Judicial
Grupo Spaggiari: llueven las presentaciones y se triplicó el número de damnificados denunciantes
Los hermanos que representan la cabeza del grupo inmobiliario están presos en la Alcaidía. Pero siguen multiplicándose las denuncias y hay un volumen enorme de información para procesar en la investigación.
La investigación que abarca al denominado Grupo Spaggiari, por la supuesta comisión de estafas piramidales, se está convirtiendo en una caja de Pandora de consecuencias imprevisibles. Como se sabe, de los ocho encausados en la investigación, tres personas -los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, y la madre de ambos, Mirta Condotto- están con régimen de prisión preventiva, en tanto que los otros cinco, en su mayoría empleados de la empresa, fueron dejados en libertad con medidas alternativas mientras continúa el proceso judicial. Los hermanos Spaggiari están alojados en la Alcaidía de la Regional V, mientras que Condotto fue beneficiada con prisión domiciliaria, en razón que se trata de una persona septuagenaria.
Tras los operativos y allanamientos que concluyeron con la detención de los 8 imputados en la causa -acusados de integrar una asociación ilícita con distintos roles-, se desarrollaron las imputaciones y luego la audiencia de medida cautelar, que se concretó el sábado 28 de octubre, en una jornada que superó las 14 horas de debates. En el momento de la imputación de los hechos, había 75 víctimas que registraron sus denuncias, por un total de 152 convenios que se formalizaron con los Spaggiari y fueron incumplidos. Pero tres días después, cuando se hizo la audiencia cautelar, los casos de denunciantes ya habían trepado a 85, con 173 hechos incluidos en la investigación, por un monto total superior al 1,7 millón de dólares. Pero había otra veintena de denunciantes que no fueron incluidos porque no hubo tiempo de procesar la información para agregarla al momento de la presentación ante el juez Gustavo Bumaguin, que interviene en el proceso.
La multiplicación de las deudas
Este miércoles, una fuente del MPA confirmó a RAFAELA NOTICIAS que las denuncias crecen exponencialmente día a día. «Desde que se hicieron los procedimientos tenemos decenas de personas que se acercan a la Fiscalía. Ya tenemos más de 200 personas físicas que han formalizado presentaciones. Y hay otras 60 a las que le estamos tomando datos para comenzar a relevar la información, pero como entran permanentemente casos ya podemos decir que hay cerca de 300 personas que se han presentado como damnificados».
Respecto al número de denunciantes, es importante precisar que las personas que se presentan entregaron dinero en varias oportunidades al grupo. Cada «contrato de mutuo dinerario» firmado por los Spaggiari es considerado por la fiscalía como un hecho delictivo, como una estafa. Considerando la proporción que se manejó entre personas denunciantes y hechos investigados, se puede hablar de cerca de un millar de contratos dinerarios, que implicaron entregas de dinero, la gran mayoría en dólares billete, al grupo Spaggiari, que captaba esos dineros prometiendo tasas de interés de entre el 2 y el 3% mensual en dólares, o del 5% mensual en pesos (en los años del 2020 al 2022, cuando las tasas eran muy inferiores a las actuales en el mercado financiero). Si bien el MPA no estimó la cifra actualizada que está en juego, se calcula que ya superan los 5 millones de dólares.
Mientras la Fiscalía considera que el mecanismo es una estafa piramidal similar al denominado sistema Ponzi, para los abogados defensores simplemente se trata de un incumplimiento de contratos: esto quiere decir que se trata de una empresa que siempre tuvo voluntad de cumplir pero que entró en cesación de pagos. Hasta ahora, el juez Bumaguín le dio la razón al fiscal Guillermo Loyola, aunque hay también un costado civil en la causa: muchísimos damnificados recurrieron al fuero civil y comercial y se sabe de por lo menos un inversor que pidió la quiebra del grupo. En la argumentación de la acusación es clave un dato: en los allanamientos no se encontraron documentos respaldatorios de las operaciones negociadas con los damnificados.
Fuente: Rafaela Noticias
Judicial
🚨💣 Ordenan el decomiso total de los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez: cifra récord de $684 mil millones
Una resolución judicial histórica volvió a sacudir el escenario político y judicial argentino. El Tribunal Oral Federal N.° 2 ordenó el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86, monto que recae sobre Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, diversos exfuncionarios, sociedades vinculadas y también sobre Máximo y Florencia Kirchner como titulares de parte de los activos incluidos.
⚖️ Un decomiso actualizado y récord
La sentencia firme —vigente desde el 10 de junio de 2025— había fijado inicialmente un monto de $84.835.227.378,04. Sin embargo, tras una actualización realizada por peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, el valor fue reajustado a la cifra actual.
El tribunal intimó a los condenados a cubrir el monto, pero ante el incumplimiento dispuso avanzar con la tasación, ejecución y venta de los bienes identificados, priorizando aquellos en poder de los principales involucrados y de las empresas utilizadas para las maniobras investigadas.
🏘️ Qué bienes se decomisarán
El fallo abarca inmuebles pertenecientes a:
- Austral Construcciones S.A.
- Kank y Costilla S.A.
- Gotti Hnos. S.A.
- Loscalzo y Del Curto SRL
Además, incluye propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner, y prevé avanzar también sobre bienes de Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich, en caso de que los activos iniciales no alcancen para cubrir la cifra final.
La resolución dispone inscribir todos los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.
📅 El período investigado
La Fiscalía identificó propiedades adquiridas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, lapso considerado clave en la maniobra fraudulenta vinculada a la asignación de obra pública en Santa Cruz.
🗣️ Las defensas cuestionaron la medida, pero el tribunal ratificó la conexión con el delito
Los abogados de Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Ganora, Pavesi y otros condenados solicitaron el rechazo del decomiso alegando:
- Falta de acreditación del nexo causal entre bienes y delito
- Insuficiencia probatoria
- Violación de principios constitucionales
- Inclusión de bienes adquiridos antes del ejercicio de cargos públicos
- Repetición de bienes ya investigados en otras causas
El tribunal desestimó todos los planteos, afirmando que la sentencia firme ya estableció que existieron beneficios económicos directos e indirectos a favor de Báez y de la familia Kirchner a partir de la adjudicación irregular de contratos de obra pública.
🌐 Fundamentos basados en normativa internacional
La decisión cita la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obligan a los Estados a recuperar activos provenientes de delitos.
El tribunal también remarcó que el decomiso puede aplicarse incluso sobre bienes mezclados o transformados, siempre que exista una relación temporal y razonable con el delito original.
🏛️ ¿Qué pasará con los bienes?
La resolución fue enviada a la Corte Suprema, que deberá determinar el destino final de las propiedades.
El objetivo central: reparar el daño causado al Estado y a la sociedad, según estándares internacionales.
La Fiscalía mantiene la facultad de seguir incorporando nuevos bienes si reúnen los requisitos para ser decomisados.
Por Móvil Quique con información de Infobae
Judicial
⚖️ ESCÁNDALO EN CÓRDOBA | Gerente de prepaga dejó sin cobertura a una paciente oncológica y deberá pagar más de $43 millones
Una resolución judicial con alto impacto económico sacudió a Córdoba: un gerente de la empresa de medicina prepaga Bramed deberá pagar $43.285.714,32 como reparación por la maniobra fraudulenta que dejó sin cobertura a una paciente que atravesaba tratamiento oncológico.
El fallo fue dictado por el juez Julián Falcucci (Tribunal Oral Federal N.º 1), en el marco de una suspensión del juicio a prueba aceptada por la víctima y su esposo, quienes priorizaron una solución inmediata tras años de conflicto.
🔍 Una maniobra ejecutada desde adentro
La investigación determinó que el gerente ordenó a una empleada modificar irregularmente los datos de afiliación, utilizando la clave fiscal del esposo de la paciente, obtenida mediante engaño.
Con esa información, el personal ingresó al sistema de AFIP y migró al matrimonio a una obra social con la que Bramed no tenía convenio, dejándolos sin cobertura mientras la mujer recibía tratamiento por un Linfoma de Hodgkin.
El cambio quedó asentado en la Superintendencia de Servicios de Salud sin consentimiento, y fue rastreado hasta las oficinas de la empresa en Córdoba.
🏥 Consecuencias gravísimas en plena quimioterapia
Entre el traspaso fraudulento y la pérdida efectiva de la cobertura, la paciente comenzó su tratamiento oncológico, pero sufrió demoras en la medicación, falta de autorizaciones, prácticas rechazadas y trabas administrativas que deterioraron severamente su salud.
Según la acusación fiscal, el cuadro derivó en intervenciones cardíacas, una traqueotomía permanente, un estado de coma y un riesgo extremo de muerte.
El fiscal federal Enrique Senestrari calificó la maniobra como un abandono deliberado, señalando que la mujer fue dejada “en una situación de desamparo, en un momento de suma gravedad”, con daño físico y psicológico irreversible.
🧑⚖️ Más sanciones para el gerente y probation para la empleada
Además del pago millonario, el tribunal hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal: el gerente deberá realizar y organizar una capacitación en perspectiva de género para todo el personal de Bramed, en reemplazo de tareas comunitarias.
La empleada que participó del fraude también recibió probation, al probarse que accedió al sistema oficial para ejecutar el cambio de obra social.
Ambos deberán cumplir reglas de conducta durante un año: fijar domicilio, someterse al control de la DCAEP y completar la capacitación obligatoria.
La resolución se tomó con el aval de la víctima y su esposo, quienes buscaron cerrar un proceso judicial que ya llevaba cuatro años.
Por Móvil Quique con información de /iProfesional
Judicial
⚖️🟥 CONDENA FIRME | 3 años y 6 meses de prisión por dos robos en viviendas de Sunchales
Un hombre de 28 años, recibió una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva por su participación en dos hechos delictivos cometidos en viviendas de Sunchales.
Un hombre de 28 años, identificado como Juan Daniel Flamenco, recibió una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva. La condena fue dictada por el juez Gustavo Bumaguín mediante un juicio abreviado realizado en los tribunales de Rafaela. La investigación estuvo dirigida por la fiscal Lorena Korakis.
🔍 Dos hechos con el mismo patrón delictivo
El primer episodio ocurrió el 29 de abril del año pasado, cerca de las 21:00, cuando Flamenco y otros individuos aún no identificados escalaron un tapial de dos metros para ingresar a una vivienda en Rotania al 1300.
Forzaron puertas, rompieron vidrios e intentaron sustraer objetos, pero fueron descubiertos por uno de los moradores. Los intrusos escaparon saltando tapiales y metiéndose en casas vecinas sin permiso.
El segundo hecho sucedió el 11 de agosto, alrededor de las 20:00, en una casa de calle Alem al 100. Flamenco y otro hombre imputado rompieron la puerta, ingresaron y se llevaron celulares, zapatillas, ropa deportiva, dinero en efectivo y otros objetos.
Al retirarse, la propietaria regresó y los sorprendió; los ladrones la empujaron para huir con lo robado.
⚖️ Reconocimiento de culpabilidad
Durante el juicio abreviado, Flamenco admitió su responsabilidad como coautor de robo agravado, tentativa de robo calificado por escalamiento y violación de domicilio.
Aceptó la calificación legal, la pena impuesta y la modalidad de cumplimiento.
Las víctimas fueron informadas y manifestaron su conformidad con la resolución.
Por Móvil Quique con información de Rafaela Informa
17°C
🚨 Roban herramientas de una pieza en Sunchales
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💥📉 Los bancos anticipan una baja más lenta de tasas y reclaman al BCRA una herramienta clave para reactivar el crédito hipotecario
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