Judicial
Deberán pagar $512.580 a las víctimas de sus amenazas
Los condenados, Facundo Andrés Rutti de 23 años; Federico Alberto Zalazar de 32; Walter José Leandro Godoy de 30 y Brenda Micaela Solís de 26, tienen una pena de prisión en suspenso por 3 años. El primero de ellos, además, deberá pagar $3.000 de multa.
Tres hombres y una mujer fueron condenados por perpetrar amenazas coactivas y deberán pagar a las víctimas 512.580 pesos a modo de reparación. Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria Cristina Fortunato, quien también impuso penas de tres años de prisión condicional para cada uno de ellos.
De acuerdo a lo informado oficialmente desde el Ministerio Público de la acusación, se condenó a Facundo Andrés Rutti de 23 años; Federico Alberto Zalazar de 32; Walter José Leandro Godoy de 30 y Brenda Micaela Solís de 26. Los cuatro deberán cumplir normas de conducta y el menor de ellos también deberá abonar al MPA una multa de 3.000 pesos.
El fiscal Martín Castellano estuvo a cargo de la investigación. Señaló que “las cuatro personas admitieron haber amenazado a otras para que les devolvieran el dinero de préstamos”, y remarcó que “actuaron según un plan previo y con distribución de tareas”.
“Del total de la reparación que pagarán los condenados, cada una de tres víctimas recibirá 104.193 pesos”, destacó el funcionario del MPA. Añadió que “el saldo restante será entregado como donaciones de 40.000 pesos a cinco asociaciones civiles de Rafaela: la Fundación Granja El Ceibo; la Casita del Niño; la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC); la Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil (A.L.P.I.); y Vistiéndonos de Sol”.
Amenazas
Castellano expuso que “investigamos tres hechos sucedidos el jueves 7 de marzo de 2019”.
“El primero de ellos fue cometido minutos después de las 20:00”, precisó el fiscal. “Los condenados fueron a un local comercial ubicado en la calle Destefani al 2.700 y le exigieron a una mujer el pago de una deuda”, recordó. “Luego se produjo una discusión y la víctima fue amenazada con un arma de fuego”, agregó.
El funcionario del MPA sostuvo que “una hora más tarde, los condenados y un hombre que aún no logró ser identificado se dirigieron a una vivienda de calle 500 Millas al 1.800”. Según narró, “los condenados abordaron con violencia a una persona que reside en el lugar y le pidieron el dinero de la cuota diaria de un crédito”.
“La víctima y sus hijos fueron amenazados con un arma de fuego”, mencionó Castellano. No obstante, “ante la posibilidad de que llegara la policía, los agresores huyeron”, aseguró.
El fiscal expuso que “el último ilícito fue cometido minutos después de las 21:30” y agregó que “los cuatro condenados fueron hasta un restaurante localizado en la calle Zóbolli al 1.400, donde amenazaron a un mujer con un arma de fuego”.
Por otro lado, el fiscal se refirió a que “cuando fue detenido, Rutti tenía en su poder un arma de fuego de guerra sin contar con la debida autorización legal”. En tal sentido, afirmó que “la policía halló una pistola calibre 9 milímetros cargada con 11 cartuchos que estaba en condiciones óptimas para producir disparos”.
“A los cuatro condenados se les atribuyó la coautoría de amenazas coactivas calificadas, reiteradas en tres oportunidades”, informó Castellano. “A Rutti, por su parte, se le endilgó además la autoría del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra”, indicó.
El fiscal destacó que “la Defensa manifestó su conformidad con la calificación penal de los ilícitos, el monto de las penas impuestas, su modo de ejecución y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio”. Agregó que “las víctimas, por su parte, fueron notificadas y expresaron su acuerdo con el monto de la reparación y con lo resuelto”.
Fuente: Vía Rafaela
Judicial
Crimen de Aralí Vivas: fijaron para septiembre el juicio oral en Córdoba
La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.
La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.
El proceso estará a cargo de la Cámara Criminal y Correccional y contará con la participación de jurados populares.
Tres acusados llegarán detenidos al juicio
En el banquillo de los acusados estarán Rocío Milagros Rauch, madre de la menor; Matías Ezequiel Simeone, pareja de la mujer; y Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone.
Los tres permanecen detenidos y enfrentan graves imputaciones vinculadas al asesinato de la niña.
De acuerdo a la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los acusados habrían participado de distintos abusos sexuales contra Aralí que derivaron en su muerte.
Además, la causa incluye la figura de homicidio criminis causa, mientras que Simeone también está acusado de haber provocado el incendio de la vivienda para intentar eliminar pruebas del hecho.
Cómo será el proceso judicial
Antes del inicio del debate oral se realizará la selección de jurados en los tribunales de San Francisco.
En una primera instancia se conformará una nómina de 24 ciudadanos y luego quedarán establecidos los 12 jurados titulares que participarán del juicio.
Un caso que conmocionó a Brinkmann y la región
El crimen de Aralí Vivas generó una fuerte conmoción en Brinkmann y en toda la región luego de que el cuerpo de la menor fuera hallado el 1 de noviembre de 2024 tras un incendio registrado en la vivienda donde residía.
La investigación judicial determinó que el fuego habría sido provocado intencionalmente con el objetivo de ocultar evidencias.
La autopsia reveló que la niña presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y un traumatismo craneal.
En caso de que el tribunal coincida con la acusación sostenida por la Fiscalía, los imputados podrían recibir la pena de prisión perpetua.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Intentó abusar sexualmente de una adolescente en Eusebia: imputaron al acusado y pedirán prisión preventiva
La Justicia avanzó en la investigación del grave hecho de violencia de género ocurrido en la localidad de Eusebia, donde un hombre de 45 años fue imputado por intentar abusar sexualmente de una adolescente de 17 años.
La causa es encabezada por la fiscal Flavia Burella, quien formalizó la acusación ante el juez Gustavo Bumaguín. Al imputado se le atribuyó la presunta autoría del delito de “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.
La defensa del acusado está a cargo del defensor público Bruno Rossini.
Persecución y ataque en caminos rurales
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el hecho ocurrió el viernes 31 de mayo en cercanías de una heladería ubicada sobre la ruta 280s.
Según la investigación, el acusado —quien trabaja en un tambo— interceptó a la adolescente e insistió en mantener relaciones sexuales. Tras la negativa de la joven, comenzó una persecución que se extendió por caminos rurales de la zona.
La víctima intentó escapar desviando su recorrido, pero la situación se agravó cuando su motocicleta se quedó sin combustible en medio del campo. En ese momento, el agresor logró alcanzarla.
Siempre según la acusación fiscal, el hombre provocó un choque entre ambas motos para hacerla caer a la banquina. Luego le quitó el teléfono celular para dejarla incomunicada y la sujetó violentamente del cuello mientras intentaba abusar de ella.
La adolescente logró defenderse, arañando al atacante y propinándole una patada en la zona genital. Esa reacción le permitió recuperar su teléfono y escapar corriendo para pedir ayuda, lo que provocó la fuga del agresor.
Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió traumatismos y hematomas, lesiones que fueron constatadas mediante exámenes médicos.
Pedirán la prisión preventiva
Tras la audiencia imputativa, el proceso continuará con una audiencia de medidas cautelares, donde la fiscal Burella solicitará la prisión preventiva del acusado debido a la gravedad del hecho y los riesgos procesales.
Será el juez Bumaguín quien deberá resolver en los próximos días si el imputado permanece detenido mientras avanza la investigación penal.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Tacural: quedó en libertad un acusado por un violento robo a una familia dentro de una vivienda
La decisión fue tomada por el juez Gustavo Bumaguin durante una audiencia realizada en Rafaela. El imputado seguirá ligado a la causa bajo estrictas medidas de conducta mientras continúa la investigación.
La Justicia resolvió otorgar la libertad a uno de los imputados en una causa que investiga un violento robo ocurrido en la localidad de Tacural, donde una familia denunció haber sido amenazada y despojada de dinero en efectivo dentro de su vivienda.
La medida fue dispuesta este martes por el juez penal Gustavo Bumaguin durante una audiencia de revisión de prisión preventiva realizada en los tribunales de Rafaela.
El hecho investigado
Según la acusación, el episodio ocurrió durante la noche cuando tres hombres habrían ingresado de manera violenta a una vivienda de Tacural luego de protagonizar previamente un altercado con el propietario del inmueble.
Siempre de acuerdo a la investigación, los agresores forzaron puertas y ventanas para ingresar a la casa, amenazaron de muerte a los integrantes de la familia y se llevaron una importante suma de dinero en efectivo junto a otros elementos de valor.
Entre las víctimas se encontraba además una mujer embarazada, quien también habría sido intimidada durante el asalto.
Qué resolvió la Justicia
La audiencia contó con la participación del fiscal Juan Manuel Puig por parte del Ministerio Público de la Acusación y del abogado defensor Juan Bautista Degiovanni.
Durante el debate, la defensa sostuvo que la investigación se encuentra avanzada y que ya fueron realizadas las principales medidas probatorias, por lo que consideró que no existían riesgos procesales suficientes para mantener la prisión preventiva.
La Fiscalía, en cambio, se opuso al pedido de libertad al entender que persisten riesgos vinculados a la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y las próximas instancias judiciales.
Finalmente, el magistrado hizo lugar al planteo defensivo y ordenó la liberación del acusado bajo una serie de condiciones obligatorias.
Las restricciones impuestas al imputado
Entre las medidas dispuestas por la Justicia figuran:
- Fijar domicilio.
- Someterse al cuidado de un guardador.
- No mantener contacto con víctimas ni testigos.
- Prohibición de ingresar a Tacural.
- Firma periódica en una dependencia policial.
- Prohibición de portar o poseer armas de fuego.
De esta manera, el imputado continuará sometido al proceso penal, aunque en libertad, mientras la causa avanza hacia las próximas etapas judiciales.
Con información de Rafaela Informa
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