1) De antecedentes y de oposición para la provisión de: a) Un cargo de defensor General para los Tribunales de San Cristóbal; b) un cargo de Asesor de Menores para los Tribunales de Santa Fe; c) un cargo de Médico Forense (categoría presupuestaria fiscal).

2) De antecedentes y en su caso de oposición para la provisión de: a) Tres cargos de Jefe de Unidad Para la Oficina de Gestión Judicial de Primera Instancia de los Tribunales de Santa Fe (categoría presupuestaria de Secretario de Primera Instancia de Distrito); Un cargo de Secretario de Primera Instancia de distrito para los Tribunales de Santa Fe.

c) Un cargo de Secretario de Primera Instancia de Distrito para los Tribunales de San Javier.

d)Dos cargos de Secretario de Primera Instancia de Distrito para los Tribunales de Rafaela.

e) Un cargo de Secretario de Primera Instancia de Distrito del Registro Público de los Tribunales de Rafaela.

f) Un cargo de Oficial de Justicia de los Tribunales de Santa Fe;

g) Un cargo de Oficial de Justicia para los Tribunales de San Jorge;

h) Un cargo de Jefe de Sistemas en la Secretaría Informática de los Tribunales de Santa Fe (categoría presupuestaria de Secretario de Primera Instancia de Distrito):

i) dos cargos de Analista de Primera (categoría presupuestaria Jefe de Departamento) para la Secretaría de informática en los Tribunales de Santa Fe;

j) Un cargo de Jefe de Mesa de Ayuda de la Secretaría Informática en los Tribunales de Santa Fe (categoría presupuestaria de Jefe De Departamento);

k) Un cargo de Especialista Auxiliar informático de la Secretaría Informática (categoría presupuestaria de Auxiliar) de la Circunscripción Judicial Nº 5 con asiento en -san Cristóbal;

i) Un cargo de Bioquímico (categoría presupuestaria de Secretario de Primera Instancia de Distrito (para los Tribunales de Santa Fe.

Concurso Cerrado

a)Un cargo de Oficial de Justicia con funciones en la Secretaría Técnica de la Corte suprema de Justicia en los Tribunales de Santa Fe.

Para todos los períodos de inscripción será el comprendido entre el 2 y el 12 de octubre del año en curso, ambas fechas inclusive, debiendo los interesados en participar de dichos concursos, presentar el formulario confeccionado al efecto por ante la Secretaría de Gobierno de la Corte de Santa Fe.

Fuente: Castellanos

El fondo buitre Burford, que espera cobrar US$16.099 millones tras haber ganado el juicio por la expropiación de YPF, le pidió a la justicia estadounidense autorización para solicitar embargos sobre bienes argentinos, porque considera que el país “no demuestra voluntad de pago”.

“Le pedimos a su señoría que establezca que 30 días es un período de tiempo razonable, después de la emisión del fallo del 15 de septiembre, para iniciar los procedimientos de embargo y ejecución del fallo a partir del 16 de octubre”, solicitaron los abogados de Burford ante el juzgado neoyorquino de Loretta Preska.

El gobierno argentino ya avisó que apelará la sentencia de la jueza Preska, lo que le permitiría ganar tiempo.

El reclamo se basa en que el Estado argentino, cuando tomó el control de la compañía en 2012 -durante el gobierno de Cristina Kirchner-, debió lanzar una oferta pública de acciones para los tenedores minoristas de la empresa, pero no lo hizo.

Dos sociedades de Petersen (Familia Eskenazi), despojadas del 25% de sus acciones, transfirieron el derecho a iniciar juicio por ese reclamo al fondo Burford, en una operación que es cuestionada por distintos sectores de la política.

En cambio, la Argentina debería haber lanzado una oferta pública de acciones, según lo establecido en el estatuto de la empresa. La Argentina enfrenta ahora el riesgo de embargos contra sus activos, en una causa que hacer recordar lo ocurrido cuando fondos buitres pidieron el embargo de la Fragata Libertad en un puerto internacional.

Fue cuando los fondos de inversión ganaron otro juicio contra la Argentina por los derechos de los acreedores de bonos que no habían entrado en el canje de deuda soberana (holdouts).

Las leyes estadounidenses disponen que no se pueden realizar embargos o ejecuciones de bienes hasta que el tribunal ordene ese embargo o ejecución, es decir, tras un período de tiempo “razonable”, desde la emisión del fallo. Los abogados de Burford solicitaron que ese plazo sea de un mes desde la emisión del fallo.

“El estatuto no proporciona orientación adicional sobre el procedimiento, o el momento en que el tribunal debe determinar lo que constituye un período de tiempo razonable”, según explican los abogados de Burford.

Argumentaron que la “práctica pasada, y actual, de Argentina en cuanto a eludir fallos judiciales emitidos en Estados Unidos, como en jurisdicciones extranjeras, así como las recientes declaraciones públicas de sus más altos funcionarios, demuestran que no tiene intención de cumplir el fallo”.

Y se quejaron que los demandantes “han tenido que esperar más de una década para recibir el pago de la oferta de compra que se les adeuda, y una demora adicional en la ejecución sería innecesaria e irrazonable”.

“Argentina no tiene intención de pagar el fallo, y sería falso que sugiriera lo contrario. Por lo tanto, los demandantes solicitan respetuosamente una conferencia previa a la presentación de su moción propuesta, de acuerdo con la sección 1610(c), solicitando una orden que establezca que la suspensión de 30 días prevista en la Regla 62(a), es un “período de tiempo razonable”, y que la ejecución pueda comenzar después de eso”, dijeron los abogados de Burford, en su presentación.

Fuente: Cadena 3

“En diciembre del año pasado, el mismo juez dispuso que el hombre investigado quede en prisión preventiva sin plazos”, recordó Fissore. “En los nueve meses que transcurrieron hasta la actualidad no hubo ningún cambio, por eso es que apelamos la decisión.

Subsisten los mismos riesgos procesales que planteamos oportunamente, y sigue existiendo la misma necesidad de preservar los testimonios de personas vulnerables, como las mujeres que estaban en el lugar del hecho”, sostuvo la fiscal.

Impulso de matar

El homicidio de Coletti fue cometido alrededor de las 3:00 de la madrugada del sábado 1 de octubre de 2022 en la vía pública en Suardi, más precisamente en calle 25 de Mayo al 400.

“La víctima fatal llegó en una camioneta a la casa del policía investigado y comenzó a agredirlo físicamente”, relató la fiscal. “Por su parte, el agente de la fuerza pública le propinó golpes con los puños y con un cortafierro de 35 centímetros de largo con el que le provocó la muerte a raíz de numerosas heridas que sufrió en el rostro y en la cabeza”, remarcó.

Fissore planteó que “tal como sostuvimos en reiteradas oportunidades, del informe de la autopsia realizada se desprende el dolo de matar”. Asimismo, sostuvo que “el médico forense describió en 16 ítems las lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima y aclaró que las más significativas fueron producidas con el elemento cortante”.

La funcionaria del MPA subrayó que “desde la Fiscalía entendemos que este no es un caso ni de legítima de defensa ni de exceso en la legítima defensa. Estamos ante un homicidio en el que primó el impulso de matar”.

“Durante la situación violenta, en ningún momento estuvo en peligro la vida del policía investigado, razón por la cual no hay manera de acreditar la necesidad racional del medio empleado –el cortafierro de 35 centímetros– para repeler la conducta de la víctima”, argumentó la fiscal. Asimismo, se refirió a las condiciones personales del imputado, “quien es un empleado policial preparado y entrenado para enfrentar una agresión mediante técnicas defensivas”.

Audiencias

Tres días después del homicidio de Coletti se llevó a cabo la audiencia en la que se debatieron por primera vez las medidas cautelares para el policía investigado. “En aquella oportunidad, si bien planteamos que estaban cumplidos los requisitos necesarios para que se imponga la prisión preventiva durante todo el proceso, el juez Peralta hizo lugar a la cautelar privativa de la libertad, pero por 90 días”, trajo a colación la fiscal

“Antes de que esos 90 días vencieran, desde la Fiscalía pedimos una audiencia de revisión de la prisión preventiva. Nuevamente, solicitamos mantenerla durante todo el proceso, y el juez hizo lugar”, destacó Fissore.

La fiscal del MPA continuó explicando que “por el mero transcurso del tiempo, la Defensa del imputado solicitó una nueva audiencia de revisión de la prisión preventiva. Otra vez, el juez Peralta ordenó mantenerla sin plazo, tal como se venía cumpliendo”.

“Finalmente, y ante otro pedido de la Defensa de revisión de la medida cautelar, ahora el juez dispuso la libertad del imputado bajo medidas alternativas, entre ellas, fijar una caución patrimonial personal por la suma de 2.000.000 de pesos; prohibir el ingreso del imputado a la localidad de Suardi durante el proceso y de acercamiento y/o contacto con los testigos del caso, entre otras”, concluyó la fiscal.

Fuente: El Departamental