Judicial
Presuntas torturas en Sunchales: Juan Flamenco contó su versión
Fue hoy durante una audiencia denominada anticipo jurisdiccional de prueba presidida por la Jueza Cristina Fortunato. Estuvieron además los representantes del Ministerio Público Fiscal y los defensores de los efectivos policiales imputados y detenidos con prisión preventiva. Todos ellos escucharon los dichos de una de las presuntas víctimas desde el pasillo interno de la Sala N° 3.
En horas de la mañana de este martes, en la Sala N° 3 de la Oficina de Gestión Judicial que funciona en el segundo piso del edificio de Tribunales, se realizó una audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba que fue presidida por la Jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Dra. Cristina Fortunato. La misma había sido solicitada por las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis quienes además estuvieron acompañadas por su par Martín Castellano.
En tanto también asistieron los doctores Alejandro Leguizamón representando a sus defendidos Luciano G. (jefe de la dependencia acusado de Encubrimiento agravado) y Mauricio O.; Aníbal Caula que defiende a Carlos M., Juan C., Silvana S., María A., y Brian G.; y Raúl Domenella y pablo Mosconi, en representación del subjefe de la Comisaría N° 3, Federico M., todos ellos acusados del delito de Torturas en calidad de coautores.
Los imputados
Cabe consignar que en virtud de lo que exige el Código Procesal Penal vigente en la Provincia de Santa Fe, los acusados no pudieron ingresar a la sala para no cruzarse con el acusado y debieron seguir las alternativas de la audiencia primero, desde el pasillo principal de Tribunales; y más tarde desde uno de los pasillos internos ya que no podían escuchar lo que Flamenco relataba tras las preguntas de las fiscales.
Esas circunstancias motivó algunos reclamos de los defensores; y cruces verbales entre la magistrada y empleados de la Oficina de Gestión Judicial. Es que evidentemente en cuestiones tecnológicas los Tribunales rafaelinos están súmamente atrasados respecto de otras jurisdicciones provinciales e incluso, se menciona que por ejemplo hasta en Tostado cuentan con recursos que aquí en Rafaela no tenemos.
Relato pormenorizado
Durante más de una hora aproximadamente el testigo respondió preguntas efectuadas por las fiscales Lema y Korakis, relatando pormenorizadamente todo lo que sucedió aquella madrugada del 18 de octubre de 2019, cuando efectivos pertenecientes al Grupo de Acción Táctica (GAT) de la ciudad de Sunchales, irrumpieron en la vivienda de calle Cortada Catamarca de ese medio, donde residen los hermanos Juan Daniel Flamenco y Juan Darío Cornejo (son hermanos por parte de madre). “Desde que llegaron los del GAT empezaron a pegarme. Me hicieron sentar en una silla y me golpeaban la cabeza contra la mesa. A mi hermano lo tenían en otra habitación y también estaba todo golpeado. Me preguntaron dónde estaban las armas y como les dijimos que en la casa no había dijeron: ‘no importa, te vamos a poner una’. Después nos cargaron en la chata de la camioneta y nos llevaron a la comisaría.
En el camino nos seguían pegando. Estaban todos encapuchados. Cuando llegamos a la comisaría había dos mujeres y seis policías estaban todos con la cara descubierta. Una de las mujeres que era ‘morocha y gordita’ (sic) me dio dos cachetadas en la cara y después se fue”. Lo que siguió fueron preguntas y repreguntas de Lema y Korakis y respuestas de la presunta víctima que describió a los policías y a las mujeres respecto de cómo estaban vestidos y en cuánto a las características fisonómicas, mencionando a uno como el que tenía el tatuaje en el brazo izquierdo y a otro lo señalaba como el ‘oficial buenito’.
También contó qué pasó cuando arribó a la dependencia el titular de la misma, Luciano G., describiéndolo como un sujeto alto, de pelo castaño y ojos ‘verdecitos’ señalando que enseguida lo encaró y le dijo: “todo ésto es culpa tuya, la c….. de tu madre” e inmediatamente le ordenó al personal que limpiaran toda la sangre y que barrieran los vidrios. Finalmente y tras un cuarto intermedio, fue el turno de los defensores de los acusados.
Anticipo Jurisdiccional
El Art. 298° del Código Procesal Penal hace referencia al Anticipo jurisdiccional de prueba indicando: “En cualquier instancia previa al juicio, las partes podrán solicitar, fundadamente, el anticipo jurisdiccional de prueba en forma excepcional y cuando por razones debidamente acreditadas se considere que no pudiera recibirse durante el juicio. La diligencia será documentada según las previsiones establecidas en este Código para los actos irreproducibles y exhibidos los registros en la audiencia de debate de juicio oral a instancias de las partes. En ningún caso podrán ser utilizados en la audiencia de debate de juicio oral los registros de esta actividad si estuviere disponible y fuera posible la concurrencia del testigo, perito o intérprete a la audiencia de debate.
En este caso particular, la misma fue solicitada por los fiscales quienes temen que debido a los problemas psicológicos que padece Juan Flamenco debido a la situación que supuestamente le tocó vivir, podría no estar en condiciones de brindar su testimonio en el juicio.
Si esa situación no se dá y Flamencó sí puede declarar en el juicio, esta instancia que se desarrolló ayer no será tenida en cuenta.
Por: Nilo Peretto para Castellanos / Meridiano Digital
Judicial
Grupo Spaggiari: las defensas apelaron la acusación y buscan frenar la elevación a juicio
La causa judicial contra el Grupo Spaggiari sumó este martes un nuevo capítulo. Las defensas de los imputados apelaron la resolución que admitió la acusación de la Fiscalía y las querellas, cuestionando la validez del proceso y solicitando el sobreseimiento de algunos acusados.
La decisión ahora quedó en manos del juez de Cámara Sergio Alvira.
La audiencia de apelación se desarrolló durante la mañana en los Tribunales de Rafaela y se extendió desde las 8:00 hasta las 11:30. En esta oportunidad, los abogados defensores impugnaron la resolución del juez Nicolás Bumaguin, quien había convalidado el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las querellas.
Las defensas cuestionaron la acusación
El abogado Gustavo Abraham, defensor de Fernando y Matías Spaggiari, Mirta Condotto y Rocío Schaberger, sostuvo que la acusación fiscal fue presentada fuera de término y calificó el procedimiento como «defectuoso», por lo que pidió que se rechace la elevación a juicio.
Además, solicitó el sobreseimiento de Rocío Schaberger, al considerar que únicamente cumplía funciones como empleada de la empresa y que no integraba la presunta maniobra delictiva.
En el mismo sentido se pronunciaron las defensoras Victoria Romano, Georgina Allasia y los abogados José María Silvela y Andrés Colón, quienes representan a otros imputados de la causa. Todos coincidieron en que sus defendidos desempeñaban tareas como empleados y no formaban parte de una organización criminal.
También cuestionaron que la resolución judicial describa los hechos de manera general, sin individualizar con precisión la conducta atribuida a cada acusado.
El juez resolverá en los próximos días
Luego de escuchar los argumentos de todas las partes, el juez de Cámara Sergio Alvira decidió no emitir un fallo durante la audiencia y anunció que dará a conocer su resolución dentro del plazo previsto por la ley.
Una causa con 558 hechos investigados
La investigación contra el Grupo Spaggiari se encuentra en una etapa clave tras la audiencia preliminar realizada en mayo.
La causa comprende 558 presuntos hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.
Las penas solicitadas por la Fiscalía
En el requerimiento acusatorio ya admitido en primera instancia, la Fiscalía pidió:
- 25 años de prisión para Fernando y Matías Spaggiari, actualmente detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda.
- 9 años de prisión para Mirta Condotto, quien cumple prisión domiciliaria.
- 8 años y 6 meses para Germán Garetto.
- 7 años y 6 meses para Myriam Bravo.
- 6 años y 6 meses para Gabriel Ullman.
- 5 años para Carolina Schaberger y Carlos Ciancia.
- 4 años para Cristian Francetti y Cristian Clementz.
Además, el Ministerio Público de la Acusación solicitó una multa de $90.000 para cada imputado y el decomiso de los bienes que permanecen cautelados en el expediente.
Con información de Rafaela Noticias
Judicial
Apelarán la prisión preventiva de uno de los acusados por el crimen del niño Zamir Torres en Frontera
La Justicia de Rafaela realiza este miércoles una audiencia para analizar el pedido de apelación presentado por la defensa de Thiago Medrano, uno de los imputados por el homicidio de Zamir Torres, el niño de cuatro años asesinado durante un ataque a balazos ocurrido en Frontera en julio de 2025.
La audiencia comenzó a las 10 de la mañana en la Sala Nº 4 de los Tribunales de Rafaela y será presidida por el juez de Segunda Instancia, Matías Drivet.
El planteo fue presentado por el abogado defensor Darío Schurrer, quien solicitó revisar la prisión preventiva que pesa sobre Thiago Medrano.
El crimen que conmocionó a Frontera
Medrano está imputado por los delitos de homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, además de homicidio doloso calificado en grado de tentativa.
El hecho ocurrió el 9 de julio de 2025 en la ciudad de Frontera, cuando Zamir Torres, de apenas cuatro años, viajaba en un automóvil junto a su madre y su padrastro, Brian Martínez.
Según la investigación, otro vehículo interceptó al automóvil familiar y sus ocupantes abrieron fuego. Uno de los disparos impactó en el niño, quien falleció, mientras que Martínez sufrió graves heridas.
La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el ataque estaba dirigido contra el padrastro del menor y estaría relacionado con una venganza vinculada al narcotráfico, aunque esa versión fue rechazada por la familia de la víctima.
Cinco personas imputadas
La causa ya cuenta con cinco personas imputadas por el crimen.
El pasado 26 de junio, la Justicia dictó la prisión preventiva para Samuel Elías Reyes y Santiago Benavídez, mientras que Brenda Ruiz Díaz recuperó la libertad bajo estrictas medidas alternativas.
Entre las restricciones impuestas a la mujer se encuentran la prohibición de ingresar a Frontera, acercarse a víctimas y testigos, portar armas de fuego y la obligación de presentarse semanalmente en una dependencia policial.
Actualmente, los imputados son Thiago Medrano, Matías Escobedo, Samuel Elías Reyes, Santiago Benavídez y Brenda Ruiz Díaz. Los cuatro hombres permanecen detenidos, mientras que la mujer continúa vinculada al proceso judicial en libertad.
Con información de Castellanos
Judicial
La Justicia de EE.UU. ratificó la condena contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas: deberá pagar casi US$390 millones
La Corte de Apelaciones de Columbia rechazó el recurso presentado por el Estado argentino y confirmó el fallo derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La deuda supera actualmente los US$390 millones con intereses.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó la condena contra la República Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008. La decisión obliga al Estado nacional a afrontar un pago cercano a US$390 millones, incluyendo los intereses acumulados.
El fallo desestimó la apelación presentada por Argentina en el litigio impulsado por el fondo de inversión Titan Consortium, actual titular de los derechos para reclamar la indemnización establecida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La condena supera los US$390 millones
El conflicto judicial se originó tras la estatización de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En 2017, el Ciadi determinó que Argentina debía pagar más de US$320 millones, además de honorarios legales e intereses. Con el paso del tiempo, el monto actualizado asciende a unos US$390 millones.
El demandante original fue el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral antes de la expropiación. Posteriormente, los derechos del litigio fueron transferidos a Burford Capital y luego al fondo Titan Consortium, que actualmente impulsa el cobro.
La Procuración analiza nuevas medidas
Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que se encuentra evaluando las alternativas legales disponibles para intentar revertir la decisión o reducir su impacto económico.
Además, señaló que el proceso judicial se originó por decisiones adoptadas hace casi dos décadas y recordó que la actual administración recibió litigios internacionales con reclamos millonarios contra el Estado argentino.
Podrían avanzar sobre activos argentinos
Como el Ciadi no posee mecanismos propios para ejecutar sus sentencias, el fondo acreedor deberá continuar el proceso ante tribunales estadounidenses para intentar cobrar la indemnización.
En ese contexto, Titan Consortium busca autorización para identificar y embargar activos argentinos en Estados Unidos. Entre los bienes que aparecen bajo análisis se encuentran las garantías de los históricos Bonos Brady, depositadas en la Reserva Federal de Nueva York.
Con esta decisión, la Justicia estadounidense confirmó la validez del fallo de primera instancia y mantuvo vigente el reconocimiento del laudo arbitral emitido por el Ciadi.
Con información de La Nación
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