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Comienza el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema en Diputados

La comisión que preside la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard se reunirá a las 11 para comenzar a analizar los expedientes.

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Comienza el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema en Diputados

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará a resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en «mal desempeño» en varios de sus fallos.

La comisión que preside la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard (Entre Ríos) se reunirá a las 11 para comenzar a analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.

La intención del oficialismo es comenzar hoy con el análisis de los expedientes y definir el esquema de trabajo ya que el primer paso de la comisión será establecer si son admisibles los pedidos de juicio político y allí el oficialismo tiene mayoría para imponer su criterio.

Posteriormente, se estima que en 15 días comenzará la etapa de apertura del sumario a prueba, que se prolongará hasta fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.

El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.

Por su parte, la principal bancada opositora ya anticipó que no dará quórum para tratar los proyectos contemplados en la convocatoria mientras se mantenga el proceso de juicio político, ya que consideran que se trata de «un ataque a la Corte y a la institucionalidad» por parte del Gobierno.

Desde el Frente de Todos (FdT) consideran, en cambio, que «la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento», y recuerdan que «en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional».

Por su parte, autoridades del Interbloque Juntos por el Cambio se reunieron ayer con miembros de la comisión de juicio Político para analizar su estrategia con vistas a la reunión que se celebrará hoy para abrir el debate sobre si es admisible el enjuiciamiento contra los miembros del tribunal.

El presidente del bloque radical, Mario Negri, informó que «Juntos por el Cambio se presentará a dar el debate una vez que el Frente de Todos haya conseguido el quórum» y dijo que «el planteo del Gobierno es un mamarracho político y jurídico que se desvanece en sí mismo».

«Nosotros lo vamos a demostrar en la comisión con absoluta seriedad», expresó y señaló que «el pedido de juicio político es de una insustentabilidad absoluta, no tiene ninguna consistencia legal».

En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados encabezados por Eduardo Valdés, se toma como base el documento impulsado por el Presidente, pero se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.

En el texto, de 410 páginas, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos «todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados».

«El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante», añade el documento.

Agrega que «el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea».

«Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada», señalan los diputados en el proyecto.

Fuente: Minuto Uno

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Comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: el clan Sena frente a la Justicia

A más de dos años de su desaparición, este martes se da inicio en Chaco al juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años cuyo cuerpo aún no fue hallado.

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Foto: Cecilia tenía 28 años. (Redes Sociales)

En el banquillo de los acusados se sientan Emerenciano Sena, Marcela Acuña y su hijo César Sena, además de cuatro presuntos encubridores.

César Sena está imputado por homicidio doblemente agravado, mientras que sus padres enfrentan cargos como partícipes primarios del crimen.

Los demás acusados —Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso— son juzgados por encubrimiento agravado.

El Poder Judicial del Chaco fijó el desarrollo de las audiencias para los días 28, 29 y 30 de octubre; 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2025, desde las 7:00 horas.

Foto: Clan Sena

Entre los representantes del Ministerio Público figuran Juan Martín Bogado (fiscal de Cámara Nº2), Nelia Yael Velázquez (Fiscal de Investigación Penal Nº5) y Jorge Omar Cáceres Olivera (Fiscal de Investigación Nº4).

Por la querella participarán Sergio Gustavo Briend, en representación de la madre de la víctima, y Sonia Valenzuela, con el patrocinio de Juan Ignacio Díaz, por la Subsecretaría de Género y Diversidad.

La madre de Cecilia, Gloria Romero, estará presente en el debate. Desde el inicio del caso, se transformó en una voz incansable en busca de justicia, enfrentando al poderoso clan Sena, con fuertes vínculos políticos con el exgobernador Jorge Capitanich.

Emerenciano junto con el ex gobernador Capitanich

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Un hombre quedó en prisión preventiva por venta de drogas en San Cristóbal

Quedó en prisión preventiva un hombre de 49 años, cuyas iniciales son CMC, al que se investiga por vender cocaína y marihuana al menudeo en San Cristóbal. Así lo ordenó el juez Juan Gabriel Peralta, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.

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Foto: Un hombre quedó en prisión preventiva por venta de drogas en San Cristóbal

Estupefacientes

El fiscal Emiliano Odriozola afirmó que “al menos entre el jueves 21 de agosto de este año y el sábado pasado, el hombre de 49 años vendió en su domicilio drogas fraccionadas en pequeñas dosis”.

“A partir de diligencias realizadas por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Cristóbal, el sábado se concretó un allanamiento en Dorrego al 1.600, donde residía el investigado”, manifestó Odriozola.

“En el operativo policial, se secuestraron cocaína y marihuna distribuidas en envoltorios y en trozos compactos, dos balanzas de precisión, teléfonos celulares, una libreta con anotaciones y dinero en efectivo”, precisó el funcionario del MPA.

Revólver y escopeta

Odriozola señaló que “en el marco del allanamiento, los uniformados advirtieron que el imputado tenía ilegítimamente en su poder un revólver calibre 38, cargado con seis cartuchos de igual calibre, y una escopeta calibre 12”, y añadió que “ambas armas eran aptas para el disparo”.

“Además, se detectó que el imputado poseía en el inmueble cuatro cartuchos calibre 38 y 25 cartuchos de escopeta calibre 12”, detalló el fiscal.

Riesgos procesales

Odriozola valoró que “el juez consideró que las evidencias que presentamos desde la Fiscalía son suficientes para acreditar las atribuciones delictivas, con el grado de probabilidad necesario en esta etapa del proceso penal”.

“A su vez, el magistrado sostuvo que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo, en función de las características de los ilícitos que investigamos”, remarcó el fiscal.

El fiscal también planteó que “el juez además indicó que el riesgo de fuga estaba latente porque el imputado no posee trabajo fijo que lo arraigue, lo cual impacta de manera directa en el peligro de entorpecimiento probatorio”.

Por otro lado, el fiscal destacó que “el magistrado valoró la efectividad de las denuncias anónimas, así como la eficacia de las tareas desplegadas por la policía en este legajo penal”.

Calificaciones penales

Al imputado se le atribuyó la autoría de comercialización de estupefacientes, tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y tenencia indebida de arma de fuego de guerra.

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Sunchales: Joven imputado por usar una tarjeta robada recuperó la libertad bajo condiciones

Un joven oriundo de Sunchales fue imputado por utilizar una tarjeta de débito robada para realizar compras en distintos comercios de la ciudad.

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Foto: Tribunales de Rafaela

La audiencia se desarrolló este lunes en los Tribunales de Rafaela, donde la fiscalía le atribuyó haber usado la tarjeta de otra persona —sustraída días atrás en el marco de una causa por robo calificado— para efectuar tres operaciones por un total cercano a los 25.000 pesos.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría recibido la tarjeta junto con una campera de parte de individuos aún no identificados. Posteriormente, compró un paquete de yerba en un supermercado y productos cárnicos en una carnicería local.

El joven fue detenido por efectivos de la Comisaría 3ª luego de un procedimiento en su vivienda. Durante la requisa, intentó escapar por los techos, pero fue rápidamente aprehendido.

En la audiencia, la fiscalía y la defensa acordaron medidas alternativas a la prisión preventiva, las cuales fueron aceptadas por el juez interviniente. Según se indicó, se trata de una “última oportunidad”, ya que en caso de reincidir, se solicitará su detención preventiva.

La víctima, propietaria de la tarjeta, dio su consentimiento para que el acusado recupere la libertad, siempre que mantenga una distancia mínima de 200 metros de su domicilio.

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