El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este martes que el Gobierno prepara una serie de cambios para el código de tránsito, entre los que se destaca que no será necesario renovar de manera presencial la licencia de conducir.

En declaraciones radiales, Sturzenegger señaló: «Va a salir una reforma muy integral del código de tránsito, por ejemplo, que la renovación de la licencia no va a requerir ir presencialmente».

El ex presidente del Banco Central advirtió que «de todos modos, las provincias tendrán que adherirse porque son trámites vecinales».

«Muchas veces los municipios usan esto como mecanismo de recaudación. En la ley vamos a cambiar el sistema para que sea más fácil, si las provincias lo aceptan», consideró.

A su vez, explicó que «en el caso de los 60 o 65 años se pedirá que continúen con la presencialidad porque el examen debe hacerse cada vez más frecuente».

En este sentido, remarcó que para llevar a cabo el trámite, no se requiere cumplir con exámenes teóricos ni prácticos (siempre y cuando el documento lleve menos de un año vencido).

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires antes de seleccionar una sede, se solicita que el conductor tenga el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente en la Capital Federal, debe realizar la charla de renovación de tránsito de manera virtual, no tener infracciones, pagar la Boleta Única Inteligente (BUI) y el CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito).

Además, se deberá presentar certificado y/o estudios médicos en caso de padecer alguna enfermedad o estar bajo tratamiento médico.

El turno se saca a través de la página del Gobierno de la Ciudad.

Fuente: Cadena 3

El Gobierno Nacional citó nuevamente a una reunión de la mesa tripartita con empresarios y sindicalistas para definir los lineamientos de la nueva Ley de Contrato de Trabajo, la reforma laboral aprobada en la Ley Bases. Miembros del Ministerio de Capital Humano recibirán a los representantes de los empresarios y a miembros de la CGT en la sede de la Secretaría de Trabajo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La reunión está agendada para el jueves 24 a las 14:00 hs, en las oficinas de la Secretaría de Trabajo, que está bajo la titularidad de Julio Cordero. Se convocó a la Unión Industrial Argentina (UIA), a la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), y la Confederación Argentina de Medianas Empresas (CAME); por el lado de los sindicatos, la Confederación General del Trabajo (CGT) enviará a representantes para participar de la mesa de dialogo.

La normativa a analizar durante la reunión del jueves será el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, referida a la interpretación legal de la «Justa causa» para el despido. El borrador actualmente dicta: «se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa: se afecta la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas u objetos al establecimiento; se ocasionen daños en personas u objetos de propiedad de la empresa o de terceros situados en el establecimiento».

Este artículo tiene sus principales detractores en el sector sindical, que argumentan que las definiciones de «bloqueo parcial o total de empresas» no están correctamente delimitados y por lo tanto quedan sujetos a la interpretación subjetiva de los empresarios. Durante una de las primeras instancias de negociación, Héctor Daer, secretario general de la CGT, manifestó su desacuerdo con lo planteado en el artículo 242. «Los artículos tienen una gran vaguedad, cosa inédita en la legislación laboral», sostuvo.

Desde el lado de los empresarios, este apartado los beneficiaría de cara a contrarrestar los paros y bloqueos impulsados por el sector sindical. «Es un tema de sentido común. Le estamos pidiendo al Gobierno que si hay un bloqueo por parte de un gremio a una planta, haya una figura que lo penalice«, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA, a Clarín en el marco del 60° Coloquio de IDEA.

Fuente: El Intransigente

El presidente Javier Milei ha ordenado acelerar el proceso de privatización de las empresas estatales, según fuentes cercanas al gobierno en conversación con Ámbito. En esta primera etapa, se han identificado 59 compañías que están bajo análisis en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Martín Chaher. Este equipo está compuesto por unos 30 profesionales que ya comenzaron a evaluar cada empresa para definir su futuro.

La política de privatización de Milei busca reducir el control estatal sobre diversas áreas estratégicas de la economía, y según el entorno del presidente, se trata de «cerrar una fuente de ingresos de los políticos corruptos». Aunque algunas de estas empresas sean rentables, el gobierno sostiene que, si permanecen bajo control público, volverían a convertirse en entidades deficitarias debido a la intervención política.

El proceso contempla seis posibles destinos para las compañías: privatización a través de una Oferta Pública Inicial (IPO), concesión, transformación, cesión a las provincias, cierre o asociación con socios estratégicos.

En este contexto, las autoridades han planteado tres fases principales para llevar a cabo el plan: definición, preparación y ejecución. Se estima que todo el proceso podría completarse en aproximadamente 6 a 8 meses.

Empresas que podrían pasar al sector privado muy pronto
Aerolíneas Argentinas
Intercargo
ARSAT
AySA
ENARSA
Fabricaciones Militares
Banco Nación
Banco Hipotecario

Cada una de estas empresas es evaluada caso por caso, considerando aspectos como su viabilidad económica, oportunidades de negocio y los sectores de interés para potenciales inversores.

Por ejemplo, en el caso de AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos), el gobierno busca atraer a un operador fuerte que asuma la gestión de la empresa, con la posibilidad de abrir su capital en la Bolsa. Mientras que ARSAT ya ha anunciado que para 2025 buscará privatizar hasta el 49% de su capital accionario.

La privatización de Aerolíneas Argentinas es uno de los temas más delicados dentro de este plan. Aunque el Gobierno considera inviable una privatización total en el corto plazo, ya se evalúan áreas específicas que podrían ser transferidas al sector privado, como los servicios de tierra o parte de la flota. Además, se han mantenido conversaciones con la provincia de Córdoba, que ha mostrado interés en recibir la flota de Embraer (antigua Austral) para crear una aerolínea provincial.

A pesar de los desafíos, el Gobierno sostiene que las privatizaciones son un paso crucial para avanzar en la modernización y eficiencia del aparato estatal. Según el equipo de Milei, incluso aquellas empresas que actualmente son rentables, como Aerolíneas, corren el riesgo de convertirse en deficitarias si permanecen bajo control público.

Uno de los puntos que destaca el gobierno es la rentabilidad esperada para las empresas que logren privatizarse. Las autoridades afirman que estas compañías tienen un gran potencial de generar ingresos si se gestionan de manera eficiente desde el sector privado. A su vez, la venta de activos y la apertura de capital a inversores estratégicos permitiría optimizar los recursos y evitar el gasto estatal en subsidios.

Fuente: NA