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Economía

Se esperan positivos cambios en el mercado laboral por el DNU de Milei

El DNU del Gobierno nacional dejó mucha tela para cortar, pero pocos decretos generaron tanta polémica como los destinados a la reforma del mercado laboral. Los cambios son muchos y se espera un fuerte impacto en múltiples actividades.

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Se esperan positivos cambios en el mercado laboral por el DNU de Milei

Para darle claridad al nuevo escenario, es necesario analizar los tres grandes ejes de la reforma; qué cambia, a quién afecta y cómo impactará en el mercado.
Qué cambia

– Indemnizaciones: Comenzando por el primer punto –las modificaciones–, no se pueden pasar por alto los cambios decretados sobre las indemnizaciones. Por un lado, el DNU derogó la ley 25.323 y con ello eliminó la reglamentación que duplica las indemnizaciones en caso de una relación laboral no registrada o efectuada de manera deficiente.

“El empleo formal registrado no crece desde el año 2011 y es un hecho demostrado que las medidas estructurales adoptadas por la Ley de Empleo N° 24.013 y por la Ley N° 25.323 no han podido revertir el problema de la informalidad”, advierte la normativa publicada por el Gobierno nacional.

Otro cambio sustancial, es que a partir de la entrada en vigencia del DNU los empresarios y sindicalistas podrán acordar, en el marco de la negociación colectiva, un sistema indemnizatorio distinto, basado en el Fondo de Cese Laboral de la Uocra. Esto figura en el artículo 81 del DNU, que sustituye el artículo 245 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo, y contempla lo siguiente: “Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Por su parte, los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la presente ley”.

En ese punto figura también la modificación de los intereses por indemnizaciones, para lo cual se utilizará lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual. La misma “no incluirá el Sueldo Anual Complementario ni conceptos de pago semestral o anual”, algo que, en la práctica, equivaldrá a reducir las indemnizaciones.

– Registro de empleados: El DNU del Gobierno nacional apuesta también a una simplificación del sistema de registro de trabajadores. Para ello, anticipa que se creará un sistema electrónico, sujeto a la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo Nacional.

La norma del Poder Ejecutivo también afirma que “se modifican las Leyes Nros. 14.250, 14.546, 20.744 (t.o. 1976), 23.551, 24.013, 25.345, 25.877, 26.727, 26.844 y 27.555 y se deroga la Ley N° 25.323, a los efectos de mejorar y simplificar los procesos de registración, darle seguridad jurídica a la relación laboral, aumentar el período de prueba (de tres a ocho meses), redefinir la procedencia de los descuentos salariales convencionales, autorizar a las convenciones colectivas a explorar mecanismos de indemnización alternativos a cargo del empleador, tal como se ha implementado en algunas actividades, revisar los criterios de ultractividad y evitar los bloqueos de actividades productivas”.

– Reingreso del trabajador: Si un trabajador que fuera despedido reingresa para un mismo empleador, tiene derecho a que se le compute la antigüedad adquirida por el período anterior, debiendo el empleador, si lo despidiera nuevamente, indemnizarlo por la totalidad del tiempo trabajado para la empresa.

La novedad es que el valor de la primera indemnización se debe descontar (hasta ahora a valor nominal) al valor histórico más la variación del IPC más un interés del 3% mensual. Cabe aclarar que se prevé que la indemnización nunca podrá ser inferior a lo que le hubiera correspondido por el último período de trabajo.

– Asambleas en el lugar de trabajo: El DNU modifica el artículo 87 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.

El nuevo texto, indica que “los representantes sindicales dentro de la empresa, delegados, comisiones internas u organismos similares, así como las autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales, tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”.

El cambio apunta claramente a penalizar las asambleas de trabajadores que, en la práctica, terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas.

Cómo impactarán las modificaciones

Teniendo claro cuáles son los cambios, resta analizar qué significan realmente y cómo impactarán en el día a día del trabajo. Nuria Susmel, economista de FIEL especialista en mercado laboral, aseguró que el DNU implica “un giro enorme en materia de relaciones laborales e incentivos en la contratación”.

Desde su punto de vista, el factor más determinante del decreto es que saca muchos incentivos a la litigiosidad, como es el caso de las indemnizaciones por no registración. “Todo esto claramente reduce los costos, no los directos, pero los juicios laborales eran un costo potencial que desincentivaba la contratación”, remarcó.

Se mostró de acuerdo el economista Mario Domínguez, quien remarcó que no son pocos los casos en los que los trabajadores amenazan con denunciar a los empleadores por haberles dado trabajo en negro, sabiendo que estaban expuestos a la doble indemnización. “Así es como se alimenta la industria del juicio. Con el cambio en el DNU seguramente habrá una mejora en ese sentido”, comentó.

Por su parte, el economista Jorge Colina sostuvo que las medidas implican cambios significativos en los costos de las empresas, porque facilitan la contratación laboral al darle certezas a la negociación por despido. “Los empleadores no piden que la negociación sea barata, sino que sea cierta. Claramente esto no estaba funcionando”, apuntó.

También compartió su opinión el economista José Anchorena, quien coincidió con sus colegas y consideró que el objetivo del DNU no es per se disminuir los costos laborales, sino dinamizar el mercado laboral formal, de tal manera de que haya más contrataciones registradas. “Estas medidas pueden tanto disminuir los costos de las empresas como mejorar los beneficios de los trabajadores, al permitir que los contratos no sean tan rígidos”, observó.

“Las medidas favorecen sobre todo al dinamismo del mercado laboral, y por tanto favorecen a los trabajadores de bajos ingresos y a las pymes y microempresas que necesitan de ese dinamismo. Por ejemplo, el permiso para que monotributistas puedan tener colaboradores, es fundamental en la creación de empleo formal”, agregó.

Cómo responderá el mercado

Más allá del impacto que las medidas puedan tener en la teoría, será interesante conocer qué respuesta tienen las partes involucradas en la práctica.

Para Colina, será clave la respuesta del sector sindical, que se verá afectado por los cambios en la “ultraactividad”. El economista recordó que a partir de ahora no van a regir más las causas obligacionales que los convenios colectivos le imponen a los empleadores y a los trabajadores. “En ese punto están incluidos los salarios mínimos de convenio, que son muy altos, y las cuotas sindicales, por ejemplo”, comentó.

Anchorena cree habrá distintas respuestas en ese sentido. “Los sindicatos de sectores más competitivos verán con buenos ojos los cambios, que seguramente verán incrementar la cantidad de representados. Los sindicatos que obtienen una renta exclusivamente a partir de la acción del estado se verán más afectados y querrán defender ese privilegio”, señaló.

“Muchos de los cambios que están en el decreto eran parte de la propuesta de reforma laboral de 2017 del gobierno de Mauricio Macri y debe recordarse que esa reforma se había acordado con sindicatos y gobernadores en ese momento y no terminó de salir por el accionar golpista al Congreso de las 15 toneladas de piedra y la connivencia kirchnerista desde adentro”, planteó el economista.

“Ese acuerdo con sindicatos y gobernadores indicaba que veían como razonables muchas de las cuestiones que se plantearon en ese momento y que se plantean ahora en el decreto”, cerró.

Susmel, por su parte, consideró que los cambios conducirán en general a que se realicen nuevas contrataciones, pero aclaró que sólo con una economía en crecimiento las modificaciones conducirán a la inversión.

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Economía

El Gobierno lanza este martes un programa de descuentos para jubilados en compras de súper

Estará disponible en más de 7.000 comercios y buscan sumar mayoristas.

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El gobierno de Javier Milei anunciará este martes un programa de beneficios con descuentos para jubilados y pensionados en los principales supermercados del país.

A un mes de las elecciones y luego de los vetos del Presidente a leyes que buscaban recomponer los ingresos de los jubilados, la medida busca alcanzar a más de 7 millones de beneficiarios e impulsar también el comercio con un aumento de las ventas, indicaron desde la Casa Rosada.

El programa se desarrolló en el Ministerio de Capital Humano, la cartera que encabeza Sandra Pettovello, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

“El objetivo es mejorar los ingresos de los jubilados y su capacidad de compra”, dijeron desde las filas del Gobierno, apartándose del manual de comunicación libertario y más próximos, sin buscarlo, a los argumentos que los gobiernos peronistas y de Cambiemos utilizaron para proponer medidas similares.

El anuncio se da a menos de un mes de las elecciones nacionales y luego de que el presidente Javier Milei vetara, semanas atrás, las leyes que intentaban recomponer los ingresos de los jubilados y renovar la moratoria previsional, impulsadas por la oposición y que la administración libertaria consideró que atentaban contra el equilibrio fiscal.

En las filas del Poder Ejecutivo hablan del programa de beneficios como un “círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado”. Y remarcan este último argumento para negar que se trate de un “plan platita” o de un guiño a los jubilados en víspera de las elecciones legislativas de octubre, en la que el Gobierno busca una victoria que le permita mejorar su representación parlamentaria y espantar las sombras que inundaron los mercados en las últimas semanas.

Aunque estará a cargo de la Anses, en la Casa Rosada aseguraron con que “el programa no implica ningún gasto para el Ministerio de Capital Humano ni para otros organismos estatales”.

“El costo lo asumen entre las empresas y los bancos. 100% ellos, nada del Estado”, aseguraron a este diario fuentes de la Anses. “Hubo un trabajo coordinado, dialogado, en el que todos hicieron un esfuerzo”, completaron.

Los descuentos serán para todos los jubilados y pensionados, sin importar la categoría en la que se ubiquen sus haberes. La jubilación mínima es de 326.304 pesos, que con el bono de 70.000 alcanza los 396.304 pesos. La jubilación máxima asciende hoy a $2.195.498,72.

El programa ofrece descuentos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10 por ciento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza.

Los descuentos, según explican desde Gobierno, estarán disponibles en más de 7000 comercios adheridos, incluyendo grandes supermercados y locales asociados a la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).

Los supermercados incluidos son Disco, Jumbo, Vea, Día, Coto, La Anónima, Josimar y Carrefour.

Pero no alcanzarán a carnes, electrodomésticos y algunas marcas seleccionadas. En el caso de Carrefour y Josimar, serán tanto para compras presenciales como on line. En la Anses esperan que Disco, Jumbo y Vea próximamente incorporen el beneficio para operaciones on line.

A esos grandes supermercados se suman los autoservicios vinculados a FASA. En las filas de Anses se ilusionan con poder sumar en poco tiempo más a las cadenas de mayoristas.

El programa se suma a los anuncios del presidente Javier Milei en el marco del presupuesto 2026, en el que se prometió un aumento de las jubilaciones y pensiones del 5% por encima de la inflación proyectada. La oposición y especialistas pusieron en duda esa promesa, tomando en cuenta la inflación de los dos últimos años y la que prevé el Gobierno para 2026 (10,1%).

“Se comenzó a trabajar desde febrero y se llegó, en tiempo récord a esta fecha, teniendo en cuenta el tiempo que demora en implementarse una política pública”, dijeron fuentes oficiales consultadas por el tema.

La fecha de febrero aludida apunta al desembarco en la Anses de Fernando Bearzi, quien reemplazó a Mariano de los Heros, quien debió renunciar luego de afirmar que el Gobierno preparaba una reforma previsional. “Me parece un disparate que un funcionario de segunda línea haga algo así. Me pareció una falta de respeto y voló por los aires, como correspondía”, dijo Milei. Hoy, el Gobierno intenta impulsar esa reforma previsional a través del Consejo de Mayo.

Beneficios extras

El programa prevé que a los descuentos generales se sume, para aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco Nación, un reintegro adicional del 5% en las compras a través de la aplicación MODO. También el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración sobre el saldo que registren en sus cuentas, por hasta 500.000 pesos.

Quienes cobren sus haberes a través del Banco Galicia, en tanto, accederán a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de crédito o débito, con tope de 20.000 pesos mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

En el caso de los descuentos en farmacia incluyen medicamentos y remedios y se suman a los beneficios de PAMI.

En el Gobierno esperan firmar convenios con otras entidades bancarias para que los beneficios lleguen a más jubilados.

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Economía

Pobreza argentina: cuánto es el índice en cada provincia y cuáles son las más comprometidas

Existen diferencias significativas entre regiones y ciudades, con focos críticos en el Noreste y en localidades como Gran Resistencia y Concordia.

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Existen diferencias significativas entre regiones y ciudades, con focos críticos en el Noreste y en localidades como Gran Resistencia y Concordia.

La pobreza en la Argentina continúa siendo un problema extendido, con fuertes contrastes entre regiones y ciudades. De acuerdo con el informe del Indec del primer semestre de 2025, el 31,6% de las personas se encontraba por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 6,9% no lograba cubrir la canasta básica alimentaria y quedó en la indigencia. En números absolutos, se trata de 9,45 millones de personas pobres, de las cuales 2,05 millones son indigentes.

En comparación con el segundo semestre de 2024, la pobreza descendió 6,5 puntos porcentuales y la indigencia bajó 1,3 puntos. La reducción se explicó por un incremento del 26,3% en los ingresos familiares, superior a la suba de las canastas básicas, que fue de 13,2% en la alimentaria y 12,3% en la total.

El mapa de los pobres

El Noreste (NEA) registró los peores resultados, con un 39% de las personas bajo la línea de pobreza. En esta región se destacaron valores elevados en Gran Resistencia (48,1%), Corrientes (37,4%), Formosa (28,3%) y Posadas (38,1%).

La región de Cuyo también mostró indicadores altos: Gran Mendoza alcanzó 33,5%, Gran San Juan 36% y Gran San Luis 30,3%.

En el Noroeste (NOA), la pobreza fue del 31,2% en promedio, con ciudades como Gran Tucumán-Tafí Viejo (30,8%), Jujuy-Palpalá (31,2%), Gran Catamarca (34%), La Rioja (32,4), Salta (29,5) y Santiago del Estero-La Banda (32,5%).

La región Pampeana presentó un 30,5% de pobreza, pero con fuertes diferencias según la ciudad. Concordia fue una de las más comprometidas, con 49,2%. También se registraron niveles altos en Gran La Plata (35,2%), Gran Santa Fe (35,8%) y San Nicolás-Villa Constitución (34,5%). En tanto, Gran Rosario (28,1%), Gran Córdoba (29,5%), Gran Paraná (29,9%), Mar del Plata (27,5%), Bahía Blanca-Cerri (23,5%), Río Cuarto (24,4%) y Santa Rosa-Toay (25,6%) se ubicaron por debajo del promedio.

En el Gran Buenos Aires, el 31,5% de las personas estaba en la pobreza. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el índice fue del 15,1%, mientras que en los partidos del conurbano alcanzó al 35,3%.

Por último, en la Patagonia se observó la menor incidencia del país, con un 27%. Allí, los valores más bajos se registraron en Ushuaia-Río Grande (22,3%), mientras que Viedma-Carmen de Patagones (26,7%), Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (26,9%), Neuquén-Plottier (26%), Rawson-Trelew (30,1%) y Río Gallegos (32,3%) mostraron niveles intermedios.

Caída generalizada de la pobreza

Entre el primer semestre de 2024 y el mismo período de 2025, la pobreza mostró caídas muy pronunciadas en varios aglomerados urbanos. Uno de los descensos más fuertes se observó en Formosa, donde la proporción de personas pobres pasó del 67,6% al 28,3%, una reducción de casi 40 puntos porcentuales.

Un cambio similar se registró en Ushuaia-Río Grande, que bajó de 48,6% a 22,3%, con una disminución de más de 26 puntos. También hubo mejoras significativas en el Gran Resistencia, que retrocedió de 76,2% a 48,1%, y en el Gran Tucumán-Tafí Viejo, que descendió de 55,8% a 30,8%.

Otro caso destacado fue el de Río Cuarto, en la región pampeana, que redujo su índice de pobreza de 54,3% a 24,4% en un año, marcando una baja superior a los 29 puntos porcentuales. En el caso de Gran Córdoba, la baja fue de 20 puntos porcentuales.

Radiografía de los más afectados

Según los datos relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el impacto de la pobreza es particularmente fuerte en los más jóvenes. El 45,4% de los menores de 14 años vive en hogares pobres. Entre las personas de 15 a 29 años, la incidencia se ubicó en 37%, mientras que en el grupo de 30 a 64 años fue de 27,7%. En los mayores de 65 años, el nivel de pobreza fue del 10,8%.

La Encuesta Permanente de Hogares también ofrece información sobre la brecha de ingresos de la población pobre e indigente en relación con el valor de las canastas básicas. En el primer semestre de 2025, los ingresos de los hogares pobres estuvieron, en promedio, un 37% por debajo de la canasta básica total, mientras que en el caso de los indigentes la diferencia con la canasta alimentaria fue de 37,9%. Estas distancias reflejan la dificultad para cubrir necesidades esenciales aun cuando las familias perciben ingresos regulares.

El relevamiento muestra, además, que la incidencia de la pobreza es mayor en los aglomerados de menos de 500.000 habitantes, donde el 32,4% de las personas está en esa condición, frente al 31,4% en las ciudades más grandes. De esta manera, el mapa trazado por el Indec no solo marca disparidades regionales, sino también diferencias significativas según el tamaño y características de los centros urbanos.

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Economía

La pobreza cayó a 31,6% en primer semestre de 2025, la cifra más baja desde 2018

Lo informó este jueves el INDEC. Disminuyó 6,5 puntos porcentuales respecto del semestre anterior. Con estos niveles, hay 14,5 millones de pobres en el país.

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Foto: Pobreza en Argentina. (Ilustrativa)

El Indec informó este jueves que la pobreza bajó 6,5 puntos porcentuales en el primer semestre del año respecto del segundo semestre de 2024, y afectó al 31,6% de las personas.

La proporción de hogares por debajo de la línea de pobreza se ubicó en 24,1%, donde reside el 31,6% de la población.

Dentro de ese conjunto, el 5,6% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, que incluye al 6,9% de las personas.

En comparación con el segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró una baja de 4,5 puntos porcentuales en hogares y de 6,5 puntos porcentuales en personas. En tanto, la indigencia mostró una disminución de 0,8 puntos porcentuales en hogares y de 1,3 puntos porcentuales en personas.

En la extrapolación al total del país, esa cifra significa que hay 15,05 millones de argentinos en la pobreza y 3,39 millones en la indigencia, en comparación con el primer semestre de 2024.

El dato representa la menor tasa de pobreza desde el primer semestre de 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri, y fue de 27,3%.

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