delicada, y la rentabilidad es muy poca y se achica cada vez más”.

“Desde la Confederación tratamos de dar un soporte a las farmacias, que son pymes o minipymes en su mayoría, buscando agilizar los cobros con adelantos de las obras sociales para sanjar esta difícil situación”, señaló Reynoso.

Aclaró que “pese a esta situación crítica no se han producido cierres de farmacias, como se está difundiendo, sino que por el contrario se están abriendo más, porque los colegios locales tienen planes de ayuda para abrir nuevos establecimientos donde hacen falta”.

Explicó que las caídas en las ventas “tienen que ver más con la situación del país que con los precios, porque aquel que perdió su trabajo o debió renunciar a la prepaga deja de comprar los medicamentos porque no los puede pagar, porque se les cae la cobertura en medicamentos”.

Reynoso señaló que “en muchos establecimientos del interior del país y en las farmacias de barrio la gente, al no poder acceder al medicamento, pide la venta por tabletas, ya que se puede vender fraccionado, no por unidad, porque en ellas figura el vencimiento”.

Explicó que también “en muchas farmacias de barrio se han abierto cuentas corrientes porque la gente compra fiado y va pagando el medicamento como puede”.

“Mas allá del precio, la gente accede al medicamento por la cobertura social que tiene y al dejar de tenerla, comprar un medicamento sin los descuentos es un impacto altísimo para el bolsillo”.

Sostuvo que “para un jubilado, que tienen una canasta valorada en 30 mil pesos mensuales incluyendo el medicamento, muchos no cobran ese importe y se les hace difícil la compra del remedio que necesitan”.

 

Fuente: LT9

 

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Economía

Alerta jubilados: el Gobierno quiere que los beneficiados con moratorias pasen a ser titulares de planes sociales

POLEMICO PROYECTO. Los jubilados que accedieron al beneficio mediante las moratorias implementadas por le kirchnerismo, podrían perder su estatus para convertirse en beneficiarios de planes sociales.

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Foto: Ilustrativa

El Gobierno estudia pasar a los jubilados que accedieron por moratorias a beneficiarios de planes sociales, según señaló una alta fuente de la Casa Rosada. “Esta iniciativa forma parte de la decisión del presidente (Javier) Milei de terminar con todas las injusticias heredadas”, señalan en el entorno del primer mandatario.

La iniciativa que analiza el Gobierno deberá pasar por el Congreso, dado que las moratorias anteriores fueron dispuestas por leyes parlamentarias.

Según la evaluación oficial, las casi 4 millones de personas que se jubilaron en las distintas moratorias sin haber completado los aportes llevaron a que se desfinanciara el sistema previsional. Y consideran que es una injusticia que resten recursos a aquellos que aportaron durante toda su vida laboral.

En medio de la aceleración inflacionaria, los jubilados fueron uno de los sectores que más ingresos perdieron, con una caída del orden de 30% en los últimos meses (en valores reales), de acuerdo con estimaciones privadas.

Las alternativas que están analizando en áreas de Gobierno contemplan no dejar a los jubilados que llegaron por moratorias sin asistencia, sino pasarlos a un sistema de subsidios relacionados a los planes sociales.

Se calcula que en la actualidad hay más beneficios otorgados por moratorias (3,6 millones) que beneficios otorgados por haberse cumplido con la totalidad de los aportes regularmente requeridos (3,2 millones).

Para dimensionar la importancia de la medida, el pago de jubilaciones y pensiones representa casi el 40% del total del gasto público. El denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) representó el año pasado un gasto equivalente a 7,2% del PBI, según datos de IDESA.

Con datos a 2019, es decir antes de la pandemia, puede observarse que los aportes salariales financiaban sólo 55% del sistema jubilatorio, el resto proviene de impuestos y transferencias del Tesoro. Las últimas estimaciones arrojan que existen 1,8 trabajadores aportando por cada persona que cobra un haber, cuando se considera que deberían ser por lo menos tres para que el sistema se autofinancie.

El SIPA está concebido como régimen general. Pero en su interior operan regímenes especiales con beneficios superiores y regímenes diferenciales con menor edad de retiro, señala IDESA.

En paralelo al Sistema Integrado Previsional Argentino, y con escasa articulación, operan 13 cajas provinciales, 29 cajas municipales, 82 cajas de profesionales, 2 cajas de bancos públicos y cajas complementarias. En general, las cajas que no pertenecen al SIPA tienen reglas más beneficiosas y, dentro de ellas, también hay regímenes especiales. La suma da como resultado cerca de 240 regímenes que pagan unos 10 millones de jubilaciones y pensiones.

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Economía

Jubilaciones: el Gobierno oficializó los nuevos haberes mínimos y máximos que regirán desde marzo

El Ejecutivo especificó los nuevos montos que regirán tras el aumento del 27,18% en la movilidad.

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Las jubilaciones suben un 27,18% desde marzo. Foto: NA

El Gobierno oficializó este jueves los nuevos haberes mínimos y máximos que percibirán los jubilados desde marzo, luego del aumento en la movilidad del 27,18%, mediante la Resolución 39/2024 publicada en el Boletín Oficial.

El documento oficial firmado por Mariano de los Heros, quien asumió el cargo de director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tras la salida de Osvaldo Giordano, estableció en sus artículos 1° y 2° que la jubilación mínima pasará de $105.713 a $134.445,3, mientras que la prestación máxima, trepará de $711.346 a $904.689,54.

A dichos montos, se le debe restar el aporte del 3% que se descuenta para financiar al PAMI, lo que hace caer el haber mínimo a $130.412 y el máximo a $854.441,53. Pero a la jubilación mínima se le suma el bono de $70.000 anunciado por el Ejecutivo, por lo que asciende hasta los $204.445,30.

En cuanto a los jubilados que cobren por encima de la mínima pero tengan haberes inferiores a $204.445 pesos recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Al respecto, desde ANSES precisaron que “por ejemplo, un jubilado con un haber de $164.445 pesos recibirá un bono de $40.000, alcanzando de esta forma los $204.445”. En tanto que aquellos que perciban una jubilación que supere los $204.445, no cobrarán el bono.

Con los nuevos valores, los haberes mínimos tendrán una pérdida del poder de compra del 33% en relación a marzo del año pasado. Mientras que en el caso de que no cobren el bono, el perjuicio será mayor al evidenciar una pérdida del 44% en un año..

En la norma también se determinó que las bases imponibles mínima y máxima serán de $45.281,15 y $1.471.616,10 respectivamente, a partir del período devengado marzo de 2024.

Al mismo tiempo, se fijó el nuevo valor de la Pensión para Adultos Mayor(PUAM), el programa dirigido a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para tramitar la jubilación ordinaria, que será de $107.556,24 desde marzo. Con los $70.000 del bono de refuerzo, el monto a cobrar escala a un total de $177.557.

Además, también se actualizó el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) que desde el mes entrante ascenderá a $61.502,69.

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Economía

Ya tiene fecha el nuevo aumento en el precio de los combustibles

MAS CARO. Todo indica que la semana cerrará con un nuevo incremento en las pizarras de las estaciones de servicio.

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Foto: Ilustrativa

Los precios de los combustibles volverán a subir esta semana, cuando se aplique una nueva actualización del impuesto a los combustibles líquidos, como definió la AFIP por pedido del Ministerio de Economía. Según cálculos privados, el impacto final en los precios de surtidor sería de 3%, aproximadamente, a nivel nacional. Sin embargo, se espera que las empresas apliquen una suba adicional para trasladar el aumento de sus costos y para recomponer rentabilidad.

El impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (ICL e IDC) subirá 51% el próximo viernes, el primer día de marzo. “En naftas, eso implica una suba promedio de $26 por litro a nivel país, pero que será mayor en las zonas centro y norte, donde no hay exenciones impositivas. En gasoil, la suba del impuesto es de $21 por litro”, dijo la economista Patricia Charvay, de la consultora Economía y Energía.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el aumento en surtidor por la actualización de los impuestos sería de 4,4%, según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). “El 1° de marzo, el incremento del impuesto de monto fijo sube $33, que eleva el tributo desde $65 por litro a $98 en CABA; es decir, una suba del 50%. Considerando el precio de un litro de nafta súper en CABA, esta actualización del tributo (bajo el supuesto de traslado pleno) implicaría pasar de un valor de $750 a $783, lo que significa una suba de 4,4%”, dijeron.

Además de la actualización del impuesto, las empresas petroleras podrían aplicar un aumento mayor para trasladar el alza de sus costos. Si bien los precios de los combustibles subieron 6,5% el 1° de febrero pasado, las empresas dijeron que se debió íntegramente a la actualización del impuesto a los combustibles y al aumento de los costos de los biocombustibles. “En realidad, en febrero estamos -2% abajo”, dijeron en YPF, haciendo referencia a la devaluación mensual del tipo de cambio oficial, que no se trasladó al surtidor.

A principio de mes, el Gobierno “descongeló” el tributo que grava a los combustibles, que estaba sin modificación desde julio de 2021 y que debe actualizarse cada tres meses, tomando como cálculo la variación de la inflación acumulada en ese período. El Gobierno aplicó una suba por el atraso de 2021 y 2022, y difirió para los próximos meses los aumentos que correspondían a la inflación de 2023.

Las empresas refineras trasladaron la actualización impositiva al valor final del surtidor y aplicaron una suba adicional de dos puntos porcentuales por el aumento del bioetanol y el biodiesel, que se usa como corte en la producción de nafta y gasoil, respectivamente.

Hasta ese lunes, los precios de YPF en CABA son: la nafta súper, $744; la nafta premium, $918; el gasoil súper, $784, y el gasoil premium, $998.

Los precios de los combustibles aumentaron 86% desde que asumió Javier Milei, repartido en tres incrementos de 38%, 27% y 6,5%. La suba tan pronunciada en poco tiempo se explica por el incremento de las dos principales variables que inciden en los costos de las empresas refinadoras: el tipo de cambio, ya que los contratos están dolarizados, y el valor del barril de petróleo.

En diciembre, el Gobierno no solo aplicó una fuerte devaluación de 56% de la moneda, sino que también dejó de presionar sobre el precio interno del barril de petróleo que se comercializa en el país y que era más barato que el internacional. De esta manera, el sector comenzó a acomodar los costos internos al nuevo contexto de liberalización de mercado.

El año pasado, mientras las productoras de petróleo vendieron sus barriles en el mercado interno a las refinerías a un precio promedio de US$61, el valor de exportación fue US$72, acorde con la cotización promedio del Brent, que se toma de referencia en el país. Se trató de una brecha de 18%, que las dos partes del sector privado (downstream y upstream) buscarán cerrar este año.

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