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Salud

A cuentagotas: El Gobierno admite la reducción en la compra de vacunas

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En un informe oficial entregado en la Cámara de Diputados, el Gobierno admitió que en la gestión de Cambiemos el Estado viene adquiriendo cada vez menos vacunas. El caso de la Sabin es paradigmático: de 7,7 millones de dosis compradas en 2016 se pasó a 3 millones en 2018

Un informe oficial de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social confirmó lo que padecen a diario los usuarios de los servicios de salud de todo el país cuando van a vacunarse: desde 2016 a la fecha el Estado nacional viene adquiriendo menos vacunas de las que se necesitan para inmunizar a la población. Esto genera faltantes y desmotiva a madres y padres a volver a los centros de salud para aplicar las vacunas que protegerán a sus hijos, lo que los especialistas denominan como “oportunidades perdidas de vacunación”.

En respuesta a un pedido de informes originado en la comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados de la Nación, la secretaría a cargo de Adolfo Rubinstein entregó a los legisladores un documento que “confirma nuestra mayor preocupación: se compraron menos vacunas de las necesarias para alcanzar las coberturas planificadas”, denunció el diputado tucumano Pablo Yedlin.

Para el autor de ley 27491 –sancionada en el año pasado y que entre otros aspectos “entiende a la vacunación como un bien social”, estipula su gratuidad, disponibilidad y la obligatoriedad de vacunarse–, algunos de los recortes verificados son “alarmantes, como los de la vacuna para la Hepatitis A, para la cual en 2016 se adquirieron 880.000 dosis, y en 2018 sólo 401.000, y la de la vacuna para la Hepatitis B, que pasó de 715.939 en 2016 a 300.000 en 2018”.

“Sostener coberturas de vacunación altas, mayores al 90 por ciento, es necesario para que las vacunas sean efectivas”, dijo Yedlin, quien añadió que “la ley de vacunas va en ese sentido pero de nada sirve si se compra la mitad de las vacunas que hacen falta”.

El informe presentado por la Secretaría de Salud detalla las compras de 2016, 2017 y 2018. Los casos más alarmantes son los siguientes:

    Sabin: en 2016 se adquirieron 7.730.000, dosis; en 2017, 2.000.000 y en 2018, 3.030.000. Hasta el 20 de mayo de este año fueron adquiridas 1.876.000 dosis.
    Varicela: pasó de 1.000.000 de dosis en 2016 a 200.000 en 2017 y 500.000 en 2018. En 2019 van 410.000 dosis adquiridas.
    DTA (difteria): 2.594.590 en 2016, 1.300.000 en 2017 y 1.500.000 en 2018. En 2019 van 1.440.000.
    Rotavirus: 1.600.000 (en 2016), 1.555.670 (en 2017) y 1.100.000 (en 2018). En 2019 (siempre hasta el 20 de mayo): 815.000.
    Poliomeliris (Salk): 1.080.000, 1.322.180 y 840.000. En 2019 van 1.210.000 dosis.

El jueves último, durante la “Jornada de Fortalecimiento del Derecho a la Salud” organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se conoció que ante un requerimiento formulado en mayo de este año por ese organismo, la cartera sanitaria porteña informó que en 2018 recibió sólo 95.040 dosis de la vacuna antimeningocóccica cuadrivalente conjugada, de las 215.261 programadas, lo que equivale a un 44 por ciento de lo planificado.

Los especialistas señalan que no sólo preocupa la falta de vacunas, sino también los insumos para aplicarlas. Para Oscar Trotta, director del Instituto Revisor de Políticas Sociales y Acceso a la Salud de la Defensoría, “las familias sufren una complicación mayor por el cierre de los programas de abordaje territorial, que incluían a los vacunadores que iban a los barrios, los clubes, los lugares de trabajo y vacunaban en esos lugares”.

“Al desarticular esos programas, y como consecuencia de la situación económica, las familias no cuentan con los recursos para trasladarse y deciden postergar o suspender el esquema de vacunación de sus hijos. Y se necesita el 95 por ciento de la población vacunada para tener un nivel de cobertura óptimo para cualquier sociedad”, agregó Trotta.

Lo que el gobierno quiso mostrar inicialmente como un problema puntual ligado a cuestiones de logística es en realidad el resultado de una política restrictiva en materia de inmunizaciones.

Tan es así que durante la última reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) realizada el jueves 13 de junio, funcionarios de la secretaría de Gobierno de Salud expusieron crudamente la situación de faltantes de la vacuna antimeningocóccica. Por esos mismos días, fue el propio Rubinstein quien públicamente salió a reconocer la falta, adjudicándola a problemas en las compras a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según trascendió de ese encuentro, la no disponibilidad de Menveo –nombre comercial de la vacuna contra la meningitis– es tan crítico que ni siquiera habría suficientes dosis para cubrir a los niños más pequeños y así cumplir con las tres aplicaciones establecidas por el Calendario hasta los 15 meses de edad.

Ese faltante, necesario para cubrir la población objetivo del año en curso, no sería el mayor problema. Según reconocieron fuentes que participaron en la reunión, estaría en peligro la adquisición del stock de la vacuna para 2020.

Sugestivamente, la CoNaIn aún no hizo pública el acta de su última reunión, pese a que el reglamento que rige su funcionamiento establece la obligatoriedad de darlas a conocer.

“Cuando los paladines de la transparencia reciben criticas, fuerzan las reglas y hacen firmar un acta de confidencialidad a aquellos que están advirtiendo las faltas del Estado nacional en la adquisición de vacunas”, deslizó un participante de la reunión.

La Comisión Nacional de Inmunizaciones es un organismo técnico que asesora a las autoridades nacionales y a los decisores de políticas sanitarias sobre aspectos relacionados con las inmunizaciones.

La falta de vacunas ya forma parte de la campaña presidencial. Seguramente por la influencia de Ginés González García, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández las incluyó en sus mensajes al señalar que “en este país hemos dejado de vacunar a los chicos, miren a dónde hemos llegado”, dijo ante delegados de la Asociación Bancaria. Y en declaraciones periodísticas, se preguntó “cómo no van a tener déficit cero si no compran vacunas para los chicos?”.

 

Fuente: Página 12

 

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Salud

COVID-19: aumenta la cantidad de pacientes en salas de terapia intensiva

Entre diciembre y enero se duplicaron los casos positivos de coronavirus en la Argentina.

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Durante las primeras semanas del año, aumentaron los casos de COVID en nuestro país y las salas de terapia intensiva empezaron a ocuparse.

“Se trata fundamentalmente de pacientes añosos, con muchas comorbilidades y un esquema de vacunación no actualizado”, comentó el médico intensivista Arnaldo Dubin en comunicación con Noticias Argentinas.

Actualmente, en terapia intensiva, están atendiendo un número creciente de casos, cuya magnitud real es “imposible de cuantificar porque se realizan pocos testeos”, indicó. “Afortunadamente, creo que no vamos a revivir los tiempos de zozobra en la terapia intensiva”, agregó.

Habló sobre la importancia de cumplir con el esquema de vacunación recomendado por el Ministerio de Salud:

Personas de alto riesgo (50 años o más, gestantes e inmunocomprometidas): dosis de refuerzo cada 6 meses.

Personas de bajo riesgo (entre 6 meses y 49 años inclusive, sin comorbilidades): dosis de refuerzo cada 12 meses.

Dubin comentó también sobre el colapso sanitario durante la pandemia. “Se debió principalmente a la carencia y la fatiga de los trabajadores de la salud, especialmente intensivistas”, dijo. “Si hubiera una nueva pandemia, la catástrofe sería mucho peor que la anterior. La medicina está frente a una crisis sin precedentes”, agregó.

Hizo hincapié en la educación y en que cada vez hay menos médicos que hacen la residencia. “En pocos años vamos a tener una carencia enorme de médicos formados adecuadamente”, dijo.

Por último, le preguntamos sobre la posible vuelta del barbijo como medida obligatoria, ya que algunos países de Europa lo están adoptando en lugares cerrados. “Creo que todavía es controvertido y hay que esperar un poco. No hay duda de que el tema actual es la vacunación”.

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Salud

Crisis en mercado de prepagas: la Superintendencia de Servicios de Salud anunció la baja de una empresa

El registro nacional de entidades de empresas de medicina oficializó la salida de una marca y sus afiliados fueron traspasados.

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La Superintendencia de Servicios de Salud anunció la baja de Asistencia Médica Norte S.A. del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

Esta decisión, publicada en el boletín oficial, marca un punto clave en la regulación de las entidades de medicina prepaga en Argentina.

Asistencia Médica Norte S.A., un actor conocido en el ámbito de la medicina prepaga, había solicitado su inscripción en el RNEMP hace varios años. Sin embargo, en una decisión sorpresiva, optó por dar de baja su registro, cediendo su cartera de afiliados a la Asociación Mutual Argentina (MEDYCIN).

La Superintendencia, tras un exhaustivo análisis y varias inspecciones, confirmó que no existen reclamos pendientes ni impedimentos regulatorios contra la entidad. Un aspecto de este proceso fue la verificación en terreno de la sede de Asistencia Médica Norte, donde se constató su deshabitación, reforzando la decisión de proceder con la baja.

Este movimiento de Asistencia Médica Norte S.A. refleja las dinámicas cambiantes del mercado de la salud privada en Argentina. La consolidación de entidades y el traspaso de carteras de afiliados son indicativos de un mercado en evolución, donde la competencia y la regulación juegan un papel crucial.

La decisión de la Superintendencia de dar de baja a Asistencia Médica Norte S.A. del RNEMP no solo es una medida administrativa, sino también un reflejo de la situación del sector.

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Salud

La salud como privilegio: en el último año los medicamentos aumentaron hasta un 500%

La regulación de precios, a través de acuerdos entre el Gobierno y los laboratorios, finalizó el 31 de octubre pasado. “Los precios no se pueden liberar, porque en el medio está la población y la que más padece es la que menos tiene” declaró el farmacéutico Mariano Figueroa.

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La regulación de precios de los medicamentos, a través de acuerdos entre el Gobierno y los laboratorios, finalizó el 31 de octubre pasado. Hasta ese momento, los valores habían acompañado a la inflación, pero en los primeros días de noviembre los aumentos se dispararon.

Según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos, entre el 1º de noviembre de 2023 y el 31 de diciembre, el incremento promedio en medicamentos fue del 90% e incluso superó el 100% en algunos casos.

Los sectores vinculados a la salud cuestionan la liberación de precios de medicamentos en el mercado, durante el último año aumentaron hasta un 500% y corren casi 100 puntos por encima de la inflación.

“La gente pide los antibióticos sueltos. Ayer me contaba un médico algo inédito: están vendiendo en el trueque insulina, porque la gente no puede acceder por el precio que tiene” declaró en exclusivo por LT9 el farmacéutico Mariano Figueroa. Esta situación es muy compleja por dos motivos: la insulina “necesita cadena de frío y existen variedades que deben ser vistas por un endocrinólogo”.

Paralelamente, a estos incrementos “hay gente que se cayó de la seguridad social, porque aumentó mucho la cuota y no la pueden pagar” señaló, por lo tanto perdió los descuentos de la prepaga

A modo de ejemplo, Figueroa comentó: “El Sertal compuesto por 20, pasó $1.550 a $7.300 y Amoxidal 500 por 21 comprimidos, pasó de $900 pesos a $5.300”, ambos medicaments aumentaron 5 veces, la comparativa realizada por el farmacéutico contrapone enero 2023 con enero 2024.

En cuanto a la reducción en términos numéricos de la cantidad de comprimidos, el profesional indicó que se trata de “una política comercial, no hay alguna razón científica. Hay laboratorios que tienen medicamentos por 28 y por 30, esto significa que la persona no llega a fin de mes y en algún momento tiene que comprar una caja porque la obra social le reconoce una por mes”.

En relación a la desvinculación del Estado en el control de los precios, Figueroa reconoció: “El Estado no se puede retirar, en todo el mundo se estudian mecanismos de regulación y de control, -excepto Estados Unidos- todos tiene una preocupación constante de controlar los precios, porque la única razón de los aumentos es comercial, no hay otra razón ni explicación científica”.

Asimismo, reiteró “el Estado no puede retirarse, al contrario, tiene que buscar mecanismos de regulación” y añadió “muchas veces los farmacéuticos queremos sustituir, porque hay diferencias importantes de precio y esto también le reditúa a las obras sociales. Por ejemplo AIPOS tiene una política en ese sentido promueve que los farmacéuticos sustituyamos y le hacen”.

“O hacemos una política o dejamos librado el mercado y si dejamos librado el mercado, podemos ver que los aumentos de los precios no tienen ninguna explicación, no hay ninguna razonabilidad” expresó, posteriormente explicó: “no se pueden liberar, porque en el medio está la población, y la que más padece es la que menos tiene”.

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