La Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario acusó formalmente este viernes de estafa y asociación ilícita a los ex directivos de Vicentin, la agroexportadora que entró en default a fines de 2019 en lo que fue la cesación de pagos más importante en la historia del mercado de granos con una deuda que orilló los 1.500 millones de dólares.

La presentación de la acusación, comprendida en un escrito de 532 páginas, la encabezó el fiscal Miguel Moreno, a cargo del área, acompañado por el fiscal Sebastián Narvaja. Allí se detallan y amplían las imputaciones formuladas en octubre de 2021 y mayo de 2023 contra los ejecutivos que estaban al frente de la compañía al protagonizar la caída.

En detalle, Fiscalía pidió para Daniel Buyatti 16 años de prisión; para Alberto Macua, 16; para Roberto Gazze, 17, para Omar Scarel, 14; para Máximo Padoan, 12 años; para Cristian Padoan, 10; para Martín Colombo, 13; para Sergio Roberto Vicentin; 10 años; para Pedro Germán Vicentin, 10años; para Yanina Boschi, 10; para Javier Gazze, 8 años y pra Miguel Vallaza 8 años.

Y como los síndicos del concurso de acreedores también quedaron complicados, ya que -estima la fiscalía- sin su participación los delitos no podrían haberse realizado, los fiscales pidieron 7 años para Ernesto Garcia, Diego Telesco y Carlos Amut. Los síndicos quedaron en la mira bajo la acusación de encubridores al no tomar en cuenta en sus informes del concurso las múltiples irregularidades contables halladas en el fuero penal permitiendo así que la convocatoria avance sin problemas permitiendo de esa forma concretar la estafa en curso (de tomar créditos y recibir granos a sabiendas de que no iban a poder ser pagados).

Precisamente, otro dato a destacar de la acusación de Fiscalía a ex directivos de Vicentin es que pidieron 7 años de prisión para Eduardo Harnan, alto directivo de la consultora KPMG Argentina por encubridor, ya que la auditora aprobó balances falsos del grupo que permitieron las estafas. Sin los balances falsos -que detectó la «auditoría forense» encargada a revisarlos por la Justicia civil-, Vicentin no habría podido seguir recibiendo préstamos millonarios de bancos (y proveedores de granos). Una de las principales irregularidades es que se contabilizó como activo un pasivo millonario, que eran los granos recibidos y almacenados en sus plantas de acopio pero no pagados.

Con la acusación se cierra la etapa de investigación penal preparatoria, bajo la hipótesis de que la cesación de pagos no obedeció a un problema comercial derivado del contexto económico nacional, como argumentó la compañía, sino que resultó de maniobras ilegales del directorio que falsearon documentación (balances) para conseguir créditos y granos sabiendo que no estaban en posición financiera para poder devolver los préstamos o pagar la mercadería. Lo que sigue ahora es el juicio penal, todavía sin fecha de inicio.

El proceso penal se desarrolló en forma paralela al concurso preventivo. Y la caución de los bienes de la empresa pedida por la fiscalía y ordenada por los jueces que intervinieron fue determinante en el desarrollo del trámite concursal al no poder disponerse de los mismos como parte de pago, razón que volteó el acuerdo de acreedores y llevó a la Justicia civil a declarar el inicio del cram down (o posibilidad de rescate por terceros), decisión apelada que hoy se tramita en la Cámara de Reconquista.

«La investigación penal más ardua e importante de la historia judicial de la provincia de Santa Fe. La muestra acabada de que no hace falta que el Fiscal sea un matón de saco y corbata, y que el trabajo es más importante que las bravuconadas. Una muestra de profesionalismo y de vocación de servicio público del Fiscal Miguel Moreno y las personas que trabajan con él. En febrero la querella que represento seguirá los pasos de la Fiscalía y concretaremos nuestra acusación y seguiremos bregando para el juicio y la condena«, destacó Gustavo Feldman, abogado querellante en la causa.

La causa
El fiscal Moreno acusó a esta asociación de poner en marcha una “planificación” orientada a “simular” el bienestar financiero y contable de Vicentin, ocultando su pasivo para “conseguir líneas crédito, obtener desembolsos de los bancos y continuar con la captación y recepción de granos”. Eso ocurrió al mismo tiempo que se comenzó a “administrar infielmente el capital” de la empresa, fugando recursos a través del entramado de empresas vinculadas. Y señaló que este entramado delictivo comenzó a operar en 2017, cuando la empresa empezó a manifestar problemas económicos que no se exteriorizaron a proveedores y prestamistas.

La Fiscalía denunció un plan para mostrar a Vicentin como empresa solvente y confiable, de modo de lograr que le entregaran granos con precio a fijar y en depósito sin contrato, “con el pleno conocimiento de los directores y síndicos sobre la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”.

En la imputación por asociación ilícita, Moreno afirmó que los directivos “operaron como grupo, de manera concertada, siguiendo un plan, con división de roles, durante un período prolongado de tiempo, en una dinámica interna que nada tenía que ver con el cometido ni la estructuración de los cargos societarios que detentaban, pero aprovechándose de ellos para realizar una serie de ilícitos”.

Situó el inicio “en 2017 cuando puso en marcha una planificación destinada” a simular el bienestar financiero y contable de Vicentin, mediante la ocultación del pasivo, de manera de conseguir las líneas crédito, obtener los desembolsos de los bancos, continuar con la captación y recepción de granos”.

“Paralelamente, comenzó a administrar infielmente el capital de Vicentin”, principalmente con el destino de la venta de acciones de Renova, una sociedad que Vicentin comparte con Viterra Argentina, operación que se realizó dos días antes de la declaración de cesación de pagos, según el documento.

A lo largo de la investigación, la fiscalía explicó que no solo las existencias de granos adquiridas por Vicentin y en su poder con «precio a fijar» no eran registradas debidamente para que no incidan en el pasivo, sino que siguió recibiendo semillas hasta horas antes del default, a sabiendas de que no las iba a pagar.

Cabe recordar que el concurso de acreedores de Vicentin verificó un pasivo superior a 1.500 millones de dólares. Un tercio de esa deuda fue reclamada por entidades financieras internacionales.

Para la fiscalía, el directorio de Vicentin realizó maniobras engañosas contra las entidades internacionales IFC International Finance Corporation (Washington, EU); FMO Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (La Haya, Holanda); ING Bank (Amsterdam, Países Bajos); Natixis New York Branch (Nueva York, EU); Coöperatieve Rabobank U.A. (Utrecht, Países Bajos).

A los principales ejecutivos les atribuyó la confección de balances falsos a octubre de 2017 y octubre de 2018 con información falsa para el ocultamiento del pasivo de la empresa, generando un perjuicio de 500 millones de dólares a esas entidades, para obtener créditos que luego entraron en el concurso de acreedores.

Además, la compañía entregó en garantía de pago a los bancos contratos que, cuando quisieron ser ejecutados ante la falta de pago en diciembre de 2019, ya habían sido cobrados por otros acreedores. El fiscal lo describió como un engaño en el que el mismo contrato garantizaba más de una operación sin que la entidad internacional que financiaba exportaciones lo supiera.

Otro caso atribuido fue un hecho de estafa al Banco Macro por 508 millones de pesos, que Vicentin solicitó como crédito en septiembre de 2019 «con conocimiento de que no podría cumplir».

Una de las líneas de trabajo de la fiscalía se centró en una serie de maniobras financieras y económicas entre Vicentin y Renova, de la cual la primera es accionista junto con la multinacional Viterra.

El primero, la venta de Vicentin a Renaisco del 16,6% de las acciones de Renova, operación que se realizó dos días antes de la declaración de cesación de pagos.

A eso se sumó una deuda de 12 millones de dólares que Vicentin asumió como propia en el Concurso de acreedores y que, para la fiscalía, son resultado de mercadería que la firma Commodities SA le había entregado a Renova.

Por último quedó bajo la lupa un pago por $1.589.265.278, que según la imputación fueron “transferidos a la cuenta Citibank de Renova en cinco pagos realizados entre el 4 y el 5 de diciembre de 2019”.

Más detalles
La fiscalía le imputó a los directores seis hechos de estafa, en concurso real, cometidos entre el año 2017 y 2019, contra los bancos internacionales, con un perjuicio de u$s 500 millones y otros 37 hechos de estafa contra productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores.

En lo que tiene que ver con administración fraudulenta, mencionó siete hechos. Uno de ellos fue la entrega a Roberto Gazze la suma de u$s 1.000.000 para que realice un aporte irrevocable en “El Liquidambar S.A.S.”, una sociedad que constituyó en 2019, 48 horas después de la comunicación de cesación de pagos y 18 días hábiles antes de presentarse en concurso preventivo, los integrantes del directorio aprobaron la venta de las acciones de Tastil SA en favor de la sociedad “Losagor SA”, procurando “un lucro indebido en favor de esta última por u$s 1.600.000 y perjudicando la posibilidad de negociación con los eventuales acreedores”.

Otra acusación fue un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital en favor de Emulgrain. El 26 de octubre de 2018, el directorio aprobó el aporte irrevocable por la suma de u$s 786.793,25 “a cuenta de futuras emisiones de acciones” a favor de Playa Puerto.

Fuente: Rosario 3