A través de un decreto que será publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei determinó la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un organismo que acaparará la gestión unificada de cinco hospitales nacionales. Su titular será Diego Masaragian, que es el actual director de Hospitales en el Ministerio de Salud de la Nación.

La ANES tendrá bajo su órbita la gestión de los hospitales Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur. Esto implica que la entidad concentrará en un solo ámbito la gestión administrativa, financiera y jurídica de esos centros de salud. En tanto, se seguirá respetando que tengan una Dirección Ejecutiva Médica particular de cada nosocomio, que en cada caso responde a una especialidad o estructura asistencial particular.

Se trata de uno de los tres decretos que fueron oficializados en el Boletín Oficial este martes, al filo de la finalización de las facultades delegadas administrativas que le fueron concedidas al Gobierno a través de la Ley Bases.

A este decreto lo acompaña la disolución del Instituto Nacional del Cáncer (INC), una medida que ya había sido anunciada meses atrás. Así, las funciones de las que se ocupaba pasarán en forma de unidad organizativa interna dentro del Ministerio de Salud. También figura en esa normativa la eliminación del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (INEC). “Fue creado por ley en 2015, pero nunca fue puesto en funcionamiento: no contó con sede, personal ni presupuesto asignado. Su estructura existía solo en el plano normativo”, afirman en Salud.

En la edición del Boletín Oficial de esta jornada también se decidió, en un decreto distinto, la integración (y por ende, la disolución) del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) a la esfera del Instituto Malbrán. “Ya desarrollaba ahí la mayoría de sus actividades, la medida busca evitar duplicidad de funciones”, justifican voceros oficiales.

En otra normativa diferente, Milei decretó la eliminación de la figura de las Delegaciones Sanitarias Federales del ministerio. Asimismo, derogó la facultad del Poder Ejecutivo de poder crear nuevos hospitales SAMIC como lo son el Hospital Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, Favaloro, Bicentenario de Esteban Echeverría y los hospitales Néstor Kirchner de Santa Cruz y de La Matanza.

Estos nosocomios mencionados anteriormente son distintos a los cinco que fueron abarcados por el primer decreto, dado que tienen una figura jurídica distinta: son entes jurisdiccionales, lo que indica que son manejados por Nación y por otros distritos al mismo tiempo. Estos tienen sus respectivos consejos de administración, que determinan sus propios procesos de gestión, de licitación y operativos.

Fuente: Infobae

Tras el anuncio del decreto que desmantela la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, de generar “rutas nacionales de la muerte”.

En el decreto, el gobierno nacional decidió eliminar el organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales, y traspasar sus funciones al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Según señalan, al disolver el organismo clave en el mantenimiento, se va a profundizar la peligrosidad de las rutas argentinas.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.

Para la sindicalista, “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.

En ese sentido, hizo “un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”.

«El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas”, cuestionó.

Por otra parte, la dirigente gremial alertó que con esa decisión, “más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”.

“Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme”, sentenció Aleñá, quien acusó a Milei y ”su secuaz» Sturzenegger “son los responsables del genocidio en las rutas”.

Además, advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que “valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE”.

«Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras”, lamentó.

La líder de STVyARA explicó que “esto no es una simple reorganización administrativa” como lo presenta el Gobierno, ya que «significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”.

Aleña desmintió al Gobierno que justificó el decreto al señalar que Vialidad tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla.

También refutó que el organismo haya reducido sus tareas a un simple “desmalezamiento de las rutas”, y remarcó que diariamente se llevan adelante obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal y control de peso, entre otras funciones.

“No se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia”, enfatizó.

Por otro lado, Aleñá combatió la idea que impulsa el Gobierno de que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado.

“Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial”, señaló.

“El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable”, agregó.

En tanto, la referente gremial criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía, porque esto «aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV”.

“La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente”, advirtió.

Según Aleñá, «sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal”.

Por último, la secretaria General del sindicato planteó que la desregulación de Vialidad Nacional establece una pérdida de la soberanía vial que implicará que las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a estar en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, lo que generarán más riesgo para la seguridad y el control de obras.

“Vialidad tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas. Su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento”, afirmó.

“Cientos de distritos perderán presencia operativa y trabajadores calificados, lo que afectará no solo la conectividad sino también la economía local y el empleo público”, alertó.

Fuente: NA

El Gobierno de Javier Milei dispuso hoy el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo esta tarde que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”, en referencia al cierre de Vialidad Nacional anunciado por el Gobierno.

En conferencia de prensa, Adorni detalló que la medida saldrá publicada en el Boletín Oficial de mañana.

Fuente: NA