Judicial
Ocho Policías de Sunchales: Terminó la audiencia de apelación y ¿ahora?
»Buscan justificar la violencia por los antecedentes de las víctimas» Así lo manifestó la Fiscal del caso Lorena Koraquis, quien solicitó la continuidad de la prisión preventiva, mientras que desde la defensa ofrecieron diferentes alternativas para poder lograr la libertad de los acusados.
Ante una sala colmada de familiares de los acusados, el Juez de Segunda Instancia Juan Manuel Oliva fue quien presidió la audiencia de apelación llevada a cabo esta mañana, la cual se extendió por más de 5 horas.
En la misma cada una de las partes, Ministerio Publico de la Acusación y abogados defensores manifestaron sus argumentos para dar continuidad a la resolución por la cual cumplen prisión preventiva los efectivos, y por otro lado desestimar dicha medida y que recuperen la libertad.
Los 8 policías que brindaban servicio en la Comisaría 3 de Sunchales, acusados de «Torturas» – siete de ellos- y «Encubrimiento Agravado»- el jefe de la dependencia, cumplen con prisión preventiva y sus abogados presentaron diferentes alternativas para que recuperen su libertad.
Los hechos según la Defensa:
Los abogados de los policías en todo momento hicieron hincapié en las contradicciones que hubo en los relatos de los dos testigos, Juan Manuel F. y Anahí Rosario P. La Defensa aseguró que estas dos personas tuvieron la posibilidad de ponerse de acuerdo en parte de sus testimonios, que además no reconocieron el palo – que no se encontró- utilizado para la tortura, como tampoco la bolsa que le colocaron en la cabeza a uno de los hermanos. Los abogados, agregaron que cuando ocurrieron los supuestos hechos de tortura denunciados, la mujer estaba en una celda sin posibilidades de ver lo que sucedía con los detenidos, los cuales se hallaban dentro de una cocina. Agregando que la lesión grave que sufrió Juan Darío C. fue autoproducida. Arrojándose el mismo detenido, por sus propios medios, contra el ventanal de la comisaría y lesionándose. Una acción de autoflagelación «muy común», según la Defensa, en los sujetos que resultan aprehendidos.
Siguiendo esta versión de los hechos, los Doctores apelaron la decisión de la juez de Primera Instancia, Cristina Fortunato, por la cual los acusados se encuentran cumpliendo prisión preventiva.
Dentro de los argumentos de los defensores se destaca el análisis que estos hicieron de la sentencia:
Para la parte defensora, la Jueza en su resolución explica que la evidencia debe ser analizada en base a tratados internacionales de violencia institucional, no siendo imparcial, ya que realiza un pre-juzgamiento sin analizar objetivamente las pruebas. Además, según la defensa, si lo que se debería tener en cuenta es la comisión de los Derechos Humanos y en caso de duda en los hechos, ésta siempre debe ser favorable a los imputados en cualquier etapa del proceso.
En otro de sus argumentos, los doctores expresaron que la Jueza equivoca el motivo por el cual, esa madrugada-noche, los efectivos allanaron la vivienda. Según la magistrada los acusados, planearon el allanamiento con el objetivo de llevar a cabo los hechos. Con respecto a esto manifestaron que hubo una orden de allanamiento, ya que los hermanos habían robado y luego habían sido partícipes de una balacera. Para la defensa lejos está esto de ser un plan para averiguar el paradero de la motocicleta robada a un efectivo policial, ya que el operativo contaba con la orden del fiscal.
Sumado a esto, explicaron que la Jueza no tuvo en cuenta, o desestimó al menos, todas las opciones de autolesión de la supuesta víctima, como así tampoco pudo ver las inconsistencias entre las declaraciones de los testigos del hecho. Además, hicieron especial hincapié en que las dos supuestas víctimas del hecho, uno tiene 14 y el otro 7 antecedentes condenatorios.
Un punto aparte fue para las dos mujeres acusadas, ya que la defensa explicó que, si bien se tiene en cuenta la cuestión de género y el ser tratadas de igual a igual con los demás acusados, la situación debe analizarse de manera diferente ya que ambas cuentan con hijos menores de edad y no es lo mismo que en una familia falte un padre que lo haga una madre. Debe priorizarse el derecho de los niños.
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''Buscan justificar la violencia por los…</p>Publicado por <a href=»https://www.facebook.com/movilquique/»>www.movilquique.com.ar</a> en <a href=»https://developers.facebook.com/movilquique/posts/541547063152532″>Viernes, 28 de febrero de 2020</a></blockquote></div> {/source}
NO HAY RIESGOS PROCESALES:
Así lo manifestaron desde la defensa, debido a que los acusados cuentan con arraigo, cada uno tiene a su familia, y deberían esperar un juicio en libertad, debido a las inconsistencias de las pruebas.
También manifestaron que los acusados ya no pueden entorpecer las pruebas porque víctimas y testigos prestaron declaración a los pocos días de lo sucedido. “Todos nuestros defendidos tienen carreras intachables, y del otro lado estamos hablando de personas que se dedican a estar fuera de la ley, sumando una gran cantidad de delitos cada uno, y que se sienten perjudicados por la Policía”, manifestaron.
En otra parte de los argumentos, desde la defensa mantuvieron que la Jueza no argumentó porque no dio lugar a las prisiones domiciliarias, y que no están probados los hechos, como así tampoco que la testigo del hecho esté diciendo la verdad, ya que es amiga de las víctimas, y hasta ha participado de algunos hechos ilícitos en conjunto.
Por ultimo uno de los defensores esbozó la teoría del suicidio, ya que, según sus dichos, una de las víctimas hace algún tiempo lo había intentado en dos oportunidades.
“La jueza de Primera Instancia adquirió un relato de manera acrítica, un relato que no fue”, explicó Nestor Oroño, el último de los defensores en tomar la palabra, quien además agregó que en este caso se banalizó el delito de tortura.
“Me sorprende que estos dos sujetos sean intimidables por los antecedentes que tienen y la relación para con la Policía, en todo caso ya se les tomó declaración”, cerró Nestor Oroño.
Tutela de familiares, cauciones reales o patrimoniales y la obligación de firmar en dependencias judiciales fueron algunas de las medidas ofrecidas por los abogados defensores, para que sus defendidos recuperen la libertad.
FISCALÍA:
Por parte del Ministerio Público de la Acusación, la Fiscal, Lorena Koraquis, solicitó la continuidad de la prisión preventiva, y expresó: “Como tercera persona imparcial, la Juez escuchó los argumentos y se convenció por la versión de la Fiscalía”.
Para la fiscal, los policías actuaron en una progresión delictiva, y la Juez tuvo en cuenta la integridad física y psíquica de quienes se encontraban privados de su libertad en ese momento. Koraquis además manifestó que los acusados actuaron en conjunto generando actos de tortura, apremios y vejaciones.
Pero el argumento principal de la Fiscal, es el aviso de uno de los Policías a otro, que no se encontraba de turno para que valla a la Comisaría ya que tenían a quien le había robado la moto. La versión de esta parte dice que los efectivos actuaron como una estructura organizada con el objetivo de conseguir información acerca de la motocicleta robada a uno de los efectivos. “Con el allanamiento y la detención aprovecharon para llevar adelante su plan y torturar a uno de ellos para que “cante” lo que sabía sobre la motocicleta. Todos los efectivos estaban abocados a obtener información”, expresó la Fiscal.
“Usted no mire y le pegaban cachetadas, también le bajaron los pantalones e insinuaban con violarlo y hasta llegaron a ponerle una bolsa en la cabeza para asfixiarlo”, comentó la Dra. Ya haciendo referencia a los apremios. Arrodillado en el piso, manos atadas atrás con precintos y frases como “te gusta robarle a la policía”, fue otra parte del relato desde fiscalía.
Finalmente, la Fiscal Cerró: “Se puso loco y se tiró contra la ventana, también plantearon la teoría del suicidio, ¿Cómo podemos pensar que el joven podría quitarse la vida en esas condiciones?, es poco probable incluso a nivel mundial. La defensa parece justificar la violencia por los antecedentes de las víctimas”
Por todo eso Fiscalía solicitó la continuidad de la prisión preventiva para los 8 acusados.
Luego de esta audiencia la última palabra la tendrá el Juez de Segunda Instancia, Juan Manuel Oliva, quien dará a conocer su fallo en el plazo establecido por ley.
Fuente y Foto del Juez: Rafaela Noticias
Judicial
Ceres: condenaron al exintendente Camilo Busquets por fraude, abuso de autoridad y malversación
El exintendente de Ceres, Camilo Enzo Busquets, fue condenado este viernes en los tribunales de San Cristóbal tras un juicio oral en el que se analizaron distintos hechos vinculados con delitos contra la administración pública durante sus últimos años de gestión.
El tribunal le impuso 2 años y 10 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La pena de prisión no será de cumplimiento efectivo.
Busquets fue condenado por siete hechos
La Justicia declaró culpable al exintendente por tres hechos de fraude a la administración pública, tres hechos de abuso de autoridad y un hecho de malversación de caudales públicos.
La condena establece una pena de 2 años y 10 meses de prisión. Al ser inferior a tres años, Busquets no deberá cumplir la pena en una cárcel.
Además, el tribunal dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
También condenaron al exsecretario de Hacienda
En el mismo juicio fue condenado el exsecretario de Hacienda Lucas Cañete, quien recibió una pena de 2 años y 3 meses de prisión.
Cañete fue encontrado responsable de los delitos de malversación de caudales y fraude a la administración pública.
Por otra parte, Betiana Godoy, también exsecretaria de Hacienda, fue absuelta de los cargos que se le atribuían.
Podrían surgir nuevas líneas de investigación
Durante el proceso, el fiscal solicitó extraer una copia del registro audiovisual de la declaración testimonial del concejal Juan Manuel Mansilla para remitirla a la Fiscalía y evaluar una eventual ampliación de la investigación.
Mansilla había sido presidente del Concejo Municipal de Ceres y, durante un período de la gestión de Busquets, quedó al frente del Ejecutivo municipal debido a la ausencia del intendente por razones de salud, en su condición de titular del cuerpo legislativo.
El pedido realizado por la Fiscalía sobre su declaración podría abrir nuevas líneas de investigación a partir de lo expresado durante el juicio.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Investigan a “Chiqui” Tapia por su patrimonio durante su gestión en el CEAMSE
El fiscal federal Gerardo Pollicita abrió una investigación penal para determinar si Claudio “Chiqui” Tapia incurrió en un presunto enriquecimiento ilícito durante el período en el que se desempeñó en el CEAMSE.
La Justicia busca analizar la evolución patrimonial del presidente de la AFA y solicitó levantar sus secretos bancario, fiscal y bursátil, además de requerir información a distintos organismos públicos.
Qué medidas pidió el fiscal
Pollicita le solicitó al juez federal Ariel Lijo que ordene las primeras medidas de prueba para avanzar en el análisis de la situación económica y patrimonial de Tapia.
Entre los pedidos se encuentran informes a ANSES, ARCA, Banco Central, Caja de Valores, Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El fiscal también requirió las declaraciones juradas presentadas por Tapia desde su ingreso al CEAMSE, incluyendo sus anexos reservados.
Además, pidió al organismo información sobre sus antecedentes laborales y los ingresos percibidos durante ese período.
Con esa documentación se busca elaborar un informe patrimonial, económico y financiero que permita determinar si existe alguna inconsistencia entre los bienes declarados y los ingresos acreditados.
Cómo comenzó la investigación
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución del patrimonio de Tapia entre 2017 y 2024.
De acuerdo con el análisis presentado por el denunciante a partir de las declaraciones juradas, la liquidez de Tapia habría aumentado cerca de un 1.000% durante ese período.
Tofoni sostuvo que ese incremento no tendría correlato con los ingresos lícitos declarados por el dirigente. Ahora, esos planteos deberán ser contrastados con la documentación que reúna la Justicia.
El cuestionamiento de Facundo Del Gaiso
El legislador porteño Facundo Del Gaiso también cuestionó la situación patrimonial de Tapia y consideró que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito debe avanzar.
En declaraciones a Cadena 3, sostuvo que intentar justificar la diferencia entre los ingresos declarados y el nivel de vida del titular de la AFA constituye “un atentado a la inteligencia”.
Sus declaraciones se produjeron luego de que Pollicita resolviera avanzar con la investigación.
El rol de Tapia en el CEAMSE
El CEAMSE es una empresa pública de carácter mixto integrada por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, dedicada a la gestión de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Tapia fue designado vicepresidente del organismo en 2014, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. Permaneció en ese cargo hasta 2024, cuando asumió como presidente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Además de conducir el CEAMSE y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Tapia ocupa la vicepresidencia de la Conmebol.
Según la denuncia, la presidencia de la AFA es ejercida ad honorem.
La causa tramita en Comodoro Py
El expediente tuvo inicialmente una discusión sobre su competencia entre la Justicia federal y los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta semana, la Cámara Federal resolvió que la investigación debe continuar en los tribunales federales de Comodoro Py.
A partir de esa decisión, Pollicita formalizó el requerimiento de instrucción y solicitó las primeras medidas destinadas a determinar la evolución patrimonial de Tapia.
La investigación deberá establecer, a partir de la documentación que se incorpore al expediente, si existen elementos que permitan avanzar sobre las sospechas planteadas en la denuncia.
Con información de Cadena 3
Judicial
Vence el plazo para que Manuel Adorni justifique su patrimonio ante la Justicia
El exjefe de Gabinete debe responder más de 20 puntos vinculados con sus bienes, gastos, viajes, inversiones y deudas. Ya había obtenido una prórroga de 15 días y no se descarta que solicite una nueva extensión.
Este viernes vence el plazo que tiene Manuel Adorni para responder el requerimiento de la Justicia y justificar su patrimonio en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
El exjefe de Gabinete ya había conseguido una prórroga de 15 días y ahora deberá presentar su descargo o solicitar una nueva extensión.
Aunque hasta el momento no existe una presentación formal, en tribunales no descartan que su defensa solicite una nueva postergación. Una de las razones estaría vinculada con el acceso a parte del contenido del celular del contratista Matías Tabar, uno de los testigos de la investigación.
Adorni había pedido acceder a las conversaciones relacionadas con Tabar para preparar su respuesta y ese material le fue entregado la semana pasada.
Según el entorno del exfuncionario, las reparaciones realizadas en la casa del country Indio Cuá no tuvieron un costo de US$245.000, como habría declarado Tabar ante la Justicia. Por ese motivo, la defensa busca analizar las conversaciones y facturas aportadas por el contratista.
En ese contexto, una de las posibilidades que se manejan es que solicite una o dos semanas adicionales para analizar esa documentación antes de responder los más de 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita.
La primera intimación había establecido un plazo de 15 días. Antes de su vencimiento, la defensa pidió más tiempo para acceder a los archivos utilizados en la investigación. El juez Ariel Lijo aceptó el planteo y otorgó otros 15 días, que vencen este viernes.
Qué debe explicar Adorni
El requerimiento busca determinar el origen de los fondos utilizados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el período investigado.
La Fiscalía analiza bienes, inversiones, créditos y deudas, además de gastos, pagos en efectivo, movimientos en moneda extranjera y transferencias.
Uno de los principales puntos está relacionado con los US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en bitcoins en 2014, operación que, según declaró, le habría generado una ganancia de US$300.000.
La Justicia espera que pueda aportar documentación vinculada con la adquisición de esas criptomonedas y la evolución de sus inversiones.
También deberá explicar el origen de los fondos utilizados para adquirir un departamento ubicado en Miró 550, en Caballito, y el lote 380 del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Refacciones, muebles y viajes
Las refacciones realizadas en ambos inmuebles también forman parte del requerimiento.
En el caso de la propiedad de Indio Cuá, uno de los puntos centrales es el supuesto pago de US$245.000 a Matías Tabar por la remodelación integral de la vivienda.
La Fiscalía solicitó que se identifique el origen de los fondos utilizados y que se aporte documentación respaldatoria.
También deberá justificar el dinero utilizado para adquirir muebles destinados al departamento de Caballito, que habrían sido abonados en dólares y en efectivo.
Los viajes familiares constituyen otro de los aspectos investigados. Se analizaron desplazamientos internacionales y gastos efectuados mediante tarjetas y en efectivo. Entre ellos figura un viaje a Aruba, con desembolsos por US$14.696.
El requerimiento también incluye otros gastos familiares, alquileres temporarios, expensas, cuotas escolares y operaciones realizadas a través de terceros.
La diferencia entre ingresos y gastos
El análisis patrimonial determinó que Adorni y Angeletti realizaron pagos en efectivo por $51,7 millones y US$374.081 entre diciembre de 2023 y mayo de 2026.
Durante ese período, los gastos relevados alcanzaron $272,8 millones y US$402.578.
La Fiscalía busca establecer especialmente el origen de los dólares utilizados, debido a que el 92,9% de las erogaciones realizadas en moneda extranjera fueron abonadas en efectivo.
Otro aspecto bajo análisis es la diferencia entre los ingresos comprobados y los gastos del grupo familiar.
Según el expediente, los recursos acreditados sumaron $229,7 millones, mientras que los egresos llegaron a $272,8 millones, una diferencia superior a $43 millones.
También deberá explicar sus deudas y tenencias en dólares
La evolución del endeudamiento también forma parte del requerimiento. Durante el período investigado, el pasivo declarado pasó de $92,4 millones a $317,3 millones.
La Fiscalía detectó además cuatro nuevas deudas en dólares con particulares y pidió explicaciones sobre su origen, condiciones y destino.
Adorni también deberá responder por una tenencia declarada superior a US$500.000 y explicar qué activos vendió para obtener esas divisas, cuándo se realizaron las operaciones, quiénes fueron los compradores y cuál fue el recorrido del dinero.
Una instancia previa a una eventual indagatoria
El requerimiento de justificación patrimonial constituye una instancia previa a una eventual declaración indagatoria.
Una vez que Adorni presente sus explicaciones, la Fiscalía deberá evaluar si considera suficientes las respuestas y la documentación aportada.
En caso de que no resulten satisfactorias, la investigación podría avanzar hacia una nueva etapa procesal.
Con información de TN
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